Gobierno español promete legalización generosa de extranjeros indocumentados

["as. int. mi ranchito" <miranchitoarci at yahoo.it>]

Agosto 24 de 2004
Gobierno español promete legalización generosa de extranjeros indocumentados
El Tiempo/Bogota/VÍCTOR MANUEL VARGAS 
corresponsal en Madrid 


Luz de esperanza para buena parte de los cerca de 350 mil colombianos que viven 
en ese país 'sin documentos'. 

El gobierno socialista anunció este martes una regularización “generosa” para 
todos aquellos que puedan lograr un contrato legal de parte de sus empleadores 
(no una oferta de trabajo), y que lleven viviendo “un tiempo importante” en 
España. Y aunque ese tiempo no fue precisado, el Gobierno dejó muy claro que 
los que lleven poco tiempo en España, o estén pensando en venirse, no podrán 
acceder a este beneficio.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, adelantó 
que el objetivo del Gobierno es “sacar a flote toda la economía sumergida que 
hay en España”. Y para lograrlo, prometió que no habrá ningún tipo de sanción 
para los empresarios que ‘regularicen’ a sus trabajadores ilegales. Aunque 
luego, aclaró, se perseguirá y castigará duramente a quienes contraten a 
ilegales.

Por ejemplo: habrá estímulos para que un empresario pueda denunciar a otro por 
competencia desleal en caso de emplear a ilegales (sin prestaciones y 
normalmente con salarios más bajos). 

Las reacciones no se hicieron esperar. Mariano Rajoy, líder del Partido Popular 
(PP, derecha, oposición) criticó el anuncio señalando que generará “un efecto 
llamada de considerables proporciones”, pues consolidará la idea de que tarde o 
temprano la vía de la inmigración ilegal encuentra su recompensa.

El secretario ejecutivo del sindicato UGT, Jesús Pérez, aplaudió que el 
problema se aborde desde “la óptica correcta: la laboral”, pero calificó de 
“inmaduro” e “imprudente” el anuncio del Gobierno porque puede “crear falsas 
expectativas” a los inmigrantes. Porque como planteó el otro gran sindicato 
español, Comisiones Obreras (CC.OO), no está para nada claro cuantos 
empresarios legalizarán a sus empleados ‘sin papeles’, normalmente ubicados en 
los sectores más bajos de la pirámide laboral: meseros de pequeños bares o 
restaurantes, obreros a destajo, jornaleros en fincas y asistentes de niños y 
personas mayores en hogares.

Los problemas de estafas contra la vulnerable y habitualmente desesperada 
comunidad ‘ilegal’ ya han comenzado. La ong Alicante Acoge denunció ayer que ya 
se han comenzado a "vender ofertas de trabajo falsas y supuestos asesoramientos 
jurídicos especiales” tras la noticia de que el Gobierno planea abrir un 
proceso de regularización por la vía del ‘contrato más arraigo’.

Por eso es importante subrayar que la definición de quiénes podrán aspirar a 
este esquema de regulación por ‘contrato más demostración de arraigo’ (tiempo 
de permanencia considerable en España), y con qué documentos y requisitos, sólo 
se conocerá cuando se haga publico el reglamento de la nueva ley de 
extranjería, aún en proceso de elaboración y cuya publicación está prevista 
para el otoño. Aunque Rumi adelantó que el empadronamiento municipal será uno 
de los requisitos principales a la hora de demostrar tiempo de permanencia en 
España.

Álvaro Zuleta, director de la ong colombiana de ayuda al inmigrante Aculco, 
explicó a EL TIEMPO que “es claro que el gobierno busca consenso sobre un tema 
extremadamente sensible en España, y por eso ha lanzado al ruedo las líneas 
maestras de su plan: para ver las reacciones”.

“Pero a pesar de todas las lagunas que aún existen, yo lo celebro, porque es un 
paso hacia la regularización de nuestra gente. Y eso va a redundar en la mejora 
de sus condiciones de vida en España”, añadió Zuleta optimista.

Lo que sí está claro es que el PSOE propone un giro de 180 grados con respecto 
a la política del gobierno anterior, donde la máxima era impedir que el 
extranjero ‘sin papeles’ pudiera encontrar la más mínima posibilidad de 
regularizarse estando en España, para de ese modo desestimular la inmigración 
ilegal.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2003 España 
tenía más de 2,5 millones de inmigrantes: el 6 por ciento de la población 
total. De ellos, al menos de un millón y medio están afiliados a la Seguridad 
Social, con lo cual habría al menos un millón en la ilegalidad. Cifra que en la 
práctica, sin duda, es mucho mayor. Ya que son miles los que no se registran en 
los ayuntamientos respectivos por miedo a ser deportados y, por tanto, las 
autoridades no tienen ninguna constancia de su presencia en este país.







                
---------------------------------
Yahoo! Companion - Scarica gratis la toolbar di Ricerca di Yahoo!