ECUADOR:Arde el norte por huelga y represión

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Kintto Lucas

QUITO, 28 feb (IPS) - Una alcaldesa del norte de Ecuador lanzó un angustioso
pedido de auxilio ante la sangrienta represión militar de una huelga causada
por el tendido de un oleoducto en la selva amazónica.

"Por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos, siguen baleando mi ciudad. Ahí
cayó herido un compañero de la alcaldía", gritó a través del teléfono
Guadalupe Llori, alcaldesa de Coca, capital de la nororiental provincia de
Orellana.

La conversación de Llori con IPS era elocuente, pero se interrumpió unos
minutos. Al restablecerse, la alcaldesa informó que los pobladores,
enardecidos por la represión militar, habían incendiado las oficinas de la
Empresa Eléctrica de la localidad.

Dos niños y dos adultos murieron entre el martes y este jueves por la
represión, según versiones extraoficiales. Unas 40 personas fueron detenidas
por el ejército, mientras que en diferentes centros de salud de Orellana han
sido atendidas más de 300 personas heridas por los militares.

El ministro de Gobierno (Interior), Marcelo Merlo, negó que la represión
haya producido muertos y acusó a los gobiernos locales y organizaciones que
realizan la protesta de chantajistas por exigir compensaciones a OCP
Limited.

"Hay civiles heridos de bala. Los helicópteros lanzan bombas lacrimógenas
contra la población. La provocación está indignando a la gente que había
salido a protestar en forma pacífica. Es necesario que la gente en Quito
sepa la verdad de lo que está pasando acá", afirmó Llori.

Orellana y la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, exigen al
gobierno de Gustavo Noboa que presione a la empresa OCP Limited,
constructora del Oleoducto de Crudos Pesados, para que entregue 10 millones
de dólares con el fin de destinarlos a obras sociales como compensación por
los daños que causará la obra.

Los pobladores han cortado carreteras, tomaron pozos petroleros y ocuparon
el aeropuerto de Coca, capital de Orellana, y oficinas de la empresa aérea
TAME en Nueva Loja, capital de Sucumbíos.

Según información gubernamental, la protesta causó la suspensión de
operaciones de 62 pozos petroleros y una refinería, lo cual ocasionó 2,21
millones de dólares de pérdida a las compañías petroleras.

El gobierno ecuatoriano declaró el estado de emergencia el 22 de este mes en
Sucumbíos y el día 23 en Orellana, cuando la protesta acababa de comenzar,
con la excusa de proteger la frontera luego de la ruptura del diálogo de paz
entre el gobierno colombiano y las insurgentes Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia.

Sin embargo, Noboa afirmó el 25 de este mes que la declaración de emergencia
respondía a la huelga.

Llori explicó que los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad
civil que realizan las protestas están abiertos al diálogo pero exigen que
antes se levante el estado de emergencia y la represión.

"No podemos dialogar mientras nos están cayendo las bombas encima y quieren
llevar presas a las autoridades locales que participamos en el paro", dijo
la alcaldesa, sobre quien pesa una orden de captura impartida por el
comandante de la IV División del Ejército Amazonas, general Jorge Miño, a
cargo de los operativos.

Los intentos de los organizadores de la protesta para dialogar con Miño el
miércoles y este jueves fueron infructuosos, aseguró Luis Bermeo, prefecto
(gobernante provincial) de Sucumbíos. Mientras, la presencia militar en
Orellana aumentó este jueves.

El militar también ordenó la detención de varios periodistas y la clausura
de la radioemisora La Jungla, a la que acusó de incitar la protesta.

Otras tres radioemisoras locales, Stereo Cumandá, Alegría y Municipal,
fueron obligadas por los militares a no divulgar información sobre la
represión, afirmó la presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos, Elsie Monge.

En febrero del año pasado, pobladores, indígenas, campesinos, comerciantes y
autoridades locales de Orellana y Sucumbíos realizaron una huelga similar
para exigir obras de vialidad y electrificación, pues muchas carreteras
carecen de asfalto y la distribución de energía está restringida a ocho
horas diarias.

El gobierno se comprometió a realizar en tres meses las obras necesarias
para solucionar los problemas de ambas provincias, de las cuales se ha
extraído en 20 años 60.000 millones de dólares de petróleo, según cifras
oficiales, y donde 90 por ciento de los habitantes viven en condiciones de
pobreza.

Pero ha pasado un año y el gobierno no cumplió sus compromisos. Los
representantes provinciales anunciaron una nueva huelga con las mismas
exigencias y en apoyo a los pequeños y medianos agricultores que fueron
afectados por la caída del precio del café.

"Estamos exigiendo que cumplan con los compromisos asumidos el año anterior
y fomenten la producción en la provincia", dijo a radio La Luna de Quito el
prefecto Bermeo.

El gobernante de Sucumbíos afirmó que, mientras las promesas siguen sin
cumplirse, se permite la construcción de un oleoducto que causará graves
daños ambientales y dará miles de millones de dólares de ganancia a las
compañías petroleras, sin que exista una mínima compensación.

"La situación de los campesinos es angustiosa. La mayoría son pequeños
productores de café que ha disminuido abruptamente su precio, y no reciben
subsidios para comprar fertilizantes o créditos que los apoyen para mejorar
la producción", afirmó el gobernante.

Los campesinos de Orellana luchan para mejorar su producción y no verse
obligados a cultivar coca, dijo a IPS Pedro García, un agricultor de la
provincia.

"Queremos seguir plantando café o algún otro producto rentable, pero para
eso necesitamos créditos, subsidios, carreteras para sacar la producción. Si
no, terminaremos plantado coca", como ha ocurrido en Colombia, Perú y
Bolivia, sostuvo.

García explicó que se acercaron "personas extrañas" que pagan por la coca
cinco a seis veces más que lo que obtienen por el café.

"La coca es un cultivo más resistente, nos dan todo lo necesario para
plantar, nos pagan cinco a seis veces más que el café, retiran la producción
de nuestras fincas. Si el gobierno no nos ayuda, nos está empujando a
plantar coca", aseguró García.

Muchos campesinos de Sucumbíos instalados junto a la frontera con Colombia
perdieron su producción porque sus cultivos resultaron afectados por la
fumigación de plantaciones de coca en territorio colombiano con el químico
glifosato.

Los organizadores de la huelga propusieron que una comisión integrada por
diputados de diversos partidos, quienes ya se reunieron con el presidente
Noboa, constaten en persona la situación en Orellana y Sucumbíos y abran el
diálogo con el gobierno, que se niega a negociar.

La diputada Nina Pacari, integrante de la comisión, sostuvo que la represión
ordenada por el gobierno y las declaraciones agresivas de funcionarios como
el ministro Merlo solo provocan más resentimiento.

"No es posible que se tilde de chantajistas a pobladores de dos de las
provincias que contribuyen desde hace años con un alto porcentaje del
presupuesto del Estado, mientras su gente vive en la pobreza. Las
declaraciones del gobierno son injustas e inhumanas", concluyó Pacari.

Las dos provincias permanecen bajo estado de sitio y toque de queda y
quienes violan las restricciones son sometidos al Código Penal Militar.
(FIN)

Nello

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