Brasil: Población debe decidir sobre prohibición total del comercio de armas

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES&noticia=10547

12.enero/2004 - Brasil - Adital* - De acuerdo con datos de Amnistía
Internacional, de las 638,9 millones armas de fuego existentes en el mundo,
378,8 millones de las mismas, mucho más que la mitad, están en posesión de
civiles. El resultado de estos instrumentos letales en las manos de
ignorantes sin pericia es la causa de que medio millón de personas muera por
año en todo el planeta a causa de disparos de armas.

En Brasil, donde solamente en la década de 1990, según informaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), casi medio millón de personas fueron
asesinadas por armas de fuego, el Estatuto del Desarme, sancionado el 22 de
diciembre del año pasado, pretende acabar con el origen del problema dejando
a cargo de la población decidir, en referendo a ser realizado el primer
domingo de 2005, si el comercio de armas de fuego en el país debe ser
completamente abolido.

Antes de la posible extinción del comercio armamentista, el Estatuto
establece varias medidas para limitar el número de personas portando armas
en el país. Según la ley, personas comunes no pueden más poseer armas, a no
ser que se compruebe necesidad especial o riesgo a la integridad física, que
la posesión será autorizada limitadamente y por determinada región. La
autorización será anulada si la persona fuese encontrada bajo efectos de
alcohol o estupefacientes.

Esta medida es extremadamente contrastante con la actitud de países como
Estados Unidos, donde, por ejemplo, determinados municipios obligan por ley
a cada hogar a contar con un arma de fuego, conforme denuncia el activista y
documentalista estadounidense Michael Moore. Se calcula que entre el 80 y el
90% de todas las armas de pequeño porte ilegales lleguen a las manos de las
personas a través del comercio aprobado por los Estados.

Solamente miembros de las Fuerzas Armadas, policías y seguridad privada
pueden poseer y portar armas, estos últimos solamente en servicio. Deben
cumplir además las exigencias de tener más de 25 años; comprobar habilidad
técnica para tirar y condiciones físicas y psicológicas; no tener
antecedentes delictivos; y comprobar el ejercicio de ocupación prevista en
ley y residencia fija.

El porte ilegal de armas se volvió delito no excarcelable por fianza, y las
penas para las infracciones al código varían de 2 a 12 años de reclusión.
Con la publicación de la nueva ley las personas tendrán 180 días para
regularizar sus armas y, en 10 meses, la población podrá reclamar la
eficacia total de la nueva ley, que será reglamentada en este mes de enero
para ser puesta en práctica, según la promesa del ministro de Justicia
Márcio Tomaz Bastos.

Tratado internacional para el control de armas

La creación del Estatuto del Desarme es parte de las medidas adoptadas por
el Gobierno brasilero a partir del apoyo formal prestado por el presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a la Campaña Internacional por el Control de Armas
de Amnistía Internacional, Oxfam y la Red de Acción Internacional sobre
Armas de Pequeño Porte, que reivindica la elaboración de un tratado
internacional que controle la compra y venta de armas.

Además de Brasil, solamente Camboya, Malí, Macedonia, Costa Rica, Finlandia
y Holanda adhirieron a la Campaña, que es ignorada por los países miembros
del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, naciones
que más lucran con la actividad armamentista, con destaque para Estados
Unidos, responsable por el 45% del mercado mundial de armas, que mueve
21.000 millones de dólares por año y posee uno de los lobbys más fuertes
contra leyes limitando el negocio.

Desde el lanzamiento de la Campaña por el Control de Armas de Amnistía
Internacional, el 9 de octubre de 2003, 80 mil personas presentaron sus
caras para la "Petición de 1 Millón de Rostros", que pretende exigir el
acuerdo entre los gobiernos mundiales para limitar la circulación
internacional de armas.

* Con informaciones de Canal Solidario, Rits y Ministerio de Justicia
brasilero.


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