LOS CHILENOS...NO SE LA COMEN!!




RECHAZO TERMINANTEMENTE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL ART. 45 BIS, TER Y QUÁTER DE LA LEY Nº 19.798 (LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES) Y AL DECRETO Nº 1.653/04 POR VIOLAR LOS DERECHOS DE OPINIÓN, COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, PRIVACIDAD E INTIMIDAD AL PERMITIR QUE SEAN INTERCEPTADAS Y DERIVADAS LAS TELECOMUNICACIONES PARA SER UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.
 
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Minería, no todo lo que brilla es oro

Los únicos que ganan con la explotación de yacimientos son las empresas y el Fisco, en tanto que el aporte neto a las comunidades locales es miserable

Javier Rivera, Huasco
(10/06/05)

DESDE QUE CHILE es una nación libre, la minería ha jugado un papel preponderante en la riqueza del país, al punto que actualmente es una fuente importante de ingresos que mantiene las arcas fiscales en una estabilidad bastante aceptable.

Pero no todo lo que brilla es oro, pues la minería, siempre se ha presentado como una actividad que traerá prosperidad a la zona en que se desarrolla, pero, siendo absolutamente objetivos, los únicos beneficiados son las empresas explotadoras y el Estado.

Curioso es que actualmente (y a pesar de la larga y lamentable tradición que respalda lo anteriormente comentado), cada vez que un proyecto minero está en etapa de desarrollo e inicio de actividades, suenan bombos y platillos anunciando que es la solución para el desarrollo social, cultural y laboral de la zona en que estará inserta, pero…

Casos tenemos muchos. Si recorremos la geografía de nuestro país, especialmente en la zona minera más rica, que es nuestro norte, podremos ver muchos pueblos languideciendo o sencillamente muertos una vez terminada la actividad extractiva, en los cuales el desarrollo se presentó en la forma de un establecimiento humano transitorio, sin mayores aspiraciones que ser un área para dormir y nada más (campamentos, salitreras). Un elocuente ejemplo lo constituye la ciudad campamento del Salvador.

En cuanto a las ciudades cercanas a los yacimientos mineros, los únicos “beneficios” que se observaron y observan son la proliferación de prostíbulos y de la delincuencia. Un ejemplo irrefutable lo proporciona la ciudad de Calama, en donde ambos fenómenos saltan hoy a la vista.

Iquique, que ha sido una ciudad históricamente minera, creadora de grandes fortunas, en la actualidad se sostiene sólo merced a la zona franca y la actividad de la pesca. En igual condición está Antofagasta, ya que su principal fuente de ingresos son las micro y medianas empresas, así como los servicios.

No es sólo un tema de ciudades importantes. La mayoría de las faenas mineras están cercanas a poblados de menor envergadura y en los cuales el impacto económico y de desarrollo es nulo. Los municipios locales viven en permanente estado de quiebra, pues las empresas que explotan los recursos minerales poseen sus oficinas en las capitales regionales o en Santiago, así que pagan todos sus permisos y patentes en esas ciudades, no quedando nada para el desarrollo comunal.

El caso más emblemático se vive en la Tercera Región de Atacama. Ella ha sido históricamente una importante fuente de ingreso de recursos para el Estado, pero el retorno monetario sólo se limita a las migajas que caen de la mesa que consume el área metropolitana, permaneciendo desde siempre en un estado de pobreza casi extrema y sumida en un lento desarrollo.

Muchos dirán que los recursos que llegan al Estado por concepto de la explotación minera se reparten hacia las demás zonas, pero eso es bastante más que sabido que esos recursos se gastan ineficientemente entre la clase política, el aparataje estatal y la alimentación de ese monstruo hambriento que es Santiago.

Otros opinarán que la minería ofrece una gran posibilidad de empleo y la creación de nuevas empresas de servicios para satisfacer las demandas de las grandes compañías. Sin embargo, cave anotar que casi todas la actividad minera se realiza por el sistema de contratistas (para ahorrarse el personal permanente, que siempre es el mínimo) y los contratos siempre son otorgados eternamente a las mismas 4 o 5 empresas que se llevan la ganancia y pagan sueldos muy bajos.

Además, en el tema del desarrollo ciudadano, jamás las grandes empresas mineras han aportado nada que estimule el crecimiento de la cultura o han puesto dinero (salvo unos pocos fondos en forma casi simbólica) para la construcción de universidades, colegios, teatros, museos, etc.

Han hecho inversiones en el medioambiente, pero sólo con el fin de ser considerados como “empresas responsables” y cumplir con la ley (y sólo con el “altruista” fin de evitar las multas), pero eso no pasa más allá de algo puramente cosmético.

Ahora llama mucho la atención la propaganda que realiza Pascua Lama en los distintos medios de comunicación, presentándose como una “EMPRESA REDENTORA” que sacará de la ignorancia y traerá el desarrollo a la zona del valle del Huasco…

Debo recordarles a los señores de Barrick, que la actividad agrícola será una constante en el valle de Huasco (siempre y cuando algún ambicioso no destruya los glaciares) y que esa comunidad esforzada ha progresado enormemente sin su ayuda. De otro lado, la ignorancia que Uds. permanentemente creen ver, es sencillamente la humildad de la gente esforzada, que piensa en el futuro de sus hijos; además, los escasos dólares que invertirán en algunos proyectitos propagandísticos y los pocos puestos de trabajo que generarán, en nada compensan la cantidad de dinero que ustedes ganarán ni el daño que provocarán si destruyen los glaciares, pues su actividad minera durará un par de décadas, pero la agricultura del valle es para siempre.

Es preciso, en consecuencia, ser muy cautos al momento de apoyar alguna empresa de este tipo. Consideremos la larga lista de empresas que llegaron con la promesa de ser la panacea para las zonas en que se iban a instalar, pero que explotaron los recursos no renovables, destruyeron, agotaron y contaminaron sin control y se fueron con los bolsillos llenos, dejando la zona igual o peor que antes.


Sed de oro condena a muerte a glaciares

Institucionalidad ambiental del país parece de juguete ante proyecto de trasnacional Barrick de explotar yacimientos auríferos en Atacama: ¡poderoso caballero es el oro!


Por el equipo de GRANVALPARAISO.CL
(06/06/05)

DINERO A MANOS llenas está gastando la Compañía Canadiense BARRICK, a fin de asegurarse la aprobación de su Proyecto de Explotación de Pascualama, pese a que este supone un gigantesco daño ambiental para Chile, escasa generación de empleo y escuálido pago por concepto de tributos al Estado.

Asombra que en un país democrático y que es gobernado, supuestamente, por una coalición progresista, un proyecto de estas características se encuentre ya en la recta final para su puesta en marcha. Basta señalar que Barrick fue autorizada hace algún tiempo a intervenir los glaciares; en consecuencia, la polémica en la actualidad se reduce a los efectos que su traslado puede provocar, los que podrían llegar a la desaparición de estos glaciares que se formaron en la época del cuaternario.

El propio diario El Mercurio, que nadie podría catalogar de hostil a la inversión extranjera, presentó un reportaje que demuestra la inconveniencia para el país de aceptar este proyecto, al tiempo que destaca la enorme inversión que Barrick está destinando a publicidad a fin de embaucar a quienes podrían ser permeables a su mensaje.

Naturalmente los argumentos son ya muy conocidos y tienen que ver con la generación de empleo y aporte al desarrollo local y nacional, pese a que los especialistas que han cuantificado el aporte en ambas variables llegan a cifras miserables.

Televisión Nacional de Chile no ha trepidado en recibir las órdenes de publicidad de Barrick, ya que ellas le permiten entonar sus alicaídas arcas, bastante menguadas con los fracasos de rating que ha experimentado este año, aunque en definitiva ello signifique que “el canal de todos los chilenos” esté contribuyendo a la estrategia de desinformación de una compañía de pésimos antecedentes internacionales en materia de manejo del medio ambiente.

El Mercurio destaca que la empresa se ha negado a declarar qué porcentaje de la inversión se hará en Chile ni el monto de las utilidades proyectadas, pese a que su estrategia comunicacional trata de convencernos de que ella opera con responsabilidad social y con transparencia.

Para extraer alrededor de 18 millones de onzas de oro en un plazo de 20 años, que es el botín que persiguen estos facinerosos desde el yacimiento de Pascualama ubicado a la altura de Vallenar en la III Región, se han intervenido ya tres glaciares, pese a que ello ocasionará daños ineludibles sobre la agricultura a través de la contaminación de las aguas.

A estas alturas resulta indiscutible que los glaciares ya se han visto afectados debido a la construcción de caminos de tierra para la explotación del mineral, lo cual ha significado cubrirlos de polvo debido al tránsito de camiones y acelerar el derretimiento del hielo. Lo peor está por venir, cuando se intente el traslado de los glaciares que, según expertos de alto nivel, significará el derretimiento de los mismos, sobre todo si se considera los desastrosos manejos de glaciares por parte de Barrick en Kirguistán y Canadá.

Otra cosa notable es el desdén con que los ejecutivos de la empresa consideran las recomendaciones o críticas que las instancias medioambientales chilenas les han formulado. La Comisión Regional del Medio Ambiente ha solicitado amablemente a Barrick adecuarse a un sistema de explotación mixto, que combine minería a rajo abierto con minería subterránea para evitar el daño a los glaciares. Barrick ha replicado que por tratarse de un yacimiento de baja ley, esa alternativa carece de rentabilidad.

La COREMA critica que la empresa no considere medidas suficientes para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, pero en definitiva la COREMA, la CORAMA o cómo crestas se llaman son simples instancias del poder político, el cual podría perfectamente haberle puesto la proa al proyecto, si es que existiera voluntad de hacerlo.



COMENTARIOS DE LECTORES

* Chilenos deben admiración al pueblo boliviano
Gilberto Alvarez

Cuando veo lo que pasa en la "Copia feliz del Eden", más admiro a los hermanos bolivianos. Serán indios, incultos, atrasados, ¡pero por la puta que me gustaría ser como ellos! No cualquier pirata explotador moderno viene a tomarse lo que ellos quieren, no cualquier poder en la tierra compra las voluntades de sus dirigentes, nadie que quiera llevarse impunemente sus riquezas ha podido lograrlo hasta la fecha; en cambio, nosotros, los "Tigres", parecemos gallinas por lo prostitutos y vendidos, por lo tranquilos y relajados, viendo cómo las mierdas de "honorables" que tenemos entregan hasta el poto en aras de recibir miserables tajadas por el despojo de nuestras riquezas.

Si existe Dios, por supuesto que nunca aceptaría este modelo como el ideal que él pretendió cuando creó este pedazo de tierra que era nuestro y que tal vez nos lo devuelvan cuando sólo queden ríos contaminados, bosques extinguidos, tierras estériles, mares sin peces y también contaminados. ¿Cuándo cresta se van a levantar las juventudes y viejos de este país para que la cosa cambie de una vez?

”Por la Razón o la Fuerza” dice nuestro escudo y esto ya está rebasando el vaso… Deben nacer movimientos que luchen de frente contra este sistema y captar uno a uno a los que están por los cambios que se deben hacer. Apoyemos a un candidato aunque pierda, por lo menos inyectemos fuerza que haga reaccionar a estos vendidos y traidores legisladores actuales.


Royalty II, pura pantalla

Sobre la base de un increíble informe del jurista Francisco Cumplido, Chile desnacionaliza los grandes yacimientos mineros e instaura un tributo que es un chiste


Hugo Latorre Fuenzalida
(30/05/05)

LA IDEOLOGÍA ES la más luciferina de las tentaciones. Pero el ser humano es esencialmente ideológico y la historia la han impulsado y escrito los historiadores ideólogos.

El fin de la historia lo venimos escuchando desde la formación de las primeras comunidades cristianas y, creo yo, los Faraones también soñaron que después de su reinado no habría más historia; de lo contrario no se hubiesen construido tan monumentales tumbas, sepulturas que más bien parecían esos “mojones” que marcan y señalan las rutas en sus tramos finales.

El mismo Hegel, ese que idealizó la historia, le pretendió poner punto final cuando apareció Napoleón; luego vinieron los nazis y pretendieron forjar una dinastía de mil años; también los socialistas marxistas cayeron en esa tentación milenarista y de una historia sin retorno. Ahora tenemos a los Fukuyama de la vida que se ufanan de darle otra cornada a la historia y se la quieren llevar ensartada en los cuernos del neoliberalismo.

En fin, pura ideología, es decir, como nos advertía Montaigne (el gran pensador francés de hace ya varios siglos), “¡cuántos hombres he visto embrutecidos por la avidez temeraria de ciencia o conocimiento!”. O como señala Ernesto Cassirer: “En vez de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico”. También lo dice lapidariamente Nietzsche: “La mentira es el verdadero 'primum moto' del progreso en la escala de los valores culturales”.

Todo esto es plenamente cierto porque lo humano no existe por esencialidad natural. Todo lo que construye el hombre son simples postulados para ser discutidos y combatidos; incluso el Derecho, eso que se impone finalmente con “Fuerza de Ley”. Creer y pensar a estas alturas que los poderes se distribuyen en el mundo por fundamento de ley natural, es de una locura con olor a manicomio.

Derrida sostiene que “el Derecho es desconstruíble, ya sea porque está construido sobre capas textuales interpretables y transformables (y esto es la historia del Derecho, la posible y necesaria transformación o en ocasiones la mejora del Derecho), ya sea también porque su último fundamento, por definición no está fundado” (Fuerza de Ley). Esto es lo que descubrieron los filósofos de la sospecha, desde hace miles de años, desde los dionisíacos griegos, pasando por Giordano Bruno (al que le costó la hoguera), a Galileo Galilei, quien debió retractarse para no ser aniquilado por un poder al que el nuevo saber le trastocaba uno de los fundamentos de su postulado ideológico y debió conformarse con exclamar “eppur si muove”, es decir: ” y, pese a todo, se mueve”. Es este “sin embargo se mueve” el que nos interesa resaltar en este momento, puesto que los ideólogos criollos y los de las transnacionales creen que cuando se dicta una norma jurídica es para siempre, como si adquiriera categoría de “Derecho Natural” o “Derecho Divino”.

Para iluminar al mundo con una nueva perspectiva de las cosas humanas, Nietzsche, que no era ningún ingenuo, plantea que la relación entre interpretación y valor debe ser invertida, que sólo existe una interpretación moral de los hechos, pero no hechos morales propiamente tales. Los hombres no tienen más que un modesto sitio narrativo en el mundo de la verdad, de lo bueno y de la realidad; en consecuencia, no hay ancla segura para la voluntad humana de fijar la vida al abrigo de sus propios puertos.

EL INFORME CUMPLIDO
El informe elaborado por el jurista y ex Ministro del Presidente Aylwin, Francisco Cumplido, señala cosas que son teóricamente interesantes, no por su verdad o novedad, sino por el sesgo que conlleva en sus postulados, lo que hace fuerza de comprobación de las tesis de George Petras, quien advertía que los técnicos de hoy manejan la verdad como sombrero de mago, es decir sacan las teorías del sombrero en la medida que les cae adentro las monedas, o dicho de otra manera: quien paga impone el discurso.

Según Francisco Cumplido, el Estado es propietario de las minas sólo por “Fuerza Imperial”; en cambio los privados son propietarios por Derecho. Esta teoría es puramente ideológica y discriminatoria, porque ¿alguien puede negar que quien domina los “imperios” (el poder), domina el Derecho y que en las sociedades de raíz oligárquica la propiedad privada se haya reservado justamente para los dominadores de siempre, para acrecentar su poder?

Chile, que fue desde siempre una organización oligárquica, conoció un corto interregno de lucha democrática, entre 1925 y 1973. Fue en ese período que la sociedad instaló al Estado como organizador del interés general por sobre el interés particular; que se chileniza y nacionaliza el cobre; que se crean empresas del Estado que impulsaron vigorosamente el desarrollo urbano y rural. El Estado deja un poco de ser instrumento en manos de los menos para ampliar su radio de representatividad e inclusión. Es en ese período que florece la clase media y se organizan los sindicatos mineros, urbanos, proceso que culminará cuando las organizaciones campesinas entren a formar parte de la sociedad activa e inclusiva.

Fue en ese lapso en el que el término “Estado” cobró visos de modernidad. El Estado integra en su seno no sólo al Fisco, sino a las empresas autónomas, a los sindicatos, a las corporaciones y empresarios, a las universidades, a las instancias descentralizadas, a los sistemas de comunicación y a todos cuantos tienen capacidad efectiva de influir sobre el destino que toma la sociedad en sus decisiones más trascendentales.

Pero es en el proceso de reinstalación de la preeminencia oligárquica, con la dictadura, que se revierte intencionalmente la potestad del Estado sobre los activos y recursos pertenecientes a todos los chilenos. Es en el interregno autoritario dirigido por la derecha política –que luego se hace también empresarial (gracias a la apropiación de los activos públicos) que se barre con todas las organizaciones sociales y populares que llegaron a participar en las decisiones políticas del Estado. De esta manera se asegura la reposición de una oligarquía plutocrática y militar que estaba perdida desde los años 20, con breves e intrascendentes paréntesis.

Este proceso se formalizó en el período militar derechista, pero no se detuvo en la transición, ni se ha frenado hasta hoy; muy por el contrario, el proceso de privatizar la propiedad pública se ha intensificado con la Concertación, y es por ello que tenemos tan desastrosos resultados para las grandes mayorías y tan esplendente paraíso para las minorías extranjeras y sus aliados internos. De hecho, hemos logrado una de las economías más oligopólicas del mundo, con un 4 a 5 % de las empresas que controlan el 85 % de lo que se vende y también de lo que se importa en el mercado local.

En estos días, en que recién Chile comienza a tratar de cambiar este bárbaro sistema, (inviable además a mediano plazo, justamente por los grados de exclusión que genera, por el ritmo de dependencia y por la inequidad insostenible para cualquier sociedad con mediano nivel educativo), justo ahora que se levantan las primeras voces, viene este catedrático y ex Ministro de la Concertación, ese mismo personaje que asesoró en los procesos de chilenización, y que sostuvo tesis acerca del Estado totalmente opuestas a las que postula hoy, nos viene a decir, tan campante, que lo que prima en toda sociedad, como Derecho, es la propiedad privada y que el Estado no puede tener pretensiones jurídicas de propiedad sobre los minerales que están en el subsuelo, más que bajo una autoridad forzada e imperfecta, que denomina “de imperio”.

Sin embargo todos los países modernos tienen y reconocen ese Derecho de Propiedad; por eso cobran regalías, por eso entregan concesiones, por eso también les ponen término si sus titulares no pagan los impuestos o si no benefician en lo debido a la sociedad, que es el dueño legal y constitucional. Pero ahora a este catedrático se le antoja que no, que lo que ayer se dio a conocer al mundo como ejemplo de soberanía, con la nacionalización, ahora, aparece como producto de una trapacería de los acólitos de la dictadura, que Chile ha despertado con su Estado despojado del Derecho de Propiedad que le cabe sobre las riquezas de todos y en representación de todos. Este despojo, forzado por una tinterillada tosca del señor José Piñera, de Büchi y de los militares que les secundaron, viene a ser alentado por un técnico jurista que ha mudado de pronto su ciencia para otorgar argumentos a las grandes compañías transnacionales, que son las que le remuneran.

Eso es grave para nuestra ética, para nuestro país y para nuestro futuro, pues si perdemos la moral de nuestros cerebros, estaremos perdiendo la batalla de manera indigna y vergonzosa, es decir, declinando el espíritu de lucha y resignados a dejar hacer y dejar pasar a los halcones del poder mundial, mientras los hijos de Chile vestirán la librea de servidores de segunda categoría, a la discreción de otros que, de paso, no nos respetarán en nada, porque un país y una raza que no tiene espíritu, no tiene dignidad, se hace merecedora de todos los desprecios, como ya vemos que acontece.

¿Por qué, para el señor Cumplido, el Estado no puede ser propietario por Derecho, si la sociedad sanciona esos bienes mineros como pertenecientes a todos? ¿Es acaso que la propiedad privada tiene una categoría moral superior a la propiedad pública o social o comunitaria? Si así lo plantea, se está quedando con las tesis de los tiempos de John Locke y está renegando de todo lo que ha sustentado durante su vida de demócrata cristiano, de cristiano católico y doctrinario (no debe olvidar lo que dicen las Encíclicas Papales Postconciliares acerca de la propiedad social y la propiedad privada, tampoco debe echar al basurero los documentos del episcopado latinoamericano, que lo tiene más cerca de su parroquia). Si toda esta concepción doctrinaria la ha descartado como precepto ético, entonces puede sumarse al peregrinar hacia la capilla de los nuevos Dioses del Libre Mercado y de la propiedad privada, cosa que ya no nos parece raro, pero no por ello menos deplorable.

Lo que en el fondo plantea el profesor Cumplido es que el Estado es quien tiene dominio sobre las minas (un dominio imperfecto), no el Fisco. Cuando el Fisco (el sector público) desea explotar una mina, debe igualmente registrarse y ser autorizado según la Ley, lo mismo debe hacer el sector privado. Cumplido pretende sostener que a esa ley que autoriza y pone límites a la propiedad de las minas (las concesiones) es tan definitoria de propiedad al privado como lo es para el Estado. La conclusión de Cumplido se vuelve ahora antojadiza. Cuando se define y “legaliza”, es decir cuando se registra una concesión privada sobre las minas, entonces el Estado pierde Derechos de Propiedad sobre las mismas; en consecuencia los privados no deben pagar regalías (Royalty) al Estado, pues la legitimidad del Estado es puramente “Imperial”, es decir de “fuerza”, no de Derecho y el Derecho de Propiedad está radicado ahora en quien registre la mina.

Pareciera que una persona tan instruida en estas materias, como lo es Cumplido, no hubiese leído el libro “Fuerza de Ley”, de Jacques Derrida. Las leyes se sancionan y se crean por efecto de la fuerza acumulada para imponerlas y hacerlas cumplir, no por otra cosa, no por iluminación graciosa de la razón natural o divina.

La “fuerza” de legitimidad acumulada por la sociedad chilena hasta 1973, que era sustentada en la soberanía popular y social, es decir una fuerza democrática, fue usurpada por los sostenedores de facto del poder armado, y lo usurparon para ponerse en contra de esa soberanía que les alimentó, es decir el pueblo mismo.

Desde esa usurpación, militantemente antipopular y antidemocrática, es que se forjaron las leyes de Derecho Privado en la minería, leyes que el señor Cumplido pretende que ahora se tomen por Derecho Natural inalienable. Recordemos entonces esa frase de Voltaire que nos advierte que “nada se legitima más que un viejo abuso”. Y es ese abuso el que no queremos que envejezca, no permitiremos que se entronice con “Fuerza de Ley”, porque son leyes espurias, dictadas a espaldas del pueblo, contra Chile y contra la más elemental razón de equidad jurídica.

Francisco Cumplido llega a sostener en su argumentación que todo cambio de la normativa es discriminatorio y que vulnera las condiciones del compromiso adquirido al momento de realizar la inversión. Pero lo cierto es que toda ley es temporal y variable, y la mayoría de las leyes son discriminadoras, y esta ley minera es especialmente discriminante (como lo es toda la normativa sobre inversiones extranjeras, si se compara con los inversionistas nacionales). Y debe ser más mudable y revisable si se ha decretado en tiempos de excepcionalidad jurídica y si se desarrolla en climas de enorme variabilidad económica. Nuevamente citaremos a Miguel de Montagne, para afirmar con él que: “Las leyes toman su autoridad de la posesión y el uso, por lo que es peligroso retrotraerse a su nacimiento”.

Pero es ese nacimiento el que marca el punto central de nuestro debate. Un nacimiento fuera de la legitimidad le resta validez de origen, y una ley que además de su origen evidencia una injusticia que la lleva al absurdo contractual y a la burla de la más elemental equidad entre las partes puesto que desemboca en la violación descarada del espíritu de la norma, por los mecanismos de evasión y elusión constante de la retribución esperada por la contraparte (mediante el expediente del endeudamiento, precios de transferencia, sobreproducción, etc.). Ello nos lleva a sostener y a exigir que esa normativa sea cambiada desde su base, con voluntad férrea y sin esguinces. Porque lo que llama el señor Cumplido “Poder de Imperio”, nosotros lo denominamos “Soberanía Social y Política”. Es ahí donde adquiere legitimidad un poder como el del Estado democrático y no en la prepotencia de la pura fuerza, donde sí se alimentó el poder dictatorial.

Las “limitaciones constitucionales” a las que alude Cumplido, para hacernos creer que esas leyes agregadas, fragmentarias y sectoriales pueden regir por sobre la norma titular y general, que es la Constitución, máxime cuando se trata, a todas luces, de normas que se contradicen con la letra y el espíritu de la doctrina de propiedad, que por demás siempre ha sostenido Chile en el asunto minero, incluso en la Constitución del 80 y que, por demás, en el caso del Royalty, lo cobran todos los países del mundo como Derecho Universal; por lo que más bien, dichas posturas jurídicas que esgrimen el argumento de las “limitaciones constitucionales” al Derecho sobre las minas, parecen bazas, goles o cuñas maliciosas introducidas entre gallos y media noche por legisladores poco atentos al interés general y tentados, quizás, por la prebenda personal o grupal.

Si Cumplido niega que el Derecho de Propiedad pueda derivar en un Derecho de “Dominio” sobre la propiedad minera, por parte del Estado, con menos razón puede plantear un “dominio privado” sobre los yacimientos, pues éstos han sido adquiridos sin la soberanía legitimadora, sino de parte de la “autoridad usurpada”, que cedió esos recursos sociales con serio daño al interés social, como lo vemos reflejado hoy en las cuentas del cobre. Como nos enseña Quintiliano: “La autoridad imperiosa origina consecuencias peligrosas”. Por eso se debe contraponer la autoridad democrática de participación amplia, de la cual Cumplido no hace diferencia en su informe.

La Concertación tuvo posibilidades de cambiar estas leyes, pero no se atrevió o no quiso. Esa omisión culposa la deberán cargar históricamente, y no les ha llegado todavía la hora de responder por ello; seguramente será a más largo plazo que se sepa por los chilenos de cómo obraron y cuanto daño han causado al patrimonio de los más pobres. El problema es que a largo plazo ya estaremos todos muertos, como decía Keynes, y ya no habrá a quién pedir cuentas, pero los fantasmas de quienes nos han gobernado sufrirán la incomodidad de los que rondan el primer círculo del infierno imaginario de Dante Alighieri (La Divina Comedia).

Es por ello que hablamos de RESOBERANIZAR la riqueza minera, es decir de volverla a su legítimo dueño, pues sólo este tiene la potestad para concesionar. Esto no implica una postura estatista, sino de recuperación de un sentido nacional, social y equitativo de explotación y uso de una riqueza que pertenece a todos los chilenos. Esta riqueza puede concesionarse a privados, pero éstos deben contribuir eminentemente al desarrollo nacional, y no a su empobrecimiento, como de hecho acontece hoy.

Y cuando esta riqueza se concesiona, debe ser plebiscitada en su autorización y su normativa. Ninguna autoridad puede, motu proprio (por su propia iniciativa), donar, ceder o privatizar una riqueza que no le pertenece más que en mínima fracción. Esa facultad no puede ser delegada ni intermediada por ninguna autoridad, por legítima que parezca. De lo contrario tendríamos que aceptar fatalmente la lógica perversa que acusa Montaigne, cuando señala: “Al hombre no le interesa, como individuo ni como especie, la justicia ni la verdad ni la belleza, puesto que los intereses de cuerpo, de clase, de tribu, les son infinitamente superiores” (Ensayos).

ROYALTY II, PURA PANTALLA
La postura del Gobierno, en la ley recién puesta en vigencia bajo la denominación de Royalty II, no es más que una pantalla, una mascarada tras la cual se oculta la voluntad de no cobrar los recursos y participación, a la que los chilenos tenemos pleno Derecho. Más bien, en la segunda versión, el Gobierno acepta explícitamente la tesis de Cumplido de que los privados no deben pagar derecho alguno al Estado, por eso evitan la denominación de “regalía sobre derechos de propiedad” y es cambiado por el de “tributo”, es decir, un impuesto adicional.

Con esto se pretende establecer que, en adelante, el Royalty no es cobrable en Chile, dado el sistema de propiedad privada que se instala sobre las posesiones mineras. Se privilegia, en definitiva, la Ley Piñera, es decir la concesión plena, antes de lo que establece la Constitución acerca de la Propiedad Inalienable del Estado sobre las minas.

El cobro de un tributo, en vez de Royalty, deja a Chile vulnerable dado los tratados internacionales y la invariabilidad tributaria que la normativa chilena establece. Por tanto, los impuestos tampoco pueden ser variados en el futuro. Más aún la nueva ley fija una invariabilidad de 15 años, por lo que las empresas tendrán tiempo suficiente para vaciar a Chile de sus recursos mineros sin pagar (recordemos que un estudio de la Universidad de Harvard señalaba que a Chile le quedaban no más de 15 años para vivir de sus recursos naturales).

El no pagar quedará establecido, en los hechos, por la normativa del decreto 600, que permite descontar las nuevas inversiones. De esta forma, por ejemplo, la mina Los Pelambres, que obtuvo ganancias por US$ 1300 millones en el 2004, acaba de anunciar inversiones por US$ 700 millones. De esta manera, nuevamente, se reducen las utilidades finales y no se pagan los impuestos por el ejercicio señalado.

Los recursos obtenibles (se habla de US$ 100 a 150 millones) no serán recolectados jamás, y si lo fueran, serían descontados por otras vías, como el crédito fiscal de más de US$ 3.000 millones que adeuda Impuestos Internos a las grandes empresas mineras, por las pérdidas declaradas en el pasado o, como señalamos, decretando nuevas pérdidas vía endeudamiento (que todavía se eleva a la monstruosa cantidad de tres veces el capital declarado), o por simple elevación de costos y nueva depreciación sobre las inversiones adelantadas.

En todo caso, esos 100 o 150 millones de dólares de nada servirán, pues lo que Chile requiere para empezar a hablar en serio de una estrategia científica y tecnológica es de US$ 800 millones adicionales a los US$ 400 que ya gasta. Lo otro es un divertimento, un distractivo, una engañifa fatua y elemental.

Chile no tiene ni tendrá Royalty. Lo que se tendrá es una perpetuación de las dañinas condiciones actuales, por voluntad del Gobierno de Ricardo Lagos, de los parlamentarios y sobre la ignorancia o desconocimiento del resto de los chilenos a los que se les ha escamoteado la información y el poder de decisión.



COMENTARIOS DE LECTORES

* Soberanía chilena pisoteada por el royalty
Fernando Droguet

Excelente análisis sobre cómo una vez más Chile es mutilado en su futuro y en su soberanía por los mismos que hacen gárgaras con esas palabras. Pero quisiera agregar algo más. La tesis de Cumplido sobre la propiedad minera no sólo es repugnante a la ética y a la justicia social, es además, absolutamente inconstitucional.

En efecto, la propia Constitución de 1980 que aún nos rige, replicó un precepto que se incorporó a la Constitución de 1925 en la Reforma Constitucional que nacionalizó el cobre "Ley 17.450 de junio de 1971" y que dice así: "El Estado es el dueño absoluto, imprescriptible e inalienable de las riquezas mineras". No obstante esto, el Estado puede entregar en concesión la explotación minera, pero éstas reconocen el dominio estatal de las minas.

Por ende, lo que tienen las mineras privadas no es un derecho de propiedad sobre los minerales o sobre el yacimiento, lo que tienen es derecho a explotar el yacimiento y a comerciar y vender las riquezas que éste le otorgue. Y a cambio, el Estado tiene derecho a cobrar impuestos y regalías por ello, y los privados no pueden alegar, porque ellos son concesionarios que obtuvieron sus derechos del Estado, éste los otorga y éste puede revocarlos cuando quiera "eso sí, pagando siempre las indemnizaciones correspondientes".


A boicotear a los dueños de CELCO


Copec y Abastible forman parte del imperio de Chancleto Angelini, uno de los dueños de Chile y poder fáctico que maneja a su antojo “las instituciones"


Giorgio Stingo, Médico Veterinario, La Florida
(09/06/05)

CELCO O CELULOSA Arauco y Constitución S.A. es una empresa dedicada al rubro maderas, propietaria de la mayor superficie de plantaciones forestales del país, con un patrimonio de 669 mil hectáreas de terreno. Posee cinco plantas de celulosa (cuatro en Chile).

Su capacidad de producción conjunta sobrepasa los 2 millones de toneladas métricas anuales de celulosa kraft. ARAUCO es también propietaria de catorce aserraderos. En conjunto, la capacidad de aserrío de estas instalaciones alcanza a tres millones 380 mil metros cúbicos anuales de madera aserrada (www.celco.cl)

El presidente de la compañía es don Alberto Etchegaray Aubry, ex ministro de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Patricio Aylwin y miembro del directorio de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (www.estrategia.cl).

Tras la reprobación inicial del estudio de impacto ambiental (7 febrero 1996), la COREMA Xª Región, en virtud de trámites que duraron más de un año, dio el vamos a la construcción de la planta (www.ecolyma.cl/paginas/documentos/histambchile/hist_amb_chile_v1.pdf)

Ella comenzó a operar en febrero de 2004, pero a los cinco meses fue clausurada por no tener patente ni recepción de obras (www.olca.cl/oca/chile/regionmp/columna_celulosa.htm)

Más informaciones en la página: http://www.olca.cl/oca/chile/region10/infraccionesCelco.pdf

Como ya se sabe por los medios de comunicación, desde la apertura de esta planta se ha visto afectada la población de cisnes de cuello negro del Santuario Río Cruces.

En 2003 la población de estas aves llegaba a cinco mil, en un ecosistema donde incluso han habitado seis mil. Según una investigación, el 11 de abril de este año quedaban apenas 220 cisnes en el humedal "Carlos Anwandter". Se explica que no todas las aves murieron: más de dos mil cisnes emigraron hacia otros humedales cercanos a Valdivia (El Diario Austral: 22 de Abril de 2005).

Pero no sólo cisnes están muriendo en el río Cruces. Según la zoóloga de la Universidad Austral y directora del Grupo científico Benthos de Valdivia, Maritza Mercado, también están pereciendo otras especies, como el coipo y aves migratorias (La Nación 17 de diciembre de 2004).

Tras el desastre, la CONAMA pidió a la Universidad Austral de Chile, en noviembre de 2004, un estudio sobre el origen de las muertes. Dicho informe resalta las anomalías detectadas en los componentes químicos del Santuario Río Cruces, las cuales afectarían la vida "protegida" del humedal (www.conama.cl/portal/1255/article-30983.html).

Entregado en dos etapas, el informe apunta a lo mismo, siendo la segunda parte mucho más contundente en las causas del mencionado cambio químico de las aguas: "El estudio establece, sin dejar dudas científicas, que ha habido cambios significativos en la calidad del agua del Río Cruces como resultado de la actividad industrial de la empresa CELCO" (Declaración pública Universidad Austral de Chile, publicada el día 2 de junio de 2005, diario La Nación)

Celco ha invalidado el estudio realizado por académicos de la Universidad Austral y no conforme con ello ha tergiversado información científica de otra casa de estudios: la Universidad de Concepción, utilizando en su defensa a la Universidad Católica, con la cual mantiene relaciones comerciales (La Nación, 3 de junio y 25 de mayo).

La Corte Suprema en el juicio por la responsabilidad que le cabe a la empresa en este desequilibrio ecológico acogió las pruebas falsas y exculpó a la empresa de toda responsabilidad.

Dado que el poder económico se asocia libremente al Poder Judicial, perjudicando con total impunidad los recursos de todos los chilenos, se propone utilizar las herramientas que tenemos para presionar a dicha empresa a solucionar radicalmente un problema que afecta hoy el patrimonio de todos los chilenos.

Dado que Celco es una empresa del grupo Angellini, al igual que las compañías de distribución de gasolina COPEC y de distribución de gas ABASTIBLE, creo que es justo utilizar el libre mercado para hacer peso ciudadano y protestar donde más le duele al empresariado: el bolsillo, LLAMANDO A NO CONSUMIR PRODUCTOS COPEC NI ABASTIBLE.

Si todos nos ponemos de acuerdo y aportamos con nuestro granito de arena, SEGURO RESULTA.


Codelco es de Chile, no de Villarzú

Críticas a la relación estratégica acordada entre la mayor empresa chilena y la china Minmetals

Claudio César Carrasco, economista, desde el Reino Unido

(06/06/05)

Interesante es comprobar la escasa cobertura e investigación periodística que ha tenido en Chile el acuerdo logrado entre Codelco y Minmetals, de China, por la compra y explotación de cobre. Aquél contempla la formación de una sociedad conjunta para la realización de negocios de cobre, un contrato de venta de más de 55 mil toneladas anuales de cobre a precios de mercado hasta el año 2020 a dicha sociedad mixta, con un pago de US$ 550 millones. El saldo del precio se pagará contra los embarques mensuales del contrato. Adicionalmente, Minmetals tendrá una opción para comprar una participación del 24% en un nuevo proyecto de Codelco, Gaby, a un precio que refleje su valor de mercado.

Codelco, la mayor productora mundial de cobre establezca una relación estratégica de largo plazo con una gran empresa representativa del mayor mercado consumidor de cobre que existe en planeta, ha conferido a esta operación ribetes de hazaña, asegurando que resultará beneficiosa para ambas partes. Minmetals se asegura un abastecimiento a precios de mercado, y por 15 años, de un tonelaje importante con el mayor productor del mundo y obtiene la llave para acceder a la participación accionaria en un proyecto minero por el que hace tiempo había mostrado interés. Codelco obtiene el pago contado de US$ 550 millones, que le evita incurrir en endeudamiento por ese monto y accede así una fuente de financiamiento distinta, un "cuasi-capital". De este modo, la cuprera estatal congela sus ya elevados niveles de deuda, atribuibles al hecho de que el Fisco le esquilma en forma implacable sus utilidades, en medida importante para solventar las compras de tanques, fragatas y aviones para las instituciones armadas.

Pero más allá de las declaraciones en entrevistas periodísticas o de los textos de relaciones públicas, quedan temas o preguntas que no han sido aclarados.

De partida, cualquier explotación de algún recurso público debiera requerir una licitación a nivel nacional e internacional. No la hubo.

Segundo, los términos de las negociaciones son poco claros, ya que no se estaría asegurando un precio fijo como ha dado a entender el presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú. Si éste hubiera debido dialogar con periodistas especializados en el tema no habría podido responder con tanta liviandad.

Tercero, cualquier diputado o senador y/o cualquier país, como Japón por ejemplo puede impugnar este acuerdo, ya que no hubo una competencia abierta para que todos participaran según las reglas de comercio internacional.

Y cuarto, ¿piensa el Sr, Villarzú que nuestros recursos naturales están en su fundo y que, por tanto, puede a disponer de ellos a su arbitrio?