Guatemala: Lo que no se habla en voz alta

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

ALAI, América Latina en Movimiento
2002-06-13

Ileana Alamilla


En Guatemala mucho se ha escrito sobre los desmanes del gobierno del Frente
Republicano Guatemalteco que llevó a la presidencia a Alfonso Portillo.
Temas sobran: la corrupción descomunal puesta en evidencia con reparos de la
Contraloría de Cuentas, denuncias ante el Ministerio Público y reportajes en
los medios de comunicación.
Los negocios de los altos funcionarios del gobierno y la acumulación de
capitales producto de ilícitos. Los reiterados incumplimientos, no solo de
las promesas de campaña, sino de los Acuerdos de Paz, que Portillo reconoció
que son acuerdos de estado.
Escándalos multicolores realizados en forma democrática, desde el congreso,
con la alteración de leyes, gastos excesivos en infinidad de viajes,
privilegios otorgados a diputados, hasta delitos cometidos por funcionarios
que visitan temporalmente las cárceles y que luego salen libres, tras el
pago de ridículas fianzas o están de paso por los hospitales debido a
enfermedades ficticias para evadir la prisión.
El ex-ministro de Gobernación, Byron Barrientos, acusado de un millonario
desvío de fondos, que ya alcanza la cifra de 80 millones de quetzales,
efectuado con burdas maniobras, en donde incluso utilizó un pseudónimo para
el manejo de una cuenta abierta a nombre de otra persona.
A esto se suma el caso del Sub Secretario Privado de a Presidencia, Víctor
Moreira, detenido por abuso de autoridad; el de los 22 diputados sometidos a
un procedimiento que pretendía retirarles la inmunidad debido a que
alteraron el texto de una ley y del cual salieron bien librados, gracias a
la intervención del Fiscal contra la Corrupción, que además de no aportar
pruebas, solicitó al Juez declarar sin lugar el antejuicio. Guatemala es el
paraíso de la delincuencia, la inseguridad es alarmante, ha obligado incluso
a ampliar las salas de las morgues, lo que provoca un temor cotidiano en la
sociedad, mientras que el crimen organizado se ha instalado en todas las
esferas nacionales, acompañando a sus colegas narcotraficantes que han hecho
gala de astucia y pericia. Es necesario mencionar el insólito caso de la
sustracción de mil kilos de cocaína de las propias bodegas del Departamento
Antinarcóticos (DOAN).
El ejército también se ha puesto en evidencia con denuncias graves de
corrupción y de aprovechamiento de recursos.
Además se vio envuelto en un grave incidente, en el cual la Policía Nacional
Civil acudió al rescate de una secuestrada y resultó que quienes pretendían
cobrarlo eran miembros de la institución armada, según distintas versiones
publicadas en los medios y declaraciones de algunas personas.
Ha sido tan grave la acusación, que uno de los testigos, un policía que
estaba de turno que cambió el parte por ordenes de sus superiores, tuvo que
someterse al programa de protección de testigos, ofrecer su declaración
anticipada y salir del país.
Todos estos hechos reflejan el grave retroceso que se observa en la
coyuntura guatemalteca, sin embargo, hay otras circunstancias que atentan
contra el estado de legalidad y de derecho, de las que no se habla en voz
alta.
En el área rural, los diputados departamentales y que pertenecen al partido
oficial, han hecho de su tierra natal su feudo personal y exclusivo. Ellos
son los que deciden sobre todas y cada una de las materias, desde a quién se
asignan las plazas para maestros, hasta las obras que han de ejecutarse.
Es el "diputado" el que debe ser consultado sobre las inversiones, los
programas, los proyectos, las calles que deben ser asfaltadas, las personas
que deben ser invitadas a los eventos y el que ordena a los periodistas no
informar de hechos inconvenientes o de lo contrario, se vale de mecanismos
para silenciarlos de cualquier manera.
Aunado a este control oficial, las estructuras de poder han sido copadas por
quienes en el pasado constituyeron los grupos paralelos como los ex
comisionados militares y ex patrulleros civiles.
Los que violaron derechos humanos, ahora son la autoridad. Quienes dieron
órdenes de reprimir, son los que de nuevo mandan en las comunidades, en
donde el miedo y el temor permanecen como la sombra que se resiste a
abandonarlos.
Todos esto es parte de la estrategia gubernamental de control poblacional y
que servirá, junto a otros elementos, para "conquistar" el voto popular en
las próximas elecciones.
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Nello

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