Estado y pueblo en la guerra venezolana

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Heinz Dieterich Steffan
Rebelión

La declaración de la Casa Blanca sobre la necesidad de elecciones
anticipadas en Venezuela y la sesión extraordinaria de la Organización de
Estados Americanos (OEA) demuestran que Washington ha decidido remover al
gobierno de Hugo Chávez. La conclusión de Washington es que el ciclo
productivo de este gobierno ha terminado, porque no garantiza el suministro
de tres servicios que el imperio considera primordiales: 1. El
abastecimiento seguro del petróleo; 2. El control de la población; 3. El
sometimiento a sus intereses estratégicos, como el ALCA y el Plan Colombia.

Toda la praxis política de la democracia estadounidense parte del axioma, de
que el gobierno de un país siempre debe estar en manos de sus dueños y nunca
en manos de los pobres. Porque los dueños del país son los primeros
interesados en preservar su patrimonio y, por lo tanto, ejecutarán una
política moderada y razonable. Este axioma, reivindicado múltiples veces por
los pensadores estratégicos del sistema, está siendo violado en Venezuela.
La interpretación estadounidense del paro petrolero, de la impunidad de los
traidores a la patria y de los saboteadores de la economía, es que el
gobierno de Hugo Chávez no es el amo del petróleo, ni el garante de la
convivencia cívica, ni el patrón del Estado. Por eso, la Casa Blanca ha
decidido devolverle las riendas del Estado a los verdaderos dueños de la
nación: la oligarquía cipaya y sus partidos políticos.

Con la intervención política directa del principal "señor de la guerra"
(warlord) de las Américas en la guerra social venezolana, se unifican
formalmente las estrategias desestabilizadoras del golpismo venezolano, de
la Casa Blanca, de la OEA y de la Comisión Europea, en un gran plan de
transformación contrarrevolucionaria transnacional. Este es el adversario
antagónico del desarrollismo democrático latinoamericanista, que los
sectores bolivarianos y patrióticos más conscientes del país han tratado de
implementar. Entre ambos vectores de poder oscila la política del gobierno.

Hasta el día de ayer, los principales frentes de batalla eran dos: la
logística económica del país y la guerra psicológica. Con la declaración de
Washington se abrió un tercer frente que es su intervención directa.
Paralelamente, los desestabilizadores avanzan tres teatros de operaciones
complementarios que son la superestructura jurídica, particularmente el
Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); la
superestructura legislativa (Asamblea Nacional) y la superestructura
represiva, particularmente las policías municipales y estatales.

En la guerra social venezolana, el intento de estrangular la economía
nacional y las exportaciones energéticas mediante sabotajes de producción y
distribución del petróleo, es equivalente, en términos militares, al bloqueo
bélico de un enemigo durante un conflicto convencional. Esa estratagema
demuestra, que los desestabilizadores no diferencian entre frentes de
batalla y zonas de comunicación (retaguardia) del "enemigo", sino que su
ofensiva es total y sin cuartel.

En el frente psicológico se libra lo, que el Pentágono llamó durante la
Guerra de Vietnam, la batalla por las "ideas y corazones" ---the battle for
hearts and minds--- del adversario. Washington lleva a cabo actualmente una
sofisticada campaña de guerra psicológica contra Irak que posiblemente logre
una temprana disolución de las Fuerzas Armadas iraquíes, y el mismo tipo de
ofensiva se realiza en Venezuela. Los ejecutores de esta guerra son los
grandes medios que con la excepción del diario "Ultimas Noticias", son todos
aparatos de guerra psicológica.

En las guerras sociales, como la de Venezuela, hay dos actores decisivos: el
Estado y el pueblo. El Estado es la expresión formal del poder concentrado
de la sociedad. En términos históricos, es la máxima expresión formal del
poder de un proyecto social ---progresista o reaccionario--- en cuya defensa
radica su razón de ser. Si no defiende ese proyecto, no tiene razón de
existir. El pueblo, a su vez, es el sustrato difuso del poder del Estado, a
diferencia del sustrato organizado que es la elite.

El Estado es un Leviathán; el pueblo organizado y consciente es un gigante;
sin organización ni conciencia es un gigante miope e invertebrado, es decir,
carente de poder real. La combinación del Estado revolucionario con la
fuerza de las masas organizadas y conscientes es la óptima combinación para
un proyecto de transformación social progresista en un país neocolonial. Es
en este binomio de transformación, donde radican las principales debilidades
y contradicciones del proceso bolivariano.

Una afirmación del vicepresidente José Vicente Rangel sobre los medios de
comunicación venezolanos ilustra el problema. Rangel pidió respeto para los
canales de televisión, repudiendo acciones de acoso contra cualquier medio,
pero afirmó que la población también tiene derecho a manifestarse y
"defender su gobierno".

El dilema es obvio. Como lider de un Estado democrático sólo tiene dos
opciones: defender la inviolabilidad de los medios de comunicación sobre la
ficción de que son tales, o reconocer que son aparatos de guerra utilizados
en una agresión sin cuartel contra un gobierno constitucional. La primera
opción es sinónimo de rendición del proyecto bolivariano, porque es
equivalente a defenderse de una agresión militar bajo la orden de batalla,
de "respetar" y "no acosar" a las unidades de ataque del enemigo.

Si, en cambio, el Estado venezolano reconoce que se encuentra en una
situación de guerra y que los supuestos medios de "comunicación" son
unidades bélicas, tendrá que neutralizarlas por la vía de las leyes y con el
poder del Estado; cosa que no ha sucedido, sea por falta de poder, sea por
falta de voluntad.

Ante este dilema, el gobierno llama periódicamente al pueblo a defender la
revolución y la constitución. Sin embargo, en una situación como la
venezolana, las masas no pueden resolver las tareas que son propias del
Estado. Cuando se enfrentan a los aparatos de guerra de la
conspiración ---como son los medios, la Plaza de Altamira, cedida
practicamente con status extraterritorial por el gobierno federal a la
conspiración, o los matones uniformados del intocable alcalde Alfredo
Peña--- caen víctimas de las policías del Estado y de la justicia
oligárquica.

El pueblo venezolano ha dado múltiples muestras de firmeza y heroismo en la
guerra social de Venezuela. Si esta guerra se pierde, será por la
inoperancia del Estado.


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Nello

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