[retebolivariana] SOS por Colombia

["as. int. mi ranchito" <miranchitoarci at yahoo.it>]

retebolivariana <retebolivariana at yahoo.it> wrote: 12 de octubre de 
2004Acosados por una campaña de exterminio, sindicalistas y activistas piden 
ayuda y denuncian la pasividad del Gobierno y los efectos nocivos de la 
"seguridad democrática"Ana Zarzuela


Colombia es un país de tristes récords: cada día se registran 58 homicidios, 
cada año alrededor de 3.000 personas son secuestradas. 
Las trágicas "plusmarcas" llegan a su cumbre cuando se refieren a defensores de 
derechos humanos, sindicalistas y periodistas. 
Esta tierra de realismo mágico es el lugar donde pierden la vida el 80 por 
ciento de los sindicalistas en el mundo.

¿Quién protege a los protectores de los trabajadores?, ¿quién defiende a los 
defensores de los derechos humanos? Esas preguntas esconden una tarea titánica. 
Tanto que la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres) considera a Colombia el país más peligroso del mundo para ejercer la 
actividad sindical, y la ha convertido en objetivo prioritario internacional de 
su trabajo. Luis Hernández Monrroy lo sabe bien. Su trabajo como director del 
sindicato Sintraemcali en Cali -la tercera ciudad del país, núcleo industrial y 
empresarial y epicentro de la ola privatizadora- lo ha convertido en objeto de 
amenazas de muerte. 
Tiene el dudoso "honor" de ser uno de los 85 líderes políticos, sociales y 
sindicales incluidos en la lista negra de la operación Dragón, un intento de 
exterminio encabezado por un presunto militar en supuesta colaboración con 
agentes de inteligencia y ejecutores paramilitares, que ha sido destapado en 
las últimas semanas. 
El escándalo surgió cuando, por iniciativa de algunos de los amenazados, las 
fuerzas de seguridad, a través de varios allanamientos descubrieron en manos de 
un presunto coronel varios supuestos documentos de inteligencia militar que 
señalaban a varias personas como objetivos armados. Entre ellos están desde el 
presidente del partido Polo Democrático, Lucho Garzón, hasta el gobernador 
Angelino Garzón. 
"Los derechos humanos se violan las 24 horas del día. Uribe quiere vender la 
imagen positiva ante la comunidad internacional de una democracia, pero en la 
práctica lo que tenemos acá es un régimen", explica Luis. 
"Quieren exterminar al sindicalismo de una u otra forma. Primero, con el 
cierre. Este Gobierno está cerrando empresas, todas las que le parezcan, en 
cumplimiento del modelo neoliberal. En segundo lugar, se relaciona a los 
sindicalistas con la insurgencia para llevarnos a las mazmorras. Y, en tercer 
lugar, se nos asesina de forma sistemática. A los afectados por la operación 
Dragón el Ministerio de Justicia nos ha dicho que van a investigar, ¿pero qué 
esperanza tenemos?, ¿cómo buscar protección? Buscarla en el estado es como 
poner a Drácula a cuidar un banco de sangre", denuncia. 
Como otros cientos de compañeros amenazados se rodean de agentes de seguridad 
de confianza para que el fantasma del asesinato no se haga realidad. La 
experiencia les hace desconfiar de la seguridad oficial.

No sólo se trata de la amenaza de la operación Dragón. Decenas de listas negras 
salen cada día a la luz, como una espada de Damocles, con los nombres de 
cientos de activistas. 
Sólo en la ciudad de Barranquilla (la cuarta del país) 70 sindicalistas saben 
que están en el punto de mira; para seis de ellos la amenaza ya se cumplió. 
Su muerte no es nada exótico. 
Como concluye el informe de la Misión de Abogados, que visitó el país en marzo 
de 2004 a petición de la Comisión Internacional para los Derechos de los 
Trabajadores, la terrible realidad es que "probablemente resulta más rápido, 
más barato y menos arriesgado asesinar a los sindicalistas involucrados en 
disputas laborales que usar los procedimientos civiles existentes para resolver 
tales disputas". 
Las cifras avalan esa impresión: según los cálculos de la CUT (Central Unitaria 
de Trabajadores) y de la Escuela Nacional Sindical, desde la llegada de Uribe, 
en 2002, han sido asesinados al menos 164 sindicalistas (178 según la CIOSL) y 
se han producido más de mil violaciones a sus derechos.
La CIOSL ha constatado que, como presumen las cifras oficiales del Gobierno 
colombiano, el número de asesinatos de sindicalistas ha descendido en 
comparación con los 184 en 2002. 
Pero los homicidios son sólo la punta del iceberg. Como denuncia esta 
organización, otras formas de exterminio y de presión se han incrementado: las 
amenazas de muerte, los despidos, las desapariciones forzosas, los 
secuestros... 
Así, durante el mandato de Uribe, la CIOSL calcula que más de 670 dirigentes 
sindicales han sido amenazados (frente a 357 del periodo equivalente del 
gobierno de Pastrana), se han producido 104 detenciones arbitrarias (diez 
durante el mandato anterior) y se han llevado a cabo 14 allanamientos ilegales 
(dos con Pastrana).

Matanzas selectivas
"Los sindicalistas plantean que no es una exterminación arbitraria, sino que se 
hace precisamente para acabar con la negociación colectiva, el derecho de 
huelga y facilitar las privatizaciones. Eso se sustenta en datos: en Colombia 
este año hay menos de 50.000 trabajadores beneficiándose de la negociación 
colectiva y en lo que va de 2004, de 30 huelgas que se han planteado, 27 se han 
declarado ilegales o incluso terroristas. No se puede plantear que hay una 
democracia real si no puedes tener derecho de manifestación, ni de huelga ni de 
asociación", relata Pilar Morales, secretaria de Cooperación de CC OO de Madrid 
y presidenta de la Fundación Paz y Solidaridad. Ambas organizaciones se han 
volcado desde hace años en el apoyo al sindicalismo colombiano.

Junto con Pilar Morales, otros 46 representantes de organizaciones sindicales 
de 19 países y de cuatro organizaciones internacionales conformaron una misión 
internacional que visitó el país el pasado mes de septiembre en respuesta al 
SOS lanzado por el sindicalismo colombiano. La misión ha vivido en carne propia 
los rigores del miedo, la coreografía de la seguridad extrema con la que tienen 
que vivir y trabajar los sindicalistas y defensores, líderes populares, 
trabajadores de la sanidad o maestros, entre otros. Grupos de riesgo con los 
que se ceban los escuadrones armados y los comandos paramilitares. 
Según la Fecode (Federación Colombiana de Educadores), entre 2000 y 2003 fueron 
asesinados 191 educadores, de los cuales 58 murieron después del 7 de agosto de 
2002, cuando asumió su cargo Uribe. 
Y es que, para los colectivos que están en la mira del terror, no hay duda de 
que, con la aplicación de la seguridad democrática del presidente y las 
reformas constitucionales, su vida y su trabajo corren más peligro. 
Hernández lo denuncia sin cortapisas: "La situación ha empeorado durante los 
dos años de Uribe. El Gobierno dice que los asesinatos no obedecen a móviles 
políticos, lo disfrazan diciendo que han mejorado los derechos humanos, cuando 
es el mismo gobierno el que está haciendo pescas milagrosas, es el mismo 
Gobierno el que en las ciudades y los pueblos hace detenciones masivas, de 200, 
300, hasta 500 personas. Si antes las cárceles estaban llenas, hoy están llenas 
a reventar de gente inocente retenida y llevada a las cárceles. No se le puede 
decir al mundo que se está mejorando las condiciones de los derechos humanos 
cuando son las mismas fuerzas militares las que atropellan al pueblo".

"La política antisindical del gobierno nacional y de los empleadores al señalar 
a las organizaciones sindicales como los responsables de la quiebra del país y 
de las empresas, de ser agentes de la guerrilla y del terrorismo, ha 
contribuido para que los actores de la violencia asesinen a los mejores hombres 
y mujeres de la lucha social y política; algo en lo que el Estado tiene un 
porcentaje de responsabilidad directa e indirecta, como en el caso de Arauca", 
afirma un documento conjunto de las tres grandes centrales sindicales del país: 
CUT, CTC y CGDT. 
El caso al que se refiere su informe es el asesinato, el pasado 5 de agosto, de 
Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, tres líderes 
históricos de la región de Arauca, que murieron abatidos, por la espalda, por 
efectivos del ejército colombiano ahora detenidos.

Disfrazar la realidad
A pesar de las revelaciones de los organismos de investigación, de ciertas 
evidencias (no tenían armas, los sacaron de casa descalzos en la nocheŠ) y del 
propio informe de la Fiscalía, fuentes militares han insistido en calificar el 
suceso como un simple combate con subversivos, mientras el ministro de Defensa 
califica a los fallecidos como guerrilleros del ELN buscados por la justicia. 
Unas circunstancias que han convertido estas muertes en paradigma de la zozobra 
sindical y que han levantado a organizaciones sindicales y sociales, 
indignadas, contra el Gobierno de Uribe. 
"Uno de los logros de la misión sindical es que esos tres asesinatos no pasaran 
a la justicia común, sino que se consideraran un delito contra los derechos 
humanos. Lo que están haciendo cuando se produce un asesinato de un 
sindicalista es decir que es un lío de faldas, que tenía conexiones con la 
guerrilla o que ha sido un delito común, un ajuste de cuentas. Está documentado 
que esas personas están siendo asesinadas por su militancia sindical, igual que 
hay asesinatos de mujeres dirigentes del movimiento de trabajadoras informales, 
o de defensores de derechos humanos. Se matan periodistas, diputados, 
concejales, alcaldesŠ Esos asesinatos se intentan disfrazar de delincuencia 
común. Pero como en toda sociedad en conflicto hay muchas llamadas de atención, 
de colectivos de mujeres, de indígenas, de intelectuales., de los propios 
funcionarios del gobierno que quieren una sociedad democrática. Lo bueno de las 
movilizaciones ciudadanas es que están sirviendo para sacarlo todo a la luz y
 evitar la impunidad", explica Morales.

Además de su responsabilidad por omisión o dejación en la protección de 
activistas laborales y defensores derechos humanos, desde los sindicatos y 
organizaciones sociales se mira al Gobierno de Uribe y sus fuerzas de seguridad 
como sospechosos de complicidad. Por una parte, en un momento en el que el 
Gobierno de Uribe negocia la paz y la desmovilización de 20.000 paramilitares, 
se ha reavivado el debate sobre las numerosas sospechas de conexiones entre 
miembros de las fuerzas de seguridad del estado y los paramilitares. 
Casos como el asesinato de los tres líderes de Arauca o la operación Dragón no 
han hecho más que encender los ánimos y avivar las acusaciones de pasividad que 
llueven sobre el Ejecutivo. "Todo aquello que se paga con dinero público debe 
controlarlo el poder público y justificarse transparentemente. Nosotros estamos 
en contra de todo tipo de terrorismo El Gobierno no puede consentir que ningún 
militar, sea de la graduación que sea, haga un allanamiento, un asesinato o una 
operación Dragón, puntualiza Pilar Morales. 
Por otro lado, las acusaciones que planean sobre defensores y sindicalistas, 
los colocan muy a menudo en la diana de los señores de la muerte. 
El escandaloso asesinato en Barranquilla el pasado 17 de septiembre del 
sociólogo y catedrático Alfredo Correa de Andreis, a consecuencia de los 
disparos de dos sicarios, es buena muestra. Semanas antes de su muerte, la 
Fiscalía había ordenado su encarcelamiento, basándose en las acusaciones de un 
reinsertado que lo señalaban como ideólogo de las FARC. Aunque después la 
Fiscalía revocó la detención preventiva y ordenó su libertad, (al desestimar 
tales imputaciones), Correa había quedado ya marcado como objetivo paramilitar.

Movilización social
El malestar y la zozobra va mucho más allá de los sindicatos. Los informes de 
organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y HRW inciden una y 
otra vez sobre la debilidad de las garantías jurídicas. Buena parte de la 
sociedad civil está en pie contra la llamada seguridad democrática. La Minga 
(marcha) por la vida del mes de septiembre echó a las calles a decenas de miles 
de personas, lideradas por los indígenas, para protestar por la desaparición y 
asesinato de decenas de indios colombianos en los últimos meses y por las 
consecuencias nocivas que las privatizaciones y la reforma económica. Con la 
intención de resistirse a esa situación, el movimiento social se echó a la 
calle el 12 de octubre, liderado por las organizaciones sindicales. Las dos 
principales centrales de trabajadores -CUT y CTC- han optado por unirse para 
aumentar su peso y por extremar su proyección internacional. 
"Tenemos el compromiso internacional de acabar con la impunidad y la 
invisibilidad y oponernos a cualquier tratado que suponga armas para Uribe. De 
hacer que operaciones como la Dragón se queden sólo en el papel", asegura 
Morales.
Como confía Luis Hernández, "mantener el perfil muy alto de estos asuntos puede 
servir para mantenernos vivos".


El exterminio en cifras
-90 sindicalistas han sido asesinados entre mayo de 2003 y abril de 2004 y 
otros ocho han sido víctimas de atentados; 48 han perdido la vida en 2004, de 
ellos 16 eran dirigentes sindicales.
-En lo que va de año, cinco dirigentes o activistas sindicales han sido 
desaparecidos, seis secuestrados y 92 obligados a desplazamientos forzosos. Una 
veintena han sido sometidos a detenciones, 43 a hostigamientos y se han 
producido siete allanamientos ilegales.
-De los casi 4.000 asesinatos de sindicalistas en los últimos 15 años, sólo 
cinco han desembocado en condenas judiciales.
-Colombia presenta una de las tasas más bajas de cobertura sindical de América 
Latina. Sólo el 4 por ciento de los trabajadores está sindicado.
- Durante el 2004 sólo se crearon tres sindicatos y de los 112 paros convocados 
en 2003, 111 fueron declarados ilegales.
- 650 maestros han sido asesinados desde 1993. 



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