GUATEMALA:Myrna Mack vuelve a morir

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

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Néfer Muñoz

SAN JOSE, 8 may (IPS) - La absolución en Guatemala de tres altos militares
acusados de ordenar en 1990 el asesinato de la antropóloga Myrna Mack,
vulneró la credibilidad del sistema judicial y el proceso de paz en ese
país.
Funcionarios de la ONU, diplomáticos y activistas humanitarios están
consternados por el sorpresivo fallo de la Sala Cuarta de Apelaciones, que
eximió el miércoles de toda culpa al coronel retirado Juan Valencia, al
general retirado Edgar Godoy y al coronel retirado Juan Oliva.

"Estamos desconcertados. Ha sido un golpe muy duro, no sólo para mi familia,
sino para todos los guatemaltecos", dijo en entrevista con IPS la activista
Hellen Mack, hermana de la víctima.

"Nos hemos dado cuenta de una cosa: la Constitución política dice una
mentira, porque ahora queda demostrado que los guatemaltecos no somos
iguales, el poder militar está por encima de la ley", agregó la activista,
convertida en símbolo del combate a la impunidad en América Latina.

Mack estimó que el ejército conserva un enorme poder en Guatemala y está
entorpeciendo la transición hacia la democracia. A su juicio, este fallo
demuestra el fracaso del proceso de paz iniciado en Guatemala en 1996,
cuando se firmaron acuerdos que pusieron fin a 36 años de guerra civil.

El fallo del tribunal de apelaciones revocó una sentencia de octubre de
2002, que había condenado a Valencia a 30 años de prisión, y absuelto a
Godoy y Oliva por falta de pruebas en un proceso que los inculpaba como
autores intelectuales del asesinato.

En el fallo del miércoles se ordenó asimismo la libertad de Valencia.

La Sala Cuarta de Apelaciones reconoció en sus argumentos que Valencia había
dado la orden de asesinar a la antropóloga, pero sin voluntad de matarla,
pues cumplía órdenes impartidas por un superior.

"No tengo pruebas por el momento, pero estoy segura que en este fallo hubo
dinero y corrupción de por medio", manifestó Mack, al recordar las
evidencias contundentes esgrimidas en el proceso.

Por ejemplo, el testimonio del autor material del crimen, el sargento mayor
Noel de Jesús Beteta, quien admitió haber asestado 27 puñaladas a Mack el 11
de septiembre de 1990, suguiendo órdenes de Valencia, emitidas desde el
Estado Mayor Presidencial (EMP).

También se habían presentado pruebas documentales y otros testimonios que
confirmaban la participación de los militares en el crimen.

Myrna Mack fue una de las 200.000 personas muertas en el conflicto armado
guatemalteco (1960-1996). En medio de la guerra fría, sucesivos gobiernos
militares o tutelados por las Fuerzas Armadas y guerrillas rurales
izquierdistas se disputaron el control del país.

Mack había logrado renombre internacional por sus estudios sobre el impacto
de la guerra en las comunidades indígenas mayas cuando fue asesinada por
Beteta en la calle, frente a su oficina.

Pese a las 27 puñaladas, el primer informe policial atribuyó su muerte a un
accidente de tránsito. Luego, las autoridades eliminaron un reporte de 60
páginas ­escrito por sus propios investigadores- que señalaba el móvil
político del crimen y lo vinculaba al ejército.

En 1993, Beteta fue condenado por la justicia civil a 25 años de cárcel,
pena que cumple en la prisión de El Boquerón. Pero quienes ordenaron la
muerte continuaban libres.

"Otra vez se da la impunidad en un caso paradigmático, ocurrido durante el
conflicto armado. Ningún país que pretende construir el Estado de Derecho,
puede darse el lujo de permitir que un caso trascendental como éste quede
impune", señaló en un pronunciamiento la Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Guatemala (Minugua).

Es lamentable que años después de cometido el crimen, la justicia
guatemalteca no haya identificado y castigado a los autores intelectuales
del asesinato, agrega el comunicado de la misión, encargada de verificar el
cumplimiento de los acuerdos de paz.

"Cada día que este caso sigue sin resolverse, se confirma la idea de que la
justicia es imposible en Guatemala y que hay sectores de la sociedad que
están sobre la ley", añadió.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, John Hamilton,
estimó que la absolución de los militares demuestra que en el país
centroamericano "no hay justicia" y constituye un retroceso en la transición
hacia la paz.

El asesinato de Mack fue atribuido al EMP, el nervio central de los
"escuadrones de la muerte" que actuaban durante el conflicto.

El EMP, órgano concebido para la protección personal del presidente y
vicepresidente, aún existe y su presupuesto y cantidad de integrantes son
secretos de gobierno, pese a que su disolución fue uno de los compromisos de
los acuerdos de paz.

Activistas de derechos humanos han denunciado insistentemente que el aparato
de represión del EMP todavía funciona como en la época de guerra.

La sociedad guatemalteca y la comunidad internacional convertieron al caso
de Myrna Mack en emblema del esclarecimiento de la suerte corrida por las
víctimas de la violencia política.

"Este caso era para muchos nuestro resarcimiento moral y ético. Ahora nos
hemos quedado sin nada", aseguró a IPS la congresista Ninette Montenegro,
diputada por la minoritaria Alianza Nueva Nación.

Hace casi dos décadas Montenegro perdió a su esposo, Edgar Fernando García,
estudiante de 26 años que concluía su carrera de ingeniería, cuando fue
capturado, torturado y desaparecido, presuntamente por miembros del
ejército.

"Este nuevo fallo es injusto y cargado de parcialidad. Demuestra que los
jueces siguen temerosos del ejército y la absolutoria limita la
reconciliación en Guatemala", afirmó la legisladora.

Los abogados denunciantes tienen ahora dos semanas para apelar la resolución
y acudir a la instancia superior del Tribunal de Casación.

La pregunta que se hacen algunos analistas políticos es si, tras tantos años
de impunidad, algún día podrá establecerse la responsabilidad de muchos
asesinatos.

El caso de Mack fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que sesionó en febrero en Costa Rica para escuchar los testimonios
de las partes y recibir las pruebas. Se estima que en julio podría emitir su
fallo.

"Confieso que sobre el sistema judicial guatemalteco siento una gran
incertidumbre, pero confío que en la Corte Interamericana sí se haga
justicia", concluyó Hellen Mack