Incontro sui diritti umani DDHH in Ecuador

[Cristiano Morsolin <morsolin@yahoo.it>]

Allego questo documento relativo ad un recente
incontro sui diritti umani organizzato in Ecuador.
Saluti latinoamericani
cristiano morsolin

19oct01

i) REALIZAN UNA JORNADA DE ANALISIS Y REFLEXION SOBRE
LAS AMENAZAS A DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del
Ecuador, el Centro de
Documentación de Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo
S.J.”, CSMM, el Comité
Ad-Hoc de Defensores de Derechos Humanos de Colombia y
el Programa de Derechos
Humanos y Democracia de la Universidad Católica,
PDH-PUCE, tomaron la 
iniciativa
de convocar a una Primera jornada de análisis y
acciones sobre la situación de
los defensores de DDHH en el Ecuador, que contó con la
importante presencia
expositora del Dr. Jaime Prieto, miembro del Comité
Ad-Hoc de Defensores de
Derechos Humanos de Colombia y delegado de las ONGs de
DDHH al “Programa de
Protección a Defensores de Derechos Humanos” del
Ministerio del Interior de
dicho país.

Este evento se constituyó en el primero en su género
en el Ecuador sobre las
características y medidas colectivas preventivas a
tomarse ante una ola de
amenazas de muerte proferidas por un presunto
escuadrón de la muerte y, sobre
todo, a raíz de la atmósfera de hostilidad cada vez
más creciente provocada
desde las más altas esferas del Estado ecuatoriano y
las elites, contra
defensores de DDHH, ecologistas, sindicalistas y
dirigentes de la sociedad
civil.

El evento se efectuó el jueves 11 de octubre del 2001
desde las 09h00 hasta las
15h00 en la sala “Aurelio Espinosa Pólit” de la
Dirección de Pastoral de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, en
la ciudad de Quito, y
contó con la presencia de 21 delegados de
organizaciones de DDHH, sociales,
académicas, gremiales, políticas y de la sociedad
civil ecuatoriana, así como
varios de los dirigentes amenazados debido a los
acontecimientos de 
conocimiento
público ocurridos en los meses de julio y agosto en el
país.

Las valiosas experiencias transmitidas por Jaime
Prieto, miembro del Comité
Ad-Hoc de Defensores de Derechos Humanos y delegado
por las ONGs al Programa de
Protección a Defensores de DDHH del Ministerio del
Interior de Colombia, así
como el increíble acumulado de tragedias, ataques,
esperanzas y propuestas del
movimiento de DDHH del país hermano, tuvieron una
actual y singular importancia
para los defensores de derechos humanos y dirigentes
de la sociedad civil del
Ecuador.

LA APDH y el CSMM serán las entidades responsables de
dar seguimiento a los
valiosos resultados de este primer encuentro para
diseñar en conjunto 
propuestas
plurales de acción colectiva de las organizaciones de
DDHH y sociales del país
ante tales hechos.

Por su parte, el Dr. Jaime Prieto en su agenda de
visita al Ecuador también 
tuvo
ocasión de entrevistarse con autoridades y
funcionarios de algunas 
instituciones
del Estado, como la Dirección de DDHH del Ministerio
de Gobierno, la Comisión
Legislativa de DDHH, así como
conceder una entrevista a Diario “El Comercio”, que es
transcrita en este mismo
boletín informativo.

Participaron representantes de Acción Ecológica, AFSC,
Amnistía
Internacional-Sección Ecuador, APDH, CSMM, CEDHU, CEI
(Caso de asesinato de
Jaime Hurtado y sus compañeros), COSDHI, Coordinadora
Política de Mujeres
Ecuatorianas, Campamento Internacional por la Paz y la
Soberanía, Frente
Popular, MPD, PSE, REDHS-CEOSL, PDH-PUCE, entre otros.

Sofía Esquerra
Área de Informaciones-APDH
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ii) ENTREVISTA A JAIME PRIETO, MIEMBRO DEL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN A DEFENSORES
DE DD. HH. DE COLOMBIA

“LAS AMENAZAS NO SE DEBEN DESESTIMAR”

El jueves usted se reunió con el Director de DD.HH.
del Ministro de Gobierno en
Quito.¿Cuál fue el motivo de ese encuentro?
Nos entrevistamos para manifestarle nuestra
preocupación por la situación de 
los
defensores de derechos humanos ecuatorianos, motivada
por las amenazas vía
electrónica de una agrupación que se denomina Legión
Blanca. Ese grupo se
atribuye crímenes que aún deben probarse si los
cometió, pero es claramente un
ente que ejecuta una acción de intimidación. Le
manifesté nuestra preocupación
porque estas amenazas coinciden con las expresiones de
autoridades militares 
que
muestran signos de intolerancia.

¿Por qué se preocupan de ese tipo de amenazas?
¿Conocen cual pudiera ser el
alcance de esos hechos?
Nos preocupa porque tenemos como referencia el caso
colombiano. Expresiones
como apátridas, comunistas, guerrilleros y enemigos de
la democracia,
lamentablemente crearon un clima que favoreció a las
desapariciones forzadas,
ejecuciones y amenazas. 30 defensores de derechos
humanos han muerto en seis
años y más de 1.000 líderes sindicales han corrido la
misma suerte en los
últimos siete, 100 de ellos durante este año. Son
sucesos que esperamos que no
ocurran en el Ecuador, por ello, la Policía y los
militares no deben desconocer
el trabajo de los defensores de derechos humanos.
Nuestra visita tuvo la
intención de mostrar la preocupación, de decirles a
las autoridades que no
desestimen las amenazas, que no actúen con ligereza.

¿Que hacen ahora en Colombia?
Tenemos un programa gubernamental de protección de
defensores de derechos
humanos que hoy tiene un costo anual de siete millones
de dólares. La falta de
previsión puede llevar a la necesidad de dedicar
recursos de tal cantidad para
atender cosas que se pudieron prevenir. Este programa
presentamos a las
autoridades ecuatorianas.

¿Cómo se ha logrado borrar la idea de que los
defensores de derechos humanos
favorecen a la guerrilla, para que el gobierno trabaje
en su protección?
La verdad es que el estigma no ha sido borrado
plenamente. Lo que se ha logrado
es que el Gobierno, a través de una Directiva
Presidencial, exprese que los
defensores de derechos humanos y sus labores son
legítimas.

¿Cuál es respeto de la Policía y las fuerzas militares
a esa directiva
presidencial?
Hemos encontrado en la Policía una actitud positiva,
una actitud de promover al
interior de la fuerza policial el respeto a los
defensores de DD.HH. El jefe de
la Policía asiste a las reuniones del Programa. En las
fuerzas militares de
Colombia no ha cesado la actitud hostil. Es equívoco
pensar que pueden actuar 
de
cualquier manera en la persecución de los grupos
guerrilleros.
Se los debe combatir por la fuerza pero no puede
pensarse que los militares
pueden actuar como quieran y en esas acciones
confundir a la población
campesina. El Gobierno no puede legitimar que las
fuerzas armadas incurra en
graves violaciones de DDHH. Con unas cuantas
autoridades eso está convenido,
pero en el lado militar es más difícil. La
polarización que tuvimos por la 
falta
de escuchas es parte del problema.

¿Hasta dónde puede llegar un defensor de DD.HH.?
Debe investigar y de hecho cuando sus investigaciones
logra que se inicien
procesos sumarios demuestra que en su trabajo, pese al
riesgo, no existen
límites. ¿Por qué motivo los organismos de
inteligencia deben vulnerar la vida
privada de los defensores? Claro que los defensores no
tiene ninguna inmunidad,
si violan la ley, las autoridades están en el legítimo
caso de perseguirlos.
Pero si lo que ocurre es que hay una controversia que
molesta y no se está
dispuesto a tolerar y se ubica a los defensores en la
misma condición de los
narcotraficantes y la guerrilla, el fanatismo de unos
se convierte en 
inadmisión
de otro. Se debe buscar un terreno favorable para
evitar equívocos.

¿Cómo funciona el Programa de protección en Colombia?
El programa gubernamental existe desde finales de
1997. Funciona con un Comité
que estudia la información y establece si debe brindar
protección. Actualmente,
90 sindicalistas son protegidos con el esquema de
seguridad armada.
Los vigilantes son de su confianza o escogidos por
ellos y son entrenados y
contratados por el DAS. Se han blindado 60 sedes de
sindicalistas y de
defensores de DD.HH. Este año salieron 30 personas
desde su ciudad hacia otros
lugares.
Y a otros 25, que consiguieron visado, se les
facilitaron pasajes de avión para
que ellos y su familia puedan salir del país.
[Fuente: Entrevista publicada por Diario “El Comercio”
de Quito, Ecuador, al 
Dr.
Jaime Prieto. Publicación: Lunes 15 de octubre de
2001, Página: 9-A.]
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MÁS INFORMACION EDITADA POR EL EQUIPO NIZKOR:
Derechos Humanos en Colombia
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Información sobre el Plan Colombia
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Informe de la Mision de Via Campesina a Colombia
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Humanos sobre la Masacre en la Ciénaga Grande
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Redes de Inteligencia y Exterminio en Barrancabermeja
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Sindicalista asesinados durante el año 2001
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La economía del delito al servicio de la política
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Para ponerse en contacto con el Equipo Nizkor y
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EL ALTO NUMERO DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES ES
PROPIO DEL ACTUAR DE
ESCUADRONES DE LA MUERTE PARAPOLICIALES.

Las instituciones del Estado y del gobierno
ecuatorianos han guardado
preocupante y significativo silencio -a lo largo de la
última década- frente al
aparecimiento de cadáveres hallados con señales de
torturas y de ejecución
extrajudicial en la vía perimetral de
Guayaquil, expresa una denuncia de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos
del Ecuador, dirigida a la Federación Internacional de
Derechos Humanos, FIDH; 
a
Amnistía Internacional sede Londres, a la CIDH-OEA, y
a la comunidad nacional.

Cuatro cadáveres han sido hallados en los últimos
siete días, a los que la
Policía ha identificado como: Eddie Arias
Villavicencio (39 años); George
Balseca (37); Enrique Berrone Ordóñez (39) y el cuarto
ciudadano sin
identificar, de aproximadamente 26 años, cuyo cuerpo
fue hallado ayer, lunes 8
de Octubre, en esta misma vía que circunda la ciudad
de Guayaquil. De las 4
víctimas, la Policía identifica a los dos primeros,
ciudadanos Arias y Balseca,
con antecedentes penales, y en todos los casos
aparecieron con señales de
tortura, atados sus manos a la espalda y con signos de
haber sido ejecutados a
balazos, usándose pistolas calibre 9 m.m., recibiendo
la mayoría de ellos entre
5 a 8 disparos en la cabeza.

Suman así 26 las personas ejecutadas
extrajudicialmente desde el mes de enero
del 2001 en la vía Perimetral, y 65 ciudadanos desde
1999 según informe del
fraterno Comité Permanente de Derechos Humanos de
Guayas (CPDH), siendo muertos
de poco interés para el Estado ecuatoriano, pues la
Policía Nacional en la
mayoría de casos identifica a las víctimas como
presuntos delincuentes, 
llamando
más la atención de la APDH que nuevamente jefes de la
Fuerza Pública, como ya 
lo
hiciera hace dos años el ex-Jefe de la Policía de
Guayas, General Paco Urrutia,
vuelvan a argumentar que tanta muertes se deben a
supuestos “ajustes de cuentas
entre delincuentes” (versión del jefe de la Brigada de
Homicidios de la Policía
Judicial de Guayas, Raúl Ramos), a pesar de que las
sospechas y testimonios de
muchos de los familiares de los ejecutados y las
investigaciones de los
organismos de DDHH, recaen en un “escuadrón de la
muerte”, reaparecido en el
puerto de Guayaquil en la década de los noventa, que
entre 1985 y 1988 sembrara
de cadáveres N.N. (no identificados) la citada vía
Perimetral.

El argumento policial del “ajuste de cuentas” parece
ser admitido como “la
versión oficial” del Estado ecuatoriano, aunque todas
las características de
estas ejecuciones extrajudiciales registradas en la
vía Perimetral de 
Guayaquil,
hagan pensar que en esta ciudad nos hallemos ante el
funcionamiento impune de 
un
escuadrón de la muerte que efectúa operativos de
llamada “limpieza social”.

Experiencias registradas en otros países
latinoamericanos, especialmente 
Brasil,
Honduras, Guatemala y Colombia, han permitido
detectar, tarde o temprano, la
peligrosa omisión (“hacerse de la vista gorda”) e
incluso la connivencia y
participación encubierta de miembros de la Fuerza
Pública de esos países,
conjuntamente con empresarios que contribuyen a los
escuadrones de la muerte 
con
financiamiento, logística, infraestructura y
armamento.

En el Ecuador, aunque no existen indicios concretos de
protección oficial y
cobertura empresarial al escuadrón de la muerte que
opera en la Perimetral, sí
preocupa que la Policía Nacional no haya presentado en
los últimos diez años
ningún informe indagatorio o pistas sobre estos hechos
de violencia, ni que el
Ministerio de Gobierno ni la Fiscalía hayan instruido
investigación alguna
acerca del reciente aparecimiento público de un
escuadrón de la muerte en
Guayaquil, autotitulado “Vengadores del Pueblo”, que
envió entre mayo y agosto
de 2001 a algunos medios de comunicación un boletín
anunciando su surgimiento
“para ejecutar delincuentes y desechos sociales”,
boletín en el que admiten ser
policías y militares en servicio pasivo que cuentan
con apoyo financiero y
logístico de empresarios guayaquileños a los que no
identificó.

Preocupa la omisión estatal y la legitimación por
parte de amplios sectores de
la ciudadanía ante estos hechos que vienen escalándose
en medio de un ambiente
autoritario en el puerto de Guayaquil, pues se intenta
legitimar la violencia
como el mecanismo idóneo para contrarrestar la
delincuencia social. Pocos
recuerdan los testimonios de varios ciudadanos de los
suburbios guayaquileños
que denunciaron el aparecimiento esporádico de un
tristemente célebre vehículo
“Trooper rojo de vidrios ahumados”, desde donde
pistoleros salían a disparar a
quienes identificaban como delincuentes o presuntos
delincuentes. Así mismo, en
dos casos registrados en el pasado en la vía
Perimetral, familiares de algunos
ejecutados inculparon a miembros de la Policía de
realizar “trabajos sucios”,
asunto que fue descartado por la institución policial
que indicó que no se 
debía
dar crédito a la palabra de las convivientes (esposas)
de los delincuentes.

Si existen presunciones y anuncios públicos que
informaban meses atrás del
surgimiento y operaciones de un escuadrón de la muerte
en Guayaquil, es obvio
que el Estado debió tomar medidas indagatorias y
ordenar represión 
institucional
a los mal llamados “grupos privados de justicia”, pero
el silencio oficial
pudiera interpretarse como omisión estatal que no debe
continuar.

Solicitamos su pronunciamiento de preocupación ante el
Gobierno nacional por
estos dos hechos:

1) Ejecuciones extrajudiciales en la vía Perimetral de
Guayaquil; y,

2) Desidia estatal ante el surgimiento del escuadrón
de la muerte “Vengadores
del Pueblo” en la misma ciudad.
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ENVIAR MENSAJES Y CARTAS A LAS SIGUIENTES AUTORIDADES:
[El Equipo Nizkor recomienda enviar los escritos vía
fax ya que los correos
electrónicos son muy fáciles de bloquear y, este tipo
de gobierno, suelen usar
ese método para evitar la recepción.]

Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente de la República
del
Ecuador, Palacio de Gobierno, García Moreno y Chile
1043,
Quito - Ecuador. Fax: (+ 59 3) 258 07 35.
E-mail : despresi@presidencia.ec-gov.net

Abogado Antonio Andretta, Ministro de Gobierno y
Policía,
Ministerio de Gobierno, Espejo y Benalcázar, Quito.
Fax: (+
59 3) 258 00 67.
E-mail : ministrog@presidencia.ec-gov..net

Almirante Hugo Unda, Ministro de Defensa, Ministerio
de
Defensa, Quito.
Fax: (+ 59 3) 258 04 31 E-mail :
despacho@pop.midena.mil.ec

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Piedrahita
y 6 de
diciembre, Quito.
Procurador General del Estado, Robles y Amazonas,
Quito,
Fax: (+ 59 3) 256 20 60

Ministro de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Relaciones
Exteriores, 10 de Agosto y Carrión, Quito. Fax: (+ 59
3) 256
48 73

Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Piedrahita
y 6
de diciembre, Quito. Fax: (+ 59 3) 250 42 95

Doctor Mario Cevallos, Comandante General de la
Policía
Nacional, Ramírez Dávalos y 10 de Agosto, Quito. Fax :
(+
59 3) 250 26 14

General José Vicente Villacís Flores, Subsecretario de
Policía,
Ministerio de Gobierno, Quito. Fax : (+ 59 3) 258 00
67
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