Perú: ¿Sufrimos en vano?

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

1 de septiembre del 2003

Javier Diez Canseco Congresista del Partido Democrático Descentralista
La República. Perú, agosto del 2003.

Un reto sin precedentes el de la CVR: presentar al país la cruda visión de
un período extraordinariamente doloroso, sangriento y difícil, que -además-
mantiene diversos elementos operando en la escena política y militar en la
actualidad (desde algunos grupos terroristas, pasando por ciertos mandos
militares y figuras políticas comprometidas con el pasado reciente). Ello
pone en evidencia un Perú que no es de ciudadanos iguales en derechos, que
carece de instituciones consolidadas que se rijan por la ley y apliquen
procedimientos siempre legítimos.
Pero, adicionalmente, ello se debe hacer en circunstancias en que la
transición democrática enfrenta una crisis, basada en una profunda
frustración ciudadana. Y es que entonces, varios creen que la varita mágica
para constituirse en alternativa política está en un pacto de impunidad con
elementos de las FFAA o en ocultar graves responsabilidades de su accionar
político o gubernamental desprestigiando a la CVR. Todo esto hace más
complejo lograr cambios en actitudes, y -sobre todo- disposición
autocrítica. La reacción de diversos Oficiales Generales en retiro y de
connotados políticos, vinculados a gobiernos recientes y a una estrategia
antisubversiva que -en diferentes momentos y lugares- violó sistemáticamente
los derechos humanos, como lo hizo consistentemente el senderismo
terrorista, hace que el informe de la CVR desate pasiones de todo calibre.
La campaña de satanización arrancó meses atrás, antes de que el informe de
la CVR viera la luz. Llovieron "barba-rey-dades" e infundios al por mayor,
el coro de fujimoristas confesos y vergonzantes, de quienes juegan al
militarismo de siempre y a evadir sus propias responsabilidades, se fue
engrosando. Se rasgaron las vestiduras -con audios proporcionados por
elementos de la Marina- cuando Ciurlizza habló con los senderistas en una
crisis de penales, ellos, los mismos que aplaudieron o callaron cuando
Montesinos llevaba tortas de cumpleaños a Abimael Guzmán, cuando Fujimori
liberó al responsable económico de SL a cambio de datos, o cuando Guzmán y
Elena Iparraguirre convivían -a vista y paciencia de todos- en el mismo
penal (régimen carcelario sin parangón en el mundo). Entonces, Barba, Rey o
Martha Chávez no decían ni pío. Miento, varios de ellos avalaban la matanza
de los estudiantes de La Cantuta con un tiro en la nuca, el ametrallamiento
de la pollada de Barrios Altos, la masacre de Cayara o la de Accomarca, las
fosas comunes de Pucayacu, las acciones del Comandante Camión y la
existencia de más de 4.000 detenidos desaparecidos, con una amnistía que
exculpaba al Grupo Colina y a todos los que -desde el Estado- hubieran
cometido delitos de lesa humanidad.
Esos no eran crímenes execrables, sólo lo eran los de Sendero en
Lucanamarca, el brutal coche bomba en Tarata, el asesinato y despedazamiento
de María Elena Moyano o la esclavitud a que sometieron a los Asháninkas.
¿Por qué? Porque los crímenes en función de una razón de Estado son buenos y
válidos. Porque sostienen que si a las FFAA y a la PNP se les requiere que
actúen respetando la ley y los derechos humanos, se desmoralizan pues sólo
pueden operar haciendo justicia de mano propia, siempre que sirvan los
intereses que ellos avalan. Dos varas para medir hechos iguales. Ahora
llegan a cuestionar los costos de la CVR y los sueldos de comisionados que
oscilan entre 2.500 y 3.500 dólares mensuales congresistas -como Martha
Chávez- que ganaban 7.000 dólares al mes para echar humo sobre el espionaje
telefónico o para impedir se investigue los crímenes del grupo Colina y
amnistiarlos luego. El mismo argumento que emplearon para desprestigiar las
Comisiones investigadoras sobre la corrupción que mostraron la verdad del
fujimorismo.
Si la vida de los peruanos no vale igual y sus derechos no son los mismos
sabemos bien a qué están expuestos los peruanos de segunda o de tercera, los
pobres, los quechuahablantes, los campesinos e indígenas. Serán eterna carne
de cañón de los conflictos de una clase dominante que -como bien dijo
Mariátegui- no fue nunca clase dirigente. El terror, venga de donde venga,
debe ser condenado y desterrado, como los fundamentalismos en que se apoya.
Si no aprendemos esa lección habremos sufrido esta pesadilla en vano.