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Haiti: Hacia el poder absoluto y arbitrario



ALAI, América Latina en Movimiento
2003-11-25

   Gotson Pierre


El régimen de Jean Bertrand Aristide, antiguo sacerdote en el poder en
Haití, entró en una "desviación cada día más grave" que no tiene nada que
ver con su primer mandato de 1991. Hay "una tendencia a un despotismo
asombroso e insoportable". Esta "desviación" es "implacable, definitiva y no
recuperable". La persona que se expresa así es Christophe Wargny, un
historiador y profesor de periodismo francés, que fue, hasta 1996 (fin del
primer mandato de Aristide), asesor del jefe de Estado haitiano.
En octubre pasado, Wargny observó que las libertades fundamentales no son
respetadas en absoluto. Meses antes, sacerdotes haitianos, antiguos
compañeros de Aristide, dijeron lo mismo, pero con otras palabras. Con
ocasión de la ceremonia de los funeralas del padre Antoine Adrien (que
Aristide consideró como su propio padre) en mayo, el sacerdote William
Smart, denunció "la pasión por el poder absoluto". El padre Max Dominique
expresó su "decepción" e insistió sobre "exacciones cometidas por la policía
y cuerpos de bandidos".
En realidad observadores en Haití y el exterior se dan cuenta de la
degradación general de la situación en el país, en vísperas del bicentenario
de su independencia.
Bloqueo político persistente
El país caribeño está viviendo una transición democrática que está
sistemáticamente obstaculizada. Un documento sobre la situación haitiana,
publicado durante este año por la Organización de Naciones Unidas, destacó
que el Estado de derecho "está deteriorado" con una nueva serie de crisis
basadas en problemas electorales desde 1997.
Las elecciones legislativas del año 2000 no han sido resueltas después de
que fueron denunciadas como "fraudulentas" por la oposición política,
particularmente por la coalición Convergencia Democrática.
Los intentos de la Organización de Estados Americanos (OEA) de "solucionar"
esta crisis electoral, no dieron resultado alguno. Más de 20 misiones de la
OEA fracasaron.
Una segunda resolución (822) sobre esta crisis, fue votada por la OEA en
septiembre de 2002, previo a las elecciones legislativas de fines de 2003.
Pero, el Jefe de la Misión de la OEA en Haití, David Lee, no pudo constatar,
un año después de la votación de la resolución, que "suficientes
disposiciones hayan sido tomadas por el gobierno en lo que concierne (entre
otras) a la seguridad y la impunidad". Subrayó que "los otros actores
continuaron insistiendo" por el respecto de algunos puntos antes de "avanzar
hasta el Consejo Electoral Provisorio".
Incremento de violaciones
Esta situación ha ocasionado una polarización y una intolerancia muy fuertes
alimentando una tensión política y social permanente, donde los derechos
humanos son sistemáticamente violados, empezando por la libertad de
expresión.
"Son decenas de periodistas y trabajadores de la prensa, de generaciones
diferentes, que fueron asesinatos, maltratados, arrestados, amenazados o
forzados al exilio", durante los tres últimos años, declaró el Grupo de
Reflexión y Acción para la Libertad de Prensa (GRALIP), en un informe del
mes de abril.
Con relación a otros casos, no pasa un día sin que los organismos de defensa
de derechos humanos denuncien violaciones. En marzo pasado, un informe de la
Comisión Justicia y Paz de la iglesia católica de Puerto-Principe dio a
conocer que en la capital 117 personas fueron asesinadas o desaparecidas en
4 meses.
La Comisión precisó en su informe que dentro de las víctimas se encontraron
casos de jóvenes raptados durante la noche por policías, casos de parientes
ejecutados en presencia de sus niños, comerciantes asesinados durante sus
actividades, alumnos y hasta niños asesinados.

¿Policía politizada?
En demasiadas ocasiones se ha revelado que los crímenes están relacionados
con la policía. En un informe publicado en septiembre, la Coalición Nacional
por los Derechos de los Haitianos (NCHR) denunció el retorno del fenómeno
"attachés" (banditos trabajando con la policía). La NCHR indicó, por
ejemplo, que la comisaría de Delmas 33, ubicada en la periferia este de
Puerto-Príncipe, es un bastión de estos bandidos. Operan durante la noche y
se especializan en violencia sexual, robo, tortura, ejecución sumaria,
desaparición y secuestro bajo la complicidad de la policía, afirmó el
informe.
Sin perder tiempo, el gobierno desmintió la afirmación de la NCHR. Pero, al
inicio de noviembre, cuando el experto de las Naciones Unidas, Louis Joinet,
efectuó una visita de trabajo en Haití, descubrió elementos confirmando la
existencia de "una policía paralela" y pidió su disolución. Louis Joinet se
dio cuenta que "el Estado de impunidad sustituyó al Estado de derecho".
Los organismos de defensa de derechos humanos hicieron conocer su
"preocupación" por el hecho de que la policía abandonó su misión de
"proteger y servir" a los ciudadanos/as para transformarse en un cuerpo
"politizado", ligado al interés del gobierno.
Esto se vio cuando un Director General de la policía, Jean Robert Faveur,
dimitió el 21 de junio, menos de un mes después de su toma de posesión, y se
fue al exilio en Estados Unidos. En su carta de dimisión, denunció una
tentativa de control absoluto del Ejecutivo y el no respeto de las reglas.

Frente a la oposición socio-política
La policía está profundamente implicada en la dispersión violenta de
manifestaciones antigubernamentales en diversas ciudades del país. Varias
veces llegaron los policías para apoyar a los seguidores violentos del
gobierno, que declararon públicamente que no aceptarían ninguna protesta
anti-Aristide, en un contexto muy difícil para el gobierno, que desde hace
meses enfrenta un incremento de la protesta de parte de diversos sectores
descontentos.
Un reciente caso es la concentración abortada del Grupo 184 (nombrado así
por agrupar a 184 asociaciones del sector privado y asociaciones ciudadanías
de varios sectores) el 14 de noviembre de 2003. Millares de personas de
múltiples categorías sociales respondieron a la convocatoria de esta
plataforma, para expresarse contra el método de gestión del país por parte
de la administración Aristide.
Llegaron los partidarios del gobierno y tiraron piedras contra los
participantes, en tanto que la policía mantenía una presencia pasiva. En
lugar de controlar a los agresores, la policía tiró gases lacrimógenos para
dispersar la manifestación y procedió al arresto de 30 miembros del servicio
de orden del Grupo 184.
De la misma manera, el 29 de octubre, un grupo de partidarios del gobierno
impidió violentamente una protesta de varias organizaciones civiles
haitianas frente al palacio de justicia para denunciar el clima de
violencia. Los grupos pro-Aristide intentaron violentar físicamente a los
participantes. Tiraron piedras, botellas y otros objetos contra los
manifestantes, prometiendo "cortar las cabezas e incendiar las casas".
"No ver, no oír, no hablar, no es una solución", fue la principal consigna
de la protesta en la que los/as participantes, en su mayoría mujeres de la
Coordinación Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres (CONAP, siglas
en francés), denunciaron los crímenes, la opresión y la corrupción en Haití.
Tal como los movimientos de mujeres, asociaciones de estudiantes y alumnos
repitieron la misma experiencia. El 22 de octubre, después de abortar una
manifestación de partidos de la oposición, seguidores de Aristide atacaron a
la Facultad de Etnología, donde estudiantes gritaron eslóganes hostiles al
poder.
El mismo método violento sirvió también para intentar tranquilizar a
manifestantes en Gonaives (Centro-oeste). Desde fines de septiembre, más de
15 personas fueron asesinadas y otras 30 más heridas de bala en
manifestaciones antigubernamentales, según cifras de varias fuentes.
En Gonaives, antiguos partidarios de Aristide cambiaron de bando después del
asesinato horrible de Amiot Métayer, un fiel colaborador del presidente que
dirigió operaciones violentas contra partidos de oposición el 17 de
diciembre de 2001, cuando el gobierno anunció un intento de "golpe de
Estado". El jefe de Estado fue personalmente acusado de ser responsable del
asesinato de Métayer. Un caso similar ocurrió un mes después en Cité Soleil,
barrio pobre del norte de la capital.
Vísperas de bicentenario
En vísperas del bicentenario de Haití (primer de enero de 2004), Aristide
difunde un discurso de "reparación y restitución" de fondos pagados por
Haití en el siglo XIX al país colonizador, Francia, para el reconocimiento
de la independencia.
Pero este discurso de un gobierno con graves problemas de credibilidad, no
parece romper, en el plano nacional, el aparente aislamiento progresivo de
la administración de Aristide.
En las calles, la gente está reclamando al poder qué ha hecho para intentar
mejorar las condiciones de vida de la población, porque, además de los
abusos, se observa una baja constante de la producción (-1,2%), permanencia
de un alto nivel de desempleo (50% según la ONU), aumento del costo de la
vida acompañado de la devaluación de la moneda (de 26 gourdes para un dólar
estadounidense en agosto de 2002 a 45 gourdes para un dólar en febrero de
2003).
Entre el inicio de octubre y la actualidad más de 200 intelectuales firmaron
una petición para denunciar la postura gubernamental que intenta "buscar
legitimidad" a través de la celebración del bicentenario. Organismos No
Gubernamentales y asociaciones del sector popular formaron una plataforma
para una celebración alternativa. El objetivo es "relanzar las luchas
populares para obtener una independencia real", sin "dominación,
explotación, impunidad y violaciones de las libertades".


* Gotson Pierre. AlterPresse/Puerto Príncipe

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