Costa Rica: Polémico proyecto de academia policial interamericana

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

José Eduardo Mora

SAN JOSE, sep (IPS) - El proyecto de instalación en Costa Rica de una
Academia Internacional de Policía, concebida y dirigida por Estados Unidos,
ha desatado una fuerte polémica en el país, donde numerosas organizaciones
civiles se oponen a la iniciativa.
Los principales argumentos contra la Academia Internacional para el
Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) son que implicaría
no respetar la soberanía y la política de neutralidad del país, además de
ser inconveniente para la seguridad y la imagen internacional pacifista que
ha cultivado Costa Rica.

El 6 de junio de 2002, el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, y el
embajador estadounidense en Costa Rica, John Danilovich, firmaron un acuerdo
para crear la ILEA, que sería la quinta en su tipo, tras las academias
montadas por Washington en Bangkok, Budapest, Gaborone y la ciudad de
Roswell, al sur de Estados Unidos.

El proyecto de ley correspondiente está a estudio de la comisión de Asuntos
Internacionales del Congreso legislativo y podría ser aprobado en los
próximos días, tras lo cual debería ser debatido por el conjunto de los
legisladores.

"Costa Rica invierte dinero en derechos humanos y en la formación de una
policía civil, por lo que la creación de la Academia significará un
retroceso en esta materia", aseguró Arturo Fournier, de la no gubernamental
Asociación Americana de Juristas de Costa Rica.

Según el texto del proyecto, la Academia servirá para la formación, en el
Hemisferio Occidental, de aquellos que combaten el tráfico de
estupefacientes, de personas y de órganos, el terrorismo y todos los demás
tipos de crímenes internacionales.

"En la actualidad, la instauración de la Academia acarrea inconvenientes
geopolíticos para Costa Rica, que puede ser objeto de ataques por parte de
los terroristas", dijo Fournier.

La ILEA no tendría características militares de acuerdo con el proyecto,
pero Fournier señaló que en ella se impartirían cursos de lucha contra el
terrorismo y de manejo de armas de fuego y explosivos.

La dirección de la Academia sería responsabilidad de estadounidenses, que
gozarían de inmunidad diplomática. Costa Rica facilitaría el terreno para
construir la sede de la institución y designaría a un director ejecutivo,
con funciones meramente administrativas.

Carlos Alvarado, director nacional de Guardacostas y asesor de Ramos, negó
enfáticamente a IPS que la Academia pueda tener carácter militar, e insistió
en que beneficiará a Costa Rica, porque le reservará un porcentaje de
alumnos más alto que los de otros países.

"Quienes sostienen que la Academia tiene un matiz militar mienten, y quienes
hacen alguna relación con la Escuela de las Américas, que funcionó en
Panamá, no hacen la diferencia entre un militar y un policía", arguyó.

En la estadounidense Escuela de las Américas, instalada en la panameña Zona
del Canal hasta 1984, recibieron instrucción numerosos militares
latinoamericanos involucrados luego en golpes de Estado y violaciones de los
derechos humanos en sus países.

"Los policías, que son los que se formarán en esa Academia, tienen como
objetivo la protección de los derechos dentro de lo que establece el Estado,
a diferencia de los militares, que tienen como misión destruir al enemigo",
adujo Alvarado.

El asesor aseguró que las materias y programas "serán definidos por los
diferentes países de América Latina, de acuerdo con sus necesidades", aunque
Estados Unidos aporte el personal, el edificio y 95 por ciento de los
gastos.

Pero el ex defensor de los habitantes y actual diputado Rodrigo Alberto
Carazo, del Partido Acción Ciudadana, manifestó que "Costa Rica no sólo
presta el territorio para que lo utilicen, sino que además pone la alfombra
roja para que los otros (los estadounidenses) pasen".

El diputado insistió en la necesidad de que la sociedad civil se organice y
haga presión sobre el Congreso para impedir que el proyecto sea aprobado.

"Hay que preguntarse qué es lo que hay detrás de la Academia y por qué
quieren instaurarla en Costa Rica", agregó.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos,
Albino Vargas, destacó que ese sindicato se opone "de forma rotunda a la
Academia", y criticó a quienes quieren presentarla como defensora de los
derechos humanos.

"¿Cuándo Estados Unidos ha hecho culto de la ley como se pretende transmitir
ahora con la Academia? Sabemos que ésa no es la realidad", afirmó.

Para Vargas, la instalación de la ILEA en el país forma parte de la "
estrategia geopolítica de los estadounidenses, dentro de la que se incluyen
el Plan Colombia, el Tratado de Libre Comercio que negocia con América
Central y el Area de Libre Comercio de las Américas".

Es innecesaria la creación de una "nueva escuela policial" en un país que ya
cuenta con su Academia Nacional de Policía y su Escuela Judicial, opinó.

El sindicalista lamentó el "total silencio" sobre la cuestión del ex
presidente Oscar Arias (1986-1990), premio Nobel de la Paz 1987.

"Insto al señor Arias a que se pronuncie sobre la Academia. Me sorprende su
pleno silencio sobre un tema tan trascendental para nuestro país", comentó.

En el proyecto de creación de la ILEA se especifica que ésta tendrá un "
Comité Conjunto", integrado por un representante del Poder Judicial y otro
del Ejecutivo, uno del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH),
con sede en Costa Rica, y uno de la Defensoría de los Habitantes.

Llama la atención que se incluya al IIDH como parte del Comité Conjunto,
porque Estados Unidos no lo reconoce, como tampoco acepta las resoluciones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

La Defensoría de los Habitantes ya se negó a integrar ese Comité Conjunto,
en carta enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del
Congreso, Rolando Laclé, con el argumento de que eso "devendría en una
restricción de las funciones fiscalizadoras de la institución".

También puntualizó que el proyecto de ley sólo contiene dos menciones a los
derechos humanos, aunque se insiste en que la Academia servirá para
defenderlos.

También se oponen a la creación de la ILEA el Colegio de Abogados de Costa
Rica y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, por considerar que
traerá al país más perjuicios que beneficios.

Organizaciones civiles se manifestarán contra el proyecto el 15 de este mes,
día de la independencia de Costa Rica