Guatemala: Reaparecen las Patrullas de Autodefensa Civil

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Amnistía Internacional

Roddy Brett Campaigner

Las propuestas para compensar a los miembros de las Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC) por su servicio como milicias civiles paramilitares durante el
prolongado conflicto civil guatemalteco han vuelto a suscitar preocupaciones
en Guatemala, tanto por la impunidad de la que han disfrutado estas milicias
civiles respecto a los abusos cometidos durante el conflicto armado interno
como por los informes que señalan que han reaparecido para cometer nuevos
abusos.
Durante el conflicto, que convulsionó a Guatemala durante más de 30 años,
las patrullas servían de auxiliares civiles para el ejército guatemalteco.
Se formaron a instancias del ejército y operaban bajo órdenes militares. El
servicio en ellas era obligatorio y algunos de los que cometieron los abusos
fueron coaccionados para participar en ellos mediante amenazas de muerte a
sus personas o a sus familias.
Las patrullas debían haber sido desmanteladas en virtud de los acuerdos de
paz de 1996 que pusieron fin al conflicto, pero en realidad sus operaciones
prosiguieron en diversas zonas del país y al parecer han sido responsables
de nuevos abusos. En el apéndice de este documento se enumeran algunos de
ellos. En el curso del año 2002, ex miembros de las patrullas han reclamado
con especial vehemencia una compensación por los servicios prestados durante
su actividad en las patrullas.
Amnistía Internacional ve con preocupación la impunidad de la que han
disfrutado los miembros de las patrullas respecto a los abusos en los que
participaron durante los años de conflicto, así como los informes que
apuntan a nuevos abusos. La organización considera que todas las víctimas de
abusos contra los derechos humanos deben recibir reparaciones por los abusos
sufridos y que todos los autores de tales abusos deben comparecer ante la
justicia. AI considera que las actuales movilizaciones de ex patrulleros que
reclaman pagos por sus servicios en las patrullas y las intenciones
aparentes del gobierno actual de satisfacer dichas demandas contradicen los
principios de los acuerdos de paz y pueden apuntar a una aceptación oficial
de la reaparición de las patrullas y de los nuevos abusos que se les
atribuyen.
AI siente también preocupación por las posibles implicaciones sociales y
políticas de la reaparición de las patrullas: observadores guatemaltecos de
los derechos humanos han señalado que la aparente tolerancia oficial
respecto a la reanudación de las actividades ilegales de las patrullas
refleja los vínculos de éstas con el partido en el gobierno, el Frente
Republicano Guatemalteco (FRG), y puede estar relacionado con el deseo del
FRG de contar con el apoyo de ex patrulleros en las próximas elecciones,
previstas para el año 2003.

ANTECEDENTES

Formación de las Patrullas de Autodefensa Civil
Las PAC se crearon en 1981 durante la presidencia del general Romeo Lucas
García (1978-1982). Se componían de campesinos de sexo masculino procedentes
principalmente de las zonas rurales a los que el ejército les encargó actuar
como auxiliares civiles y «proteger» a sus comunidades de la oposición
armada, agrupada con el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG). En teoría las patrullas se formaron de forma espontánea
y voluntaria pero, en realidad, en muchas zonas rurales de Guatemala, el
servicio era obligatorio para todos los hombres de entre 16 y 60 años de
edad aproximadamente, a menudo bajo amenazas de duros castigos o muerte.
Entrenadas y armadas en diverso grado por los militares, las patrullas
tenían el cometido de localizar y enfrentarse a las fuerzas de la oposición
armada, lo que involucraba inevitablemente a la población civil en el
conflicto armado interno. Las patrullas funcionaban también como sistema
alternativo de autoridad y control dirigido por el ejército (existente aún
en la actualidad) y como una forma de trabajo forzoso que permitía a las
fuerzas regulares del ejército concentrar sus esfuerzos en la
contrainsurgencia. En algunas zonas, la autoridad lograda gracias al apoyo
militar permitió a las patrullas ajustar viejas cuentas y eliminar a sus
enemigos tradicionales por motivos totalmente ajenos al conflicto civil.
Entre 1981, cuando surgieron las PAC, y 1995, fecha en la que el gobierno
del presidente Ramiro de León Carpio hizo un llamamiento para que fueran
desmanteladas -declaración que, sin embargo, no constituía un marco legal
para la disolución de las PAC-, las patrullas estaban integradas por entre
500.000 y un millón de individuos.

Abusos cometidos por las patrullas durante el conflicto civil

Durante su existencia, las patrullas fueron responsables de muchos miles de
abusos: el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala (ODHAG) sobre el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica
(REMHI), que trata del conflicto armado interno de Guatemala, atribuye más
del 90% de los casos documentados de abusos contra los derechos humanos a
las fuerzas armadas guatemaltecas y a sus auxiliares civiles, los
comisionados militares Pese a ser civiles, los comisionados militares
servían a las órdenes del ejército. Durante el conflicto desempeñaban
funciones de orden público y de información y actuaban como los «ojos y
oídos» del ejército en las comunidades rurales, y muchas veces de
intermediarios entre el ejército y las comunidades. Con frecuencia también
dirigían las patrullas civiles. y las patrullas civiles El ejército estuvo
implicado en el 90,52% de las matanzas registradas, actuando por sí solo en
el 55% de estos sucesos. El resto de las matanzas fueron perpetradas con el
respaldo de las PAC y los comisionados militares (ODHAG 1999: 134-135). Los
estudios realizados por la CEH revelan que las PAC habían cometido el 12%
del total de abusos contra los derechos humanos ocurridos durante el
conflicto (1999).. De los incidentes registrados por el REMHI, las PAC
estuvieron implicadas por sí solas en 1.731 casos de abusos contra los
derechos humanos (un total de 3.424 víctimas) y, conjuntamente con el
ejército, en 1.799 casos (un total de 10.602 víctimas), lo que incluye la
participación en 342 matanzas.

A pesar de la abolición formal, las patrullas siguen en activo

Las patrullas fueron abolidas legalmente en julio de 1996 tras una
declaración del general Julio Balconi, entonces ministro de Defensa
Nacional. Su desmantelamiento constituye una parte esencial de los acuerdos
de paz firmados en 1996 entre el gobierno y la entonces oposición armada. No
obstante, las PAC y los comisionados militares han mantenido sus estrechos
vínculos con el ejército y siguen cometiendo abusos contra los derechos
humanos en forma de amenazas, intimidaciones, linchamientos y homicidios. La
presente acción incluye un apéndice con una relación de incidentes
atribuidos a las patrullas desde 1996, fecha de su abolición formal.
Asimismo, estos grupos e individuos jugaron un papel decisivo en la
consolidación de redes de control social y obtención de información en las
comunidades. También han conservado posiciones de autoridad en muchas
comunidades, lo que, según se ha dicho, les ha proporcionado beneficios
desproporcionados procedentes de fondos estatales y proyectos de desarrollo.

Los patrulleros reclaman compensación
La reaparición de las patrullas tomó un cariz alarmante a mediados de junio
de este año, cuando ex patrulleros bloquearon las antiguas ruinas mayas de
Tikal en la selva del Petén, tomando como rehenes a turistas extranjeros
para reclamar compensación por su participación forzada en las PAC durante
el conflicto interno. Este acto fue el primero de una serie de
movilizaciones y actividades emprendidas por las PAC con el objeto de
obtener compensación.
Para agosto de 2002, la movilización inicial en junio de ex componentes de
las PAC en El Petén ya se había visto seguida de manifestaciones de hasta
20.000 ex patrulleros en toda Guatemala, como las que se organizaron en los
departamentos de Mazatenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Sololá, San
Marcos, El Quiché, Chimaltenango, Jutiapa, Totonicapán y Huehuetenango.
Según se ha dicho, los actos de los patrulleros son organizados por miembros
de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), una
organización conservadora que defiende los intereses de ex soldados y
patrulleros.

Respuesta del gobierno a las demandas de compensación
Ante la fuerza ganada por las movilizaciones de las PAC en agosto de 2002,
el presidente Alfonso Portillo (que asumió el cargo en el 2000) accedió
rápidamente a reunirse con ex patrulleros para tratar sus demandas de
compensación, un gesto que el gobierno no ha mostrado hacia las decenas de
miles de víctimas civiles de las fuerzas armadas guatemaltecas y de las PAC.
Diversas fuentes gubernamentales han declarado que es posible que los grupos
reciban hasta 20 millones de dólares estadounidenses como compensación, lo
que supone cerca de 25.000 quetzales por persona. Según los informes, el
gobierno tiene la intención de proponer nuevos proyectos de desarrollo a los
patrulleros dentro del conjunto de medidas de compensación. Se han propuesto
diversas fórmulas de financiación para estas medidas, como la creación de un
nuevo impuesto y la introducción de Eurobonos. El presidente Portillo ha
anunciado que los pagos podrían efectuarse el 15 de septiembre, en lo que al
parecer sería un gesto simbólico que conmemoraría el Día de la Independencia
de Guatemala. La propuesta de pago a los ex patrulleros no se ha presentado
por el momento al Congreso.

La receptividad del FRG a las demandas de compensación, ¿ha procedido de sus
vínculos con las PAC?
Grupos no gubernamentales de Guatemala indican que las renovadas demandas de
compensación de las PAC deben entenderse en el contexto de su relación
histórica con el FRG así como de la próxima celebración de elecciones.
En la actualidad, el FRG cuenta con mayoría en el Congreso Nacional de la
República, presidido por el general Efraín Ríos Montt, con quien se afirma
que las PAC tienen vínculos especialmente estrechos. El general Ríos Montt
fue miembro fundador del FRG y, como presidente del Congreso, se le
considera comúnmente el poder fáctico detrás del gobierno actual del
presidente Portillo. El general fue el hombre fuerte en una de las fases más
brutales de la campaña de contrainsurgencia del ejército guatemalteco,
caracterizada por una estrategia de tierra arrasada (marzo 1982 - agosto
1983).
En ese periodo, decenas de miles de indígenas no combatientes - hombres,
mujeres y niños- murieron en centenares de matanzas perpetradas por el
ejército y precedidas a menudo de torturas tales como la violación,
atrocidades en las que en muchos casos participaron activamente las PAC. La
estrategia tras estos actos era la de tomar a los civiles como blanco para
aniquilar la base social de las guerrillas en las comunidades rurales mayas
de las tierras altas del oeste y el noroeste del país. El general Ríos Montt
fue quien concibió y puso en práctica esta estrategia.
Hoy día, él y otros ex miembros de su comando militar y del de su predecesor
como dirigente militar, el general Romeo Lucas García (1978-1982), están
sometidos a acciones judiciales en Guatemala y en el extranjero por
genocidio y otros crímenes contra la humanidad cometidos bajo su dirección
durante los años del conflicto (véase El legado mortal de Guatemala: El
pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos, índice AI: AMR
34/001/2002/s).
No obstante, el general Ríos Montt ha anunciado que proyecta presentarse
como candidato en las próximas elecciones, a pesar de que como participante
en un golpe militar en el pasado, la Constitución se lo impide. Mientras
tanto, y como presidente del Congreso, se considera que retiene el poder
para asegurarse de que él y los cargos militares de la línea dura, así como
ex patrulleros locales, puedan seguir imponiendo su autoridad y conservando
su inmunidad frente los intentos de llevarlos ante la justicia por los
crímenes cometidos en el pasado. Esto hace abrigar el temor de que la
presencia persistente de ex patrulleros en puestos de autoridad local y los
informes que señalan que las PAC conforman la base del FRG en la zona rural
del país se conviertan en factores explotados y fomentados por el partido al
acercarse las elecciones de 2003.
De hecho, se recibieron informes similares respecto a las previas elecciones
de 1999. En un artículo reciente del diario británico The Guardian, un
portavoz de las PAC declaró que el general Ríos Montt prometió por primera
vez pagar "compensación" a las PAC sólo unos meses antes de aquellas
elecciones. Por su parte, Edgar Gutiérrez, el actual secretario de Asuntos
Estratégicos, manifestó en una entrevista al periódico guatemalteco Siglo
XXI que el gobierno del FRG recibió la primera demanda de compensación por
parte de ex patrulleros en el año 2000 y que ésta fue atendida en febrero de
2001 mediante un acuerdo para un proyecto de desarrollo destinado a los
afectados (Siglo XXI, 19/08/02).
Es en este contexto en el que deben enmarcarse los abusos atribuidos a las
patrullas en los últimos años y los debates actuales sobre la compensación a
las PAC.

Oposición a la compensación
Muchos sectores y organizaciones dentro del espectro político de Guatemala
se han opuesto a la idea de pagar a los ex miembros de las PAC. Esta
oposición procede de grupos muy variados, desde la Cámara de Comercio de
Guatemala y el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas,
Industriales y Financieras (CACIF), que representa a los sectores más
conservadores y poderosos del país, hasta la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (que ahora es un partido legal), además de diversas embajadas y
organizaciones internacionales.
En general, esta amplia y diversificada oposición a cualquier tipo de pago
del gobierno a las PAC tiene que ver con el principio de que todas las
víctimas del conflicto deben ser resarcidas. Grupos de defensa de los
derechos humanos, como el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
(CALDH) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala,
también han apuntado que las patrullas civiles desempeñaron un papel
decisivo en las atrocidades cometidas en el conflicto armado interno y, por
lo tanto, todo pago que se les efectuase contravendría los acuerdos de paz.
La Oficina considera además que cualquier tipo de pago a las PAC supondría
un insulto a la dignidad y a la memoria de las víctimas.
En ese sentido, y según el informe Memoria del silencio de la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico (CEH), las víctimas del conflicto se definen
como aquellas personas que no participaron en los abusos y la violencia que
lo caracterizaron. Esta definición, pues, relegaría a los miembros de las
PAC de la condición de víctimas. Sin embargo, muchas personas, entre las que
se cuentan miembros de organizaciones locales y nacionales de derechos
humanos, fueron obligadas a formar parte de las patrullas civiles temiendo
por sus vidas o las de sus familias, por lo que todo intento de distinguir a
las víctimas de los autores de abusos sería muy complejo, y toda decisión de
resarcir a unos grupos determinados y no a otros desencadenaría asimismo
dificultades y tensiones potencialmente virulentas.
No obstante, queda claro que además de la disconformidad por principio con
las propuestas de compensación, existe también un cierto provecho político
en oponerse a tales acciones del FRG, especialmente a la vista de las
próximas elecciones. Siendo así, tal vez no sorprenda que entre los
opositores a las propuestas del FRG se encuentren adversarios políticos
pertenecientes a otros partidos como el predecesor en el ejecutivo, el
Partido de Avanzada Nacional (PAN), durante cuyo gobierno se completó el
proceso de paz y se firmó el acuerdo de paz final.

Motivos de preocupación de AI respecto al debate sobre la compensación:
En lo que respecta al debate actual en Guatemala acerca de si los ex
miembros de las milicias civiles de las PAC deberían ser compensados por su
servicio forzoso en las patrullas durante el prolongado conflicto civil
guatemalteco, AI reitera su posición de apoyar firmemente la puesta en
práctica de las recomendaciones sobre derechos humanos de los acuerdos de
paz de 1996 y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH),
establecida en virtud de dichos acuerdos, que se refieren a este tema. Las
preocupaciones específicas en cuanto al resarcimiento pueden resumirse como
sigue:

Resarcimiento
AI considera que todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos y
sus familias, incluidas las mujeres que sufrieron agresiones sexuales en el
contexto del conflicto, deben recibir reparaciones. Esta medida, reconocida
en los acuerdos de paz como deber del Estado, no se ha llevado a cabo a
pesar de que sectores de la sociedad civil presentaron en 1999 el Plan
Nacional de Resarcimiento, una propuesta de un grupo de organizaciones no
gubernamentales enmarcada dentro de las recomendaciones de la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico y destinada a resarcir a las víctimas del
conflicto armado interno. Por otra parte, grupos locales de defensa de los
derechos humanos apuntan que cualquier tipo de compensación a ex
patrulleros, independientemente de su posible implicación en abusos contra
los derechos humanos, marginaría de hecho al Plan Nacional de Resarcimiento.
Estos grupos indican que, para la sociedad guatemalteca, ofrecer
compensación a los autores de abusos contra los derechos humanos
representaría, por parte del FRG, un signo claro de aceptación tácita de los
actos que cometieron en el pasado y de consentimiento de su actual actividad
desestabilizadora.


Impunidad

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico recomendó asimismo que se
establecieran comisiones especiales que investiguen la conducta de militares
y de agentes de seguridad al servicio del Estado durante el conflicto armado
y que se adoptaran las medidas necesarias respecto a las violaciones de las
normas aceptadas internacionalmente en materia de derechos humanos. Estas
acciones no se han emprendido, y AI sigue creyendo firmemente que es
fundamental identificar a aquellos que ordenaron y perpetraron las
atrocidades que caracterizaron los años del conflicto para que comparezcan
ante la justicia, paso esencial para restablecer el respeto de la ley en la
sociedad y para crear la paz firme y duradera que piden los acuerdos de paz.
AI es consciente de que miembros de las patrullas constituyeron en sí mismos
víctimas de abusos. No sólo era obligatorio el servicio en las PAC, sino que
sus miembros involuntarios eran blanco de abusos cuando se negaban a prestar
servicio o a desempeñar actos específicos ordenados por el ejército.
No obstante, y dado que los estudios de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico revelaron que las PAC fueron responsables del 12% de todos los
abusos contra los derechos humanos durante el conflicto, AI insta a que se
proceda también a la investigación de sus actos a lo largo del conflicto,
así como a que todo miembro de las PAC que haya cometido abusos contra los
derechos humanos responda de tales actos si se demuestra su culpabilidad.

Incumplimiento de la disolución de las patrullas exigida por los acuerdos de
paz
Según los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin formalmente al conflicto
civil guatemalteco, las PAC debían ser desmanteladas. No obstante, AI ve con
preocupación que las redes locales de las PAC han recurrido a la violencia y
a la intimidación para preservar su dominio social y político en sus
comunidades y para mantenerse prácticamente como estructura de poder
alternativo en la Guatemala rural. Todo acto que fomente la reactivación de
una de las instituciones claves de la contrainsurgencia contravendría
también las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
y del REMHI respecto a la desmilitarización del país y contribuiría en
realidad a todo lo contrario, la remilitarización de Guatemala.

Nuevos abusos de las patrullas civiles
Como se señala en este documento y su apéndice, AI siente preocupación ante
la proliferación de informes de nuevos abusos cometidos por las patrullas
civiles, por lo que exhorta a que tales abusos se investiguen y que se haga
comparecer a sus autores ante la justicia.

Posibles repercusiones políticas y económicas de la legitimación de las
patrullas
La compensación a las PAC podría interpretarse como una legitimación de
estos grupos paramilitares a los se responsabiliza de forma documentada de
participar en diversos abusos contra los derechos humanos y atrocidades.
Esta medida, pues, podría contribuir a fortalecer su reaparición y a
consolidar su poder de ámbito local, tanto de forma institucional como
informal, un curso que reavivaría antiguas tensiones y divisiones.
De este modo, se teme que las víctimas del conflicto y los defensores de los
derechos humanos que procuran el procesamiento de los autores de delitos
presentes y pasados podrían ser objeto de nuevas intimidaciones y atentados,
lo que minaría los intentos de crear la paz firme y duradera que piden los
acuerdos de paz.
Asimismo, los vínculos entre el FRG y la red de las PAC ponen de manifiesto
una vez más la debilidad y fragilidad de la sociedad política guatemalteca,
especialmente si el FRG está, como parece, vinculado a la reaparición de las
patrullas para movilizar a su electorado.
En este contexto (en concreto, las próximas elecciones y la relación
histórica entre poderosas figuras políticas del FRG y las PAC) se enmarca la
persistencia de la violencia y la actividad política de las patrullas
descrita anteriormente. AI considera de gran importancia que la formulación
y la aplicación de un programa de compensación de este tipo se planteen con
extrema prudencia para impedir que se fomente la reactivación de las
patrullas y que se exacerben las tensiones entre ex patrulleros y otras
voces que defienden la compensación de éstos por su servicio en las PAC, y
otros sectores de la sociedad que se oponen a las propuestas de
compensación.

APÉNDICE: Abusos cometidos por las patrullas civiles en los años recientes


1996


El 1 de abril de 1996, Julio Ixmatá Tziquin, activista de derechos humanos y
dirigente indígena, fue agredido por ex comisionados militares, ex miembros
de las PAC y el alcalde de Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.
Este incidente se produjo el mismo día en el que Ixmatá Tziquin debía asumir
el cargo electo por la comunidad de jefe de la policía municipal.


1997


Entre diciembre de 1996 y julio de 1997, 3.000 ex miembros de las PAC
ocuparon en dos ocasiones las instalaciones de Basic Resources, en el norte
del Petén. Basic Resources es una compañía petrolera con vínculos con el
ejército guatemalteco, lo que podría explicar por qué los ex patrulleros
decidieron ocupar su filial guatemalteca. El grupo reclamaba compensación
por un valor de 60.000 quetzales por su participación forzosa en el
conflicto armado interno. Sin embargo, Raquel Zelaya, coordinadora en aquel
momento de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), organismo gubernamental
encargado de supervisar la puesta en práctica del proceso de paz, se opuso a
cualquier tipo de pago por considerar que, al haber formado parte de las PAC
voluntariamente, no debían recibir compensación. El 15 de septiembre, la
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDGH), una de las primeras
organizaciones de derechos humanos creada en la Guatemala moderna y con
históricos lazos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, condenó
las intimidaciones que llevaron a cabo ex miembros de las PAC en Cantón
Paxot, Chichicastenango, El Quiché. Un mes más tarde, el 28 de octubre, el
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), una organización que
representa a los campesinos desplazados, acusó al alcalde de Chajul, El
Quiché, de participar en la actividad y en las amenazas de ex patrulleros
armados, así como de beneficiarse de estos actos.


1999


En abril de 1999, una concentración de 600 ex patrulleros y campesinos
invadió la prisión de Huehuetenango. Tras entrar en ella por la fuerza,
atacó a los guardias y liberó a 12 ex patrulleros que cumplían condenas de
25 años por el asesinato en 1993 del activista agrario indígena Juan Chanay
Pablo en la localidad de El Naranjal, Colotenango, Huehuetenango (véase AMR
34/16/99/s).


El 25 de septiembre, en San Juan Comalapa, Chimaltenango, un grupo de 40 ex
comisionados militares armados con machetes se enfrentó tras un mitin al
candidato a la vicepresidencia por el partido guatemalteco de
centroizquierda, Alianza Nueva Nación (ANN), Vitalino Similox. El suceso fue
denunciado a las autoridades a la vez que se condenaron los vínculos entre
el grupo y el ejército. No obstante, Douglas Barrera, jefe en aquel entonces
del Departamento de Información y Divulgación del Ejército (DIDE), negó
tales vínculos. Miembros de la Alianza Nueva Nación manifestaron que el
resurgimiento local de las PAC era una estratagema política del FRG.


2000


En julio, un grupo de ex patrulleros linchó a ocho residentes de Xalbaquiej,
Chichicastenango, El Quiché. Según informes, las motivaciones ocultas de
estos homicidios eran de índole política. Las víctimas habían interpuesto
una querella contra los patrulleros por la matanza de familiares suyos en
1993. Al parecer, los patrulleros actuaron respaldados por agentes del
Estado locales vinculados con el FRG. Si bien la policía anunció que
tramitaría tres órdenes de arresto, los cabecillas del atentado, según
informes, habían abandonado la zona.


Ese mismo año, en Baja Verapaz, tres ex patrulleros fueron declarados
culpables de dos muertes y condenados a la pena capital, condena que fue
conmutada posteriormente por 50 años de prisión. Tras la sentencia,
familiares de los condenados tomaron como rehén a un juez local en protesta,
si bien no fueron procesados. Según un observador que asistió al juicio en
nombre de Amnistía Internacional, ex miembros de las PAC irrumpieron en la
sala durante el juicio y amenazaron e intimidaron a los funcionarios y a los
testigos por el sistema de megafonía, lo que forzó la suspensión de la
vista.


En octubre, miembros del Frente de Pobladores de Guatemala (FREPOGUA)
iniciaron una huelga de hambre frente a la residencia oficial del presidente
para pedir programas gubernamentales de alojamiento para personas sin hogar.
A trabajadores de esta organización les dispararon desde un automóvil y
fueron agredidos por ex miembros de las PAC.


2001


A lo largo del 2001 se han sucedido las informaciones que señalan la
reaparición y la reanudación de las actividades de la red de patrullas
civiles por todo el país, en las que se incluyen casos de linchamiento en
diversas zonas de los departamentos de El Quiché y Baja Verapaz.


En junio, dos comunidades indígenas fueron atacadas por individuos a los que
se describió como ex miembros de las patrullas civiles (véase AU 168/01,
índice AI: AMR 34/24/2001/s).


El 22 de junio, en la comunidad de Repollaso Juquinay, en el departamento de
Baja Verapaz, ex miembros de las PAC y ex comisionados militares agredieron
al dirigente campesino Carlos Morales y tomaron como rehenes a otras cinco
personas a las que liberaron posteriormente.


Tres días más tarde, unos 30 ex patrulleros fuertemente armados asaltaron la
comunidad de Los Cimientos, El Quiché. Según los informes, violaron a tres
mujeres, destruyeron 86 viviendas y secuestraron a siete niños a los que
devolvieron el día siguiente. Como consecuencia, 90 familias abandonaron la
comunidad.


El 28 de junio, en otro incidente posiblemente vinculado a la actividad de
los ex patrulleros, unos hombres armados dispararon y mataron en Santa Maria
Tzejá, El Quiché, a Domingo Ux Quizán, un conocido dirigente comunitario.
Santa Maria Tzejá es una de las comunidades implicadas en las querellas
contra antiguos miembros del alto comando militar de los gobiernos del
general Lucas García y el general Ríos Montt presentadas por los
supervivientes de diversas matanzas, agrupados en la Asociación Justicia y
Reconciliación (AJR). Ambos generales están acusados de genocidio y otros
crímenes contra la humanidad. En julio, el defensor indígena de los derechos
humanos Anselmo Roldán, presidente de la Asociación Justicia y
Reconciliación, fue atacado con arma blanca en la comunidad de Cuarto
Pueblo, Playa Grande, Ixcán. Su agresor huyó a una casa perteneciente a
miembros del partido en el gobierno, el FRG (véase AU 192/01, índice AI: AMR
34/027/2001/s).


En el mismo año, testigos de otras comunidades rurales implicadas en el caso
de genocidio que nos ocupa, fueron amenazados por ex patrulleros La
Asociación Justicia y Reconciliación ha presentado dos querellas con la
ayuda de su representante legal, la asociación de derechos humanos CALDH
(véase El legado mortal de Guatemala: El pasado impune y las nuevas
violaciones de derechos humanos, índice AI: AMR 34/001/2002/s)., que les
advirtieron: «Olvidar los huesos... Si quieren reclamar sobre lo que pasó en
la aldea, van a vivir lo mismo otra vez».


* Dr. Roddy Brett Campaigner, Adjunto de Investigación y Acción, Guatemala,
Costa Rica, Panamá, Venezuela Americas Program, Programa de las Américas
International Secretariat, Secretariado Internacional, Amnesty
International, Amnistía Internacional.


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Nello

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