Bolivia: Jefe policiaco reconoce que el Goni les entregó gran cantidad de equipos antidisturbios

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

México D.F. Miércoles 22 de octubre de 2003

Ordena ministro de Gobierno boliviano auditorías a la gestión de su
antecesor
 El defensor del pueblo, Iván Zegada, pone su cargo a disponibilidad del
Congreso
XIMENA ORTUZAR ENVIADA
http://www.jornada.unam.mx/033n1mun.php?origen=index.html&fly=1
La Paz, 21 de octubre. El nuevo ministro de Gobierno (Interior), Alfonso
Ferrufino, ha ordenado varias auditorías acerca de la gestión de su
antecesor, Yerko Kukok. De acuerdo con información oficial, este último
dispuso de 20 millones de dólares para "gastos reservados" que aprobó la Ley
Financial de 2003 para seguridad interna del país.
Ferrufino dice ignorar la cantidad de dinero que el Ministerio de Gobierno
utilizó para controlar el estallido social de las semanas recientes -en
repudio a la venta de gas natural a Estados Unidos y México-, mediante el
despliegue de efectivos militares y policiales en El Alto, La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, principalmente.
El nuevo ministro ignora también qué cantidad del dinero aprobado para la
gestión 2003 quedó disponible en las arcas tras la renuncia de su antecesor.
A los 20 millones de dólares para "gastos reservados" se sumaron en el
presupuesto de este año otros 8 millones de dólares.
"Cualquier cambio de gestión demanda una revisión de los gastos y las
auditorías correspondientes", explica el nuevo ministro, y agrega que la
investigación ya está en curso.
De manera extraoficial se maneja que Kukok habría gastado 13.3 millones de
dólares de su partida de "gastos reservados", pero esa cifra deberá ser
ratificada al cabo de las auditorías.
Mientras ello sucede, el comandante general de la policía, Jairo Sanabria,
ha reconocido que el Ministerio de Gobierno de la administración Sánchez de
Lozada entregó a la institución gran cantidad de equipos e insumos
antimotines y antidisturbios, entre los que se cuentan gases lacrimógenos y
balines "para hacer frente a los conflictos sociales de las recientes
semanas, fundamentalmente en la zona occidental del país."
Agrega: "El equipamiento viene evidentemente del Ministerio de Gobierno,
porque son gastos del Estado para proveer de equipo a la Policía Nacional".
El funcionario dice desconocer el monto invertido por el Ministerio de
Gobierno en adquirir dichos equipos y la cantidad de dinero que representó
para el Ejecutivo desplegar soldados en las zonas de conflicto.
Explica Sanabria: "Se ha utilizado un número considerable de equipos
(antimotines y antidisturbios) pero no puedo entregar cifras porque eso está
en relación con cada actuación que tuvimos en diferentes oportunidades".
El pueblo boliviano no es violento por naturaleza, sin embargo, con cada
nuevo gobierno vienen más acciones represivas y, en consecuencia, la
respuesta social se ha tornado menos pasiva, más contestataria y, en algunos
casos, violenta.
Cuando siguen en la memoria colectiva los 74 muertos y 400 heridos de la
guerra del gas, y mientras el presidente Carlos Mesa y la más alta autoridad
militar, Roberto Claros, culpan al "poder político" -ente no identificado ni
personalizado-, Sacha Llorenti, vicepresidente de la Asamblea Permanente de
los Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), enfatiza: "La responsabilidad por
estos hechos pasa primero por quien asume la política de la violencia y por
quien la ejerce de manera individualizada".
Respecto de los recientes enfrentamientos entre manifestantes y uniformados
considerados como la máxima expresión de la violencia estatal en democracia,
Llorenti asegura: "Los principales responsables fueron Sánchez de Lozada y
sus ministros más allegados, a quienes a APDHB iniciará un juicio de
responsabilidad".
Considera deseable que el Estado muestre un cambio de actitud, afronte los
conflictos y asuma su responsabilidad histórica. "Y la mejor señal que
podría entregar al respecto sería que por medio de sus instituciones, el
Estado busque y castigue a los culpables de las muertes".
Según este organismo, en Bolivia se ha incubado, en democracia, una cultura
de violencia -tanto estatal como de la llamada "justicia por propia mano"-
que podría ser muy difícil de revertir.
"En el momento en que se identifique y sentencie a los culpables, Bolivia
habrá sentado un precedente acerca de que los crímenes de lesa humanidad no
pueden quedar impunes", declara Llorenti.
La represión, ancestral
Bolivia tiene en su historia más golpes de Estado que años de Independencia.
Durante las dictaduras surgidas de esos golpes los derechos humanos fueron
severamente violados. Pero la democracia, rescatada en 1985, exhibe cifras
preocupantes: 280 muertos, 700 heridos y 10 mil detenidos indebidamente.
Así lo demuestra un estudio preliminar de la APDHB.
El vicepresidente de este organismo, Sacha Llorenti, señala que la violencia
estatal y la impunidad en que ella ha quedado representa una traición a la
democracia, que desprestigia tanto a las instituciones del Estado como a la
propia APDHB.
La investigación, iniciada en 2002, estudia a los gobiernos de la era
democrática: Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora
(1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1973-1997), Hugo Bánzer (1997-2001),
Jorge Quiroga (2001-2002) y Sánchez de Lozada (2002-2003).
Llorenti afirma que en esos gobiernos se criminalizó a los movimientos
sociales y la respuesta violenta y represiva se convirtió en una política de
Estado.
"Al enfrentar a esos movimientos con violencia se crea conflicto, y en esos
conflictos, en nombre de la democracia y en defensa del modelo
económico -uno de los principales motivos de movilización social- se causan
muertes, heridas y detenciones arbitrarias que resultan impunes", agrega.
"Los gobiernos, en nombre del Estado, se atribuyen el derecho a ejercer una
serie de acciones que con el pretexto de defender la 'seguridad nacional'
violan las normas convenidas por todos los países para proteger los derechos
básicos del ser humano incorporado a la sociedad," agregan personeros de
organismos defensores de derechos humanos.
Estos organismos existen en Bolivia desde 1979, cuando Lidia Gueiler se hizo
cargo del primer gobierno democrático en 10 años. Pero con la irrupción al
gobierno de Luis García Meza el proceso quedó interrumpido hasta 1983, año
en que asumió Hernán Siles Suazo. Desde entonces esos organismos han estado
vigentes en Bolivia.
"Vigentes, pero no operantes", según informes de instituciones adscritas a
la Organización de Naciones Unidas, que denuncia que la violación de
derechos humanos en Bolivia no ha cesado nunca y que los derechos al trabajo
y a la libertad de expresión, por citar dos, son escasamente respetados.
Es evidente que los derechos humanos se violan en Bolivia y también que hay
personas empeñadas en que esas violaciones no se investiguen ni se
castiguen. La APDHB acaba de denunciar ante la Policía Técnica Judicial que
su sede fue allanada en La Paz por desconocidos que sustrajeron cintas de
video y documentación. Denunció además que los asaltantes intentaron
destruir el centro de almacenamiento de datos que utiliza el presidente del
organismo de derechos humanos, Waldo Albarracín.
Si bien ese centro de datos no fue robado, sí se le sacó de su lugar y se le
dejó fuera del edificio, "tal vez como una amenaza", agregaron los
denunciantes.
A juicio de Sacha Llorenti, tras este asalto están "los ex agentes de
seguridad del Estado, vinculados al régimen anterior". Y calificó este
episodio de "atentado político", porque, aunque en dicha sede había objetos
de valor, no fueron tocados. "Querían la información, los archivos". Hasta
ahora no se ha podido determinar qué documentos fueron sustraídos.
¿Y el defensor del pueblo?
Otro de los legados de Sánchez de Lozada fue el defensor del pueblo que, a
juicio de la mayoría, es más bien un lastre. Iván Zegada fue designado para
ese cargo con el voto de la coalición gobernante hasta el 18 de octubre.
Terminado ese gobierno, opina esa mayoría, Zegada debe renunciar. Y
recuerdan: "La noche del 3 octubre, al cabo de una maratónica sesión, Zegada
resultó elegido en una demostración más del vergonzante cuoteo".
Zegada sucedió en el cargo a Ana María Romero, quien renunció a postularse a
la reelección y, sin embargo, obtuvo 39 votos.
Tal elección fue inmediatamente rechazada por sectores sociales, organismos
defensores de derechos humanos y partidos opositores.
Evo Morales, líder de los cocaleros y diputado del Movimiento al Socialismo,
denunció que Zegada fue informante de la CIA durante la administración de
Paz Zamora, cuando Estados Unidos intesificó sus esfuerzos para combatir el
cultivo de coca en Bolivia.
La nula actuación del defensor del pueblo en los enfrentamientos de octubre
y su saldo de muertos y heridos, aumentó el rechazo contra Zegada. En días
recientes, sus propios compañeros de trabajo en la defensoría hicieron
público su deseo de que éste renunciara, y advirtieron que de no hacerlo,
irían a la huelga. El alegó en su favor haber sido elegido acorde a la ley,
y advirtió que no admitiría presiones contra la legitimidad de su cargo.
Igual que el anterior presidente, hubo de rendirse ante la fuerza de los
hechos: al cierre de esta edición se supo que Zegada habría aceptado poner
su cargo a disposición del Congreso. Y se supo también que su salida sería
aceptada por unanimidad.