Ancora sulla lucha in Bolivia - Articoli IPS

[Cristiano Morsolin <morsolindo2002@yahoo.it>]

Hola peacelink,
 
La fuga di Gonzalo Sanchez de Lozada ha delle ripercussioni in tutta l'America Latina: e`una vittoria dei movimenti popolari ma l'opposizione al sistema neoliberale continua... Se uniamo il destino (la fuga...) dei vari presidenti Mahuad e Bucaran in Ecuador, De la Rua in argentina, Fujimori in Peru', possiamo capire la forza di resistenza dei popoli dell'Abya Yala.
QUi di seguito trovate degli approfondimenti dell'agenzia IPS- www.ipsnews.org 
abbracci di pace
Cristiano Morsolin
PS: Per approfondimenti www.selvas.org 
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AMPLIACION/BOLIVIA:
Carlos Mesa es el nuevo presidente 

Alejandro Campos 

LA PAZ, 18 oct (IPS) - Carlos Mesa asumió la presidencia de Bolivia minutos antes de la medianoche del viernes en reemplazo de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció al cargo presionado por una revuelta social y se apresta a refugiarse en Estados Unidos. 

El Congreso legislativo tomó juramento a Mesa en una sesión especial realizada mientras Sánchez de Lozada, en avión, dejaba atrás La Paz y la vecina El Alto convulsionadas por las protestas y unos 70 muertos y centenares de heridos como resultado de la represión que ordenó a policías y militares desde el sábado. 

Mesa, quien hasta hoy ocupaba la vicepresidencia, en su primer discurso ante los legisladores pidió ayuda a todos los partidos y sectores sociales para recuperar la confiabilidad en el Poder Ejecutivo, prometió trabajar para construir una "república de iguales" y rindió homenaje a los bolivianos muertos en las movilizaciones. 

También aceptó poner en marcha parte de las demandas de los manifestantes, como la convocatoria de un referendo vinculante para definir la explotación de los recursos naturales, como las voluminosas reservas gasíferas, y aseguró con luchará contra la corrupción. 

El nuevo mandatario nació en La Paz en 1953, está casado y tiene dos hijos, y es historiador, literato y periodista. Había llegado al gobierno por invitación personal de Sánchez de Lozada en el binomio que ganó los comicios de 2002 en representación del tradicional Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). 

Ajeno a la vida partidaria, aunque simpatizante del MNR, se había ganado un espacio en la política por su larga trayectoria de presentador y comentarista de noticias en televisión, desde donde atacaba duramente las prácticas políticas caracterizadas por la corrupción y el clientelismo. 

Mesa siempre compartió las ideas neoliberales, las mismas que abrazó Sánchez de Lozada. 

En su dilatada carrera en los medios de comunicación fue reportero de radio, subdirector de un diario, crítico de cine, columnista de varios medios escritos, productor de televisión y de cine y ahora es el principal accionista de la red de televisión Periodistas Asociados Televisión (PAT). 

Entre los libros de su autoría se cuentan "Cine boliviano, del realizador al crítico", "El cine boliviano según Luis Espinal", "Manual de Historia de Bolivia", "Presidentes de Bolivia, entre urnas y fusiles", "La aventura del cine boliviano". 

El ahora flamante presidente le había quitado el respaldo a Sánchez de Lozada el lunes en discrepancia, precisamente, con el manejo del conflicto social, iniciado hace un mes con cortes de rutas para luego extenderse a todo el país de la mano de decenas de organizaciones sociales. 

Así, tras la pérdida del apoyo de Mesa y el retiro de casi todos sus aliados políticos y parte del gabinete, Sánchez de Lozada hizo efectiva su renuncia a través de una carta enviada al Congreso. 

Cerca de las 17.00 hora local (21.00 GMT) del viernes, el mandatario renunciante se marchó de la residencia presidencial y se dirigió en helicóptero para luego abordar un avión hacia la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde donde se embarcará a Estados Unidos, según señalaron fuentes políticas. 

El diputado Evo Morales, uno de los principales conductores de la protesta, declaró aceptar la designación de Mesa como nuevo presidente, aunque advirtió que lo respaldará "mientras cumpla" las expectativas del pueblo, en referencia a reformar la Constitución y cambiar el modelo de economía de mercado. 

Ahora, tras su dimisión, lo que corresponde es iniciarle un juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada por "las muertes a manos de la represión militar-policial, añadió Morales, líder campesino y del izquierdista Movimiento al Socialismo. 

La Constitución establece que Mesa está habilitado para completar el actual periodo de gobierno, que finalizará el 6 de agosto de 2007. 

Mientras, ni Morales ni el dirigente aymara y diputado Felipe Quispe, otro de los líderes de las movilizaciones, se pronunciaron sobre una probable participación de sus respectivas fuerzas políticas en el nuevo gobierno. 

La renuncia de Sánchez de Lozada, de 73 años, se produce luego que en dos ocasiones esta semana afirmara que no pensaba hacerlo, pues de lo contrario daría paso a un proceso de desestabilización de la democracia, que según él encabeza Morales. 

El mandatario saliente aseguró en varias oportunidades esta semana, y así lo escribió en su carta de renuncia, que enfrentaba una "conspiración subversiva apoyado desde el exterior", que aprovechaba las protestas sociales iniciada en rechazo del proyecto de venta de gas natural a América del Norte por entender que es lesivo para el país. 

En un intento por desactivar la protesta, Sánchez de Lozada declaró el miércoles que aceptaba buena parte de las demandas iniciales de las organizaciones de la sociedad civil y de la oposición política. 

Para ello confirmó la convocatoria de un referendo para definir la suerte del plan de exportación de gas y ofreció renegociar con las firmas petroleras transnacionales para mejorar los ingresos del Estado en impuestos y regalías del sector, además de instalar una asamblea constituyente para reformar la ley fundamental. 

Pero ya era tarde para ese ofrecimiento según los líderes sociales y opositores, que tras un mes de protestas sin respuesta reclamaron directamente la renuncia del presidente, como se acaba de concretar. 

La ciudad de El Alto, la más pobre del país, se encontraba convulsionada desde hace un mes con marchas y bloqueos de calles, que a medida que fueron pasando los días crecían en magnitud y fuerza. 

Sin embargo, fue a partir del sábado pasado que arreciaron las movilizaciones y se intensificó la represión de fuerzas combinadas de la policía y las Fuerzas Armadas, que dejaron unos 70 muertos según distintas fuentes, aunque oficialmente sólo se admiten 40, y más de un centenar de heridos en La Paz y El Alto. 

En ese marco, también se señaló que agentes de inteligencia del gobierno intentaron acallar a algunos medios de comunicación, particularmente de radio y televisión, y que se intentó secuestrar ediciones de medios de prensa. 

Aunque las autoridades lo negaron, los responsables de varios medios de comunicación particularmente duros en sus críticas a Sánchez de Lozada ratificaron esos intentos de coartar la libertad de expresión. 

La protesta de indígenas, campesinos, activistas humanitarios, sindicalistas industriales y otros grupos sociales enarboló en un principio la bandera contra los contratos de exportación de gas con privados y el posible uso para ello de un puerto de Chile, que en el pasado se apropió del litoral boliviano con el océano Pacífico. 

Pero esa movilización se hizo prolongada y masiva porque también reflejaba un histórico descontento por las condiciones de pobreza de trabajadores y población en general, y las prácticas políticas tradicionales de corrupción y clientelismo. 

Las cifras delatan que Bolivia es uno de los países más atrasados de América Latina, con la pobreza que alcanza a más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes y tres de cada 10 de ellos en la indigencia, mientras que casi 13 por ciento de la población económicamente activa está desempleada. 

Datos extraoficiales indican además que más de un millón de personas que se desempeñan en la economía informal y trabajadores mineros reciben un ingreso mensual de 14 dólares, con jornadas laborales de 14 horas y cerca de 50 por ciento de familias que viven con un dólar cada día. 

Desde el miércoles, a la protesta de los grupos sociales se sumaron también figuras del mundo de la cultura y otras personalidades, quienes liderados por la ex defensora del Pueblo Ana María Campero iniciaron una huelga de hambre. 

Sánchez de Lozada, uno de los más poderosos empresarios mineros de este país, asumió la presidencia el 6 de agosto de 2002, luego de ser elegido por el parlamento, que debió optar en competencia con Morales, quien había quedado segundo en las elecciones generales de ese mismo año. 

El empresario había ganado los comicios, pero no llegó a obtener los votos necesarios para poder asumir de modo directo, situación que lo logra en el parlamento gracias a una alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). 

Esta era la segunda presidencia de Sánchez de Lozada, quien también había detentado el gobierno de 1993 a 1997, durante el cual llevó a cabo el llamado proceso de capitalización (una fórmula combinada de privatización con participación estatal), que transfirió las empresas y los pozos petroleros al control de las firmas transnacionales. 

Goni es el apelativo del hasta hoy presidente de Bolivia, pero los manifestantes lo llamaban "Gringo", por su marcado acento inglés debido a que se educó y vivió largos años en Estados Unidos (FIN/2003)

BOLIVIA:
Renunció Sánchez de Lozada y se fue en helicóptero 

Alejandro Campos 

LA PAZ, 17 oct (IPS) - Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia de Bolivia este viernes tras ser abandonado por sus aliados en medio de masivas protestas sociales, reprimidas con el saldo de unos 70 muertos. Todo indica que será reemplazado por el vicepresidente Carlos Mesa. 

Mesa le había quitado el respaldo a Sánchez de Lozada el lunes en discrepancia con el manejo del conflicto social, iniciado hace un mes con cortes de rutas para luego extenderse a todo el país de la mano de decenas de organizaciones sociales y que desde el sábado paralizó El Alto y la vecina La Paz, sede del gobierno. 

Sánchez de Lozada hizo efectiva su renuncia a través de una carta enviada al Congreso Nacional legislativo, que hasta entrada la noche aún se había logrado reunir para dar lectura a ese documento. 

Cerca de las 17.00 hora local (21.00 GMT), el ahora ex mandatario se marchó de la residencia presidencial y se dirigió en helicóptero con rumbo desconocido, aunque se presume que su destino podría ser Argentina o Perú. 

El diputado Evo Morales, uno de los principales conductores de la protesta, señaló que está dispuesto a apoyar la designación de Mesa como nuevo presidente, pero apuntó que lo respaldará "mientras cumpla" las expectativas del pueblo, en referencia a reformar la Constitución y cambiar el modelo de economía de mercado. 

Ahora, tras su dimisión, lo que corresponde es iniciarle un juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada por "las muertes a manos de la represión militar-policial, añadió Morales, líder campesino y del izquierdista Movimiento al Socialismo. 

Aún no se conoce si el reemplazante cumplirá el periodo de gobierno de Sánchez de Lozada de cinco años, que finalizará el 6 de agosto de 2007, o si sólo será de transición hasta convocar elecciones anticipadas. 

Mientras, ni Morales ni el dirigente aymara y diputado Felipe Quispe, otro de los líderes de las movilizaciones, se pronunciaron sobre una probable participación de sus respectivas fuerzas políticas en el nuevo gobierno. 

La renuncia de Sánchez de Lozada, de 73 años, se produce luego que en dos ocasiones esta semana afirmara que no pensaba hacerlo, pues de lo contrario daría paso a un proceso de desestabilización de la democracia, que según él encabeza Morales. 

El mandatario saliente aseguró en varias oportunidades esta semana que se enfrentaba a una "conspiración subversiva apoyado desde el exterior", que aprovechaba las protestas sociales iniciada especialmente en rechazo del proyecto de venta de gas natural a América del Norte por entender que es lesivo para el país. 

En un intento por desactivar la protesta, Sánchez de Lozada declaró el miércoles que aceptaba buena parte de las demandas iniciales de las organizaciones de la sociedad civil y de la oposición política. 

Para ello confirmó la convocatoria de un referendo para definir la suerte del plan de exportación de gas y ofreció renegociar con las firmas petroleras transnacionales para mejorar los ingresos del Estado en impuestos y regalías del sector, además de instalar una asamblea constituyente para reformar la ley fundamental. 

Pero ya era tarde para ese ofrecimiento según los líderes sociales y opositores, que tras un mes de protestas sin respuesta reclamaron directamente la renuncia del presidente, como se acaba de concretar. 

La ciudad de El Alto, la más pobre del país, se encuentra convulsionada desde hace un mes con marchas y bloqueos de calles, que a medida que fueron pasando los días crecían en magnitud y fuerza. 

Sin embargo, fue a partir del sábado pasado que arreciaron las movilizaciones y se intensificó la represión de fuerzas combinadas de la policía y las Fuerzas Armadas, que dejaron unos 70 muertos según distintas fuentes, aunque oficialmente sólo se admiten 40, y más de un centenar de heridos en La Paz y El Alto. 

En ese marco, también se señaló que agentes de inteligencia del gobierno intentaron acallar a algunos medios de comunicación, particularmente de radio y televisión, y que se intentó secuestrar ediciones de medios de prensa. 

Aunque las autoridades lo negaron, los responsables de varios medios de comunicación particularmente duros en sus críticas a Sánchez de Lozada ratificaron esos intentos de coartar la libertad de expresión. 

La protesta de indígenas, campesinos, activistas humanitarios, sindicalistas industriales y otros grupos sociales enarboló en un principio la bandera contra los contratos de exportación de gas con privados y el posible uso para ello de un puerto de Chile, que en el pasado se apropió del litoral boliviano con el océano Pacífico. 

Pero esa movilización se hizo prolongada y masiva porque también reflejaba un histórico descontento por las condiciones de pobreza de trabajadores y población en general, y las prácticas políticas tradicionales de corrupción y clientelismo. 

Las cifras delatan que Bolivia es uno de los países más atrasados de América Latina, con la pobreza que alcanza a más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes y tres de cada 10 de ellos en la indigencia, mientras que casi 13 por ciento de la población económicamente activa está desempleada. 

Datos extraoficiales indican además que más de un millón de personas que se desempeñan en la economía informal y trabajadores mineros reciben un ingreso mensual de 14 dólares, con jornadas laborales de 14 horas y cerca de 50 por ciento de familias que viven con un dólar cada día. 

Desde el miércoles, a la protesta de los grupos sociales se sumaron también figuras del mundo de la cultura y otras personalidades, quienes liderados por la ex defensora del Pueblo Ana María Campero iniciaron una huelga de hambre. 

Sánchez de Lozada, uno de los más poderosos empresarios mineros de este país, asumió la presidencia el 6 de agosto de 2002, luego de ser elegido por el parlamento, que debió optar en competencia con Morales, quien había quedado segundo en las elecciones generales de ese mismo año. 

El empresario había ganado los comicios, pero no llegó a obtener los votos necesarios para poder asumir de modo directo, situación que lo logra en el parlamento gracias a una alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). 

Esta era la segunda presidencia de Sánchez de Lozada, quien también había detentado el gobierno de 1993 a 1997, durante el cual llevó a cabo el llamado proceso de capitalización (una fórmula combinada de privatización con participación estatal), que transfirió las empresas y los pozos petroleros al control de las firmas transnacionales. 

Goni es el apelativo del hasta hoy presidente de Bolivia, pero los manifestantes lo llamaban "Gringo", por su marcado acento inglés debido a que se educó y vivió largos años en Estados Unidos. (FIN/2003)

BOLIVIA:
La mecha se encendió en Bretton Woods 

Emad Mekay 

WASHINGTON, 17 ago (IPS) - El FMI y el Banco Mundial dieron un apoyo decisivo a las obras y a la política económica rechazadas por la multitud que obligó al presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, a renunciar este viernes. 

”Lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que cuando hay negociaciones con el FMI (Fondo Monetario Internacional), siempre tenemos lo que llamamos los 'disturbios del FMI'”, afirmó la activista Sara Grusky, del grupo de defensa a los consumidores Public Citizen, con sede en Washington. 

Grusky sostuvo que las políticas neoliberales impulsadas por las denominadas instituciones de Bretton Woods (por la localidad de Estados Unidos donde fueron creados el FMI y el Banco Mundial) tuvieron en los últimos años un efecto ”acumulativo” de malestar popular. 

El FMI aprobó el 6 de este mes el desmbolso de 15 millones de dólares para Bolivia como parte de un préstamo de 4.000 millones. 

”Las movilizaciones masivas y periódicas del último año tienen su raíz en el rechazo a las políticas liberales. Lo que las activa es, a veces, la política antidrogas de Washington y su efecto en los campesinos, a veces la privatización del agua y a veces la extrema pobreza. Creo que el malestar es acumulativo”, afirmó Grusky. 

Sánchez de Lozada renunció este viernes tras varios días de manifestaciones y marchas hacia La Paz realizadas por miles de trabajadores y campesinos, que lo acusaban de empobrecer al país y beneficiar a empresas extranjeras con su política económica. 

Unas 70 personas murieron y cientos más resultaron heridas desde este sábado en enfrentamientos entre manifestantes y militares desplegados por el gobierno, según organizaciones de derechos humanos. 

Sánchez de Lozada, que asumió en agosto de 2002, había sobrevivido en febrero a fuertes protestas contra medidas de austeridad fiscal alentadas por el FMI y el Banco Mundial, y contra un plan de erradicación forzosa de cultivos ilícitos de coca, impulsado por Estados Unidos. 

Activistas responsabilizan al FMI y al Banco Mundial por las recetas de reforma estructural aplicadas en Bolivia en las dos últimas décadas. 

Las políticas impulsadas por los organismos multilaterales acabaron con el ingreso con que trabajadores y agricultores contaban para subsistir, redujeron la inversión en servicios públicos y planes sociales e intensificaron la degradación del ambiente, según activistas. 

Luego de aprobado el desmbolso de este mes, la subdirectora general del FMI, Anne Krueger, sugirió al gobierno de Sánchez de Lozada que aplicara una serie de ”pasos correctivos” y le exhortó a una ”puesta en práctica consistente para lograr un mayor crecimiento económico y la reducción de la pobreza”. 

El organismo multilateral desea que Bolivia reduzca sus gastos ”menos prioritarios”, introduzca un nuevo sistema tributario que amplíe la base impositiva, y reduzca el déficit fiscal, que llegó a nueve por ciento del producto interno bruto en 2002. 

El gobierno de Sánchez de Lozada se comprometió con el FMI a bajar el costo de su plan de pensiones a la vejez y flexibilizar el mercado laboral, todo lo cual generó gran descontento popular. 

Pero el motivo más inmediato de las actuales manifestaciones es el proyecto para exportar gas natural boliviano a América del Norte a través de un puerto en el océano Pacífico. 

Bolivia es unos de los países menos adelantados de América Latina, con más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes en la pobreza y tres de cada 10 en la indigencia, según datos oficiales. El desempleo asciende a 13 por ciento. 

Más de un millón de personas trabajan en el sector informal, mientras el salario de los obreros mineros equivale a 14 dólares al mes, con una jornada de 14 horas diarias, y la mitad de las familias que viven con apenas un dólar al día, sostuvo la no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. 

El FMI alentó en agosto al gobierno de Sánchez de Lozada a ”avanzar rápidamente en grandes proyectos de gas natural”, que ”serían importantes para alcanzar el potencial de crecimiento boliviano”. 

La principal exigencia de los participantes en las protestas es la anulación del gasoducto de 5.000 millones de dólares, a través del cual se exportarían siete billones de pies cúbicos de gas durante 20 años. 

El FMI aseguró que el proyecto aumentaría el crecimiento económico anual un punto porcentual y elevaría enormemente el ingreso de divisas al país. 

Pero un amplio sector de la población boliviana abriga un gran escepticismo al respecto, dados los antecedentes de las instituciones financieras internacionales y de las corporaciones multinacionales que participarían en el proyecto. 

”Buena parte de los bolivianos del común no están comprando el argumento de que los beneficios se derramarán sobre sus cabezas”, indica un artículo del director ejecutivo del académico The Democracy Center, Jim Shultz, que será publicado este domingo y al que ya accedió IPS. 

Los dirigentes de la protesta advirtieron que la construcción del gasoducto arrasaría inmensos recursos naturales, al tiempo que enriquecería a corporaciones energéticas transnacionales de Estados Unidos y Gran Bretaña, en contraste con el pequeño porcentaje de las ganancias que, aseguran, obtendría el país. 

La obra también ha dado pie al estallido de sentimientos nacionalistas, pues el trazado propuesto termina en la costa de Chile, país que arrebató a Bolivia su salida al océano Pacífico en una guerra librada en 1879 

Un sector de la población boliviana también se opone a la presión estadounidense para acabar, sin un plan de cultivos alternativos, con las plantaciones de coca, planta aborigen a partir de cuyas hojas se elabora la cocaína. 

”Los problemas originados por el gas son el síntoma de una inquietud social mucho más amplia, resultado de la frustración y la pobreza que afligen a Bolivia”, dijo la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), principal central sindical del planeta. 

Las principales exportaciones de Bolivia son soja, zinc, plata, oro y otros metales, madera y gas natural. 

Golpeado por la recesión y la elevada inflación de los años 80, el gobierno de Sánchez de Lozada implementó reformas monetarias y tributarias, entre otras. Esas medidas abatieron la inflación y restauraron la confianza de los inversores. 

Pero el costo, según activistas y opositores, fue una creciente inequidad en el reparto de la pobreza e inestabilidad social. 

(FIN/2003)

BOLIVIA:
Presidente rodeado de protestas y muertes 

Alejandro Campos 

LA PAZ, 16 oct (IPS) - Argentina y Brasil se aprestan a mediar entre el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y las fuerzas sociales y políticas que ocupan las calles de La Paz exigiendo su renuncia, tras un mes de protestas y sangrienta represión. 

El canciller Carlos Saavedra informó que delegados de los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, llegarán este viernes a Bolivia para buscar salida a la crisis ante el incremento de la movilización contra Sánchez de Lozada, que perdió el respaldo hasta de sus aliados más próximos. 

"Ellos vienen a evaluar la situación del país y a partir de ahí se verá la agenda específica", dijo el canciller, quien se mostró cauto para no utilizar el término mediación, aunque dejó entender que de eso se trata. 

Las manifestaciones arreciaron en todo el país este jueves, en especial en la plaza San Francisco, en el centro de La Paz, donde se concentró la mayor multitud desde que hace un mes comenzara la protesta contra el plan oficial de exportar gas natural a América del Norte, considerado lesivo para los intereses de Bolivia. 

Esas protestas, que responden también a reclamos sectoriales de diverso orden y que derivaron en la exigencia de renuncia de Sánchez de Lozada, se intensificaron desde el sábado en La Paz, donde se ubica la sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto. 

La represión policial y militar ordenada desde entonces por el mandatario en ambas ciudades dejó el saldo de 40 personas muertas, según admite la Policía Técnica Judicial, pero que otras fuentes elevan hasta 70, además de centenares de heridos. 

Mineros, campesinos, maestros, trabajadores industriales y juntas vecinales de la vecina ciudad de El Alto y de La Paz, entre otros, confluyeron este jueves en la plaza San Francisco, en el quinto día de huelga en ambas ciudades, con consignas diversas y un reclamo común que es la renuncia a la presidencia de Sánchez de Lozada. 

A diferencia de las jornadas anteriores, esta vez no se registraron disturbios ni la actuación de las fuerzas de seguridad. 

En ese marco, los líderes sociales y de los partidos de oposición rechazaron la propuesta anunciada por el presidente la noche del miércoles, pese a que en ella se aceptaban las principales demandas, como realizar un plebiscito sobre el negocio del gas natural. 

Sánchez de Lozada también admitió poner a revisión del parlamento la Ley de Hidrocarburos para aumentar los ingresos del Estado en la venta de las cuantiosas reservas de petróleo y gas, en un proceso concertado con las empresas transnacionales que operan en el país. 

Las organizaciones sociales y política entienden que la tensión extrema provocada por las muertes de manifestantes imponía ahora sólo el alejamiento de Sánchez de Lozada y la conformación de un gobierno provisorio, que algunos líderes aceptarían fuera conducido por el vicepresidente Carlos Mesa. 

"No queremos ningún diálogo mientras Gonzalo Sánchez de Lozada no renuncie", declaró el diputado Evo Morales, líder del izquierdista Movimiento al Socialismo y dirigente de los cultivadores de coca de la central región del Chapare. 

Morales es uno de los conductores más visible de la protesta, que ha logrado aglutinar a varias organizaciones, como la Central Obrera Boliviana, la Central Obrera de El Alto, campesinos de la región de Cochabamba y varios otros sectores sociales. 

Similar posición ha expresado el diputado Felipe Quispe, jefe del Movimiento Indígena Pachakuti, que lleva adelante bloqueos de rutas y manifestaciones en El Alto y el altiplano rural paceño. 

"El gringo (Sánchez de Lozada) ha echado sangre sobre nuestro pueblo. Esa sangre derramada es algo sagrado. Por eso no podemos negociar con el gobierno. No vamos a dialogar", dijo Quispe en respuesta al mensaje del presidente. 

Bolivia es unos de los países menos adelantados de América Latina, con más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes en la pobreza y tres de cada 10 en la indigencia, según datos oficiales, mientras que el desempleo abarca a casi 13 por ciento de la población económicamente activa. 

Mientras, Mesa confirmó este jueves que no volverá al gobierno, aunque no renunciará a su cargo de vicepresidente, como había indicado el lunes. 

"Me han preguntado si tengo el valor de matar. Y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar, ni tendré mañana el valor de matar. Por esa razón es que es imposible pensar en mi retorno al gobierno", afirmó Mesa, un periodista e historiador. 

Además, un grupo de intelectuales, artistas y personalidades de otras ramas de la cultura, encabezados por la ex defensora del pueblo, la también periodista Ana María Campero, decidieron el miércoles iniciar una huelga de hambre en La Paz para exigir el reemplazo de Sánchez de Lozada por Mesa. 

Sin embargo, Mesa respondió que no está dispuesto "a servir como instrumento en un proceso creciente y peligroso de polarización de la sociedad boliviana". 

También la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se sumó a la condena del gobierno de Sánchez de Lozada en un comunicado dirigido a "la comunidad internacional y al pueblo boliviano". 

"Hacemos conocer" a la Organización de Estados Americanos y a Estados Unidos "que la democracia por ustedes defendida entregó las empresas estratégicas del Estado a las transnacionales", y "ejecuta una política económica neoliberal que provoca la opulencia de unos cuantos y la miseria de las mayorías", señala el texto. 

Más de un millón de personas que generan sus empleos en el ámbito de la informalidad, trabajadores mineros logran un ingreso mensual equivalente a 14 dólares al mes, con una jornada laboral de 14 horas y cerca del 50 por ciento de familias que viven con un dólar cada día, sostuvo la organización humanitaria. 

Así, este jueves la banca privada continuaba sin funcionar y el Banco Central de Bolivia anunció que, mientras dure la situación de inseguridad en La Paz, los bancos permanecerán en ese estado. En cambio, en el interior del país la banca comercial trabaja de manera normal (FIN/2003)

BOLIVIA:
Muertes, renuncias y convulsión social 

Alejandro Campos 

LA PAZ, 13 oct (IPS) - El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, debió apelar este lunes a la televisión para asegurar que no piensa renunciar, tras tres días de protestas sociales con al menos 35 muertos y la ruptura con el vicepresidente, Carlos Mesa. 

Sánchez de Lozada apareció en la pantalla chica para denunciar un supuesto plan ”subversivo” en su contra, ”financiado desde el exterior”, sorprendiendo a observadores que esperaban anunciara su alejamiento del gobierno, como piden partidos de oposición y organizaciones sociales desde hace un mes y ahora hasta propios aliados. 

El mensaje del mandatario se produjo en el primer día de paro general en La Paz, en una jornada pautada por los choques de fuerzas combinadas de policías y militares con manifestantes, que dejaron al menos ocho personas muertas, y nuevos enfrentamientos en la vecina ciudad de El Alto. 

Entre los muertos se cuentan ahora también al menos dos soldados, en el marco de una manifestación en el sur de la ciudad sede del gobierno de Bolivia, donde además fue quemado un camión militar. 

El conflicto estalló hace alrededor de un mes, convocado por sindicatos, organizaciones de campesinos y partidos de izquierda que cuestionan el proyecto gubernamental de exportación de gas natural a Estados Unidos y México, por entender que las condiciones contractuales con firmas privadas son perjudiciales al país. 

También rechazan la posibilidad de que el gobierno elija un puerto chileno para embarcar el combustible, una vez que se construya un gasoducto al respecto, dado que Bolivia no tiene acceso directo al cercano océano Pacífico. 

Chile es considerado por todas las capas de la sociedad boliviana como un ”usurpador” del país, en particular tras apropiarse del litoral boliviano en la guerra de 1879, en la que también saliera perjudicado Perú. 

”No es posible que se reemplace la democracia con una dictadura sindical... No van a poder tomar el gobierno en un golpe. Esta es una sedición financiada desde los intereses más bajos del mundo para destituir nuestra democracia”, dijo Sánchez de Lozada en su mensaje televisivo de este lunes. 

Sin embargo, no aclaró qué país podría financiar al opositor Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el diputado y dirigente campesino Evo Morales, quien según el gobierno es el impulsor de la mayoría de las movilizaciones en El Alto y La Paz. 

Es que Sánchez de Lozada no logró conjurar las protestas en su contra con el anuncio que divulgó a la 02.00 de la madrugada hora local de este lunes, cuando garantizó con un decreto que no habrá exportación de gas hasta que la población lo apruebe a través de una consulta popular, a concretarse antes del 31 de diciembre. 

Con ese anuncio el gobierno intentó frenar el descontento, con bloqueos de calles, pedreas y saqueos de comercios, luego de que la sangrienta represión militar de las protestas del domingo en El Alto dejara al menos 25 manifestantes muertos. 

El sábado, en la misma ciudad, ya habían muerto dos personas a manos de las fuerzas combinadas de seguridad, que dispararon armas de fuego contra los manifestantes. 

Este lunes el escenario central de las protestas fue La Paz, donde no se movió ni un solo vehículo del transporte público, mientras los comercios, la banca privada y todo tipo de comercios cerraron sus puertas a primeras horas de la mañana. 

En las calles, miles de manifestantes organizados en grupos dispersos ocuparon calles y avenidas desiertas, dejaron piedras a su paso e intentaron tomar algunas propiedades privadas, entre ellas la del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), aunque sus intentos fueron anulados por la acción represiva de policías y militares. 

La violenta represión del fin de semana provocó la primera gran crisis del gobierno, al decidir este lunes el vicepresidente Carlos Mesa romper con el gobierno por discrepar con ese uso de la fuerza pública. 

”No puedo aceptar al punto en que hemos llegado y no puedo aceptar que no haya una sola razón que justifique la muerte, sucesiva, permanente, ininterrumpida de compatriotas a lo largo de estos días”, dijo Mesa al anunciar su alejamiento de Sánchez de Lozada, aunque no renunció al cargo. 

”Mi conciencia de ser humano, vicepresidente y hombre comprometido con la ética no puede tolerar (...) que la muerte sea la respuesta ante la protesta popular”, agregó. 

Mesa explicó que conserva la vicepresidencia para ejercer la titularidad del Congreso legislativo, al que convocará para buscar soluciones al conflicto cuando los vuelos comerciales vuelvan a operar en el aeropuerto de La Paz, clausurados desde el sábado. 

Quien sí renunció fue Jorge Torres como ministro de Desarrollo Económico, cargo al que había llegado en representación del aliado Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), de Paz Zamora. Su dimisión fue de carácter irrevocable y por razones éticas. 

Pero la renuncia de Torres no parece comprometer el apoyo del resto del MIR, ya que otros ministros de ese partido ratificaron su continuidad en el gobierno de Sánchez de Lozada, quien asumió el 6 de agosto de 2002. 

Mientras, la populista Nueva Fuerza Republicana (NFR), en alianza hasta ahora del gobierno, se sumó al reclamo de sindicatos, campesinos y opositores de que renuncie Sánchez de Lozada y pidió a los ministros de esa fuerza que se retiren de sus cargos, algo que no ocurrió todavía. 

Entre los reclamos más estridentes contra el gobierno se cuenta el de Morales, quien perdió en 2002 la presidencia en competencia con Sánchez de Lozada en el parlamento, tras quedar en muy cercano segundo puesto en las elecciones generales. 

Morales, incluso, pide públicamente que la población ocupe las propiedades mineras del presidente y también empresario. 

”Sánchez de Lozada tiene que demostrar sus acusaciones de sedición, porque además de asesino y vendepatria, ahora es mentiroso”, dijo a la prensa el diputado y líder de los cultivadores de la tradicional coca boliviana. 

El fin de semana, el presidente denunció una campaña sediciosa con el objetivo de provocar un golpe de Estado, y aunque no identificó a los responsables, indicó entre líneas que el autor de esa conspiración podía ser Morales. 

A todo esto, el gobierno de Estados Unidos expresó este lunes su decidido apoyo a Sánchez de Lozada, con la advertencia de que ”no permitirá” ninguna interrupción del proceso democrático en este país. 

También la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció este lunes para ofrecer su mediación en la crisis boliviana. 

”La OEA respalda incondicionalmente una salida consensuada a la crisis a través del diálogo y ofrece su concurso para tal fin. Asimismo, pide la intervención de la Iglesia (Católica) como mediador en esta difícil coyuntura para la nación boliviana”, señaló un comunicado remitido este lunes desde Washington (FIN/2003)

 

Agencia IPS: www.ipsnews.org

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