COLOMBIA:DROGAS-La coca creció junto a la mesa de diálogo

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Yadira Ferrer

BOGOTA, mar (IPS) - La policía antinarcóticos de Colombia reanudó la
fumigación de cultivos ilícitos de coca y amapola en la zona en que el
gobierno y las insurgentes FARC mantuvieron su diálogo de paz, finalizado en
el fracaso el 20 de febrero.

La llamada "Operación dignidad" en la antigua zona desmilitarizada del
sudeste comenzó el 3 de marzo. Se trata de un espacio de 42.000 kilómetros
cuadrados que estuvo controlado por los guerrilleros y donde, según aseguran
las autoridades, los cultivos de coca casi se triplicaron en los tres años
de diálogo y aparecieron campos de amapola.

En los cinco municipios comprendidos en esa zona había poco más de 6.000
hectáreas de coca a fines de 1998, al comenzar las conversaciones entre el
gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y no se
tenía evidencia de la amapola, la planta de la que se extrae el látex para
la elaboración de opio y heroína.

Cuatrocientas hectáreas de amapola, de un total de 420 detectadas, fueron
destruidas desde la puesta en marcha de la Operación Dignidad. Los mapas
trazados por satélite mostraron en octubre que también había allí 16.000
hectáreas sembradas de coca.

Doce por ciento de las plantaciones de drogas se concentran en la antigua
zona de distensión, según la información oficial. Seis entidades
gubernamentales que conforman el Sistema de Monitoreo y Control de Cultivos
Ilícitos (Simci) calcularon este mes que la superficie sembrada con coca y
amapola en Colombia es de 144.600 hectáreas.

El cultivo de coca se ha estancado. El 31 de agosto de 2000 ocupaba 144.807
hectáreas, de acuerdo con el ministro de Justicia, Rómulo Gallego. Hubo
entonces una ligera disminución.

Pero Estados Unidos cree lo contrario. El Departamento de Estado comentó a
principios de este mes que, a pesar de los recursos destinados a combatirla,
la coca "posiblemente siguió aumentando" en Colombia.

Según la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), la
producción de coca creció 30 por ciento, pese a que en 2001 fueron fumigadas
85.000 hectáreas, informó el diario colombiano El Tiempo.

Se está "comprobando que era cierto lo que siempre se dijo sobre el
crecimiento de los cultivos (en la zona desmilitarizada) y la participación
de las FARC en el negocio (del narcotráfico)", aseguró a la revista Cambio
el director de la policía antinarcóticos, general Gustavo Socha.

"Indirectamente, la producción de coca fue canalizada por las FARC.
Controlaron la compra y el comercio", dijo a IPS un analista especializado
en la cuestión de las drogas que pidió reserva de identidad por razones de
seguridad.

Los guerrilleros cambiaron "el sistema de intermediarios pequeños y grandes
que operaban en la región para el comercio de la pasta de coca. Sólo los que
contaban con su visto bueno podían comprar la mercancía", afirmó el
analista.

Como muchas personas en San Vicente del Caguán, la localidad en que estuvo
instalada la mesa de diálogo, el mismo investigador cree que el gobierno
cometió un error al no imponer a las FARC reglas claras para la zona.

"Les entregaron un cheque en blanco y las FARC crearon un Estado dentro del
Estado", agregó.

Otros analistas no admiten que ahora se ponga tanto énfasis en el aumento de
los cultivos ilícitos en la vieja zona de distensión, cuando el gobierno
supo desde el principio lo que allí ocurría.

Se trata de una estrategia para lograr el visto bueno de Estados Unidos a la
utilización de recursos del Plan Colombia para combatir a las FARC, creen
los analistas.

Colombia solicitó al gobierno de George W.Bush autorización para usar en la
guerra contra las FARC fondos estadounidenses del Plan Colombia, que suman
1.300 millones de dólares y están asignados a la lucha contra el
narcotráfico.

Las FARC, así como las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, fueron
incorporadas a la lista de organizaciones terroristas que maneja el
Departamento de Estado de Estados Unidos.

Julián, un líder campesino de San Vicente del Caguán que también pidió no
ser identificado, no acepta que "por las malas se trate de acabar con los
cultivos de coca". Para él, como lo dijo a IPS, la fumigación de las
plantaciones es una "infamia inaceptable".

A Caquetá, el departamento al que pertenece San Vicente, "la coca la trajo
un 'gringo'. El nos enseñó a cultivarla y a procesarla, hace muchos años",
afirmó el campesino.

Después de cultivar coca varios años, Julián la dejó. "Es un cultivo maldito
que sólo trae miseria", aseguró. Ahora se dedica a convencer a sus vecinos
de que "sin la hoja (la coca) es posible sobrevivir".

Agregó que los campesinos de la zona están dispuestos a cambiar de
actividad. Pero para eso, según Julián, es indispensable que se garantice a
los agricultores la comercialización de los productos legales.

En La Cristalina, una localidad rural de San Vicente del Caguán, fue
ensayado en los tres años de diálogo de paz un proyecto de reemplazo de
cultivos ilícitos financiado por la Organización de las Naciones Unidas.

Tres de los campesinos englobados en el programa cambiaron la coca por
granjas de gallinas, pero fracasaron porque no pudieron vender la producción
de huevos. Los que optaron por la cría de cerdos, no alcanzaron a pagar los
costos del engorde de los animales.

"Todo lo que se invierte en helicópteros debería invertirse en mejorar las
carreteras de las zonas cocaleras", observó Julián, quien quiere que "se
acabe la hoja sin fumigación y sin estropear (afectar o maltratar) a nadie".

Los campesinos de la antigua zona desmilitarizada se prepararon para
afrontar la fumigación. Conocen trucos para hacer frente al glifosato. Untan
pegamento a las hojas de coca, para protegerlas, antes del paso de la
avioneta que rocía los campos con el producto químico, o cortan la mata
inmediatamente después.

La ofensiva en curso para la erradición de cultivos ilícitos "será un nuevo
fracaso para el gobierno y traerá más violencia, más pobreza y un creciente
deterioro ambiental", pronosticó a IPS Ricardo Vargas, de la organización
Acción Andina, que estudia la cuestión del narcotráfico.

La coca entró en San Vicente del Caguán "por la puerta trasera", dicen los
que mejor conocen la zona. Ese municipio era eminentemente ganadero, pero en
los últimos años algunos campesinos descuidaron las reses y abrieron
espacios a la coca.

Ninguna de las parcelas sembradas de coca en San Vicente supera las tres
hectáreas. Se trata de pequeños cultivadores cuyos campos, según la
legislación vigente, no deben ser fumigados.

Muchos de los campesinos que cultivaron la hoja en los últimos tres años
llegaron a San Vicente como desplazados, procedentes de Remolinos del
Caguán, a tres horas de viaje por río y ajena a la zona desmilitarizada. "Se
desplazaron porque allá se puso duro lo de la fumigación", dijo Julián.

La población de San Vicente se duplicó en los tres años de negociaciones
entre el gobierno y las FARC, según el gobierno municipal. Muchos de los
nuevos pobladores eran campesinos, recolectores y procesadores manuales de
hoja de coca desplazados de zonas cocaleras.

Los insumos para la producción de coca son cada vez más costosos y una
hectárea produce cada tres meses unos 300 dólares, según los técnicos
agrarios. Pero los campesinos no cambian de actividad, por falta de
alternativas y porque, según explican, "se ve más seguido la plata".

"Está probado que el sistema represivo no funciona: si se aprieta abajo, (la
droga) aparece arriba, si se aprieta arriba, regresa abajo", comentó El
Tiempo en un artículo editorial en el que concluye que para resolver el
problema de un tajo es necesario legalizar el consumo.

"Mientras un kilo de coca valga 25.000 dólares en Estados Unidos, siempre
habrá quien se arriesgue", dice el mismo editorial.(FIN)


Nello

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