Guatemala: Una transición agotada: mirando más allá de la coyuntura

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

ALAI, América Latina en Movimiento
2003-09-19

Aporte para una construcción colectiva
AVANCSO


Cuatro años de gobierno eferregista


La gestión del FRG ha colocado a Guatemala en la crisis actual, que a su vez
es producto de la forma en que ha sido conducida la transición a partir de
1985. Luego de casi cuatro años de gobierno eferregista, los problemas
socioeconómicos y políticos que aquejan a nuestra sociedad se han agravado.
Los ciudadanos guatemaltecos vivimos en un clima de violencia e indefensión
generalizada, producto del incremento de la delincuencia común y el crimen
organizado; y vemos el colapso de los ya precarios servicios de salud, el
deterioro notable en la educación pública y un manifiesto desinterés por
resolver los preocupantes problemas de vivienda y seguridad alimentaria que
enfrenta la mayoría de la población. En el 2001, el gasto social -con
relación al PIB- alcanzó el 2.8%, un nivel bajo y muy cercano al 2.4% de
1985.


La manera en que muchos funcionarios públicos se han desempeñado y -sobre
todo- la forma en que han manejado los fondos estatales ha exacerbado los
comunes niveles de corrupción, hasta convertirse en escándalos públicos que
han trascendido los medios de comunicación nacionales.


La gestión pública desarrollada por este gobierno se ha hecho a espaldas de
los grupos más golpeados y empobrecidos, negándoseles oportunidades reales
de cambio. El discurso anti-oligárquico, que repetidamente se dirige a la
ciudadanía, se contradice claramente con el conservadurismo político,
económico y social que mantienen las instituciones gubernamentales.


Para citar una de las situaciones más urgentes, este gobierno ha minimizado
la crisis de vida o muerte que enfrentan miles de familias campesinas,
producto de la baja de los precios del café. Sumando lógicas burocráticas a
su ineptitud, ha provocado -en no pocos casos- el agravamiento de la crítica
situación que viven la niñez y las mujeres rurales. En el período 2001-2002
se han perdido 373 mil empleos.


Las víctimas del conflicto armado interno no han sido resarcidas.
Tardíamente y ya en las postrimerías del período gubernamental, en el mes de
mayo de 2003 se creó formalmente el Programa Nacional de Resarcimiento. En
contraste, las redes contrainsurgentes se han reactivado en toda su
extensión. Los grupos paramilitares así como las Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC) se han revitalizado. El nombramiento de líderes
contrainsurgentes en cargos civiles en espacios comunitarios, regionales y
nacionales, así como la incorporación de un número considerable de militares
de alto rango en el sistema de partidos políticos, tienen una estrecha
conexión con el reacomodo del poder oculto. Éste está constituido por una
compleja e intrincada red de nuevos capitales y grupos: crimen organizado,
narcotráfico, grupos paramilitares contrainsurgentes, funcionarios públicos
y empresarios.


Estas fuerzas, que se caracterizaron por reprimir brutalmente a las
organizaciones populares, campesinas e indígenas en décadas pasadas, en
complicidad o co-participación con el gobierno, han hecho del Estado un
instrumento al servicio de sus intereses corporativos y de grupo. Ahora han
incrementado su poder y autonomía, operando abierta y cotidianamente.
Acechan e intimidan a líderes sociales, activistas de derechos humanos y
periodistas.


Por lo mismo, la impunidad persiste, al igual que la tendencia creciente a
la militarización, el uso del terror, la violencia y manipulación constante
del Estado de Derecho. En estos últimos cuatro años ha sido evidente cómo
organismos estatales han utilizado las grandes necesidades de las personas
pobres como una forma de manipulación, y han afirmado la mentalidad
militarizada, conservadora y autoritaria forjada durante el conflicto armado
interno.


Trayecto de una transición agotada


La transición tutelada por la oligarquía, el empresariado y el Ejército ha
llegado a su punto de agotamiento. Se ha hecho fracasar al Estado a cambio
de la prevalencia del mercado y se han absolutizado las libertades
individuales y privadas en detrimento del bien común(1) . El resultado es
una sociedad que cada vez más corre el peligro de sumirse en la
desesperanza.


Tras casi dos décadas, hoy nos encontramos ante una crisis social que se
extiende a los ámbitos económico, político, electoral, constitucional y
jurídico. La institucionalidad, construida en las administraciones civiles a
partir de 1985, ha sido formalmente democrática, pero en su impacto profundo
ha favorecido a los sectores dominantes y actuado contra las mayorías,
agravando las desigualdades, fomentando la impunidad y la corrupción y
afianzando intereses corporativos (empresarial, narcomilitar y paramilitar
contrainsurgente). Hoy se vive una crisis que lleva el sello del FRG, pero
que tiene su origen en lo que se construyó y dejó de construir en los
últimos veinte años.


¿Qué fuerzas se mueven para impedir que este país sea conducido por una
senda de transformaciones que, como los Acuerdos de Paz, incluyan cambios
económicos y sociales, el fortalecimiento del poder civil, la modernización
y democratización de la justicia, el reconocimiento de las mujeres y los
pueblos indígenas y de la historia reciente del país?


Primera década de gobiernos civiles


La etapa de 1985 a 1995 se caracterizó por la persistencia del conflicto
armado interno, que determinó claramente la dinámica del ejercicio del
poder. Fue un período convulso, de reacomodo de fuerzas, en el que
prevaleció el pensamiento contrainsurgente.


El primer gobierno civil de esta etapa, el presidido por Vinicio Cerezo y
los demócrata cristianos, tuvo la oportunidad de hacer valer el sentir de la
población que anhelaba un cambio real en el país y que lo hizo manifiesto
mediante una importante participación electoral de casi 70%. Este era el
momento oportuno para sentar las bases de una nueva forma de hacer gobierno,
para convertir la correlación de fuerzas a favor de los amplios sectores
desposeídos e impulsar una agenda política encaminada hacia la construcción
democrática, mediante una institucionalidad sólida y justa.


En contraste, la gestión de Cerezo cerró las puertas al movimiento social
que, luego de un período de brutal represión y persecución, se esforzaba por
retomar la lucha por la defensa de los derechos ciudadanos y el
fortalecimiento de la transición hacia la democracia. Operó, en definitiva,
a favor de los intereses de sectores económicos tradicionales y de ciertas
corrientes dentro del Ejército. Debilitó, aún más, los canales de
participación de los sectores sociales, dejando en la población un
sentimiento de decepción al ver que sus expectativas de cambio eran
frustradas. Este sentimiento se reflejó en la elevada abstención del 44% en
las elecciones de 1990, cuando ganó Jorge Serrano.


El corto período del gobierno de Serrano acentuó el proceso de desprestigio
del Organismo Ejecutivo y evidenció que la incipiente institucionalidad
democrática seguía atada a los poderes económicos y militares, y que la
corrupción imperaba en la misma. Finalmente, su gestión terminó con el
rompimiento de la institucionalidad que, en aquel momento, apenas rebasaba
el primer lustro de vigencia.


La recuperación del orden constitucional se hizo llevando a Ramiro de León
Carpio a la presidencia y en el marco de un movimiento ciudadano en el que
la presencia de los capitales tradicionales fue evidente, como lo fue
también la de un sector del Ejército.


Cabe la pregunta sobre qué es lo que se recuperó en ese momento. ¿Qué fue
esto que tan rápida y efectivamente movió a actuar a sectores que no suelen
coincidir con las agendas del movimiento social? Fundamentalmente, recuperar
un orden que respondía a los intereses de esos sectores o que, al menos, no
representaba una amenaza a su perspectiva de país. Dicho de otra manera, se
resolvió la crisis asegurando que la transición continuara siendo tutelada
por las mismas fuerzas que, así, se iban ajustando a una coexistencia
incómoda, pero en la que continuaron llevando el control del poder.


La beligerancia del Ejército y del capital fue evidente en todo este
período. El primero, moviéndose todavía con las posibilidades reales de
golpes de Estado y fortalecido por su supremacía militar frente a la
insurgencia; y el segundo, gestando las alianzas que fueran necesarias,
participando del pensamiento y la acción contrainsurgente y evitando a toda
costa cualquier política fiscal y tributaria que significara aumentar su
contribución al erario público. Estos gobiernos civiles, en todos los casos,
se acomodaron con algún sector del Ejército y con alguna expresión del
capital y fue regla común su falta de compromiso para responder al clamor
popular por transformaciones profundas.


Dos gobiernos y los Acuerdos de Paz


Un nuevo momento se abrió a partir de 1996. Con la firma de la Paz, se
establecía la posibilidad de romper el pensamiento y práctica
contrainsurgentes, así como de establecer una gestión pública que cambiara
los enfoques excluyente y discriminatorio del Estado guatemalteco.


Tras culminar el breve período de gobierno de Ramiro de León, un nuevo
proceso electoral, marcado por una abstención del 53%, dio la victoria a
Álvaro Arzú, líder y candidato presidencial del PAN, partido que se proyectó
como representante del pensamiento de un empresariado diferente, joven y
modernizante. Durante el primer año de su gobierno se firmaron los Acuerdos
de Paz, que daban fin a 36 años de enfrentamiento armado interno y que
brindaban una invaluable segunda oportunidad en el camino de una transición
hacia la democracia.


En su contenido profundo, los Acuerdos de Paz constituían una agenda
política que brindaba los marcos generales para la transformación de la
institucionalidad del país en dirección de cambiar las condiciones de vida
de las grandes mayorías. Además, el proceso de paz promovió la participación
y movilización de organizaciones de la sociedad civil (con excepción de las
empresariales), que hicieron aportes significativos al contenido de dichos
compromisos, a pesar de dificultades internas, y una herencia de terror y
represión. Con todo, se pudo constatar que las organizaciones sociales y
sectores progresistas tuvieron voluntad de diálogo, capacidad propositiva y
espíritu de caminar hacia la democracia, la justicia, la paz y la equidad.


Arzú manifestó desinterés y falta de compromiso para ejecutar los Acuerdos
de Paz. Congruente con ello, no defendió su contenido ni siquiera al
interior de su propio partido. El sentido profundo de los mismos fue
trivializado y se perdió en una maraña de cronogramas y plazos, que ahogaron
lo que pudo ser el inicio de una relación diferente entre Estado y sociedad,
y de un rompimiento definitivo con el pensamiento y la práctica
contrainsurgentes. Su gobierno impulsó una agenda política y económica
neoliberal, que culminó con la venta de las empresas y activos más
importantes del Estado, favoreciendo a ciertos grupos del poder económico
tradicional y a sus allegados. Así, se fue afianzando una doble agenda: el
discurso de los Acuerdos de Paz, por una parte, y la política económica
neoliberal definida desde las instancias multilaterales, por otra.


No sin batallas internas, el capital modernizante participó de la
privatización y el Ejército apoyó la firma de los Acuerdos de Paz. Ambos
apostaron a que no sería imperativo el cumplimiento de lo pactado y
disintieron del espíritu de fondo de los mismos. La alianza histórica entre
Ejército, oligarquía y empresarios, sus coincidencias y la complicidad que
mantuvieron durante el conflicto armado interno, se vieron proyectadas en su
cuestionamiento al carácter de Estado de los Acuerdos. Estos sectores
coincidieron en su negativa a colaborar y reconocer el informe de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en los obstáculos y
desinterés puestos para iniciar procesos judiciales contra los violadores de
los derechos humanos, así como en su oposición a cambios mínimos que
garantizaran una mejor distribución de los recursos, que a su vez se
tradujeran en mejoras para las mayorías.


La falta de voluntad política del PAN para impulsar a fondo los Acuerdos de
Paz de manera que se convirtieran en una opción irreversible, contribuyó
indudablemente a que militares contrainsurgentes y nuevos capitales, de
oscura procedencia, es decir, los poderes ocultos, fortalecieran la alianza
que a través del FRG ganó las elecciones de 1999, de nuevo marcadas por un
alto abstencionismo del 46%.


El FRG también ha mantenido una doble agenda durante su gestión al retomar
el discurso de los Acuerdos de Paz, incluso enfatizando los temas de la
desigualdad, y no impulsar al mismo tiempo las políticas mínimas que le
dieran consistencia; por el contrario, la gestión del FRG se ha
caracterizado en este campo por la dispersión y la ineptitud.


Ninguno de los dos gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz
buscó romper con el pensamiento y la práctica contrainsurgentes, pues no
impulsaron una relación Estado-sociedad distinta y abierta, capaz de ver a
las organizaciones sociales como sujetos válidos y no como posibles
peligros. La oportunidad de pensar el desarrollo se sustituyó por una
práctica de construcción de obras y otorgamiento de apoyos con un sentido de
medida precautoria o de seguridad. En lugar de romper, ambos alentaron el
reacomodo de grupos militares (necesariamente de práctica contrainsurgente)
en las estructuras del Estado. Es revelador que después de la firma de los
Acuerdos de Paz no se haya revertido la tendencia abstencionista en las
elecciones.


En la actual contienda política, los discursos electorales de los partidos
de derecha quieren convencer a la población de que existen dos proyectos
históricamente antagónicos en disputa; que se trata de actores no
relacionados entre sí defendiendo diferentes posturas. Así, pretenden
ganarse el favor de una población dolida y empobrecida, la cual constituye
tierra fértil para aceptar las promesas y la distribución de migajas, y
preservar una institucionalidad que en vez de perfeccionarse constantemente
a la luz de las graves desigualdades del país, opera a espaldas de las
mismas. En Guatemala, el 10% más rico de la población obtiene el 40% del
ingreso nacional y el 40% más pobre obtiene el 13%.


Ver esta crisis como oportunidad


Las diferentes maniobras ilegales e inescrupulosas del FRG por inscribir
como candidato presidencial a Ríos Montt, revivieron en amplios sectores la
capacidad de indignación que parecía perdida. Es esperanzador que personas y
organizaciones repudien su inscripción, pues con ella se legitima el
genocidio ampliamente documentado por la CEH, y se pierde toda posibilidad
de construir un Estado de Derecho. En la misma línea, la defensa de los
mecanismos de la democracia electoral es esperanzadora, porque podría
indicar que la ciudadanía está dispuesta a defender los elementos
fundamentales de la democracia más allá del voto.


La conmoción de la coyuntura nos abre una ventana hacia los temas de fondo y
de largo plazo. Permite además recuperar nuestra mirada hacia las
reivindicaciones planteadas por los distintos movimientos sociales en el
marco de la transición a la democracia y las negociaciones de la paz. Una
crisis es el resultado de procesos complejos y de la intervención de actores
concretos. Es también un momento en el que se hacen visibles aspectos de la
realidad que en situaciones normales se invisibilizan y, por tanto, es la
oportunidad para el discernimiento, imaginar posibles futuros y establecer
por cuál se opta y qué senda caminar. En este sentido, es una oportunidad
para que diferentes sectores repiensen las decisiones y estrategias de
trabajo y participación.


Esta crisis es una oportunidad para que Guatemala opte por romper con la
perspectiva contrainsurgente y caminar hacia una sociedad de paz, justicia y
equidad. Nos corresponde como movimiento social impulsar, beligerante y
sostenidamente, una agenda dentro de este horizonte (pasando de la
indignación a la acción); al empresariado, comprometerse genuinamente con el
país; y al partido ganador, colocar los Acuerdos de Paz en el centro de su
mandato hasta desmantelar el entramado del poder oculto.


Algunos senderos de cambio


La situación exige una seria reflexión sobre por qué las lógicas de lo
inmediato atrapan nuestras acciones e impiden visualizar la construcción de
un proyecto político amplio, plural y progresista, encaminado a la solución
de los críticos problemas que aquejan a nuestra sociedad. Consideramos que
la crisis nos conducirá a un sendero de cambio, si el país sale de la misma
con claridad sobre:


- la necesidad de subordinar al Ejército al poder civil y abolir su
ingerencia en las instituciones del Estado. Esto implica recuperar la agenda
de los Derechos Humanos y tomar conciencia de la profunda militarización de
nuestra sociedad, así como la necesidad de diseñar estrategias de largo
aliento que hagan factible la construcción de un imaginario social
democrático;


- la urgencia del desmantelamiento de las mafias, que se han filtrado en
todos los niveles de la sociedad;


- la necesidad de una revisión del papel de los grupos económicamente
dominantes, quienes han antepuesto sus intereses corporativos a los
objetivos nacionales e impiden la discusión de distintas propuestas de
desarrollo;


- la necesidad de afianzar la capacidad del país para asimilar los impactos
de la integración comercial internacional, actuando en las negociaciones
sobre la base de ese análisis y no de presiones externas,


- la importancia de reconstruir el tejido social a partir de renovadas
formas de lucha y movilización, para que puedan emerger articuladamente un
pensamiento y proyecto nacional basados en la justicia, la equidad, la
solidaridad y el respeto. Es imperativo alentar la construcción de
movimientos sociales fuertes que puedan impulsar y sostener cambios
profundos.


*****


El Poder Oculto


"una red o estructura de relaciones de poder que, siendo subrepticia a la
estructura estatal en un determinado ámbito (local, regional, sectorial o
nacional), subterráneamente coopta e inmoviliza o coarta el poder formal en
dicho espacio, logrando la oculta organización fáctica convertirse en
detentadora real del poder desde la sombra y en desmedro del imperio de la
ley, según sus intereses (.) este fenómeno está conformado a veces sólo por
funcionarios públicos (ciertas autoridades políticas, militares, policías,
jueces, fiscales, etc.), otras veces por una concatenación de estos y
privados (con empresarios, narcotraficantes, etc.), o una combinación de
ellos; pero todos los comprometidos en el fenómeno cumplen un rol en el
funcionamiento de la red soterrada (.) unos la dirigen, otros apoyan o
ejecutan, otros encubren (.) pero todos se benefician". Jaime Robles
Montoya. El poder oculto. en: Ensayos sobre los poderes ocultos. Guatemala.
GT. Fundación Myrna Mack. Septiembre 2002.


Los militares en Guatemala y en otras sociedades latinoamericanas,
concluyeron sus proyectos político-militares con la organización de una
Constituyente, seguida por elecciones formales. En estos casos se
establecieron fórmulas institucionales y constitucionales para formalizar
pactos a fin de garantizar la presencia prolongada de los militares en el
poder. En una trayectoria de diez hasta quince años, el resultado ha sido,
en unos casos, la reducción gradual de co gobiernos cívico-militares, y en
otros, de presencia militar acentuada. Bernardo Arévalo de León (comp.),
Hacia una política de seguridad para la democracia, la reforma al sector
seguridad en democracias precarias, FLACSO, WSP-Internacional, IGEDEP, Magna
Tierra, Guatemala, 2002.


La impenitente permanencia de los militares.


Poca influencia tendrá cualquier programa político de candidatos demócratas
en Guatemala si no agarra por los cuernos este toro y no logra doblegarlo.
No olvidemos que el ejército guatemalteco no ha sido depurado como lo fue el
salvadoreño. Y tampoco olvidemos que no hemos escuchado de los altos jefes
del ejército un reconocimiento de culpa y una petición de perdón como el que
ya hicieron hace años en Argentina y han hecho este año en Chile. El poder y
la conciencia actual del ejército son incompatibles con una Guatemala
democrática y, por consiguiente, con la democracia no sólo política sino
también social, es decir con una población que comience a reducir su miseria
y su pobreza proverbiales.


***


La región más desigual del hemisferio.


El PNUD acaba de señalar en su último informe que Guatemala y, en general,
Centroamérica son, en América Latina y el Caribe, el país y la región de
mayor desigualdad. Ningún candidato de ningún partido político que quiera
ser presidente democrático de Guatemala podrá llegar a serlo, aunque sea
electo, si no presenta un programa, pequeño, incluso mínimo, de 3 o 4 puntos
cuando más, porque si no, no será factible ni creíble en los breves 4 años
de su periodo, para empezar a reducir la miseria y la pobreza, es decir la
enorme desigualdad de formas de vivir, de bien vivir y de mal vivir, que
tenemos en este país.


¿El general si tiene quién lo inscriba? Juan Hernández Pico S.J. Revista
Envío de la Universidad Centroamericana (UCA). Managua, Nicaragua. Agosto
2003.


Nota: (1) Gerardo Guinea Diez (Diálogo Nueva Época, año II, extraordinario,
FLACSO, abril de 2002)

http://alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=4611