Chiapas, otra vez en la ruta de las armas

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

fuente Proceso
Álvaro Delgado y Salvador Corro

Una vez aprobado el dictamen del Congreso de la Unión por 17 legislaturas
estatales -una más de las necesarias para ratificar la reforma
constitucional en materia indígena-, el proceso de paz en Chiapas entró en
una de las peores etapas de crisis desde 1994.Miguel Álvarez, secretario
técnico de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación (Conai),
sostiene que ante ese hecho, la organización Servicios y Asesoría para la
Paz, que preside el obispo emérito Samuel Ruiz, ratifica el contenido de su
documento Hacia una nueva estrategia de paz. Situación, riesgos y retos
civiles, en el que se advierte:

"Hoy vemos con preocupación un peligroso riesgo de retorno a las condiciones
y criterios de la estrategia aplicada durante el sexenio de Zedillo."

Servicios y Asesoría para la Paz, en el que además de Álvarez participa de
manera destacada Gonzalo Ituarte, también exmiembro de la Conai, elaboró el
estudio para consumo restringido, pero ante la situación actual decidieron
adelantarlo a Proceso para entregarlo posteriormente a la red de
organizaciones y personas interesadas en una salida pacífica y digna al
conflicto de Chiapas.

En entrevista, Álvarez afirma que el análisis y las conclusiones del
documento cobraron particular vigencia en virtud de las implicaciones
políticas y legales de la aprobación de las reformas constitucionales en
materia de derechos y cultura indígenas.

Según Álvarez, este informe -que ahora se integra a una serie de reportes
semestrales con impacto internacional por ser distribuidos entre
organizaciones nacionales y de varios países- preveía las implicaciones del
voto aprobatorio:

Que el gobierno no ha cumplido con las tres señales demandadas por el EZLN
para reanudar el diálogo; que no hay condiciones de corto plazo para ello y,
"algo más grave", que la transición política no está en condiciones de
asumir la construcción de un proceso sólido de paz. Y precisa:

Es decir, quedará establecido que la política no es todavía capaz de ser
ofrecida como vía de participación y de disputa para todos los actores y
todas las causas. Así, para diversos sectores, la razón del uso de las armas
seguirá siendo vigente en este México moderno, en transición y cruzado por
las injusticias.

En resumen, manifiesta, "la ruta de las armas" vuelve a ser "viable para las
partes, para otros grupos armados y para otras fuerzas duras del país".


El conflicto, peor que con Zedillo
En el análisis, fechado el 30 de junio de este año, se evalúa el nuevo
contexto político representado por la Presidencia de Vicente Fox y la
gubernatura de Pablo Salazar Mendiguchía en el estado de Chiapas.
En estos seis meses del 2001, intensos y difíciles, hemos pasado por
momentos de gran esperanza junto con otros de gran desilusión. Si bien para
la paz el semestre inició con grandes expectativas y tendencias favorables,
el semestre termina con mínimas expectativas y con tendencias otra vez
desfavorables.

Se recuerda que el gobierno foxista se comprometió a atender las tres
señales exigidas por el EZLN. Eso propició que las partes convergieran en
empujar en el Congreso la iniciativa de ley elaborada por la Comisión de
Concordia y Pacificación (Cocopa), así como la caravana zapatista a la
capital, realizada pese a la oposición de los sectores más conservadores.

Al final, el Congreso aprobó una reforma indígena alejada de la propuesta
por la Cocopa y del Convenio 169 de la Organización Internacional del
trabajo (OIT), con el propósito de enviar varios mensajes:

Al foxismo, en cuanto a la autonomía crítica y real del Congreso; al
presidente Fox, al no permitirle un fortalecimiento más allá de los
partidos; al zapatismo, por cuanto no se le reconoce como suficientemente
representativo del movimiento indígena nacional ni como interlocutor
principal para los cambios de fondo; al movimiento indígena, en que no se
quiere que crezca demasiado; a los movimientos ciudadanos y a la transición
democrática, en el sentido de que los partidos y los votos son los factores
privilegiados de la acción política; a la paz en Chiapas, en que no merecen
medidas extraordinarias ni prioridad nacional, y finalmente, a los
movimientos armados, para que no esperen victorias importantes como "premios
de acciones ilegales".

Luego, dice, se procedió al proceso legislativo de ratificación de la
reforma en las legislaturas de los estados, y el hecho de que la hayan
rechazado 10 estados con numerosa población indígena acredita su "falta de
legitimidad" y el inicio de una "profunda y riesgosa crisis".

La aprobación de la reforma constitucional indígena, que Servicios y
Asesoría para la Paz atribuye a una "disputa política y de poder", tiende a
hacer fracasar la "quinta etapa" del diálogo y negociación entre las partes
del conflicto.

La primera etapa fueron los diálogos de Catedral, en febrero y marzo de
1994; la segunda, la realizada en Guadalupe Tepeyac durante enero de 1995;
le siguió todo el proceso de la Mesa de San Andrés, y la cuarta fue la "vía
paralela" entre el gobierno federal y el EZLN, por conducto de la Cocopa.

Como en las ocasiones anteriores, cada etapa de negociación ha reflejado el
contexto, la correlación y el momento concreto que vivía el conflicto; no se
trata de la reanudación automática de las cosas como se quedaron en la fase
anterior, pues el conflicto mismo replantea cada negociación.

Si aborta en definitiva esta quinta oportunidad, el conflicto se reciclará y
la tarea inmediata de paz no pasará por la reanudación del diálogo, pues
para eso no habrá condiciones; vamos de regreso hacia el reciclamiento y
recrudecimiento del conflicto.

Con crudeza, en el documento se vaticina:

Desgraciadamente, las señales marcan que este recrudecimiento será cruento y
difícil, pues no depende ya sólo de las partes. Esto coloca al conflicto y a
la paz en una situación aún peor que la vivida antes de diciembre del año
anterior.

Según el estudio, hoy se reconoce con más claridad y fuerza que lo que en el
fondo está en juego es la pugna por definir la transición, y por conducirla
al servicio de distintos proyectos de nación. "El tipo de paz a construir
depende de esta disputa", asevera.

La expectativa inicial que generó Fox abría condiciones para dar esta
disputa, pues el discurso original planteaba una transición con base en
propuestas que no se han materializado (por ejemplo, proyecto nacional,
pacto político, reforma del Estado, nueva Constitución, consenso social,
diálogo permanente, pluralidad y esperanza...). Sin embargo, el discurso y
respaldo con los que comenzó Fox se han debilitado; la Presidencia es ahora
cuestionada en todos sentidos. Su propuesta parece cada vez más de impulso
al proyecto económico que por varios años ha venido adueñándose del país. Y
la desconfianza crece, así como la debilidad de acciones y alternativas
políticas.

El país ha entrado a una encrucijada más allá de la alternancia partidaria.
El viejo régimen no ha desaparecido, la transición es apenas de
responsabilidades, todavía no de régimen ni de proyectos. Es el momento de
la disputa de rumbos, y en ellos la paz ha quedado atrapada, pues se oponen
a ella las fuerzas que no quieren consolidarla como un factor favorable de
transición democrática.



Se impone la lógica militar
En este contexto político, los exmiembros de la Conai expresan desazón: "Hoy
vemos con preocupación un peligroso retorno a las condiciones y criterios de
la estrategia aplicada durante el régimen de Zedillo".
Una de esas condiciones es "el resurgimiento de la lógica militar", a pesar
de que el Ejército había aceptado retirarse de las siete posiciones en el
área de conflicto y respaldó los esfuerzos de diálogo.

Sin embargo, como elementos de deterioro reciente, el Ejército ha acentuado
otra vez su presencia en la zona del conflicto, sumándose a los sectores que
restan credibilidad o capacidad política al gobierno.

Reaparecen, así, dos círculos viciosos que definieron la estrategia de
Zedillo: "sin salida política se garantiza la salida militar" (lo que impide
construir una salida política), y "a mayor tensión social más presencia
militar" (lo que impide analizar políticamente las causas de la tensión).
Sin nuevas iniciativas políticas, la inercia anterior volverá a establecer
el predominio y peso de la lógica militar, lo que muy pronto cerraría las
posibilidades de la lógica política...

Por todo ello se analizan dos escenarios y estrategias ya probados en el
régimen de Zedillo. Uno es el de "no diálogo" o el "desarrollo sin diálogo",
que pretenden solucionar la pobreza mediante programas sociales diseñados
verticalmente al margen de las comunidades indígenas, "al tiempo que se
administra la contención por conducto del mantenimiento de la presión,
presencia y actividad militar, para así dejar la definición de las
contradicciones y confrontaciones al libre juego de los actores locales y
los paramilitares".

El otro es el del "diálogo a fuerza", planteado recientemente por el
comisionado gubernamental, Luis H. Álvarez, que pretende presionar al EZLN
mediante cambios a la actual Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz
Digna en Chiapas. "Se comprenderá que abrir ahora ese tema, sin correlación
política favorable en el Congreso para la paz digna, puede conducir a un
tercer escenario y estrategia, el de la fuerza sin diálogo".

Ante este riesgo de continuación de la equivocada estrategia de Zedillo, y
ante el hecho de que desde abril el EZLN ha reactivado la estrategia de
resistencia civil y la consolidación y diversificación de las experiencias
autónomas, urge insistir en la necesidad de una nueva estrategia de Estado
hacia la paz con base en una valoración justa del conflicto, sus retos y
riesgos.

Es preciso replantear el conjunto del conflicto y el proceso de paz, dado
que han quedado rebasados y en adelante no serán suficientes los pasos
previos que se han dado: principios, reglas, formatos, leyes, acuerdos,
actores, interlocuciones, andamiajes, etcétera. Ninguno de éstos bastará
para reanudar el diálogo y reorientar el proceso de paz. Su vía de
posibilidad, la atención de las causas, requiere de la reforma del Estado.

Luego de plantear este escenario, el documento es pesimista:
Así, ahora la paz depende de cómo se desarrolle la lucha política nacional,
que ha abierto sus fronteras. Pero también se requiere de actores potentes
que la promuevan con capacidad de convocatoria y movilización. Por ahora,
lamentablemente, no aparecen ni esa nueva propuesta de paz ni esos actores
nacionales con peso y tamaño para impulsarla.



La nueva estrategia civil de paz
Ante la nueva crisis en el proceso de paz, los exmiembros de la Conai
estiman que es preciso articular una nueva estrategia civil que tenga como
objetivo crear un consenso sobre un proyecto alternativo de nación y
reflejarlo en una necesaria reforma del Estado.
"(Se debe) asumir que se ha entrado a otra etapa de la lucha histórica del
movimiento progresista y de las fuerzas populares frente al proyecto ahora
hegemónico de derecha", sentencia el documento.

Pero también, añade, la fase final de la reforma indígena plantea varios
campos de acción:
-Promoción de situaciones legislativas y políticas para realizar un período
extraordinario de sesiones del Congreso con el fin de revisar el dictamen o
discutir la reforma del Estado.
-Exigir a Fox que ejerza las facultades constitucionales y políticas que
permitan la reactivación legislativa de la iniciativa de la Cocopa.
-Presentar demanda de inconstitucionalidad por violentar el procedimiento de
consulta a los pueblos, señalado en el Convenio 169 de la OIT y en algunas
legislaciones locales.
-Elaborar un informe para los tribunales internacionales con competencia en
la materia, bajo la consideración de que el dictamen contraviene el Convenio
169 de la OIT.

Por último, preconiza la intensificación de las estrategias de difusión
frente a la opinión pública nacional e internacional, y ejemplifica
recomendando "explorar las posibilidades, invitados y formatos de un
Encuentro Internacional por la Paz en México".






Nello

www.peacelink.it/tematiche/latina/latina.htm