Argentina: El régimen previsional argentino en entredicho

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

Previsional e imprevisible
Julio Nudler
Página 12
Es posible que en 2004, cuando el nuevo régimen previsional cumpla 10 años,
quede poco o nada de él. En su reemplazo habrá seguramente otro, que por
ahora es un confuso amasijo de ideas, que se proponen lograr lo que es casi
una quimera: cobertura universal para una economía con alto desempleo,
enorme proporción de marginalidad laboral y de cuentapropismo, y hasta
evasión de aportes en el propio Estado, además de bajísimos niveles
salariales, que implican una ínfima capacidad contributiva. Ninguna de estas
características variará rotundamente en poco tiempo, de manera que extraer
de esta mélange una jubilación digna para todos es imposible si el dinero
para las prestaciones debe surgir solamente de aportes y contribuciones
sobre la masa salarial, los que además deberían mantener al PAMI y otras
prestaciones. La pregunta es cuánto podrá extraerse de la recaudación
impositiva general para suplementar los recursos de previsión y salud en el
contexto del severo ajuste fiscal exigido por el pago de la deuda.
Evidentemente, no mucho, a menos que la economía crezca a un ritmo febril,
prodigio que pocos consideran previsible.

A pesar de esta compleja situación, hay como una ola de optimismo
voluntarista que baja desde el poder y se presenta como capaz de resolverlo
todo apelando al esfuerzo y al patriotismo. Ocurre como con la
rehabilitación de los ferrocarriles de pasajeros de larga distancia: prestar
un servicio razonablemente bueno y seguro a lo largo de miles de kilómetros
escasamente poblados exige inversiones, gastos de mantenimiento y subsidios
a las inevitables y abultadas pérdidas, que nadie explica cómo se van a
afrontar. La recuperación del tren es una buena causa, pero si las vías
sirven a duras penas para que un convoy de carga ruede por ellas a 30 o 35
kilómetros por hora, ¿cómo utilizarlas para transportar pasajeros? ¿En qué
condiciones se asociaría el capital privado a esta proeza? ¿En las mismas en
que participa de las líneas suburbanas, una explotación mucho menos
deficitaria?

También la reforma previsional se hizo sin plata, y el resultado está a la
vista. En 1994, el Estado no se hallaba en condiciones de renunciar al
aporte de los trabajadores transferidos al nuevo régimen privado porque
debía seguir pagando las jubilaciones vigentes. Por tanto, acometió la
reforma a puro déficit, tomando prestada esa misma plata mediante la
colocación de bonos en las propias AFJP, que eran las que desde ese momento
la recibían. Tales colocaciones fueron inflando una gigantesca bola. Se
hacía así o de ninguna manera. Por tanto, es absurdo que las Administradoras
aleguen ahora haber sido "obligadas" a invertir en títulos públicos, y es
igualmente irrazonable que el ministro Lavagna acuse a sus ejecutivos de
"inútiles" porque no encontraron opciones mejores.

El pecado original de la reforma -que se lanzó cuando ya se estaba
disparando la tasa de desempleo- es que no perseguía como propósito esencial
instaurar un mejor régimen jubilatorio, superior al de reparto, sino generar
una creciente masa de ahorro privado que asegurase financiación abundante y
barata a los tomadores internos de fondos. Se trataba del objetivo
proclamado de generar un mercado de capitales, cuyos gestores serían los
grandes bancos, en un sistema financiero que en paralelo se iba
extranjerizando. Para cada uno de esos conglomerados, que explotaban todas
las vertientes del negocio financiero (banca, casas de Bolsa, seguros,
retiros, etc.), la AFJP sería la fuente más expansiva de captación de
fondos.

Por su misma dinámica, las Administradoras y el conglomerado al que cada una
perteneciera se proyectaban como los grandes jugadores del mercado de dinero
e interlocutores privilegiados del Estado por el hecho de manejar el grueso
del ahorro y del crédito en la Argentina. Su talla y su poder frente a
cualquier gobierno no sería inferior a los de las privatizadas, con el
estratégico control de los servicios públicos. Por tanto, en uno y otro caso
las reglas de juego eran determinadas con sujeción a sus intereses. No había
un poder político independiente que las mantuviera a raya, sino en realidad
subordinado a esa concentración de poderío económico. Sólo el colapso final
de la convertibilidad rompió en cierto modo esta relación desigual,
imponiendo el principio de realidad.

Hasta noviembre de 2001, las AFJP llenaron los fondos jubilatorios de sus
asociados con bonos estatales que rendían, por lo bajo, un 13% anual en
dólares. Era, a todas luces, una renta que el Estado (ningún Estado) estaba
en condiciones de pagar genuinamente. Y tampoco se trataba de una
rentabilidad justa: los aportantes a las AFJP sólo podrían obtenerla a costa
de la ruina fiscal. Domingo Cavallo, con el agua al cuello, canjeó esos
títulos por Préstamos Garantizados en dólares, bajando el rendimiento a un 7
% anual, pero embargando como aval la recaudación del impuesto al cheque y
depositando, en calidad de respaldo adicional, los bonos canjeados, que
pasaron a ser subyacentes. Si el Estado no cumplía con el PG, los titulares
de los fondos podían reclamar la restitución de los títulos.

El rechazo por parte de casi todas las AFJP de la posterior pesificación del
PG desembocaría en la decisión oficial, tomada ya en la era Kirchner, de
devolverles los bonos subyacentes y meter éstos en la bolsa común de la
reprogramación de la deuda, quita incluida. Por supuesto, ni el Presidente
ni Lavagna se sienten comprometidos con esos pagarés librados en tiempos de
la Alianza. Y el hecho deja en claro aún más el particular carácter de
ahorristas cautivos que se asignó a los trabajadores, mientras para el resto
de los inversores regía la absoluta libertad conferida por la liberalización
financiera. Sólo los fondos gerenciados por las AFJP (el ahorro previsional
de millones de afiliados) debían invertirse casi totalmente dentro del país.
Cualquier otro capital podía colocarse en mercados del exterior sin
restricción alguna. Por ende, la fuga fue posible para unos pero no para
otros.

De hecho, el pregonado mercado de capitales nunca llegó a existir en
términos de papeles privados. Por el contrario, la Bolsa local, después de
una expansión vivida a comienzos de la convertibilidad, fue diluyéndose con
la desnacionalización de la economía. Necesariamente, el destino de la mayor
parte de los fondos jubilatorios era transformarse en títulos públicos,
financiando el déficit generado por la propia reforma previsional y otras
reducciones impositivas con que buscaba compensarse el retraso cambiario. A
la postre, todo el nuevo sistema previsional de capitalización quedó
pendiendo de la solvencia del Estado, que era su gran deudor, con lo que el
valor de los activos que acumulaba se volvía insustancial. ¿Quién podía
contar con que el Estado cumpliría con esos compromisos, llegado el momento?

Es por lo tanto poco lógico calcular ahora cuánto "perderán" los afiliados
por culpa de la quita, aunque les habría ido claramente mejor si las
Administradoras hubiesen aceptado la pesificación del PG (lo cual, a su vez,
obligaría a aplicarles una poda mayor aún al resto de los papeles
defolteados). De pronto, en esta discusión se cruza la deuda externa, en su
sentido financiero, con la interna, en su sentido social, dando margen para
las quejas justas de los afectados e hipócritas de los traficantes de este
producto llamado jubilación. Desde luego, la suerte que corran los bonos
subyacentes no afectará en ningún sentido a las Administradoras, cuyos
ingresos provienen de las comisiones que cobran, independientemente de cómo
gestionen los recursos a ellas confiados.

Ahora, salvo que se suprima lisa y llanamente el sistema de capitalización,
éste seguirá siendo una importante fuente de financiación interna para el
Estado, según indica la lógica y quedó explicitado en el programa acordado
con el Fondo Monetario. En éste se prolonga ese papel hasta el año 2018
porque de algún modo hay que asegurar la refinanciación de los vencimientos.
La jubilación como variable dependiente de la solvencia del Estado está muy
lejos de pasar a retiro.