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COLOMBIA: 1° maggio di paura
Sindicalistas con la vida en un hilo
Yadira Ferrer
BOGOTA, 30 abr (IPS) - Los sindicalistas colombianos celebrarán este
miércoles el Día Internacional de los Trabajadores con la certeza de que su
tarea los ha puesto en la mira de los paramilitares de derecha y de los
cuerpos de seguridad del gobierno.
"La situación es muy difícil, caótica, complicada", dijo a IPS Hernando
Hernández, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), la única
organización de los empleados de la estatal Empresa Colombiana de Petróleo
(Ecopetrol) y la más poderosa del país por pertenecer a un sector
estratégico de la economía.
Hernández aseguró que "hay mucha represión por parte del gobierno" de Andrés
Pastrana y que los "58 asesinatos (ocurridos) en lo que va del año muestran
una decisión estratégica de la derecha de liquidar sectores sociales, como
el sindical".
El año pasado fueron asesinados 160 sindicalistas y otros 78 integran la
lista de personas desaparecidas de manera forzosa, según un informe de la
oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
El estudio añade que en ese mismo lapso los sindicalistas de este país
sufrieron 30 atentados, afrontaron numerosas amenazas y muchos fueron
obligados a abandonar sus hogares. "Cabe mencionar que como autores de la
mayoría de estas muertes violentas se han denunciado a los grupos
paramilitares" derechistas de las Autodefensas Unidas de Colombia, indica el
informe presentado el 18 de este mes en Ginebra.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al
gobierno en diciembre la implementación de medidas de protección y
cautelares para afiliados, dirigentes y activistas sindicales.
"Pensamos que somos tan vulnerables que ningún sistema de seguridad es
suficiente", comentó a IPS José Sánchez, de la dirección nacional de USO,
tras informar que este miércoles les entregarán 15 equipos de seguridad,
automóviles blindados, dos escoltas y armas en el marco de la celebración
del 1 de Mayo.
Desde 1988, han sido asesinados 85 obreros y empleados de Ecopetrol, otros
dos permanecen desaparecidos, 26 resultaron heridos en distintos atentados,
más de 400 debieron dejar sus hogares, dos dirigentes fueron obligados a
salir del país y todos los integrantes de la dirección han sufrido amenazas.
En diciembre fue muerto Rafael Jiménez, de la seccional Cartagena de USO, y
este año fue secuestrado por los paramilitares el también dirigente Gilberto
Torres.
Torres fue finalmente liberado por sus secuestradores luego de una huelga de
los trabajadores petroleros, que casi llevó a la paralización de las
actividades de todo el país por falta de combustible.
En tanto, dos trabajadores de Ecopetrol siguen en poder del insurgente
Ejército de Liberación Nacional. "Esto también lo reprochamos. Insistimos en
que nos saquen de la guerra, pues no somos participantes de ella", dijo con
énfasis Sánchez.
"Pero a pesar del miedo, la gente no se acobarda y este 1 de Mayo haremos
marchas multitudinarias", apuntó.
Agregó que la situación del mundo sindical es tan dramática en este país
que, cuando un trabajador comunica a su familia que fue elegido para
integrar la dirección o tan sólo que ha tomado la decisión de afiliarse,
ésta se horroriza.
"Es una noticia aterradora, porque saben que para muchos es visto como
sinónimo de subversión y, por lo tanto, se convierten en objetivo militar",
explicó.
El bajo grado de sindicalización en Colombia se debe en gran parte a esa
persecución patronal y del Estado, apuntó Sánchez. Los trabajadores
sindicalizados en el país no llegan a un millón, en una población activa de
16 millones de personas.
Los sindicatos nucleados en la Central Unitaria de Trabajadores, la más
numerosa del país, suman unos 700.000 afiliados, mientras que la
organización individual más numerosa es la Federación de Educadores de
Colombia, con 250.000 maestros en sus filas.
El informe de la Organización de las Naciones Unidas presentado en Ginebra
indica que "la dramática situación por la que atraviesan los sindicalistas p
one en serio cuestionamiento la democracia colombiana".
Los ataques contra los afiliados a la USO son "el precio que ha cobrado el
Estado y las empresas petroleras por la resistencia contra la privatización
de Ecopetrol", apunta un estudio presentado por la Comisión de Derechos
Humanos y Paz de ese sindicato ante el Congreso Petrolero realizado la
semana pasada en Bogotá.
La USO cuenta hoy con casi 5.000 trabajadores afiliados, aunque se aprecia
un fuerte descenso en los últimos años debido a la política de contratos
temporarios, que cubre casi 50 por ciento del personal actual de la
petrolera estatal.
Dirigentes de USO también aseguran que el gobierno otorga preferencias a los
paramilitares en la concesión de esos contratos temporarios, lo cual ha
ayudado a fortalecer su presencia en las zonas petroleras.
El documento presentado al Congreso Petrolero señala también que los
paramilitares y los agentes de seguridad gubernamentales impiden la
afiliación de los trabajadores en varias regiones.
Los sindicalistas aseveran que Ecopetrol y las empresas transnacionales
petroleras que operan en Colombia "financian el conflicto armado interno",
otorgando asistencia a los cuerpos de seguridad del gobierno, como
combustibles, automotores y alimentación.
La justicia comprobó que Occidental, subsidiaria de la empresa transnacional
estadounidense Occidental Petroleum, y Ecopetrol prestaron aeronaves para
apoyar el bombardeo que realizó la Fuerza Aérea en 1998 en Santo Domingo, en
el oriental departamento de Arauca, donde murieron 15 civiles.
Por otra parte, los grupos armados y la delincuencia común tienen en el
petróleo una de las maneras de financiar sus actividades mediante el robo de
gasolina, agregaron los sindicalistas, quienes también condenaron los
continuos atentados de la guerrilla contra oleoductos e instalaciones
petroleras.
La guerrilla ha perpetrado 532 atentados contra el oleoducto en los últimos
10 años, provocando el derrame de dos millones de barriles de 159 litros.
Sólo en 2000 se registraron 98 atentados que dejaron pérdidas por 12,6
millones de dólares.
Lo que piden los trabajadores de Ecopetrol al gobierno es un pronunciamiento
que les dé legitimidad.
"No podemos cargar sobre los hombros que nos sigan tachando de auxiliadores
de la guerrilla, que nos maten y nos apresen (...) Desde hace 80 años
venimos defendiendo unos temas que ahora los grupos insurgentes se los
arrogan", explicó Sánchez.
Desde su nacimiento, la USO ha defendido el petróleo como un recurso que
contribuye al desarrollo humano de los colombianos y es firme en su postura
de que la contratación con firmas extranjeras se realice en condiciones
favorables para el país, puntualizó el sindicalista (FIN)
Nello
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www.peacelink.it/tematiche/latina/latina.htm