URUGUAY-ARGENTINA:La sangre a la orilla del río

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

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Análisis de Darío Montero

MONTEVIDEO, ene (IPS) - Los paños fríos puestos a regañadientes por los
gobiernos de Uruguay y Argentina no logran disimular sus frontales
diferencias respecto de la cura para las heridas abiertas de las dictaduras
de los años 70 y en materia de política externa, lo cual augura nuevas
turbulencias.
Las añejas relaciones cordiales entre uruguayos y argentinos, apenas
sobresaltadas por algún friccionado partido de fútbol o la cuna de Carlos
Gardel, aparecen hoy más revueltas que las barrosas aguas del Río de la
Plata, que muchas veces sirvió de unión y no de frontera entre dos pueblos
con historias estrechamente ligadas.

El último capítulo, que tuvo como centro el reclamo argentino para conocer
el destino de la nuera del poeta Juan Gelman desaparecida en Uruguay en
1976, fue cerrado por el gobierno de Jorge Batlle con un documento
detallando los pasos dados para investigar lo ocurrido durante la dictadura
(1973 a 1985), "sin adjetivos" para no echar más leña al fuego.

En Buenos Aires aceptaron el mensaje de paz y dejaron que organizaciones
humanitarias y otras voces ajenas al gobierno señalaran, con el mismo
énfasis que antes lo habían hecho portavoces oficiales, que el texto
uruguayo nada nuevo revelaba sobre el destino de los desaparecidos en ese
país ni de la familiar de Gelman, María Claudia García Irureta Goyena.

Es que el extenso comunicado uruguayo se remitió a resumir lo actuado y
divulgado por la Comisión para la Paz, conformada en 2000 con personalidades
de distintos sectores, que oficializó por primera vez el reconocimiento de
los atropellos contra la humanidad cometidos por la dictadura y confirmó que
casi 30 desaparecidos murieron en sesiones de tortura en centro militares o
policiales.

Tras ello, queda en evidencia que el gobierno argentino de Néstor Kirchner
baja la voz por el momento, pues no ha obtenido respuesta sobre el destino
de García Irureta Goyena, un asunto planteado como "cuestión de Estado" en
una cumbre de mediados de 2003 en Colonia, la ciudad uruguaya ubicada frente
a la capital argentina.

Ahora será la justicia la que hablará, dijeron en el entorno de Kirchner y
de su canciller, Rafael Bielsa, amigo personal de Gelman, cuyo hijo fue
asesinado por la dictadura argentina (1976-1983) y su nuera secuestrada en
Buenos Aires con un embarazo de siete meses, trasladada a un centro de
detención clandestino de Montevideo y asesinada tras dar a luz a una niña.

La referencia es a la querella presentada en Buenos Aires por el secretario
de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y a la reactivación de otras
causas adormecidas por dos leyes de amnistía anuladas en 2003 a instancias
de Kirchner y que habían alejado de los tribunales a cientos de acusados de
violar los derechos humanos en la dictadura.

En algunas de esas demandas y en la que se sustancia para investigar el Plan
Cóndor, nacido en Chile para coordinar la acción represiva de las dictaduras
del Cono Sur de América, figuran varios uniformados uruguayos entre los
primeros a ser imputados, incluidos los posibles asesinos de la nuera de
Gelman y apropiadores de su hija, encontrada por el poeta en 2000 en
Montevideo.

A esos posibles pedidos de extradición, además de las causas locales que
puedan surgir, le temen militares uruguayos en retiro o actividad, como dijo
un preocupado ministro de Defensa, Yamandú Fau, en la primera reunión de
gabinete del año, según publicó el semanario Búsqueda.

Un pedido de ese tipo para cinco oficiales, entre ellos José Gavazzo, ya fue
dejado en un cajón de la cancillería sin tramitar pues, según el gobierno,
los requeridos están amparados por la ley de Caducidad Punitiva del Estado,
confirmada en plebiscito en 1989 y que dejó sin castigo penal a todos los
militares y policías que violaron los derechos humanos entre 1973 y 1985.

También serán requeridos militares y policías uruguayos a los tribunales
argentinos si prospera una demanda que se propone presentar en febrero el
senador Rafael Michelini, para conocer a los autores del asesinato en 1976
en Buenos Aires de su padre, el entonces senador Zelmar Michelini, y del
diputado Héctor Gutiérrez Ruiz.

Por eso, tras los respectivos recesos judiciales de este mes en Argentina y
Uruguay, se volverá a tensar la cuerda en torno a las heridas abiertas en
los años 70 y comienzos de los 80, que costaron cientos de miles de presos
políticos en los dos países y casi 200 desaparecidos uruguayos y unos 30.000
argentinos, según grupos humanitarios.

En Uruguay sigue vigente la Ley de Caducidad y Batlle, el único mandatario
desde la recuperación democrática que mostró alguna voluntad de investigar
lo ocurrido como establece el artículo cuarto de esa norma, sólo ha llegado
hasta las puertas de los cuarteles.

De eso lo acusa Gelman, quien dice tener datos de que los restos de su nuera
pueden hallarse en uno de esos centros, pero supone que Batlle está
presionado por integrantes de su propio y tradicional Partido Colorado
cómplices de la dictadura y su desmanes.

Pero las disputas entre Batlle y Kirchner no se quedan en sus diferencias en
el modo de resolver las cuentas del pasado, sino que abarcan visiones
contrapuestas sobre las relaciones exteriores y, en especial, la manera de
ver el mundo y de elegir aliados. De allí el temor de muchos de que "la
sangre finalmente llegue al río".

La verborragia de Batlle, uno de tantos naturales de ambos países con raíces
familiares compartidas, que lo llevó a calificar a los argentinos de
"ladrones del primero al último" en su afán de sintetizar las causas del
colapso de ese país de fines de 2001, es ubicada por algunos analistas como
la primera piedra del escándalo rioplatense.

Si bien el tropiezo de Batlle en 2002 ante cámaras que creyó apagadas de la
cadena de televisión estadounidense Bloomberg quedó marcada a fuego en la
memoria de los "acusados", pocos dudan que la llegada de Kirchner al poder
marcó un quiebre en las posturas convergentes entre ambos países en el
Mercosur y otros ámbitos internacionales.

También significó la presencia en Buenos Aires y Montevideo de dos
gobernantes que se caracterizan por escapar al protocolo y a "las buenas
costumbres" diplomáticas que dicen que las diferencias se discuten a voz en
cuello siempre y cuando se esté lejos de oídos indiscretos y sólo salen a la
superficie cuando ya nada queda para zanjarlas.

Tanto Batlle como Kirchner han tenido a mal traer a sus respectivos
cancilleres, y esta vez no fue la excepción. Les tocó apagar el incendio a
los ministros de Relaciones Exteriores Didier Opertti, de Uruguay, y Bielsa,
de Argentina.

Pero también ellos han polemizado cuando del Mercosur se trata. Opertti ha
vuelto a señalar con énfasis que no entra en los planes del bloque actual
ninguna entidad política, como puede ser el parlamento propuesto por Brasil
con apoyo entusiasta de Argentina.

Es que Batlle mira más al norte de América que a sus vecinos próximos.
Estados Unidos fue desde el comienzo de su mandato la meta en materia
comercial, mientras Kirchner se acercó a Lula para fortalecer el bloque con
la integración económica subordinada a la política. Así se llegó al llamado
Consenso de Buenos Aires, donde los dos hermanos mayores de la región
dejaron de lado a Uruguay y Paraguay.

Tampoco se llevan bien en otras arenas internacionales. Uruguay desechó
seguir a Brasil y Argentina en el llamado Grupo de los 20 países en
desarrollo que se oponen a las pretensiones de Estados Unidos y la Unión
Europea en distintas instancias de la Organización Mundial del Comercio.

Pero la gota que comenzó a derramar el vaso en este culebrón rioplatense sin
duda lo marcó la última Cumbre del Mercosur, en diciembre en Montevideo,
donde Kirchner no tuvo remilgos en mostrar sus simpatías por Tabaré Vázquez
y su izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio, que según las
encuestas es el que tiene más posibilidades de llegar al gobierno en las
elecciones de fines de este año.

Por eso no extrañó un diálogo poco común entre presidentes atribuidos a
ambos en la Cumbre Iberoamericana, que se realizó en noviembre en la central
ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, recogido por medios argentinos
y referido al caso Gelman.

"No, deje, no me explique nada. Ya lo va a investigar Tabaré", dicen que
espetó Kirchner al rostro de un sorprendido Batlle luego que éste intentara
aclarar su decisión de no seguir investigando el destino de García Irureta
Goyena por entender que el casó está comprendido en la ley de Caducidad
(FIN/2004)