ARGENTINA:Bonos por depósitos para superar crisis bancaria

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Marcela Valente

BUENOS AIRES, 18 abr (IPS) - El gobierno de Argentina estudia cambiar de
modo compulsivo los depósitos congelados de ahorradores por bonos a 10 años
de plazo, para superar la crisis bancaria que se arrastra desde diciembre.

Delegados del Banco Central y de los ministerios de Justicia y de Economía
examinaron este jueves el borrador del proyecto de ley a enviarse al
Congreso legislativo, que de ser aprobado permitirá el retiro de
colocaciones a plazo fijo.

Pero la solución dista de obtener la adhesión de los depositantes, muchos de
los cuales protestan a diario ante los bancos.





"Esta es una nueva violación de los derechos de propiedad de los
 ahorradores", se quejó un hombre en una manifestación frente a una de estas
entidades financieras. Otro de los afectados explicó que no podrá esperar
tanto tiempo para cobrar sus ahorros en bonos pues está radicado en el
exterior.

En cambio, los bancos se manifestaron muy interesados en una solución de
este tipo, ya que afrontan una constante sangría de dinero debido al aumento
de amparos judiciales favorables al retiro de fondos de ahorradores, a la
par de que merman las nuevas colocaciones.

Las entidades bancarias también tienen dificultades para cobrar los créditos
a causa de la crisis de la nueva ley de quiebras que frenó las ejecuciones
judiciales.

Las restricciones al retiro de dinero de los bancos fueron decretadas el 3
de diciembre por el entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro,
Domingo Cavallo. En su origen la medida era por 90 días y quedaban excluidos
los movimientos por el sistema informático.

Sin embargo, la crisis institucional, que a fines de diciembre arrasó con el
gobierno de De la Rúa, y la posterior devaluación de la moneda llevaron a
ampliar las restricciones bancarias y a imponer un cronograma de devolución
de depósitos para el mediano y largo plazo, que causó un gran malestar entre
los ahorradores.

Los bancos aseguran que no pueden devolver el dinero porque aún no consiguen
cobrar los préstamos otorgados a empresas y particulares.

El gobierno de Eduardo Duhalde acepta las explicaciones de las entidades
bancarias, aunque advierte que la situación creada es explosiva, de difícil
resolución y que traba la reactivación de la economía.

Los depósitos a plazo fijo, que suman unos 30.000 millones de dólares y
10.000 millones en pesos a la paridad uno a uno con el dólar cuando fueron
colocados, recibirán bonos en la moneda de origen de sus ahorros a cancelar
dentro de 10 años.

Es una iniciativa similar a la implementada en 1990 con el llamado Plan
Bonex, aunque este último se hizo por 10 por ciento de los montos actuales.

Pero las diferencias con aquel plan no están sólo en los montos. El Banco
Central fue el responsable en el marco del Plan Bonex de absorber los
depósitos que los ahorradores confiaban a los bancos.

En cambio, ahora se trata de dinero tomado por una mayoría de bancos
privados, muchos de ellos extranjeros, que el Estado se comprometerá a
devolver.

Los tenedores de bonos del Plan Bonex, que fuera impulsado a comienzos del
gobierno de Carlos Menem (1989-1999), perdieron 80 por ciento de sus
depósitos cuando quisieron canjearlos de inmediato a la cotización del
mercado, y las mayores ganancias fueron para quienes esperaron 10 años para
cobrarlos.

El gobierno de Duhalde tiene la urgencia de encontrar una solución a las
restricciones bancarias, también llamadas "corralito".

La persistencia del problema podría causar el total desfinanciamiento de la
economía por falta de créditos, ya que el colapso provoca la salida
cotidiana de fondos de los bancos mientras que las entidades no logran
captar nuevos depósitos.

Versiones que circularon insistentemente esta semana indicaban que en pocos
días más varios bancos podrían tener que cerrar sus puertas por no poder
hacer frente a las demandas de ahorradores que consiguen obtener sus
depósitos en efectivo mediante fallos judiciales.

El amparo judicial favorece al demandante en caso de la violación de una
norma constitucional, como en el caso del corralito, que atenta contra el
derecho a la propiedad privada, según un dictamen de la justicia.

Unas 150.000 personas presentaron este recurso, lo cual ha llevado al retiro
cotidiano de depósitos. Unas 130 millones de dólares salieron de los bancos
argentinos sólo este miércoles gracias a esa herramienta legal.

El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, había divulgado el lunes la
existencia de un decreto, que estaba a la firma de Duhalde, para tratar de
frenar los recursos de amparo mediante normas muy controvertidas, que luego
el propio presidente decidió dejar a un lado por anticonstitucionales.

En reemplazo de esa iniciativa se diseñó este programa de canje de depósitos
por bonos, que requiere la sanción parlamentaria en un plazo breve.

El proyecto prevé además el levantamiento parcial de las restricciones para
el retiro de los depósitos bancarios a la vista, como las cajas de ahorro y
las cuentas corrientes.

El texto indica que en esos casos se podrá extraer un límite fijo de dinero
en efectivo mensual, pero, como contracara de esa buena noticia, se podría
también canjear por bonos una parte de los depósitos.

El gobierno espera de esta manera resolver un severo problema al tiempo de
cumplir en parte con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI) de eliminar el corralito bancario, aunque sea al costo del cierre de
algunos bancos y de una gran pérdida para los ahorradores.

En ese sentido, Duhalde consideró este jueves que, "lejos de ser
 sustentable", la propuesta del FMI para otorgar ayuda económica "nos puede
llevar a dificultades mayores".

Por eso, señaló que Remes Lenicov viajará esta semana a Washington para
plantear "modificaciones" al plan propuesto por el organismo multilateral.

El FMI condiciona la ayuda financiera a Argentina a un fuerte recorte del
gasto público, a la eliminación de bonos emitidos por las provincias para
financiar gastos, a la derogación de leyes que afectan a los bancos y al
despido de empleados estatales.

Pero "no podemos decir que sí a todo", advirtió Duhalde (FIN)


Nello

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possible

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