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Los terroristas de Venezuela




Heinz Dieterich Steffan
http://www.rebelion.org/

Conversaciones con altos oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) y
de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de
Venezuela revelan un panorama aterrador sobre las intenciones represivas de
los golpistas que el 11 de abril tomaron temporalmente el poder; que
planearon un segundo golpe de Estado el 10 de octubre y están pensando en
una nueva intentona para la semana que viene.

Cuando Eliécer Otaiza, director de la DISIP desde enero del 2000 hasta junio
del 2001, asume el mando de la temida policía política venezolana, descubre
que el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha heredado un aparato de
espionaje y represión que tanto en sus estructuras como en su personal
conserva los rasgos que sus "padres fundadores" le habían inculcado.
Organizada por la Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y el
servicio secreto israelí, Mossad, con cuadros dirigentes seleccionados entre
los cubanos exiliados que habían participado en la invasión de Playa Girón,
la DISIP era el típico aparato de "seguridad" híbrido del Tercer Mundo, en
el cual se mezclan rasgos del terrorismo de Estado con nexos y perfiles del
crimen organizado.

Sobre todo en los Departamentos de Acciones Inmediatas y Comando y de
Investigaciones que albergaban a los comandos operativos de la DISIP, había
auténticos escuadrones de la muerte, como el llamado "Grupo de los Anillos
Negros" que servían tanto para asesinar o desaparecer a opositores políticos
como para matar por comisión; tal como hicieron, por ejemplo, durante el
desastre natural del Estado de Vargas (1999). Según el ex comandante Otaiza,
muchos de esos comandos siguen dentro de la DISIP y fueron responsables de
la liberación indebida de los francotiradores del golpe de abril y de la
fuga a Colombia del principal cabecilla de la asonada y presidente por un
día, Pedro Carmona.

Siguen dentro de la DISIP, pese a su participación en el golpe de Estado,
donde los conspiradores les habían encargado la tarea de localizar, capturar
y eliminar a miles de políticos y líderes sociales del Movimiento
Bolivariano, cuyos nombres estaban registradas en varias listas. Dentro del
primer listado de 120 personas que iban a ser asesinadas o desaparecidas
inmediatamente después del triunfo del coup d´etat, figuraban el presidente
Hugo Chávez, el propio Otaiza, los jefes de seguridad del Palacio
presidencial, el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, el jefe de la imprenta
de la Alcaldía de Caracas, Amílcar Figueroa, dirigentes regionales y
nacionales del movimiento bolivariano y algunos periodistas e intelectuales
críticos que apoyan al gobierno constitucional bolivariano.

Estos comandos colaboraron dentro de la red conspirativa con sectores de las
policías de Zulia, Carabobo y Yaragua, así como con sectores de la Guardia
Nacional que, a su vez, estaban vinculados a los escuadrones de la muerte
colombianos ("paramilitares") en los estados de Táchira y Zulia.

Parte integral del plan golpista era el magnicidio del presidente. En el
ejército se habían dado instrucciones para preparar dos sitios de reclusión:
uno en el regimiento de policía militar del Fuerte Tiuna y otro en el Centro
Nacional de Procesados Militares. Los conspiradores habían contratado a
personas que iban a asesinar al presidente, sobre todo si se materializaba
su reclusión en el Centro mencionado. Después del magnicidio se iba a
simular que se trataba de un suicidio. Y en Fuerte Tiuna había consenso
entre los altos oficiales golpistas de que "si había que eliminar al
presidente físicamente, había que eliminarlo".

El golpe de Estado preparado para el diez de octubre seguía el mismo patrón
de planeación que el del once de abril: movilización de masas en la calle,
como en la pomposamente llamada "toma de Caracas" (10.4.) y la amenaza del
paro general; provocación de un caos de transito; enfrentamientos con la
policía y pronunciamientos de militares golpistas, a fin de generar la masa
crítica necesaria para la toma de poder. Todos estos eslabones subversivos
comunicados y multiplicados por una operación mediática.

Los actores de la asonada provenían de los mismos sectores que en la
intentona anterior: de los partidos socialdemócratas (AD) y socialcristianos
(COPEI), de sectores empresariales, grupos militares y de los conocidos
centros de conspiración internacionales. Como cabeza del complot figuraba el
ex canciller Enrique Tejera París quien en un documento encontrado en su
casa justificaba la intervención militar como "obligatoria y perfectamente
legítima" y como "única solución aplicable al problema". Entre los militares
se encontraban los generales Gonzalo García Ordóñez, Román Betancourt y el
Vicealmirante Martín Fossa.

Los decretos preparados para la fase del postgolpe reflejan la misma
represividad terrorista que se manifestó en la dictadura de Pinochet. El
Decreto Número 2 del planeado Consejo Federal (Ejecutivo) golpista, suspende
todas las garantías en todo el país; durante las primeras 24 horas "todos
deben permanecer en su domicilio u hogar"; pasado ese lapso se impone el
toque de queda de las seis de la mañana a las seis de la tarde durante una
semana; transcurrida la semana, el toque de queda sería indefinido, entre
las diez de la noche y las cinco de la mañana.

Lo que sucedería durante esa fase de represión con los ciudadanos que apoyan
el proceso bolivariano y con el mismo presidente Hugo Chávez, no es difícil
de adivinar. En una de las agendas encontradas en la casa del ex canciller
se apuntaron los puntos a tratar. El punto dos rezaba: "¿Qué hacer con el
presidente Chávez?" En la respuesta había tres opciones: * Exterior *
Cárcel* Eliminación *.

Estos son los "demócratas" que quieren acabar con la "dictadura" de Chávez y
que tienen el apoyo de la prensa internacional.

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Nello

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