VENEZUELA: Oposición entrega 1,5 millones de firmas contra Chávez

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Humberto Márquez

CARACAS, 4 nov (IPS) - La oposición entregó este lunes a las autoridades
electorales de Venezuela 1,5 millones de firmas de ciudadanos que solicitan
una consulta popular para desalojar al presidente Hugo Chávez del gobierno.

Unas 10.000 personas acompañaron a dirigentes de la oposición hasta la
céntrica sede del Consejo Nacional Electoral. La marcha partió de la plaza
de Altamira, en el oriente de Caracas, donde oficiales sin mando de tropas
permanecen desde el 22 de octubre, cuando se declararon en rebeldía.

Cientos de civiles se quedaron junto a los militares, quienes aseguraron que
se mantendrán en "desobediencia legítima al régimen" hasta que Chávez
renuncie, mientras jóvenes del partido derechista Primero Justicia
encabezaron la protesta que recorrió unos ocho kilómetros de calles y
avenidas de Caracas.



Grupos de partidarios de Chávez trataron de levantar barricadas ante el
edificio del Consejo para evitar el arribo de la marcha opositora, pero la
militarizada Guardia Nacional utilizó bombas de gases lacrimógenos para
dispersarlos, con un saldo de varias personas heridas.

El vicepresidente José Vicente Rangel y otros líderes oficialistas
desautorizaron públicamente a los que pretendían impedir la caminata,
reconocieron su carácter democrático y suspendieron una "contramarcha" que
partidarios del gobierno organizaban en el oeste de la capital venezolana.

La oposición a Chávez reúne a la Coordinadora Democrática, conformada por 34
partidos y grupos de la sociedad civil, la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), Fedecámaras, la principal asociación empresarial del país,
y a jefes militares pasados a retiro por haberse sublevado contra Chávez en
abril.

La entrega al Consejo de las firmas, que ocupaban 42 cajas, se produjo unas
pocas horas antes de que el secretario general de la Organización de Estados
Americanos, César Gaviria, regresase por cuarta vez al país desde el 14 de
abril, cuando Chávez recuperó el gobierno tras el frustrado golpe de estado
en su contra.

Gaviria encabeza un grupo facilitador, conformado por el estadounidense
Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que
pretende sentar alrededor de una mesa de diálogo al gobierno y a la
oposición.

La pregunta que la oposición solicita someter a referéndum consultivo es: "
¿Está usted de acuerdo con solicitar al Presidente de la República que de
manera inmediata renuncie voluntariamente a su cargo?".

"No venimos a mendigar, venimos a exigir un derecho que tenemos en la
Constitución", dijo el líder de Primero Justicia, Julio Borges, al presentar
la propuesta al Consejo Nacional Electoral como "la única salida a la crisis
tan absolutamente inútil que vive Venezuela".

La oposición se basa en una disposición constitucional, según la cual las
materias de interés nacional pueden ser sometidas a referéndum consultivo,
cuyo mandato no es obligatorio, por iniciativa del presidente, del
parlamento o de 10 por ciento de firmas del padrón electoral, que hoy
contiene 11,7 millones de ciudadanos.

El oficialismo considera inconstitucional que se convoque a una consulta de
este tipo para una materia que la Constitución encarga a otro tipo de
referéndum, como es el revocatorio del mandato presidencial.

Para llamar a un referéndum revocatorio de mandato se precisan las firmas de
20 por ciento de los electores, un porcentaje que la oposición dice
alcanzar, pero el mecanismo no puede activarse antes de que el presidente
cumpla la mitad del lapso de gobierno de seis años, que en el caso de Chávez
es el 19 de agosto de 2003.

Además, el referéndum revocatorio de mandato requiere del pronunciamiento en
ese sentido de más electores de los que lo eligieron originalmente. Chávez
fue elegido presidente en 2000 con más de 3,6 millones de votos.

La oposición sostuvo que agosto de 2003 es una fecha demasiado lejana para
encarar la crisis y amenaza con convocar a una huelga general indefinida si
se colocan obstáculos jurídicos o administrativos a su exigencia de
referéndum consultivo o "elecciones ya".

Chávez replicó en su programa radial semanal que una consulta "no se puede
imponer con una pistola en la cabeza, con la amenaza de que si no hay
elecciones ya, quemamos el país. Las personas que plantean elecciones ya
tienen que saber que para que eso sea posible hay que modificar la
Constitución".

"Las reformas a la Constitución debe hacerlas el parlamento y luego han de
someterse a la aprobación popular mediante otro referéndum", agregó.

Mientras, el secretario general de la CTV, Manuel Cova, confirmó que, si no
se atiende el pedido con las firmas consignadas para que se convoque el
referendo consultivo, "no nos queda más camino que la huelga general
indefinida".

Alfredo Ramos, otro dirigente de la central obrera, advirtió que esa
consulta popular "no es negociable en la mesa de trabajo que organiza el
grupo tripartito", dirigido por Gaviria.

Como el Consejo electoral dispone de un mes para revisar las firmas y la
validez de la pregunta, antes de convocar la consulta para los siguientes 45
o 60 días, la oposición fijó el 4 de diciembre como fecha límite para entrar
o no en lo que denomina desobediencia abierta.

Gaviria estimó el pasado jueves que "las diferencias entre uno y otro
referéndum no son demasiado grandes ni insalvables. Unos y otros aceptan que
la salida es electoral", a la vez que criticó el estado de rebeldía de los
militares de la plaza de Altamira.

Los oficiales disidentes, uniformados aunque sin armas, discrepan con la
oposición civil que apuesta a la consulta electoral para desalojar a Chávez
del poder y mantienen su exigencia de que el mandatario renuncie de
inmediato.

El general Melvin López, inspector del Ejército, advirtió que los oficiales
que proclaman su disidencia en la tribuna de la plaza de Altamira pueden ser
declarados desertores.

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Nello

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