Argentina: FMI, haz lo que yo digo, no lo que yo hago

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Julio Sevares Economista, periodista y Coordinador del Consejo Académico de
ATTAC-Argentina

Es la receta del gobierno de los Estados Unidos y del FMI para la Argentina
y el resto de Latinoamérica.

En su reciente exposición ante el Consejo de las Américas, la número
dos del FMI, Anne Krueger, sostuvo: "Mientras la caída en la actividad
económica ha sido común para el norte y el sur, las respuestas
políticas han sido, necesa-riamente, diferentes. Los Estados Unidos y
Canadá adoptaron políticas monetarias y fiscales crecientemente
expansionistas para apoyar una pronta recuperación. Pero la mayoría de
los países latinoamericanos y del Caribe fueron restringidos a
políticas más restrictivas por finanzas públicas más débiles".

En efecto, inmediatamente después del atentado del 11 de setiembre, el
gobierno de los Estados Unidos y el resto de los países
industrializados dispusieron importantes partidas de gastos destinadas
a contrarrestar el impacto recesivo que el suceso tendría sobre las
economías ya debilitadas. Los Estados Unidos estaban, en ese momento,
empeñados en una política de mantener el equilibrio presupuestario,
pero decidieron abandonar el proyecto privilegiando la reactivación
económica.

En su última edición el World Economic Outlook del FMI reconoce el
aporte del estímulo fiscal para la recuperación de la economía y
considera que debe reducirse en la medida que la economía se recupere.

Pero, en su edición del 20 de abril pasado, The Economist sostiene que
"la historia reciente no permite esperar mucho sobre restricción
fiscal: el gasto discrecional no asociado a la defensa estaba
aumentando rápidamente mucho antes de la guerra contra el terrorismo.
Tanto republicanos como demócratas han ya acordado informalmente en
límites más altos para el presupuesto del año que viene."

El peor camino

En los últimos años, los gobiernos argentinos hicieron una elección
diferente: ante la encrucijada de cumplir con la ortodoxia fiscal y
revertir la recesión, eligieron la primera opción, con consecuencias
ruinosas. Los resultados obtenidos por esa opción constituyen un
insumo indispensable para imaginar cuáles pueden ser las consecuencias
del ajuste fiscal por venir.

En diciembre de 1999, la Alianza recibió del gobierno menemista una
economía en recesión y un déficit fiscal del 2,6% del PBI. El
gobierno, contradiciendo sus promesas electorales, aplicó una política
ortodoxa aumentando impuestos a la clase media y recortando salarios
públicos.

El gobierno sostenía que el ajuste despertaría la confianza de los
inversores, lo cual contribuiría a reactivar la economía, pero sucedió
todo lo contrario. La economía, que venía recupe-rándose desde agosto
de 1999, se estancó y, con ella, los ingresos públicos. Las
autoridades reconocieron el peligro y anunciaron un plan de
construcciones destinado a reactivar que nunca se llevó a cabo, por lo
que la actividad y los ingresos siguieron estancados. En el 2000 el
gasto público nacional se redujo un 3%, pero los ingresos cayeron un
5%, mientras el pago de intereses de la deuda aumentó 18%. El
resultado negativo de las cuentas públicas creció un 42%. Como
consecuencia de la política restrictiva el PBI cayó 2,4%.

Luego del breve y fallido tránsito de Ricardo López Murphy y su
programa ultra ortodoxo, retornó al Ministerio de Economía Domingo
Cavallo. El funcionario prometió un cambio de estrategia con una
política de reactivación que nunca se materializó. La economía y la
situación fiscal siguieron deteriorándose, hasta llegar al colapso en
los últimos tramos de 2001. Ese año el gasto público aumentó un 4%
debido al incremento en los intereses de la deuda pública, mientras
los ingresos bajaron un 5% como consecuencia de la recesión. El
desequilibrio del sector público nacional aumentó 57% superando el 3%
del PBI. A fines de 2001 el sector público estaba quebrado.

El gobierno de Eduardo Duhalde-Remes Lenicov inició su gestión
prometiendo un cambio de estrategia y privilegiando los intereses del
sector productivo. Sin embargo, muy pronto comenzó a retroceder sobre
sus pasos y a impulsar, en acuerdo con el radicalismo, una nueva ronda
de ortodoxia fiscal.

En este caso la disciplina es inevitable por el simple hecho de que el
Estado no cuenta con financiamiento interno ni externo. El Gobierno
tenía la opción de buscar el equilibrio expandiendo la base fiscal y
recaudando sobre los beneficios de la devaluación. Pero eligió una
alternativa de ajuste que profundizó la espiral implosiva de recesión
y caída en la recaudación: en los cuatro primeros meses la recaudación
tributaria total cayó un 17% y la del IVA un 32% en relación al mismo
período del año pasado.

Además, la nueva administración, respondiendo a la exigencia del FMI,
dejó flotar el tipo de cambio, sin contar con reservas para
controlarlo, lo cual disparó el dólar y generó un costo fiscal
gigantesco en materia de compensaciones a endeudados, ahorristas y
sistema financiero. Por otra parte, decidió aplicar en forma demorada
y parcial las retenciones a las exportaciones, el único instrumento
que permite cobrar impuestos a los beneficiarios directos de la
devaluación, al mismo tiempo que reducir el impacto de la misma sobre
los precios. Esto último es importante en materia fiscal porque la
inflación licúa los ingresos de la población, con efectos lesivos para
la capacidad recaudatoria.

Se ha decidido, finalmente, respondiendo a la ortodoxia monetaria
limitar la emisión de bonos provinciales, lo cual contribuirá a
reducir la capacidad de pago de las provincias y el consumo, que
constituye el 80% del PBI y la principal fuente de recaudación por
impuestos directos e indirectos.


Nello

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possible

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