ARGENTINA:Récord de desempleo

["nello" <animarg@tin.it>]

Viviana Alonso

BUENOS AIRES, 25 jul (IPS) - La desocupación en Argentina trepó hasta el
récord histórico de 21,5 por ciento y el subempleo afecta a otro 18,6 por
ciento de la población económicamente activa, indicó este jueves el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

Los porcentajes divulgados significan que unos 3,1 millones de argentinos
han perdido su trabajo y aún están en busca de un nuevo puesto, mientas que
casi tres millones más se desempeñan en la economía informal o trabajan de
manera temporaria, es decir menos de 35 horas semanales.

El informe del Indec también señaló que 750.000 argentinos perdieron su
empleo en el último año, 5,1 por ciento más respecto de 2000. Sin embargo,
otras estimaciones elevan esa cantidad de desocupados a 900.000 o un millón.

La encuesta, realizada en mayo en las 28 ciudades más importantes del país y
que concentran 80 por ciento de los 37 millones de argentinos, reveló que la
zona más afectada por la desocupación es la que rodea a Buenos Aires.

En la zona metropolitana de Buenos Aires, otrora de gran desarrollo
industrial, el desempleo llegó a 24,2 por ciento de la población
económicamente activa, 7,9 por ciento más que en la capital del país,
mientras que en el resto del país afecta a 20,9 por ciento.

La severa crisis económica con los consecuentes problemas laborales ha
llevado a que 37,7 por ciento de los hogares y 49,7 por ciento de los
habitantes del área circundante a Buenos Aires vivan hoy en la pobreza. Un
año atrás esa condición alcanzaba a sólo 23,5 por ciento de los hogares.

El estudio del Indec también informó que se encuentran en situación de
indigencia 16 por ciento de los hogares del también llamado Gran Buenos
Aires, que cobijan a 22,7 por ciento de su población, 12,4 por ciento más
que en 2001.

El jefe de gabinete del gobierno argentino, Alfredo Atanasof, reconoció que
los datos difundidos reflejan "el peor momento de la crisis", aunque aseguró
que existen "indicadores" que demuestran que el país inició una etapa de
recuperación económica.

Las condiciones del desempleo se agudizaron a partir de 1998, cuando la
economía argentina entró en recesión, con la caída de 20,1 por ciento del
producto bruto interno (PBI), de 60 por ciento de la inversión y de 20,9 por
ciento del consumo, explicó el economista Claudio Lozano, de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA).

La crisis se manifiesta en el empobrecimiento de la población. Un estudio
realizado por Lozano y la CTA, la segunda central sindical del país, indica
que 18,2 millones de personas (51,4 por ciento de la población) viven por
debajo de la línea de pobreza y que 7,7 millones (21,9 por ciento) son
indigentes.

La pobreza afecta en especial a los niños, niñas y adolescentes, pues en esa
situación se encuentran 8,3 millones de menores de 18 años, 66,6 por ciento
de ellos de ellos.

La estadística del Indec no refleja, empero, la real dimensión del drama
laboral del país, ya que deja fuera de la medición a los considerados
inactivos, es decir los desocupados que ya no buscan trabajo por decepción
ante la falta de oportunidades, por carecer de dinero para el transporte o,
incluso, por vivir en la calle.

Tampoco son tenidas en cuenta en el estudio las 1,6 millones de personas
desocupadas que accedieron al llamado Plan Jefas y Jefes de Hogar y que
reciben 150 pesos mensuales (unos 40 dólares) a cambio de una prestación de
servicios públicos de cuatro horas.

El Plan puesto en marcha en mayo por el gobierno de Eduardo Duhalde tiene
financiación sólo hasta diciembre y beneficia a padres desocupados con hijos
menores de 18 años, la mitad de los cuales viven en la central provincia de
Buenos Aires, el distrito más rico del país y con jurisdicción en la zona
metropolitana de la capital argentina.

Expertos calculan que en la actualidad no cuentan con ningún tipo de
subsidio más de 3,5 millones de jefes de familia con menores a su cargo, a
los que se suman los mayores de 60 años sin jubilación y los jóvenes mayores
de 18 años desempleados.

La CTA señaló el lunes que el gobierno cometía "fraude laboral" al asignar a
los beneficiarios del Plan a distintas dependencias públicas, para cumplir
tareas que se "superponen con las que realizan los funcionarios
permanentes".

Este programa de subsidios también es cuestionado por no incluir la
capacitación laboral con el que fue concebido, según las propuestas de
sindicatos y de organizaciones de desempleados.

Políticos opositores, expertos y líderes sociales coinciden en que los
gobiernos han fallado en la implementación de políticas de empleo desde
1995, cuando en plena etapa de privatizaciones y desregulación la
desocupación llegó a 18,7 por ciento de la población económicamente activa.

El caso económico y la consecuente agudización de la pobreza, los
incontables recortes de recursos presupuestarios para la asistencia social y
el deterioro del área de salud y educación estatal catapultaron las
protestas sociales y la respuesta represiva de las autoridades en los
últimos años.

Unos 3.000 dirigentes y activistas sociales fueron detenidos o procesados
por la justicia en los últimos seis años, que abarca el tramo final del
gobierno de Carlos Menem (1989-1999), el siguiente de Fernando de la Rúa,
quien renunció en diciembre, y el actual de Duhalde, designado por el
Congreso hace siete meses.

El punto culminante de esa espiral de enfrentamientos fue la sangrienta
represión del 26 de junio en la localidad de Avellaneda, al sur de la
capital, contra la manifestación de organizaciones de desocupados,
sindicatos y otras organizaciones sociales.

En esa ocasión fueron muertos por las fuerzas de seguridad Darío Santillán y
Maximiliano Kosteki, dos jóvenes "piqueteros", llamados así por la modalidad
de protesta de bloqueo de rutas utilizada por las organizaciones de
desempleados.

Lozano apunto que, si la economía argentina mantiene el rumbo actual, "a
fines de este año habrá 23,1 millones de pobres, 11,4 millones de indigentes
y 10,5 millones de menores de 18 años bajo la línea de pobreza".

El economista de la CTA añadió que estos "son datos que hay que poner en el
centro del análisis al evaluar los asesinatos y la represión del 26 de junio
en Avellaneda".

"La profundización de la desigualdad y la decisión de mantener políticas que
la promuevan llevan a que se destruya el sistema democrático y se reclame un
formato institucional que cercene las libertades y consolide un orden de
creciente autoritarismo", advirtió (FIN/2002)