Colombia: Conflicto armado colombiano va para rato, y no hay salida humanitaria a la vista

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

ALAI, América Latina en Movimiento
2003-06-24


Fernando Arellano Ortiz


El gobierno de Uribe Vélez consolida su estrategia de tierra arrasada y
descarta por el momento una salida política al ya inveterado conflicto
armado, al haber logrado por parte del Congreso de la República, la
aprobación de un draconiano estatuto antiterrorista que permite, entre otras
medidas, la interceptación de llamadas telefónicas y los allanamientos a
domicilios sin previa autorización judicial.


Las condiciones para que la confrontación siga su espiral de escalamiento
están dadas por cuanto que en Colombia existe un ambiente de crispación
entre los sectores que apoyan al gobierno y tienen el convencimiento de que
la única salida al conflicto es militar porque no media en este problema
ninguna condición objetiva ni subjetiva; y los que privilegian la salida
política al estar convencidos, por el contrario, que el quid del fenómeno de
enfrentamiento en esta país es de carácter político.


Por ello y ante las circunstancias que rodean la crisis colombiana los
observadores y estudiosos del tema consideran que el análisis ahora debe
centrarse en la superación del dilema: acuerdo humanitario con la guerrilla
o rescate de los cientos de secuestrados por la vía militar con los riesgos
que ello conlleva.


Dilema obviamente muy difícil de resolver porque como lo señaló muy
claramente el presidente de la Corte Constitucional, Luis Eduardo
Montealegre, el acuerdo humanitario que de ninguna manera constituye el
inicio de un proceso de paz, "es una decisión política, en la que no hay
limitación jurídica".


Si bien es cierto que, como lo ha reiterado en diversas oportunidades el ex
presidente Alfonso López Michelsen, en Colombia se cuenta con todas las
herramientas internacionales para perfeccionar un intercambio humanitario
entre guerrilleros presos y secuestrados por la guerrilla, habida cuenta que
las mismas están incorporadas por vía de ley al ordenamiento jurídico
interno como los Protocolos I y II de Ginebra, en últimas la decisión es de
carácter político porque lo que está en juego es la preponderancia y
capacidad de fuerzas de las partes en conflicto (gobierno y Farc).


Sin embargo para el gobierno de Uribe, la simple decisión de aceptar un
acuerdo humanitario con las Farc, "posicionaría" políticamente a este grupo
insurgente, pues el Estado deberá darle en el supuesto caso de llegar a un
convenio, ciertas garantías para que pueda liberar a los secuestrados que
están en su poder.


Los alcances del DIH


El presidente Álvaro Uribe ha sido enfático en señalar que él no puede
apostarle a un acuerdo humanitario que termine en que los guerrilleros que
salgan de las cárceles vuelvan al monte a continuar delinquiendo y pone la
condición de que un país amigo los reciba en calidad de asilados para evitar
tal circunstancia.


A su turno el secretariado de las Farc exige, para ejecutar un posible
acuerdo humanitario, el despeje de dos departamentos del sur del país, lo
cual es inaceptable para el gobierno luego del fracaso de la zona de
distensión del Caguán durante la administración Pastrana.


Sin embargo, el ex presidente López Michelsen ha explicado que el éxito de
un convenio humanitario radica en desprenderse de posiciones rígidas y
limitarse, simplemente, a aplicar el Derecho Internacional Humanitario
(DIH), cuya filosofía o su fundamento reside en el imperativo de amortiguar
en algo los rigores de una guerra.


"Ninguno de los contendientes puede aspirar, en el texto del convenio, a
imponerle condiciones deprimentes o humillantes al otro, si no está
dispuesto a aceptarlas en su propio caso. Sucede, por ejemplo, con el
compromiso para los liberados de la subversión, de no regresar a sus filas,
reservándose el Estado el derecho de reincorporar a los soldados y a los
policías que están secuestrados a la fuerza pública. La reacción inmediata
es la de rechazar semejante planteamiento, pero cuando se examina el alcance
del DIH se llega a la conclusión de que no puede ser instrumento para darles
el status de vencedor a los unos y de vencidos a los otros, sino que se
reduce a atenuar los efectos del conflicto armado sobre terceros no
combatientes y uno acaba por comprender algo que, a primera vista, choca
contra nuestros sentimientos", ha señalado López.


El gran problema es que, como lo manifestó el ex canciller y miembro de la
Comisión Nacional de Conciliación, Augusto Ramírez Ocampo, "la guerra va a
seguir por mucho tiempo, por lo tanto cuando menos lo que se deberían
establecer son unas reglas mínimas y por eso es importante encontrar una
salida para lograr el acuerdo humanitario".


Contrario a quienes afirman que jamás los acuerdos humanitarios han servido
para ponerle fin a los conflictos armados, como lo hizo recientemente el
vicepresidente Francisco Santos Calderón, habría que recordarles que estos
convenios entre las partes en disputa no están destinados a ponerle fin a
las confrontaciones sino a mitigar sus consecuencias frente a la población
civil y aún, a los propios combatientes caídos en manos de sus contrarios.


El conflicto va para rato


Como lo ha advertido Ramírez Ocampo, la confrontación armada en este país va
para rato y como la misma, según sus palabras, "ha llegado a puntos de no
retorno" es prioritario buscar por todos los medios la liberación de los
secuestrados que están en poder de las Farc.


Al fin y al cabo los grupos insurgentes van a continuar en su empeño de
enfrentarse con más ahínco a las políticas de "Seguridad Democrática" del
gobierno Uribe Vélez, eso quiere decir que al país le espera más barbarie y
mayor escalamiento del conflicto. Dentro de ese desolador panorama hay que
entender, como lo ha explicado en reiteradas oportunidades el sociólogo
Alfredo Molano, que la subversión por su propia naturaleza no respeta el
Derecho Internacional Humanitario debido a que no puede sacar a la población
de la confrontación armada.


"Es la población, justamente, -dice Molano- el objeto de la disputa, mucho
antes de que lo sean sus territorios o sus riquezas. La población civil en
un conflicto irregular es un recurso militar logístico y político".


Teniendo en cuenta estas consideraciones, quienes apuestan a una salida
humanitaria para que se liberen a los secuestrados son conscientes de que
tanto el gobierno como las Farc tendrán que negociar y ceder en algunas
posiciones. Pero este escenario, por lo pronto se ve lejano, aunque no puede
descartarse, pues la presión internacional, la de los familiares de los
plagiados y de algunos dirigentes políticos como los ex presidentes
liberales puede llegar a dar algún resultado puesto que la situación de
derechos Humanos en Colombia es sumamente alarmante.


Y es que el conflicto armado colombiano no tiene parangón. Ramírez Ocampo
que coordinó la Comisión de la ONU en El Salvador, la cual sirvió de
intermediación entre las partes, recuerda que ese conflicto en el país
centroamericano que duró 12 y años y que dejó muchas víctimas "nunca llegó
hacer del tamaño y de la barbarie de la nuestra. La matanza más grande, la
de Mozote que constituyó un hecho muy grave de la violencia salvadoreña no
llegó a 20 personas, los secuestros eran mínimos en comparación con lo que
sucede en Colombia".


"La degradación de la guerra en Colombia ha llegado a puntos de no retorno.
Es una violencia tan bárbara que nos ha condenado a que para poder
sobrevivir hay que tener capacidad de olvido. Aquí una tragedia mata otra
tragedia y va sucesivamente olvidándose la anterior. Así que la violencia
colombiana no tiene comparación tal vez ni con Atila y sus seguidores".


Debate más a fondo


Infortunadamente en Colombia el análisis sobre el conflicto armado y sus
consecuencias es muy superfluo y está influenciado en grado sumo tanto por
lo mediático como por los estados de ánimo de la opinión pública, según el
desarrollo de los acontecimientos.


Los hechos confirman la afirmación anterior: se creyó que como Andrés
Pastrana tenía "química" con "Tirofijo" la paz estaba a la vuelta de la
esquina y el país se jugó la carta electoral del entonces candidato
conservador. Cuatro años después, tras el descalabro de la política de paz,
se escogió al candidato que prometió mano dura y salida militar al problema
de la subversión y por eso Colombia está embarcada en una "guerra integral",
cuya estrategia que no es nueva sino que lleva más de 30 años, en vez de
disminuir el conflicto lo ha incrementado, o por lo menos eso es lo que ha
demostrado la historia reciente.


Por eso cualquier cosa puede pasar: que el país se canse de esta barbarie
que soporta a diario y ante la presión este gobierno de la "mano dura y el
corazón grande" termine no solamente logrando un acuerdo humanitario sino
iniciando un proceso de paz con las Farc y el ELN.


Y como este país, como ya se dijo, es fundamentalmente emocional, puede
pasar de un escenario a otro totalmente distinto. No solo ocurrió con
Pastrana y con Uribe Vélez sino que la historia de los últimos 20 años
también demuestra esos cambios ciclotímicos: durante la época de Pablo
Escobar el gobierno de Barco no sólo le declaró la guerra al narcoterrorismo
sino que puso en marcha un mecanismo de dudosa validez jurídica como la
extradición por vía administrativa ante la inexequibilidad de la ley que
aprobaba el tratado sobre esta materia con Estados Unidos. La opinión
pública respaldó esta medida en forma amplia, pero en menos de tres años
cambió de opinión ante los rigores de la ofensiva de los narcotraficantes y
la Constituyente del 91decidió aprobar la no extradición de nacionales para
facilitar la "entrega" de Escobar.


Lo mismo ocurrió con el M-19 que en 1986 fue protagonista del holocausto del
Palacio de Justicia. Cinco años después de este execrable hecho los
principales líderes de ese movimiento llegaron como primera fuerza a la
Constituyente y su jefe político, Antonio Navarro, fue elegido como
co-presidente de esa corporación.


Por eso lo único cierto es que en Colombia se necesita un debate más a fondo
sobre los fundamentos y la significación de esas valoraciones por la opinión
ciudadana.


Sunz Tzu y el conflicto colombiano


La magnitud de la influencia de los grupos insurgentes y de las
organizaciones paramilitares en los municipios y en los departamentos del
país no ha sido justipreciada aún en sus verdaderas dimensiones por los
analistas.


Es un hecho palmario que guerrilleros y paramilitares no solamente dominan
política y militar amplias zonas geográficas del país y conviven normalmente
con la población, empero el gobierno central de Bogotá se resiste a
reconocer esta realidad.


En el último libro de investigación y de crónicas del periodista Germán
Castro Caycedo que lleva por título Sin tregua, se describe y se reseña de
manera minuciosa cómo los alcaldes de los municipios petroleros localizados
en los departamentos tanto de Arauca como de Casanare deben lograr
"gobernabilidad" con estos movimientos al margen de la ley para poder tener
alguna capacidad de maniobra política.


Esa "gobernabilidad" hace referencia a la repartición de las regalías
petroleras y de los presupuestos municipales entre la guerrilla, los
paramilitares y el alcalde. Cuando se logra un acuerdo en este sentido los
gobernadores y los alcaldes pueden actuar tranquilamente, de lo contrario,
señala Castro Caycedo, las cosas son a otro precio.


En últimas, la subversión y las autodefensas no han hecho sino seguir las
enseñanzas del legendario estratega chino de la guerra Sun Tzu (siglo VI
a.C.) para quien la confrontación bélica conlleva mucho más que el choque de
hombres armados. "Sólo números -decía-, no confiere ninguna ventaja".
Consideraba a los elementos morales, políticos y circunstanciales de la
guerra como más importantes que los militares y aconsejaba a reyes y
comandantes no poner su confianza solamente en el poder militar puro. No
concebía la guerra en términos de matanza y destrucción; apoderarse de todo
intacto, o tan intacto como fuese posible, era el objetivo propio de la
estrategia.


Y en el caso colombiano si bien la guerrilla hace suya la vieja consigna de
combinar todas las formas de lucha, uno de sus principales objetivos ha sido
el de ir "colonizando" amplias regiones geográficas para tener
preponderancia política.


La vía es política


Esta compleja situación en que además denota la falta de presencia efectiva
del Estado en amplias regiones del país, le ha ido dando paulatinamente
ventajas a la subversión.


Y si bien es cierto que el pueblo colombiano está ahíto de violencia y
amplios sectores de opinión no quieren escuchar por ahora la exploración de
una salida negociada y prefieren una política militarista de mano dura, la
poca efectividad de los operativos de las Fuerzas Armadas y, ante todo, la
arremetida de las Farc a la infraestructura, el incremento de los secuestros
y el desplazamiento, van a terminar forzando una pacto entre gobierno y
Farc.


Lo importante aquí es hasta dónde puede y debe llegarse desde el punto de
vista de las consideraciones políticas, señala Ramírez Ocampo


Aunque cada sector pone condiciones inaceptables para la contraparte,
ninguno de los dos ha cerrado la puerta para hacer un acuerdo humanitario.


Por eso tiene validez lo que ha venido sosteniendo el arzobispo de Tunja,
monseñor Augusto Castro, en el sentido de que las dos partes deben sentarse
a dialogar para ver si es posible poder acortar las distancias que hoy son
siderales entre uno y otro lado, pero eso no se puede lograr si los voceros
tanto del gobierno como de la guerrilla se resisten a ir a una mesa de
negociación.


La vía, entonces, para parar este desangre y esta barbarie que diariamente
consume a Colombia es política y ahí está la esencia del asunto. Y es que en
definitiva como lo ha señalado la jerarquía de la Iglesia Católica, el
derecho a la vida debe primar sobre el derecho a la libertad.


Cómo llegar a una mesa de diálogo no para iniciar un proceso de paz sino
para concretar un mínimo acuerdo humanitario que permita regresar a la
libertad a los secuestrados sin que se arriesgue su integridad física es el
busilis del problema.


Necesariamente si se quiere disminuir la intensidad del conflicto que está
diezmando cada día más al Estado colombiano deberá encontrarse esa salida
política, pero lo grave es que tanto gobierno como Farc siguen empecinados
en no ceder en sus férreas posiciones. Frente a este nublado panorama se
debería tener en cuenta por parte de los dos bandos, la advertencia de otro
estratega militar famoso del siglo XIX, el general prusiano Karl von
Clausewitz, según la cual, "la fortaleza de carácter no debe confundirse con
la obstinación".


¿Grupo de amigos?


En medio de este complicado panorama se han escuchado voces de gobiernos
extranjeros y de observadores internacionales que se han pronunciado en el
sentido de forzar una salida que contribuya sino a iniciar un proceso de paz
con la insurgencia colombiana, por lo menos, llegar a concretar un acuerdo
humanitario.


Durante la reunión del Grupo de Río de Janeiro celebrada en la ciudad
peruana de Cuzco se sugirió por parte de un mandatario la posibilidad de que
los ejércitos latinoamericanos intervengan directamente en Colombia en ayuda
del gobierno de Uribe, a lo cual el presidente de Venezuela, Hugo Chávez se
opuso en forma radical y denunció, posteriormente y en forma pública, tal
pretensión.


Días antes se había pronunciado el presidente del Ecuador Lucio Gutiérrez
Borbúa sobre la necesidad de coadyuvar a encontrar salidas para que, por lo
menos, gobierno y guerrilla logren en el corto o mediano plazo concretar un
acuerdo humanitario que permita liberar a los secuestrados que tiene las
Farc en su poder.


Aunque diversos sectores de opinión le cayeron encima y lo calificaron de
ingenuo, Gutiérrez fue enfático en señalar que su gobierno estaría dispuesto
a recibir a los guerrilleros que salgan de las cárceles colombianas, en
virtud de un acuerdo de canje con los secuestrados.


En forma tímida, el presidente de México, Vicente Fox también se había
pronunciado en similares términos hace algunos meses y el controvertido
mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías en repetidas oportunidades ha señal
ado que su país estaría dispuesto a colaborar con Colombia en todos lo que
sea necesario para encontrar salidas a su ya inveterado conflicto armado.


Por eso es que en su declaración final, los asistentes al X Foro Nacional
por los Derechos Humanos, reunido en Bogotá del 24 al 26 de mayo que examinó
la realidad actual del conflicto con el propósito de aportar soluciones
constructivas, recalcaron la importancia de obtener facilitación
internacional (C.I.C.R., Naciones Unidas, países amigos de diálogo) con
miras a parar el desangre y la barbarie en Colombia.


Por su parte, el destacado sociólogo brasileño y profesor de la Universidad
Estatal de Río de Janeiro, Emir Sader, en uno de sus artículos de opinión
que publica en diversos medios de comunicación de América Latina lanzó la
iniciativa de conformar el Grupo de Amigos de Colombia, habida cuenta que
hay interés de varios gobiernos de la región en colaborar activamente en el
propósito de facilitar una salida negociada entre las Farc y el gobierno de
Uribe Vélez.


Incluso, dijo, existe disposición del gobierno de Luis Inacio Lula da Silva
en tan loable propósito.


"Existen alternativas elaboradas por los grupos que piden soluciones
negociadas para el conflicto colombiano, que sirven como un buen punto de
partida para que se constituya -a partir de iniciativas que el gobierno
brasileño parece interesado en llevar adelante-. Si se constituyó un Grupo
de Amigos de Venezuela, ¿por qué no constituir un Grupo de Amigos de
Colombia? Varios países europeos ya demostraron su interés en ayudar a
intermediar una solución política a este conflicto", señaló Sader.


Y a renglón seguido agregó: "Brasil podría, en secuencia de las actitudes ya
tomadas por el gobierno brasileño en el sentido de reservarse un papel de
intermediador, tomar la iniciativa, sea en el marco de la OEA, sea a partir
de contactos bilaterales, de desempeñar un papel decisivo para que la
"guerra infinita" no deje raíces en el continente y, al contrario, puedan
ser resueltos pacíficamente los conflictos regionales y América Latina se
pueda constituir en un espacio de paz y de integración para un mundo
multipolar".


Estas voces en el ámbito internacional no han sido ni escuchadas ni
valoradas en Colombia, tal vez por la intensa polarización existente en la
opinión pública, para la cual, en su gran mayoría, o por lo menos así lo
evidencian los medios de comunicación, prefiere la salida militar y un
sector minoritario encabezado por la jerarquía de la Iglesia Católica le
apuesta a la solución política.


En ese ambiente de crispación, lo urgente sería posibilitar la colaboración
de países interesados en ayudar a Colombia para enfrentar el dilema:
confrontación militar o solución política, dentro del cual vienen girando
las opiniones y del que aún no se ha logrado salir.


¿Cómo se integraría el grupo?


El problema radicaría en cómo se conformaría este Grupo de Amigos de
Colombia del que habla Emir Sader, si se tiene en cuenta los múltiples
intereses geoestratégicos que están en juego tanto en el área andina como en
el resto del continente.


A Brasil, Venezuela, Ecuador y México les interesaría estar dentro del
mencionado grupo, pero éste sin la presencia de los Estados Unidos no
funcionaría, pues la potencia mundial querrá, como es obvio, intervenir en
forma directa y hacer prevalecer su opinión.


Y si bien la ONU está tratando de actuar como facilitador entre gobierno y
Farc, los analistas consideran que no tiene la suficiente capacidad política
para afianzar un acuerdo. Por lo menos eso es lo que demuestra el papel
hasta ahora desarrollado por el asesor de esa organización James Lemoyne.


Aunque si bien el interés de Brasil, Venezuela, Ecuador y México es o puede
ser sincero en colaborar con Colombia para que encuentre una salida a su
problema interno, también cuenta su ánimo de prevención hacia Estados Unidos
que desde la década de los 80 ha venido, paulatinamente, desarrollando una
estrategia militar a lo largo y ancho de América Latina.


Colombia es la disculpa perfecta para incrementar su control sobre la región
so pretexto de combatir el narcotráfico, pero lo que es evidente es que,
detrás de esta supuesta justificación, hay un claro interés geopolítico de
Washington, lo cual no es nuevo y acaba de ser analizado en profundidad
durante el Primer Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización que se
llevó a efecto en San Cristóbal de las Casas, México, entre el 6 y el 9 de
mayo.


En desarrollo de este foro se presentaron ponencias en las que se dio a
conocer la estrategia de Washington en materia militar para América Latina.


El proceso de remilitarización


Según la investigación realizada por Alexis Ponce, vocero de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos del Ecuador y coordinador de Grupo de
Monitoreo del Plan Colombia, quien intervino en este encuentro
internacional, es en la década de los ochenta, bajo la administración Reagan
cuando se configuran los escenarios de la remilitarización para los inicios
del siglo XXI. Los documentos de Santa Fe y los procesos de reconversión
militar latinoamericana concebidos en Washington, datan de 1982. Al calor de
la fractura del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por lo
ocurrido en las Malvinas y debido a las consecuencias tecnológico-operativas
de retirada en 1999 de Panamá, el Pentágono fue elaborando la reingeniería
militar continental que algunos analistas como el coronel ecuatoriano Jorge
Brito, coinciden en determinar que se inició, formalmente, con la puesta en
marcha del llamado "Diálogo Interamericano". La desestatización progresiva
del continente, amparada en la aplicación del modelo privatizador que hoy
hace agua, requería, desde ese entonces, de la disminución de la mayoría de
los ejércitos latinoamericanos que ya habían "cumplido su papel" en casi
toda la región, puesto que faltaba completarse únicamente en la volcánica
Centroamérica de la época y en un país que hoy ocupa ese lugar de
importancia en las prioridades regionales de Washington: Colombia. A la luz
de la "nueva era", según los teóricos del denominado "Diálogo
Interamericano", los militares debían retornar a los cuarteles y ser
desplazados en similar proporción a los Estados nacionales, que culminaban
en los noventa su "razón de ser". Si se revisan los documentos de Santa Fe,
y, finalmente, si se vuelve los ojos a los viejos anaqueles que dan cuenta
de la segunda ola conservadora planetaria (la administración de Bush padre),
podría quedarle al lector avisado un sabor a "maldición de Malinche": "Ya
todo estaba escrito" podría decirse, mientras se pasa revista a lo que hoy
sucede en la región: Por un lado la visión de Washington, antes de sepultar
al comunismo del Este incluso, tomaba en cuenta el papel desestabilizador
que, en los noventa y principios del siglo XXI tendrían Colombia y su vieja
insurgencia armada para la región entera, por ser la entrada geopolítica a
Sudamérica. Por otro lado, bajo el mandato Reagan, EEUU define por vez
primera como "Política de Estado" y "Asunto de Seguridad Nacional", el
consumo, la producción y el tráfico de drogas: es decir, es en los ochenta
cuando Washington incluye el combate militar a las drogas en los planes
estratégicos del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de
Defensa. Es en esta época, explica Ponce, cuando se recomienda por vez
primera la "reestructuración" de los ejércitos latinoamericanos. En los
noventa, la estrategia se consolida, modificándose solamente en aquello que
EEUU cree pertinente modificar: los ritmos, tiempos y lugares de aquella
remilitarización. La estrategia no es nada nueva: Una vez culminado el
conflicto atávico entre Ecuador y Perú en 1995, tras la firma de paz que
pusiera fin a "la guerrita" como irónicamente refirió el embajador de EEUU
en Quito, Peter Romero (quizás porque no tuvo la magnitud mediática de las
guerras de intervención desatadas por su país en las tres cuartas partes del
mundo), ese mismo funcionario citó públicamente que "en adelante las FFAA de
Ecuador deben dirigir su atención a la frontera norte"; es decir,
convertirse en una fuerza local funcionalizada a la estrategia
norteamericana para los Andes: la "camboyización" progresiva del Ecuador, en
torno a la vieja insurgencia colombiana. Por lo anterior, arguye Alexis
Ponce, los planes de reconversión militar regional en torno a Colombia
datan, en términos operacionales, de la última década y no solo de los
últimos cuatro años; y la aplicación del Plan Colombia sería la culminación,
y no el inicio, de una estrategia global para toda la región. En el mismo
período vino configurándose un "nuevo" modelo estructural para las FFAA del
continente, modelo que hoy, luego de la ocupación de Irak, podrá ser
experimentado para ver si resiste la prueba de la realidad. Tal modelo se
enmarca en la reingeniería acelerada de los ejércitos sobre la base de
incorporar como eje transversal de trabajo a las problemáticas sociales,
políticas y económicas de cada país y de las subregiones de América, repleta
ésta de la nueva causalidad que da origen al concepto de "conflictos
asimétricos" como citan el Documento Santa Fe IV y el Documento Estratégico
para el año 2020 del Ejército de los EEUU, más la vieja estrategia de la
guerra antidrogas y el "esfuerzo conceptual" del antiterrorismo.


El eje estratégico de los planes


Pero, adicionalmente, hay que tener en cuenta que El Plan Colombia se
conecta hacia al sur con el Plan Dignidad, el cual se proyectó entre abril
de 1998 y el 2001, destinado a la erradicación de los cultivos de la coca en
la región boliviana del Chapare, pero fue prolongándose sin mediar
justificación alguna, lo que hace presumir que se va a extender por otros
años más. En la letra se conoce que el Plan Dignidad intenta organizar una
lucha contra el narcotráfico, sustentada en cuatro pilares: erradicación,
interdicción, desarrollo alternativo y prevención, pero tras de su
plataforma divulgada está el plan militar que se ha venido desarrollando es
el país boliviano desde hace varios años, recrudecidos con el nacimiento del
Movimiento al Socialismo (MAS) que tiene como figura principal al cocalero y
ex candidato presidencial Evo Morales quien se opone férreamente al plan
anticocalero. Si se observa lo que dice el Plan Dignidad, no se diferencia
del Plan Colombia ni del Plan Puebla Panamá y los tres se conectan con la
estrategia que elaboró EE.UU. para el hemisferio. El eje de los tres planes
(Dignidad, Colombia y Puebla Panamá) está constituido por los siguientes
conceptos: Democracia, reducción pobreza, esfuerzos antidrogas,
consecuencias ambientales del narcotráfico y apoyo a los Estados Unidos en
su lucha antiterrorista; de ahí que en los tres documentos haya un énfasis
por "fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la pobreza y mejorar
la cooperación regional contra el tráfico de drogas", aunque no se
especifica cómo se instrumentalizaría la estrategia en cada uno de esos
aspectos. Según el politólogo y profesor mexicano Robinson Salazar la
propuesta Bush no es distinta a la que predominó con la Iniciativa Regional
Andina que se presentó a los reporteros el 16 de mayo del 2001 en una sesión
informativa en el Departamento de Estado. El enfoque del presidente Bush en
relación con las dificultades sociales y económicas más urgentes de los
Andes se basa en la admisión de que "todos estos problemas persistentes
están relacionados entre sí" y "ninguno... puede atenderse por separado", lo
que denota una persistencia de ligar todos los problemas al narcotráfico y
de esta manera facilitar el intervencionismo militar bajo el manto de la
lucha contra la siembra ilícita, pero en el fondo busca contrarrestar los
brotes de insumisión que se están generando en el agro de los países
latinoamericanos, en especial los que se encuentran dentro de los tres
planes, afirma el analista mexicano. Un claro interés económico La
iniciativa de los planes, en la letra, promueve el crecimiento de largo
plazo pero dentro del marco del modelo neoliberal y el libre comercio al
tiempo que se plantea apuntalar las instituciones democráticas y apoyar
medidas de las naciones anfitrionas para combatir la corrupción, reformar
los sistemas judiciales y adoptar políticas fiscales sólidas, para lo cual
Washington recomienda una reforma profunda del Estado en todos los países
latinoamericanos. Pero, en la realidad, afirma Salazar, no es así. De lo que
se trata, explica, "es de ir marginando a los partidos políticos de los
debates sobre los asuntos económicos, dado que los acuerdos en este ámbito
se dan fuera de cada país y con actores externos; ir minando la credibilidad
de los partidos políticos en la medida en que no participan ni deciden sobre
los asuntos estratégicos de la nación, tales como reforma al sector
eléctrico, apertura de los mercados, acuerdos bilaterales o regionales de
comercio, privatización de recursos nacionales, endeudamiento con los
organismos financieros internacionales, etc.; además, pone de relieve el
papel del comercio liberalizado como estímulo económico y aboga por la
renovación de legislación tal como la Ley de Preferencia Comercial Andina a
fin de que embonen con la iniciativa del Área de Libre Comercio de las
Américas - ALCA- que se pondrá en ejecución en el 2005". Es, en medio de
este escenario internacional, en que Colombia debe proyectar la solución a
su conflicto. Escenario a todas luces complicado porque un grupo de países
amigos que quieran acompañar a esta nación en la búsqueda de alternativas de
paz, debe tener en cuenta a Estados Unidos y como bien se sabe, esta
potencia mundial, "no da un almuerzo gratis" y, de seguro, hará prevalecer
sus intereses en contraposición del espíritu no solamente de los países
latinoamericanos sino europeos que, en el hipotético caso de que se dé,
integrarían esa comisión de buenos oficios de la que habla el sociólogo
brasileño Emir Sader. Por eso es que, instrumentalizar un Grupo de Amigos de
Colombia, es igual o tan complicado como el dilema en que aún se debate este
país: salida militar o solución política negociada del conflicto.


* Fernando Arellano Ortiz. www.cronicon.net