Paraguay: Tambalea el Gobierno de González Macchi

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Marlon Carrión C.

Luego de tres semanas ininterrumpidas de movilizaciones y protestas
sociales en todo Paraguay, el gobierno del Presidente Luis González
Macchi intenta retomar equilibrio y orden público.

Paso a paso el mandatario ha ido retrocediendo en sus propuestas, con
el ánimo de mantenerse en el poder.  En primera instancia retiró del
Congreso el proyecto de Ley Antiterrorista reclamada por la embajada
estadounidense en Asunción; el proyecto de Ley de Fusión de las
entidades públicas de crédito (privatización de la banca pública),
elaborada entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo;
el proyecto de IVA para los productos agrícolas, impulsado por el
Ministerio de Hacienda; y de la concesión de las rutas paraguayas a
empresas privadas.

Ante esta decisión, el Congreso Democrático del Pueblo dispuso que se
ponga fin a los bloqueos de caminos y carreteras, pero con la
advertencia de que estarían vigilantes y en permanente movilización
para exigir el cumplimiento de los dos últimos puntos de su pliego de
peticiones: la eliminación de la ley de privatizaciones generales 1615
y la no venta de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco.

Los sectores campesinos decidieron por cuenta propia trasladar su
protesta hasta Asunción, para lo cual organizaron diferentes caravanas
hacia la capital.  Esto no fue bien recibido por el gobierno, quien
dispuso la salida de los militares de sus cuarteles, en apoyo a la
Policía Nacional.

Los enfrentamientos fueron inevitables.  La tarde del martes 4, unos
cuatrocientos policías dispararon contra los campesinos a las afueras
de la ciudad de Coronel Oviedo, unos 150 kilómetros al este de
Asunción, causando la muerte del campesino Calixto Cabral, la herida
de gravedad de un segundo, varios heridos leves de bala y decenas de
detenidos.

La reacción de la población y de las organizaciones aglutinadas en el
Congreso Democrático no se hizo esperar.  Se profundizaron las
protestas y exigieron la destitución del ministro del Interior,
Francisco Oviedo, y del Fiscal general, Oscar Latorre, por ser los
responsables directos de la represión por parte de las fuerzas de
seguridad en contra de los marchantes.

Nuevamente Macchi da un paso atrás y ordena la suspensión sin fecha
límite de la venta de la telefónica nacional.  Ello le sirvió
únicamente para que sus propios colaboradores lo consideren como un
mandatario débil, fácil de ceder a las presiones, e incluso, incapaz
de gobernar en situaciones críticas.

El mismo presidente del Banco Central de Paraguay se lamentó por la
decisión del mandatario pues señaló que la no venta de Copaco hará
fracasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual
agravaría aún más la crisis económica iniciada en 1995.

Ya hay un pedido de juicio político y de destitución en contra de
González Macchi.  La propuesta impulsada por el opositor Partido
Liberal Radical Auténtico, del vicepresidente Julio Franco, es
respaldada por legisladores de la oficialidad colorada, y de los
partidos País Solidario y Patria Querida.

Centenares de campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, obreros,
trabajadores públicos y delegados de organizaciones populares y
sindicales, se tomaron definitivamente la plaza ubicada frente al
Congreso Nacional en Asunción, para exigir también la salida del
presidente colorado, a quien acusan de corrupto e inepto en la
conducción de las riendas estatales.

Por otro lado, y ante los hechos de sangre de la tarde del martes, la
Central Nacional de Trabajadores del Paraguay, CNT, resolvió sumarse
activamente a las protestas con la convocatoria a una huelga general
por tiempo indeterminado, hasta que el gobierno y el Congreso pongan
fin a los intentos de privatizar lo que resta de empresas en manos del
Estado, el cese a la represión, la sanción a los culpables de la
muerte del campesino Calixto Cabral y la sanción a quienes intentaron
feriar con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco.

De todas maneras, los obreros esperarán la votación del Senado de este
miércoles, sobre la ley 1615, que faculta la venta de la telefónica,
el sector sanitario y de trenes, para concretar o no la huelga
nacional.  Analistas consideran que el Senado le dará una mano
política al Presidente y derogaría dicha ley, para evitar que los
campesinos avancen hacia la capital y que la huelga nacional termine
sin haber empezado.

Servicio ALAI-AMLATINA

N. de E. La huelga general programada quedó sin efecto luego que el
Senado  suspendió por 32 votos contra siete el proyecto de Ley General
de Privatizaciones y la Conferencia Episcopal paraguaya celebró con
los huelguistas la victoria obtenida.
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Nello

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