Argentina: Todas las CCAA* superan la media europea de desempleo

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

22 de noviembre del 2003

Héctor Timerman
Revista Debate. Argentina, noviembre del 2003.


Es difícil encontrar, al menos este periodista no lo ha logrado, un caso
similar al argentino. Una democracia en la cual su principal fuerza policial
se haya visto involucrada en los peores casos de inseguridad y corrupción.
Así es que hay quienes al hablar de delincuencia juntan a los pibes chorros
con los comisarios chorros.
Cuando Hanna Arendt describía su método analítico, decía: "Siempre comienzo
de la misma forma, A y B no son iguales". Tampoco son iguales los villeros
que secuestraron al padre del futbolista Astrada que los policías que
compraron la víctima para cobrar el rescate. Los primeros son un problema de
inseguridad, los policías son un problema político.
Más aún, si los comisarios chorros cuentan con la protección de importantes
figuras políticas, estaríamos frente a una amenaza cierta contra las
instituciones y el sistema democrático.
Es imposible pensar que un problema de semejante magnitud pueda ser resuelto
por el gobernador Felipe Solá, como no lo fue por sus antecesores, si es que
alguno de ellos alguna vez lo intentó. Al menos, ninguno con la dedicación
que el actual gobernador ha puesto sobre el tema.
El comportamiento mafioso cuyo epicentro es el conurbano bonaerense, pero
que también se repite en otras provincias, debe ser considerado, entonces,
un problema nacional que sólo puede ser resuelto por las autoridades
nacionales y la ciudadanía en su totalidad.
Para que esto ocurra hay que actuar recordando que los ciudadanos de una
democracia necesitan saber las razones de una batalla y creer que el
sacrificio vale la pena. Lamentablemente no hay muchos políticos que puedan
conmover o convocar. Especialmente, si, como sospecha Solá, la inseguridad
es el arma más contundente en la batalla por el control político de la
provincia.
Una propuesta sería reeditar aquel hito fundacional del actual período
constitucional que fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas. Así como hubo una CONADEP para los actos aberrantes de la
dictadura, hoy el presidente debería convocar a una comisión de notables que
investigue la delincuencia policial y comprobar si existe una asociación
ilícita con la corrupción política.
Una comisión cuyos miembros deberían ser expertos abogados, contadores,
defensores de los derechos humanos, y de la cual participen, además, los
procuradores generales de la nación y la provincia para darle la agilidad
legal que necesitará para enfrentar el poderío de quienes manejan los
secuestros, el juego clandestino, la droga y el gatillo fácil.
Seguir insistiendo en que la policía y los políticos busquen las soluciones
cuando, en realidad, son el problema a solucionar, es reiterar el obsceno
deseo de los militares que pretendían que sus propios organismos investiguen
y juzguen a los represores de la dictadura.
Muchos parlamentarios se opondrán a que se constituya esta comisión
investigadora, que podría llegar a involucrar tanto a ellos como a sus jefes
territoriales. Kirchner y Solá deberían poder controlar tal desmesura como
Alfonsín lo logró apoyándose en una sociedad hastiada.
Aceptar las falencias y buscar un camino alternativo es una oportunidad de
retomar el sentido de nuestra realidad, de la misma forma que ser pragmático
es volver a las políticas principistas, para que no nos convirtamos en esos
ciudadanos que Abba Eban definía como integrantes de sociedades que nunca se
pierden una oportunidad de perderse una oportunidad.