Brasile: «Lula es prisionero de grupos que tienen intereses en nuestras tierras»

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

9 de noviembre del 2003

Con Marcos Luidson de Araujo, dirigente de los indios xucurú.
Marta Caravantes y Daniel Garibotti
Agencia de Información Solidaria (AIS). España, noviembre del 2003.


Modelo de lucha por su capacidad de organización y de recuperación de sus
tierras, el pueblo xucurú es víctima, no sólo de la violencia de los
hacendados, sino de la corrupción y desidia de la justicia brasileña. La
lucha de su líder Chicão, asesinado en 1998 por un hacendado, fue un ejemplo
en la reivindicación de los derechos indígenas en Brasil. Ahora, su hijo
Marcos Luidson de Araujo, ha asumido el liderazgo. Hace unos meses,
sobrevivió a un atentado que pretendía acabar con su vida. La violencia
aumenta y la justicia criminaliza a los indios. Sin embargo, los xucurú no
claudican. "Se olvidan de que nosotros no enterramos a nuestros líderes: los
plantamos para que de ellos nazcan nuevos dirigentes", afirma Marcos.
-¿Cuál es la historia del pueblo xucurú?
Somos 9.000 indígenas, distribuidos por 24 aldeas que ocupan la totalidad
del territorio demarcado. Desde los primeros contactos con los
conquistadores españoles, el pueblo xucurú tuvo que retroceder hacia la
sierra Ororuba. Ya nuestra tierra original fue invadida. La necesidad de
supervivencia nos obligó a adaptarnos a una nueva realidad. Algunas cosas se
perdieron en ese trayecto, por ejemplo, nuestro idioma. Hablamos puro
portugués. Nuestro pueblo fue sometido a trabajo esclavo en las haciendas.
Era un pueblo pasivo, pero mantenía sus rituales en la clandestinidad. En
1985 empezamos a tener contacto con la gente del CIMI (Centro Indigenista
Misionario) y empezamos a conocer nuestros derechos y a organizarnos, porque
estábamos totalmente dispersos y no nos reconocíamos como indígenas.
Paralelamente con esa lucha comenzaron los asesinatos.
-¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?
-Los xucurú luchamos por la reconquista de nuestras tierras, 27.000
hectáreas de las que sólo tenemos un 20% y que están ocupadas por 281
hacendados, entre los que se encuentran senadores de la República y
parientes de Marco Maciel, ex vicepresidente del gobierno Cardoso. La gran
lucha es desalojarlos para poder vivir allí, pero en ese proceso ya han
asesinado a seis de nuestros líderes. El poder judicial y la policía en vez
de detener a los agresores se dedican a apresar a los propios indígenas para
frenar el proceso de lucha y de demarcación del territorio. Al asesinato
impune se suma el aparato legal del estado contra los indígenas. Somos
víctimas, pero nos transforman en reos. Yo sufrí un atentado donde murieron
dos compañeros y la policía federal pretende torcer los hechos para que yo,
de víctima, pase a ser responsable de sus muertes. Nuestro mayor problema
ahora mismo es el proceso de criminalización de los líderes indígenas.
-¿Cómo es la convivencia con esos "invasores" hacendados?
-Es muy difícil porque sabemos que todos los asesinatos han sido realizados
por mandato de algunos de ellos. Por ejemplo, mi situación como líder xucurú
es complicada. Tengo que andar siempre en compañía de 10 ó 12 personas
porque si anduviera solo sería muy fácil atentar contra mi vida. En algunas
aldeas donde hemos expulsado a los hacendados colocamos barreras para no
dejar que pasen. Pero hay otras aldeas donde no hay control porque los
hacendados continúan dentro. Entre los hacendados los hay que tienen hasta
2.000 hectáreas de tierra. Utilizamos los mismos caminos y nos cruzamos
continuamente con ellos, lo que hace la vida más difícil y más peligrosa
para nosotros. Mi vida pende de un hilo. Y no sólo la mía; mi madre y otros
líderes están marcados para morir. En cualquier momento puede haber otros
asesinatos en el territorio xucurú.
-¿Cuál es la respuesta de la justicia brasileña ante los crímenes y las
amenazas?
-La justicia hace caso omiso de las reivindicaciones indígenas. Por ejemplo,
el juez que lleva mi caso decidió que yo no estaba capacitado para hacerme
representar por un abogado, según las viejas leyes. Cuando es para
perjudicar al pueblo xucurú utilizan las viejas leyes; cuando tratamos de
defender nuestros derechos no hay ley. Pedimos que se apruebe el Estatuto de
los Pueblos Indígenas para garantizar nuestros derechos.
-¿Cuándo empezaron los asesinatos contra los líderes Xucurú?
-El primer líder xucurú asesinado fue muerto a manos del hijo de un
hacendado; con este crimen quisieron amedrentarnos y que abandonáramos la
lucha pero, al contrario, reaccionamos ocupando las tierras del hacendado.
Allí encontramos una lista con varios nombres de indígenas marcados para
morir. Mi padre Chicão estaba en esta lista. Lo denunciamos a las
autoridades pero no ocurrió nada. Esto abrió un precedente para que otros
líderes indígenas fueran agredidos. La justicia de Pernambuco es cómplice de
los intereses de los latifundistas. Por ejemplo, existe un gran proyecto de
turismo religioso que interesa desde el punto de vista político y económico
para ser implantado en el área indígena.
-¿En qué consiste ese proyecto?
-Hace unos años en una aldea de nuestra demarcación, dos niñas, hijas de un
hacendado, dijeron haber visto aparecer a una santa llamada Nuestra Señora
de las Gracias. A partir de ahí, empezó un gran negocio de peregrinaciones.
En 1995 entraron en juego además los intereses de la Iglesia Católica local.
Uno de los sacerdotes empezó a comprar tierras en la zona y llegó a poseer
hasta 300 hectáreas. Lo denunciamos al obispo, pero no nos dio importancia.
Comenzaron a entrar en el negocio intereses de empresarios, del gobernador,
del alcalde..., que querían transformar las haciendas en hoteles rurales y
comenzaron a elaborar un proyecto frente al cual mi padre y otros líderes se
posicionaron en contra. Sólo el estacionamiento del lugar estaba previsto
para 10.000 coches.
-¿Qué respuesta han tenido de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI)?
-La FUNAI es sobre todo una fuente de empleo para personas que están ligadas
a los partidos conservadores. No vemos a la FUNAI como un aliado. Está
vinculada a madereros, hacendados y buscadores de oro. En el estado de
Pernambuco la FUNAI colocó a un abogado contra mí a favor de los intereses
de los hacendados. Sólo cuando nosotros nos organizamos, nos manifestamos y
llamamos la atención de los ciudadanos, entonces la FUNAI se presenta como
salvadora de los indígenas. Sólo actúan bajo presión.
-¿Cuál es la actitud del presidente Lula ante las reivindicaciones
indígenas?
-Apostamos mucho por Lula. Todo el pueblo xucurú votó por Lula porque conoce
nuestra historia, estuvo en nuestras tierras y era amigo de mi padre.
Pensábamos que con él las cosas iban a mejorar para los indígenas en
general, pues la situación que los xucurú vivimos no es diferente a la de
otros pueblos en Brasil. Pero, desgraciadamente, no tenemos una respuesta
concreta en relación a nuestras reivindicaciones. Lo que sentimos es que en
estos 10 meses de gobierno de Lula ha habido un cambio pero en sentido
contrario, justamente ha aumentado el clima de tensión y violencia. Durante
este periodo ya han sido asesinados 23 indígenas.
-¿Por qué cree que Lula no está respondiendo a sus demandas?
-Creo que en parte es debido a las alianzas que ha hecho en otros partidos y
sectores para poder realizar cambios políticos y sociales, como la reforma
tributaria. El presidente, por ejemplo, podría eliminar algunos decretos
inconstitucionales que afectan el día a día de la vida de los indígenas,
como el decreto 1775/96 que abre un precedente para que los madereros y
hacendados puedan impugnar los procesos demarcatorios de nuestras tierras.
Este decreto lo creó Fernando Henrique Cardoso y pensábamos que con la
llegada de Lula iba a ser derogado. Percibimos que hay una moneda de cambio
en esta situación porque para conseguir mayoría parlamentaria y aprobar las
reformas que Lula plantea hay diputados que colocan condiciones. Lula está
prisionero de los grupos que tienen intereses en tierras indígenas. Le
estamos pidiendo que al menos sean contempladas las normas exigidas por la
Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la protección de la vida de
los líderes indígenas. Estas medidas cautelares aún no han sido cumplidas.