Venezuela: ¿Por qué la urgencia de los golpistas venezolanos?

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Heinz Dieterich Steffan
Rebelión

El gobierno constitucional de Hugo Chávez enfrenta el cuarto asalto al poder
en ocho meses. El golpe de Estado del 11 de abril inició la cadena de
asonadas que posteriormente se repitieron bajo la figura de los "paros
laborales" o "cívicos", todos ellos programados con altos ingredientes de
violencia física y manipulación mediática.

Esta alta intensidad golpista contra la democracia venezolana entraña una
profunda paradoja. La constitución bolivariana de 1999, que nació del seno
de una Asamblea Constituyente y que fue aprobada mediante referendo
constituyente por los ciudadanos, es, sin duda, la más democrática de
América Latina. Como tal prevé la revocabilidad del mandato de los
funcionarios públicos elegidos. Su artículo 72 estipula, que "todos los
cargos y magistraturas de elección popular son revocables", transcurrida la
mitad del periodo para el cual los funcionarios fueron elegidos.

Aplicándose este artículo al presidente Chávez, se presenta en el mes de
agosto del 2003 la posibilidad de removerlo de su investidura, por medio de
un referendo revocatorio, dentro de los términos de la Magna Carta. Es
decir, existe una vía institucional para el cambio del mandatario - --que,
según los opositores es el objetivo de sus acciones callejeras--- cuya
utilización protegería la vida de los ciudadanos, fortalecería el régimen
democrático y el ejercicio cívico del poder y mejoraría la situación de la
economía nacional.

El presidente Chávez ha afirmado públicamente que se someterá a ese
instrumento constitucional y los mediadores internacionales del conflicto,
como el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), César Gaviria, han insistido en que el mecanismo adecuado para
resolver los problemas del país es la vía institucional. Sin embargo, los
"paristas" hacen caso omiso a la constitución y al instituto político
hemisférico, insistiendo en una solución extraconstitucional y de violencia
callejera.

La interrogante que se deriva de esta situación es la siguiente: ¿Por qué
los "paristas" no pueden esperar ocho meses, para alcanzar su objetivo por
vías pacificas e institucionales? Es decir, ¿cuál es la urgencia que les
hace actuar desesperadamente en pos del caos, de la ingobernabilidad y del
golpe militar, para no llegar a la fecha de agosto?

Las razones de este comportamiento son obvias y pueden sintetizarse en tres.
Desde el golpe de Estado del 11 de abril, que fue el punto máximo de su
poder, los conspiradores se han debilitado en dos aspectos: a) han perdido
unidad interna al luchar entre sí por el protagonismo y el poder y, más
importante, b) han perdido una parte fundamental de su base social que son
sectores de las clases medias. Las 24 horas que estuvieron en el poder,
durante el coup d´ état del 11 de abril, bastaron para demostrar a las
clases medias que habían sido utilizadas como carne de cañón en un proyecto
dictatorial transnacional. Y las asonadas posteriores mediante "paros
cívicos" sólo profundizaron la erosión de legitimidad de la camarilla
golpista, apoyada desde el exterior por Otto "Tercer" Reich y el franquismo
reciclado.

La segunda razón de la premura golpista es la entrada en vigor de varias
leyes importantes, el 1 de enero del 2003, que tocan intereses vitales de la
elite económica. Entre ellas, la Ley de Tierras que afecta no sólo a los
grandes latifundistas del campo, sino también a los especuladores
inmobiliarios y los terrenos baldíos de las zonas urbanas. La Ley de
Hidrocarburos es aún más importante porque permitiría desmantelar al
Metaestado de la empresa petrolera PdVSA, es decir, la nomenclatura corrupta
del petróleo que controla la vida económica del país y que es parte integral
del proyecto del Nuevo Orden Energético Mundial de George Bush.

Hoy día, sólo el veinte por ciento de los ingresos de esta megaempresa son
integrados a las arcas del Estado; el ochenta por ciento figura como "costos
operativos" que enriquecen las cuentas secretas de los beneficiarios de este
cáncer económico. El poder de esta robocracia petrolera se ha venido
afianzando progresivamente durante las últimas décadas. En 1974, entregó el
80 por ciento de los ingresos al Estado y se quedó con el 20 por ciento
("costos operativos"). En 1990, la relación se emparejó en un 50 a 50 por
ciento, y en 1998 había alcanzado ya la proporción del 80 por 20 por ciento.
Es lógico, que van a luchar hasta la muerte -- -de la nación--- para
defender "su" oro negro.

La tercera razón del apremio de los golpistas radica en su duda de poder
ganar un referendo revocatorio. El Artículo 72 prevé tres condiciones para
revocar el mandato del presidente. 1. Un número no menor del veinte por
ciento de los electores en la correspondiente circunscripción es necesario
para solicitar la convocatoria del referendo. 2. La concurrencia al
referendo tiene que ser igual o superior al veinticinco por ciento de los
electores inscritos. 3. El número de electores que voten a favor de la
revocación tiene que ser igual o mayor al número de electores que mandataron
al funcionario. Como Chávez fue elegido con el 57 por ciento de los
electores, los "paristas" tendrían que igualar o superar esa votación en el
referendo de agosto.

Existe un cuarto agravante para los golpistas. Durante el período para el
cual fue elegido el funcionario "no podrá hacerse más de una solicitud de
revocación de su mandato", establece la Carta Magna, de tal manera que un
eventual fracaso del referendo agotaría toda posibilidad institucional de
destituir al gobierno bolivariano.

En la fase actual del conflicto, la nomenclatura de PdVSA y los medios de
comunicación masiva venezolanos son los dos frentes de batalla internos en
que se decide el destino del experimento bolivariano. Habiendo perdido los
conspiradores su núcleo golpista en las Fuerzas Armadas y partes de sus
bases sociales en las clases medias, la batalla decisiva de esta asonada se
libra en lo que la subversión llama, "un paro activo con un ingrediente de
gasolina", es decir, el control de la robocracia petrolera.

Derrotar el intento de estrangulación energética de la subversión abre el
camino a la destitución de la dirección de PdVSA y la recuperación de la
empresa para la nación. Esta será la medida del triunfo o del fracaso del
gobierno. Toda contemporización con los conspiradores en este punto
mantendrá vivo el centro económico-sindical de la contrarrevolución y
debilitará al proceso popular.

Vencer a la conspiración con medidas legales, pero firmes, oportunas y
audaces, reducirá la hidra interna a una sola cabeza: el pulpo mediático. La
política de este pulpo se explica por múltiples intereses
económico-políticos de gran envergadura, entre los cuales merecería
particular atención el cuarteto de Carlos Andrés Pérez, Gustavo Cisneros
(Venevisión), Jesús Polanco (El País) y Felipe González. Pero, este tema
será materia de otro análisis.


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Nello

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