DESARROLLO:Un tribunal internacional para la deuda externa

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Kintto Lucas

GUAYAQUIL, Ecuador, 12 mar (IPS) - Organizaciones sociales y no
gubernamentales de Africa, América Latina, Asia y Europa acordaron el martes
en esta ciudad de Ecuador promover un tribunal internacional para juzgar la
legitimidad de la deuda externa de los países en desarrollo.

Ningún sistema legal civilizado permite que una de las partes involucradas
en un conflicto decida sobre sus derivaciones como ocurre con la deuda
externa, en la cual "los acreedores son juez y parte", advirtió el portavoz
del Movimiento Jubileo 2000 de Austria, Kunibert Raffer.

Con la excepción de los países del Sur, a ningún otro deudor se le exige que
haga morir de hambre a sus hijos para pagar a sus acreedores", sostuvo
Kunibert.

Algunos países endeudados "protegen la dignidad humana" mediante leyes de
insolvencia que reservan cierta cantidad de recursos para cubrir sus
necesidades básicas, observó el activista de Jubileo 2000, organización
internacional que promueve la condonación de la deuda externa del mundo en
desarrollo.

Por su parte, el dirigente de Jubileo 2000 de Alemania Jurgen Kaiser
recomendó mecanismos de renegociación que tengan en cuenta la voz de los
acreedores, entre ellos "una investigación independiente sobre los daños
causados a la sociedad y al ambiente al cumplir los requisitos de los
acreedores".

La reunión en Guayaquil, que comenzó el sábado y concluyó este martes, fue
organizado por el Movimiento Internacional Jubileo 2000, la Fundación
Friedrich Ebert de Alemania, y el Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales de Ecuador, con el apoyo de organizaciones no
gubernamentales internacionales.

Los participantes de la reunión propusieron elaborar una norma internacional
que tome como ejemplo una ley de Estados Unidos que brinda beneficios en la
negociación a las municipalidades deudoras y que no les exige que dejen de
prestar servicios básicos de salud y educación para honrar los créditos.

La norma prohíbe, además, que esas municipalidades aumenten los impuestos
para cubrir sus deudas "al punto de reducir la calidad de vida" de la
población, explicó Raffer.

"Con una ley de insolvencia como ésa hay un equilibrio entre los intereses
de los acreedores y deudores. Además, la población afectada por el
endeudamiento puede opinar sobre los perjuicios, lo que es muy democrático",
argumentó.

Raffer afirmó que los representantes de los deudores del Sur en desarrollo
pueden opinar pero, en realidad, no negocian, pues los supuestos acuerdos
responden a decisiones de los acreedores del Norte industrializado. "Esa no
es una negociación justa", sostuvo.

Según la ley estadounidense puesta como ejemplo por Raffer, "tanto los
contribuyentes como los empleados de la municipalidad tienen derecho a ser
oídos en defensa de sus intereses, y los acreedores reciben lo que
razonablemente se puede esperar de acuerdo con las circunstancias", afirmó
el activista.

Kaiser, por su parte, indicó que es necesaria la creación de "una
institución imparcial que asegure una solución justa al problema de la
deuda", constituida como comisión internacional de arbitraje.

"Los acreedores deben renunciar al control que ejercen sobre los deudores en
favor del sentido común económico", argumentó.

La economista Wilma Salgado, integrante de Jubileo 2000 Ecuador, explicó que
la necesidad de obtener recursos para honrar una deuda externa estimada en
más de 15.000 millones de dólares ha causado en su país "lamentables efectos
sociales, económicos y ambientales".

"Los acreedores presionan a los países deudores como Ecuador por el pago de
la deuda y por la apertura de los mercados a sus exportaciones, pero se
cierran a las exportaciones de los deudores", afirmó Salgado.

Ecuador destinó el año pasado 31 por ciento de sus ingresos al pago de
intereses de la deuda y apenas 17 por ciento a la inversión social, según el
Banco Central.

Los participantes en la reunión también aseguraron que la condonación de la
deuda externa a cambio de obras sociales realizadas con esos ahorros,
propuesta por algunos gobiernos europeos y latinoamericanos, no soluciona el
problema de fondo que significa el peso de la deuda para los países en
desarrollo.

El integrante de Jubileo 2000 Ghana Akoto Ampan aseguró que el problema de
la deuda externa sólo se puede solucionar con medidas de fondo que
involucren en las decisiones a la sociedad civil de los países deudores.

Kaiser indicó que en un procedimiento de arbitraje internacional la
población de los países deudores debería estar representada por
organizaciones no gubernamentales, comunidades de base, sindicatos y
movimientos populares.

"El servicio de la deuda debe depender de la capacidad de ganar divisas, y
la reducción de la deuda debe ser suficientemente amplia para garantizar un
desarrollo sustentable a largo plazo", afirmó.

Los detonantes de la crisis de la deuda externa se encuentran en las
políticas e intereses de los países acreedores y de las instituciones
multilaterales de crédito, sostuvo el economista del Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales Alberto Acosta.

"Son sus intereses los que condicionan los procesos de endeudamiento y de
ajuste en los países subdesarrollados", aseguró Acosta.

"Las acciones de los organismos multilaterales de crédito han estado
destinadas a proteger intereses de los acreedores antes que las necesidades
de los países empobrecidos, obligándolos, por ejemplo, a abrir sin
restricciones sus cuentas de capitales y sus mercados para productos
procedentes del mundo industrializado", agregó.

Entre 1980 y 1990, América Latina realizó una transferencia de 238.000
millones de dólares a los acreedores, mientras la deuda crecía casi 220.000
millones.

La suma transferida equivale "a tres veces el Plan Marshall, con el que
Estados Unidos financió entre 1948 y 1953 la reconstrucción de Europa" tras
la segunda guerra mundial (1939-1945), afirmó Acosta.

"Las continuas renegociaciones, el Plan Baker, los canjes de deuda, el Plan
Brady o el Programa para Países Pobres Altamente Endeudados (del Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional) no han resuelto el problema, a
pesar de haber sido presentados pomposamente, cada uno a su tiempo, como 'la
solución definitiva'", arguyó.

Teniendo en cuenta esos fracasos, Acosta se sumó al pedido de un arbitraje
internacional como forma de encontrar una solución definitiva. Sin embargo,
aseguró que el paso inicial de cualquier proceso al respecto deberá ser la
realización de una auditoría independiente.

"No todas las deudas merecen similar tratamiento. Muchas deben ser
desechadas desde el inicio, sobre todo aquellas que caen en la categoría de
deudas corruptas. Con lo cual este tribunal de arbitraje serviría también
para juzgar casos de corrupción relacionados con las finanzas
internacionales", concluyó el economista. (FIN/IPS/kl/mj/dv if/02) (FIN)

Nello

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