Messico: Detenciones arbitrarias y torturas en Juárez: CNDH

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

México D.F. Lunes 24 de noviembre de 2003
 Graves irregularidades en la indagatoria sobre mujeres asesinadas
http://www.jornada.unam.mx/046n1soc.php?origen=index.html&fly=1
 El ombudsman presenta hoy un informe especial al Senado
VICTOR BALLINAS
Con el afán de entregar resultados de las investigaciones sobre homicidios y
desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, la policía judicial de Chihuahua
''realiza detenciones arbitrarias, tortura y fabrica culpables'', según
acreditó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
José Luis Soberanes, en el informe especial que hoy será entregado al Senado
de la República.
Al presentar hoy dicho informe ante la Comisión de Derechos Humanos del
órgano legislativo, el ombudsman dará cuenta de que la mayoría de asesinatos
y desapariciones de mujeres en esa ciudad fronteriza permanecen en la
impunidad ante la omisión del Estado mexicano de cumplir con su deber. En
155 casos las investigaciones están detenidas y en 47 ''se ha llegado al
extremo de someter al examen del polígrafo a los familiares de las víctimas
como medio de investigación para configurar la posible comisión de un
delito''.
Soberanes informará mañana martes al presidente Vicente Fox de una serie de
irregularidades, omisiones, complicidades y delitos cometidos en las
investigaciones para esclarecer los asesinatos de 263 mujeres y la
desaparición de otras 4 mil 587.
Policías y agentes del MP, principales infractores
En su informe el ombudsman señala que la CNDH logró acreditar ''graves
omisiones, irregularidades y delitos'' que las policías y agentes del
Ministerio Público han cometido en agravio de las víctimas y sus familiares.
Entre ellos asegura que ''se acreditó la obtención de confesiones de
personas que inicialmente fueron consignadas penalmente y con posterioridad
resultaron inocentes, con lo que se tiene la certeza de que estuvieron a
disposición de servidores públicos que excedieron sus funciones''.
Por ejemplo, apunta en el informe, ''en 89 casos las personas involucradas
en la comisión de delitos confesaron de manera 'espontánea' su participación
ante el agente del Ministerio Público del estado, no obstante que con
posterioridad manifestaron ante el órgano jurisdiccional que habían sido
sometidos a torturas, malos tratos o amenazas para que firmaran
declaraciones que les habían sido arrancadas con violencia''.
La CNDH pone ejemplos que constatan la práctica de la tortura. Cita el caso
49-f, en el que ''al estar presente ante el Ministerio Público acusado por
el delito de lesiones en contra de T1-49, confesó su responsabilidad y dijo
que 'el 17 de febrero de 1993, después de consumir bebidas alcohólicas,
lesionó a esa mujer (a la que se denomina como T1-49) tres o cuatro veces'',
sin embargo, al rendir su declaración preparatoria se retractó de su
confesión y en la secuela del proceso se demostró su inocencia al no existir
elementos de prueba suficientes que acreditaran su plena responsabilidad en
la acusación formulada. Ocho años después se revocó la sentencia''.
Otros casos mencionados son los de dos hombres denominados PR1-103 y
PR2-103-F, que el 9 de noviembre de 2001 fueron detenidos y retenidos
durante 48 horas por el agente del Ministerio Público del estado al
encontrarse presuntamente involucrados en la violación y homicidio de ocho
mujeres; se obtuvo una declaración en la que confesaron su participación.
Sin embargo, el 12 de noviembre de 2001, ante el juez tercero penal del
distrito judicial de Bravos, señalaron: ''No ratifico mi declaración. Nos
secuestraron y a base de golpes y torturas nos amenazaban con que nuestras
familias estaban sentenciadas''. El anterior es el testimonio de PR1-103. En
tanto, PR2-103-F declaró: ''Me subieron al carro, me taparon el rostro, me
golpearon por todo el cuerpo. Me llevaron a una casa y ahí me bajaron los
pantalones, me dieron toques eléctricos en los genitales, así como por atrás
y en la espalda. Me golpearon hasta que ya no aguanté. Nos hicieron hacer
una grabación donde nosotros nos culpábamos. Me amenazaron con matar a mi
familia, luego me trajeron a declarar''.
La CNDH sostiene que al analizar las evidencias se encontraron certificados
médicos que confirman las quemaduras en los genitales, y golpes diversos;
sin embargo, éstos no se presentaron ante el juez, sino que se hicieron
otros falsos, pero se encontraron los originales donde se describen los
golpes y las huellas de las quemaduras.
Según estos casos, que según la CNDH son varios, el órgano nacional de
defensa de los derechos humanos sostiene:
''Es claro que en el caso de torturas inferidas a personas detenidas,
generalmente los responsables suelen recurrir a prácticas orientadas a
tratar de no dejar huella alguna en el cuerpo de la víctima, y en su caso a
justificar su actuación mediante la simulación de certificados médicos, los
cuales, por regla general, sin cumplir ningún parámetro metodológico se
concretan a señalar que la persona examinada se encontraba sin lesiones; sin
embargo, en el caso concreto fue factible localizar el certificado médico
practicado al momento en que los dos detenidos fueron internados en el
Centro de Readaptación Social, en el que aparece la leyenda de que presentan
''quemaduras en genitales''.
Soberanes se vio impedido de emitir una recomendación a los gobiernos
federal, estatal y municipal, como era su intención y como había anunciado
meses atrás, en virtud de que la ley de la CNDH señala que una vez emitida
una recomendación no se puede emitir otra sobre el mismo asunto, sin
importar que ésta haya sido rechazada o se encuentre sin cumplimiento.
En el informe que mañana se presentará ante el presidente Fox, que consta de
mil 500 cuartillas, Soberanes afirma: ''La CNDH pudo acreditar que hay
discriminación en las investigaciones de los asesinatos de mujeres, y que
los gobiernos federal, estatal y municipal pretenden minimizar el fenómeno
de los crímenes de niñas, jóvenes y adultas. Hay un trato desigual en las
investigaciones de los homicidios y desapariciones, y en los casos donde se
reportan investigaciones en trámite no fue posible ubicar información
precisa sobre las diligencias de localización e investigación que permitan
sustentar dichas aseveraciones''.
El ombudsman dará cuenta hoy al Senado, y mañana al Presidente, de que ''no
hubo colaboración de funcionarios de los gobiernos estatal, federal y
municipal, que en ocasiones remitieron información incompleta, en otras no
le proporcionaron datos y en los casos que le hicieron llegar documentos,
éstos son contradictorios y ponen en entredicho lo que el gobierno ha
informado a los relatores de Naciones Unidas''.
Insiste en el informe en que servidores públicos han incurrido en graves
omisiones al dejar de lado el deber que les correspondía de brindar debida
seguridad pública a las personas y garantizar el acceso a la justicia a
través de una procuración en los términos que dispone el artículo 21
constitucional.
''Se constató la pretendida intención de aminorar la gravedad del fenómeno,
lo cual propicia un clima de impunidad y deja un mensaje social en el
sentido de la tolerancia o la poca importancia que para el Estado tienen los
delitos que se cometen contra las mujeres, máxime cuando después de que han
transcurrido siete años de la creación de la Unidad Especializada para la
Investigación de Homicidios y Desapariciones de Mujeres, dependiente de la
procuraduría estatal, y a partir de 1998, a la fiscalía especial no le ha
sido posible identificar elementos suficientes que muestren una diferencia
cualitativa antes y después de conformada ésta última.''
La CNDH informa que desde 1998 ha habido silencio de ambas instancias para
atender los requerimientos que la comisión les formulara el 15 de mayo de
ese año en la recomendación 44/98, pues ''a más de cinco años de haberse
emitido, el fenómeno social no fue controlado y en cambio el índice de
criminalidad en contra de las mujeres que radican o transitan en el
municipio de Juárez continuó su escalada ascendente, hasta llegar a sumar
hoy 263 víctimas, incluidas las 27 que fueron motivo de la recomendación
citada''.
El informe sostiene que las cifras y los resultados de las investigaciones,
tanto de la fiscalía como de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
son distintas. Resalta que al solicitar copia certificada de la totalidad de
los expedientes, ''esta comisión fue informada, a través de una declaración
de personal de la fiscalía, que los expedientes se encuentran dispersos en
múltiples bodegas y por ello es difícil encontrarlos, además de que cuando
se inauguró el edificio de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona
Norte el antiguo edificio albergaba los archivos y muchos indigentes
empezaron a introducirse y en época de invierno se les hizo fácil quemar
algunas cosas, provocando un incendio que alcanzó el archivo, por lo cual
algunos documentos va a ser imposible obtenerlos''.