COLOMBIA:DERECHOS HUMANOS-Violaciones a granel

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

Constanza Vieira

BOGOTA, dic (IPS) - El gobierno de Colombia no pasó el examen en materia de
derechos humanos. Sus aliados, los grupos paramilitares derechistas,
reprobaron derecho internacional humanitario, y otro tanto ocurrió con las
guerrillas insurgentes de izquierda.
Así lo indica la evaluación de una alianza de las principales organizaciones
sociales del país, y también mensajes, públicos y privados, de la Unión
Europea (UE) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayoría
de las críticas está dirigida al Estado.

En abril, el gobierno acordó un documento con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra. Ese
compromiso contiene 27 recomendaciones que Colombia debía comenzar a cumplir
este año, y de ellas, 24 se basan en obligaciones internacionales asumidas
por el Estado en tratados sobre derechos humanos y derecho internacional
humanitario.

"Son 27 de cientos" (de recomendaciones) que se han promovido desde los años
80, dijo a IPS Alirio Uribe, director del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo y ganador en 2003 del premio Martin Ennals.

Ese premio es otorgado por las 10 principales organizaciones internacionales
humanitarias: Amnistía Internacional, Defensa de los Niños Internacional,
Diakonia Alemania, Human Rights Watch, Huridocs, International Alert, la
Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Derechos
Humanos, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y la
Organización Mundial Contra la Tortura.

"Incluso hay libros que recopilan las recomendaciones de la ONU a Colombia
en derechos humanos. Los gobiernos colombianos, incluyendo el actual,
sistemáticamente se han sustraído de su cumplimiento", puntualizó.

En una reunión realizada en Londres en julio, los 15 Estados miembros de la
Unión Europea, junto con otros países e instituciones potencialmente
donantes a Colombia acordaron condicionar sus aportes de cooperación
internacional al cumplimiento, por parte del Estado colombiano, de las
recomendaciones de la ONU.

Del encuentro surgió un grupo de trabajo de 10 países para supervisar el
cumplimiento de esa condición.

Colombia es el tercer receptor mundial de asistencia militar estadounidense,
país que desde 2000 aprueba cada año partidas de apoyo a Bogotá mediante una
exoneración ("waiver", en inglés), "en aras del interés nacional", de las
exigencias de respetar los derechos humanos fijadas por el Congreso para
recibir esa asistencia.

Con un déficit fiscal del 3,2 por ciento del producto interno bruto (PIB),
una deuda pública que consume el 55 por ciento del mismo y un gasto militar
del 4 por ciento del PIB según cifras oficiales, con un incremento del
presupuesto bélico en el último año del 38 por ciento, el gobierno del
presidente Alvaro Uribe fracasó hasta ahora en la obtención de aportes
internacionales a través de una mesa de donantes.

"No se necesita una mesa de donantes", dijo la semana pasada Nicola
Bertolini, representante de la Comisión Europea en Colombia.

"Lo más importante es que se vean avances en los temas de derechos humanos y
en las recomendaciones que Naciones Unidas le hace a Colombia", agregó.

Bertolini precisó que la UE busca que "si se trabaja en proyectos
productivos, al mismo tiempo se trabaje en derechos humanos"

En Colombia, de 44 millones de habitantes, 10 millones carecen de ingresos
suficientes para cubrir necesidades alimentarias básicas, y el número de
quienes ganan dos dólares o menos por día es 22 millones.

Hay unos 31.000 homicidios al año, y unos 8.000 de ellos se deben en forma
directa a la guerra, que ha causado desplazamientos forzados de dos millones
de personas según datos oficiales, y de tres millones según fuentes
independientes.

Para el 10 de este mes, Día Internacional de los Derechos Humanos, una
alianza en formación que ya suma a 150 organizaciones sociales hizo un
balance pormenorizado del cumplimiento de las recomendaciones de la ONU.

De las 27 recomendaciones dirigidas al gobierno, "ninguna ha sido cumplida
totalmente", "siete están siendo cumplidas parcialmente" y "17 están siendo
incumplidas", lo cual se agrava porque, en relación con 10 de esas 17, "se
realizan acciones que las contradicen abiertamente", sostuvo.

La alianza aglutina a asambleas ciudadanas de resistencia civil contra la
guerra, asociaciones campesinas, de desplazados, juveniles, comunitarias,
ambientalistas, sindicales, cooperativas populares, movimientos de mujeres,
organizaciones indígenas, de derechos humanos, religiosas e iniciativas por
la paz.

A su vez, Michael Frühling, director de la oficina en Colombia del ACNUDH,
presentó el 1 de este mes su apreciación en Bruselas, en una mesa redonda en
la que participaron el vicepresidente colombiano Francisco Santos y
representantes de gobiernos europeos, de la ONU y de esa alianza de
organizaciones sociales.

El funcionario indicó que "se ha logrado menos de lo que esperábamos", y
llamó la atención sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de
guerrilleros y paramilitares.

Cuatro de las 27 recomendaciones se dirigen a todas las partes actuantes en
el conflicto, o sea a las Fuerzas Armadas, los insurgentes izquierdistas que
están en armas desde hace 40 años, y los escuadrones de la muerte activos
desde mediados de los años 70, que se transformaron en grupos paramilitares
derechistas a partir de los 80.

La alianza y Frühling coincidieron en que todas esas partes han violado las
normas internacionales que rigen los conflictos internos.

Las recomendaciones al Estado incluyen poner fin a la connivencia entre los
escuadrones de la muerte y sectores de las Fuerzas Armadas, y lograr que la
fuerza pública respete el derecho internacional humanitario.

En su informe de abril, el ACNUDH indicó que los autores de muchas
violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en Colombia son
agentes del Estado "comprometidos en graves abusos de poder, en omisión o en
abierta connivencia con el paramilitarismo".

Esos abusos abarcan "ejecuciones extrajudiciales, masacres, homicidios de
carácter individual o selectivo, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos
o degradantes, acciones que implican el empleo desproporcionado de la
fuerza, desapariciones forzadas, detenciones ilegales o arbitrarias", entre
otros crímenes, explicó.

El gobierno de Uribe debería abstenerse de introducir normas "que faculten a
los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía
judicial, y otras que sean incompatibles con la independencia de la
 justicia", apuntó el ACNUDH, en alusión a un polémico proyecto de ley
antiterrorista.

La agenda de diálogo y negociación del gobierno, que por ahora adelanta
únicamente con los paramilitares, tendría que incluir "el tema de los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación", se lee en el
compromiso.

Además, el Estado debería aplicar sanciones disciplinarias a los
funcionarios que pongan en riesgo la labor de los defensores de los derechos
humanos, verificar trimestralmente "la exactitud y objetividad" de los
archivos de inteligencia militar sobre esos activistas humanitarios, y
publicar los resultados.

Esos son, según la alianza, algunos de los puntos en los que el gobierno
colombiano no sólo incumplió sus compromisos, sino que "tomó acciones en
contra" de los mismos.

Frühling afirmó que podría haber avances inminentes en la decisión de abrir
al control civil los archivos de inteligencia, pero la alianza alegó que
esos informes y los militares aún se usan para acusar a activistas
humanitarios.

Por otra parte, "muchos de los defensores de derechos humanos cuyos nombres
aparecen registrados en esos documentos han sido asesinados", destacó.

En septiembre, el presidente Uribe llamó "voceros del terrorismo" y "
traficantes de los derechos humanos" a los activistas humanitarios, irritado
por sus críticas.

"Ni los peores dictadores en el mundo habían señalado a los defensores de
los derechos humanos como lo hizo el presidente", dijo Alirio Uribe, para
quien ese ataque fue el incumplimiento más crucial de las recomendaciones de
la ONU y se tradujo en un incremento de las amenazas.

La alianza apuntó que "el presidente de la república no ha sido investigado
ni sancionado por las declaraciones que pusieron en riesgo la labor de los
defensores".