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Al pueblo de Bolivia: el binomio neoliberal debe irse a su
Los luctuosos acontecimientos de los días 12 al 14 de los corrientes
revelan que el pueblo ha llegado al límite de su tolerancia. El
impuestazo que el gobierno de Sánchez de Lozada pretendió imponer al
país, a sangre y fuego y bajo los mandatos del FMI y las
transnacionales, provocó una previsible y generalizada reacción que
demuestra el agotamiento del régimen, incapaz de imponer su voluntad,
de seguir gobernando. Sin embargo, es tal la tozudez del Presidente y
sus seguidores que están dispuestos a hundir al país y seguir
masacrando pueblo, antes que rectificar su política y ceder a una
confrontación democrática. La actuación de francotiradores, que han
asesinado a gente desarmada e inclusive a personal médico, es una
demostración de lo que es capaz este régimen para continuar explotando
y oprimiendo al pueblo y beneficiando a las transnacionales.
El impuestazo ha sido derrotado y la reacción popular ha producido una
gran crisis en las alturas del régimen que lo ha obligando a aparentes
cambios en el poder ejecutivo, retirando algunos odiosos personajes
que sustituye por otros operadores de la misma política. Todo indica
que Sánchez de Lozada efectúa operaciones cosméticas y toma medidas
distractivas que no traerán las rectificaciones exigidas por el
pueblo. En el mensaje presidencial, del día 16, apenas ha prometido
una reducción de ministerios y gastos superfluos y que no cobrará su
sueldo de la planilla oficial. Esto, que fue impuesto al régimen por
su patente inmoralidad, no solucionará los problemas de fondo y es
sólo un gesto propagandístico para "dar ejemplo", es decir, para que
el pueblo acepte sacrificios imposibles. Todo esto está dirigido a
salvar la presidencia y a salvar al régimen oligárquico y neoliberal
para continuar aplicando la política dictada por los organismos
financieros internacionales y las transnacionales. El nuevo gabinete
es la confirmación de lo que decimos; este equipo y todos los
asesores, no son, sino instrumentos de quien decide la línea del
gobierno y ese es el Presidente de la República. Las fricciones entre
socios de la coalición y tensiones intrapartidarias son sólo mezquinas
disputas personales por tajadas de presupuesto oficial. El nuevo
gabinete es sólo una componenda para superar la crisis política del
régimen pero no traerá ningún cambio importante, ninguna revisión de
la política neoliberal.
Eludiendo los problemas de fondo y echando una verdadera cortina de
humo sigue tercamente preparando el momento para entregar el gas a las
transnacionales a precio irrisorio y exportándolo por Chile, en contra
del interés y el sentimiento nacional.
En estas circunstancias la lucha por una solución global a los
problemas del país debe continuar hasta un cambio de gobierno con la
renuncia del Presidente y el Vicepresidente, la formación de un
gobierno transitorio, conforme a la Constitución Política del Estado y
con la convocatoria a elecciones anticipadas en un plazo perentorio.
El gobierno transitorio se deberá ocupar únicamente de administrar las
elecciones y aplicar medidas para afrontar la crisis que azota al
país. El nuevo poder surgido de las elecciones debe convocar a una
Asamblea Popular Constituyente.
Un plan económico-financiero anticrisis deberá basarse en medidas que
procuren una gestión soberana de la economía nacional, atención
preferente del aparato productivo y satisfacción prioritaria de las
necesidades más urgentes del pueblo. Las medidas principales que
además se convierten en plataforma de lucha del pueblo son las
siguientes:
1.- Elaboración de un Presupuesto General de la Nación participativo
que estimule la expansión del aparato productivo nacional, atienda las
necesidades más premiosas del pueblo y reduzca drásticamente y de modo
general el gasto fiscal superfluo.
2.- Revisión inmediata de los contratos con las transnacionales
petroleras para reponer una tributación del 60 al 75% hasta
ulteriormente rescatar, para el dominio de la República, todo el
patrimonio nacional enajenado, vulnerando la Constitución Política del
Estado. Restitución de YPFB para su participación en todo el proceso
de la explotación y venta de los hidrocarburos.
3.- Declaratoria de la MORA de la deuda externa hasta lograr la
condonación total. Conformación de un frente latinoamericano para la
anulación total de la deuda externa.
4.- Desarrollo de una industria petroquímica en los departamentos
productivos (en Tarija inicialmente) y utilización del gas natural
primero para las necesidades del desarrollo nacional y para el uso de
los bolivianos. Cambio de la matriz energética para el uso preferente
de gas. Exportación del gas en un proceso de integración energética
regional con el Perú, Argentina y Chile, siempre que este país acepte
una solución al problema marítimo. Venta a precios concordados con los
países productores.
5.- Incentivar el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales
tanto privadas como públicas. Proteger el mercado nacional en un
proceso de integración equilibrado y justo tanto regional como
latinoamericano. Congelar las tratativas para la instauración del ALCA
Reorganización de la Banca Estatal.
6.- Desarrollo alternativo agropecuario y agroindustrial planificado
de El Chapare. Respeto a la economía familiar de la coca en las
proporciones que se fijen con los interesados. Abrogación de la Ley
1008. Reactivar la minería nacional aplicando las últimas
disposiciones en la materia.
7.- Realizar una segunda reforma agraria que entregue tierra a los
que no la tienen, a los que trabajan la tierra personalmente o la
poseen en cantidad insuficiente. Abrogar el D.S. 21060.
Con esta la propuesta de emergencia elaborar un plan
económico-financiero de largo plazo en el marco de un desarrollo
nacional soberano.
Llamamos a las organizaciones populares, sindicales, profesionales,
universitarias y estudiantiles, a las gremiales, a los policías y
militares patriotas a reforzar las directivas surgidas en la batalla y
demandar que actúen unitaria y democráticamente, como lo exige la
lucha del pueblo por la consecución de sus objetivos. Estas que deben
tener una real representatividad y trabajar con mecanismos colectivos
y democráticos. El movimiento sindical debe encontrar rápidamente
mecanismos para su unificación en torno a una dirección transitoria
plenamente aceptada por las bases.
Por último es responsabilidad de la principal fuerza de la oposición
política popular laborar en sentido de articular efectiva y
unitariamente a las fuerzas del pueblo, superando prácticas
hegemónicas y sectarias. Los objetivos de la lucha popular deben
fijarse coordinada y responsablemente debiendo evitarse la
improvisación y el cambio de tácticas sin un análisis de lo que dicta
la situación política, la correlación de fuerzas y el estado de ánimo
de las masas.
La Paz, 20 de febrero del 2003
COMITÉ DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL
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