COLOMBIA:Un país secuestrado

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Yadira Ferrer

BOGOTA, 22 abr (IPS) - Las personas secuestradas en Colombia por
insurgentes, paramilitares y delincuentes comunes también sufren el olvido
de la población, ya acostumbrada al fenómeno, mientras los familiares de las
víctimas acusan a las autoridades de pasividad.

Las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomaron
cautivos el domingo al gobernador del noroccidental departamento de
Antioquia, Guillermo Gaviria, al ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry y
al sacerdote católico Carlos Yepes, que encabezaban una marcha contra la
violencia.

El secuestro de Gaviria y de sus acompañantes se registró en la localidad
rural de Caicedo, oriente de Antioquia. Las FARC pretenden canjear a 66
cautivos, entre ellos legisladores, un ex gobernador y concejales, por
guerrilleros presos.

Las autoridades toman conocimiento cada año de unos 3.000 secuestros. Pero
no todos los casos son notificados, pues con frecuencia, los familiares de
las víctimas prefieren negociar en privado con los secuestradores, sin
denunciar el delito.

La mayoría de secuestros pasan inadvertidos, aunque algunos son destacados
en la portada de los diarios, como el de 12 diputados locales del
suroccidental departamento de Valle del Cauca, cometido este mes, o el de
varios policías capturados en el municipio de Cruces, en el suroccidental
departamento de Nariño.

Desde enero se registraron 576 secuestros, 31 por ciento de los cuales
fueron obra de las FARC, la principal organización guerrillera del país, y
19 por ciento del segundo grupo insurgente, el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), según cálculos de la fundación País Libre, que apoya a
familiares de las víctimas.

La misma fundación estimó que el ELN fue el principal responsable de los
secuestros el año pasado, con 917, seguido por las FARC (840), delincuentes
comunes (292) y las paramilitares de derecha Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), con 262.

Pero aun los casos más sonados caen en el olvido colectivo al poco tiempo,
como el de la candidata presidencial Ingrid Betancurt y el de cinco
diputados nacionales en poder de las FARC, dijo a IPS María Mercedes
Carranza, hermana del secuestrado director de Extranjería de la policía de
inteligencia, Rodrigo Carranza.

La inquietud de Carranza y la de miles de familiares de industriales,
ganaderos, técnicos de empresas e institutos del Estado y de otras personas
que se hallan en cautiverio, aumentó tras la ruptura el 20 de febrero de las
conversaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC.

Carranza, poeta, integrante de la Asamblea Constituyente de 1991 y directora
de la Casa de Poesía José Asunción Silva en Bogotá, envió numerosos mensajes
electrónicos a dirigentes de las FARC para pedir la liberación de su
hermano, Ramiro Carranza, secuestrado desde septiembre.

"Les expliqué quién era mi hermano y quiénes éramos nosotros y les pregunté
qué querían con el secuestro" de Ramiro. No obtuvo respuesta. Por su parte,
el Alto Comisionado de Paz del gobierno, Camilo Gómez, le aconsejó "rezar
para que el proceso de paz no se acabe".

También se lamentó del desinterés del Estado Yolanda Pulecio, madre de
Betancurt, candidata del movimiento Verde Oxígeno para las elecciones
presidenciales del 26 de mayo y desde hace casi dos meses en poder de las
FARC.

Pulecio pidió a la organización insurgente pruebas de supervivencia de su
hija y de Clara Pinilla, candidata a la vicepresidencia, también
secuestrada.

"Ellos tienen que darse cuenta de que Ingrid no pertenece al
establecimiento, que está luchando contra las clases corruptas y
clientelistas. Ella quería un cambio para Colombia y su proyecto político
era una Colombia nueva donde no se eligiera a los mismos con los votos
comprados", dijo Pulecio a IPS.

"Colombia está secuestrada pues somos muchísimos los que tenemos un hijo, un
amigo, un hermano relacionado con el secuestro y con la desaparición
forzada. Pienso que la mamá de un guerrillero o de un soldado debe sufrir lo
mismo que yo", dijo la madre de Betancurt, hoy al frente de la campaña
electoral de Verde Oxígeno.

"Me aterro al ver en los noticieros una hilera de camuflados que pueden ser
guerrilleros o soldados o mi hija, y que les puedan lanzar una bomba. Cuando
me pregunto por qué los guerrilleros están en la guerrilla, pienso que es
muy difícil que puedan pagarse la universidad, que no tienen opción",
sostuvo.

Es probable que Betancurt y Ramiro Carranza sean parte del grupo de
"canjeables", junto con numerosos políticos y legisladores y con 47 soldados
y policías. Pero el comandante de las Fuerzas Armadas, general Fernando
Tapias, descartó la posibilidad de un canje de secuestrados por guerrilleros
presos.

"Es algo imposible", pues los presos "están condenados por secuestro, por
extorsión o por diversos delitos. Decirle al gobierno suéltelos y a cambio
de ellos soltamos a algunos de los que tenemos secuestrados es imposible en
Colombia y en cualquier país civilizado y democrático", dijo Tapias a IPS.

El secuestro es en Colombia tanto un mecanismo de acción política como de
recaudación financiera para las actividades de las FARC, el ELN y las AUC.
Según las autoridades, los secuestros mueven en total entre 200 y 350
millones de dólares anuales.

Un informe presentado por la semana pasada por la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, indica que "estos
actos socavan completamente la democracia y el libre ejercicio de los
derechos políticos".

El recrudecimiento del fenómeno también señala el "debilitamiento de la
independencia" de la Fiscalía en investigaciones que comprometen a agentes
del Estado en violaciones de derechos humanos, agrega el informe.

A primeras horas del día, varias radioemisoras, entre ellas la estatal Radio
Nacional, transmiten a los secuestrados mensajes de sus familiares (FIN)



Nello

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