Perú Martin Rivas y la red criminal fujimontesinista

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Javier Diez Canseco
La República. Perú, 20 de noviembre.

Fue apresado Santiago Martin Rivas, cabeza operativa del Grupo Colina,
escuadrón de aniquilamiento vinculado al SIN y al Servicio de Inteligencia
del Ejército (SIE). Con él estaba Umberto Jara, del entorno del fujimorismo
vinculado a Shultz y el Programa Panorama, a los Crousillat y "Hora 20", a
los ex ministros Edgardo Mosqueira y Alberto Pandolfi y denunciado por
encubrimiento de la tortura a Fabián Salazar.
Con su caída podría terminar una indiscutible sensación de impunidad y
protección que mantuvo este criminal en libertad y cobrando su pensión. De
nada valía la nulidad que dispuso la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre la amnistía que dio, en 1995, el CCD por iniciativa y apoyo de
Martha Chávez, Gilberto Siura, Rafael Rey y Francisco Tudela, entre otros.
El grupo Colina nunca hubiera existido sin el abierto apoyo de mandos
militares y capitostes del gobierno fujimorista.

Martin Rivas encabezaba una estructura clandestina de aparatos de
inteligencia y militares. No se trataba de acciones aisladas o excesos, era
una política institucionalizada a alto nivel, ejecutada por unidades de este
tipo (en Ayacucho operaba la llamada Casa Rosada). Para secuestrar a los
estudiantes y el profesor de La Cantuta, ingresó con una orden militar y
contó con apoyo logístico de la División de Fuerzas Especiales (DIFE) y de
otro batallón del Ejército; el trabajo de inteligencia también habría sido
autorizado por Montesinos, Hermoza Ríos y Fujimori. Lo mismo ocurrió en
Barrios Altos.

Sobre la cabeza de Martin Rivas penden numerosas muertes, Pedro Yauri en
Huacho, la familia Ventocilla en Huaral, los jóvenes y campesinos en el
Valle del Santa, los ambulantes en Barrios Altos y el descuartizamiento de
Mariela Barreto, entre otros. Lo más importante es que aclare sus vínculos
con el poder político y los mandos militares de entonces. Hay testimonios,
como el del suboficial Bazán, que acreditarían que vivía en las propias
instalaciones del SIN desde 1990. En 1991, Fujimori lo propuso junto a otros
del Grupo Colina, con Roberto Huamán Azcurra y otros vinculados al espionaje
telefónico, para ser premiados y ascendidos. Cuando era procesado en el
fuero civil, el Congreso fujimorista dio una ley para pasarlo al fuero
militar. Luego vino la amnistía impuesta en el CCD por la santa alianza de
las Chávez, los Siura, Rey y Tudela. Ello debe ser investigado y esclarecido
para que Montesinos, Fujimori y Hermoza, entre otros, respondan por los
delitos de lesa humanidad que les atañe.

Esta captura vuelve a poner sobre el tapete la sórdida relación entre los
escuadrones de aniquilamiento y una prensa inmoral. Estos generaron cortinas
de humo y manipularon la información y la deformación de conciencias. ¿Puede
alguien pensar que un criminal va a dar a conocer su guarida a un
"entrevistador" y mandar a su "querida" de compras con él? Ello puede ser
encubrimiento y obstaculización a la administración de justicia. Pero, "pasa
piola": no deja de llamar la atención la tolerancia y apatía con que un
sector de peruanos parece encarar estos hechos criminales y corruptos, como
lo revela también la lamentable elección de determinados personajes
vinculados a ese sórdido régimen en las recientes elecciones regionales y
municipales.

Ojalá las pruebas halladas en manos de este criminal, así como las que pueda
aportar, arrojen luces para la limpieza ética y legal que se requiere.
Justicia no venganza; verdad y no escarnio, permitirán al país cerrar
heridas abiertas, castigar a los responsables y recuperar confianza en
instituciones, dando paso así a la reconciliación nacional.

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Nello

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