Peru: Elecciones, democracia y regiones

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Javier Diez Canseco
La República. Perú, noviembre del 2002.
Los gobiernos regionales fueron disueltos por Fujimori, no porque
fracasaron, como muy hábilmente sostuvo la maquinaria mafiosa hasta el
cansancio (argumento esgrimido también por muchos analistas), sino porque su
existencia constituía un foco de oposición democrática que hubiera impedido
la consolidación de la dictadura. Han pasado más de 10 años y el país está
próximo a instaurar gobiernos regionales elegidos como un auténtico
mecanismo de fortalecimiento de la democracia y de desarrollo de los pueblos
del interior. El que los gobiernos regionales tengan éxito es un reto del
país y no sólo de los presidentes regionales o de los pueblos del interior.
Todos estamos en la obligación de apoyar este proceso. El centralismo no va
más. No sólo constituye una traba para el desarrollo, sino que es fuente de
injusticia e inequidad.
Tras una semana intensa de trabajo, el Congreso aprobó la ley orgánica de
regionalización, instrumento fundamental para que las regiones puedan
operar. Su aprobación ñaunque con vacíos y transitoriedades que pueden ser
revisados con leyes específicas más adelanteñ es un triunfo de la democracia
y el reconocimiento de que el centralismo constituye una traba significativa
para el desarrollo del país. Pero también debemos señalar que el debate de
esta ley tenía una camisa de fuerza: la Ley 27680 de Reforma Constitucional
sobre Descentralización.

Han sido muchas las voces y los votos de aquellos que pretendiendo curarse
en salud han impedido que se fortalezca la soberanía de los pueblos del
interior. Una suerte de paternalismo retrogrado, que está convencido de que
las sociedades regionales son incapaces de administrar su destino y que
pueden actuar con tanta irresponsabilidad que pueden poner en peligro la
estabilidad del país.

Ello ha llevado a que se apruebe 4 años de transferencia, con un primer año
casi en blanco, diz que para que reciban el inventario de los bienes de las
CTAR, aprueben sus normas internas y se capaciten. También, bajo el
argumento de evitar el asambleísmo, han rechazado la conformación del
Consejo de Coordinación Regional, concebido como una instancia de
participación de la sociedad civil. No es primera vez que voceros del Apra y
el PPC sostienen que los partidos políticos tienen el monopolio de la
intermediación política de la ciudadanía, por ello fueron opuestos a la
participación de los representantes de la sociedad civil en el debate del
Acuerdo Nacional. Es una posición que va a contrapelo de la historia y del
desarrollo de la conciencia ciudadana.

Algunos consideran un triunfo haber aprobado que las normas del Consejo
Regional se denominen ordenanzas regionales en lugar de leyes regionales. Se
trata aparentemente de un aspecto formal, pero en lo más profundo refleja
temor frente a la soberanía popular regional. Más tarde o más temprano los
pueblos derrotarán esta mezquindad. El tema presupuestal está en debate, y
como ya hemos señalado, la propuesta presentada por el Ejecutivo es tan
cautelosa, pero tan cautelosa, que no contiene cambio con la situación
actual. Estamos a tiempo de corregir errores. Los pueblos del interior sólo
reclaman dignidad y autonomía para organizar su desarrollo. No es mucho.
Además, están en su derecho.

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Nello

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