Kissinger contro Tribunale Internazionale

["Martinerrico" <martinerrico@libero.it>]

FONTE: El Mercurio

Sábado 30 de Junio de 2001 

EX SECRETARIO DE ESTADO DE EE.UU.:
Kissinger Cuestiona el TPI y la Jurisdicción Universal

El ex Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, sostiene que
"no se debe permitir que principios legales sean usados como armas para
saldar cuentas políticas", al cuestionar el Tribunal Penal Internacional y
el sistema de jurisdicción unive


Caso Pinochet es citado como ejemplo de la politización de la justicia
internacional, que permite procesos en terceros países.


Pese al anuncio oficial de Estados Unidos de que no impulsará la
ratificación legislativa del Tratado de Roma, que crea el Tribunal Penal
Internacional, el ex Secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger
plantea sus aprensiones frente a ese estatuto y la evolución del concepto de
jurisdicción universal, a partir del caso Pinochet.
El Tratado de Roma fue suscrito por el ex Presidente Bill Clinton momentos
antes de que venciera el plazo para su rúbrica, a fines de diciembre, de
modo que EE.UU. tuviera el derecho a opinar sobre esta nueva
institucionalidad judicial.
En la última edición de Foreign Affairs, Kissinger da cuenta que en menos de
una década ha surgido un movimiento sin precedentes para someter a políticos
internacionales a procedimientos judiciales, cuestionando la falta de debate
sobre este nuevo escenario.
Según explica, la doctrina de la jurisdicción internacional sostiene que
algunos crímenes son tan horrendos que sus perpetradores no deben escapar a
la acción de la justicia invocando inmunidad soberana ni la aplicación
territorial de la ley.
Para alcanzar ese objetivo - agrega- han surgido dos mecanismos, uno de los
cuales está contemplado en convenciones de Naciones Unidas, autorizando a
jueces nacionales a llevar sus jurisdicciones a los agresores mediante la
extradición desde terceros países. La otra alternativa es el Tribunal Penal
Internacional (TPI).
Sin embargo, Kissinger advierte que el concepto de jurisdicción universal es
de reciente data, siendo el más cercano el de "hostes humani generis" o
"enemigo de la raza humana", que había sido aplicado hasta hace un tiempo a
piratas, secuestradores u otros al margen de la ley, cuyos crímenes son
generalmente cometidos fuera del territorio de un Estado.
"La noción de que jefes de Estado o funcionarios públicos de alto rango
deben tener la misma categoría que las personas al margen de la ley ante un
tribunal de justicia es totalmente nueva", remarca.
Si bien el ex Secretario de Estado valora que hayan surgido instancias
judiciales para enfrentar la comisión de atrocidades, como los tribunales ad
hoc de la ex Yugoslavia y Ruanda, subraya que esas iniciativas y otras
anteriores hayan sido concebidas para instituir una "jurisdicción
universal".
En ese sentido, señala que es improbable que los signatarios de convenciones
de ONU y del Acta de Helsinki consideraran posible que jueces nacionales
usaran estos tratados como fundamento de requerimientos de extradición
respecto de presuntos crímenes cometidos fuera de sus jurisdicciones.
Sólo recientemente - añade- se ha argumentado que varias declaraciones de
ONU sujetan a líderes pasados y futuros a la posibilidad de ser juzgados por
jueces nacionales de terceros países sin las garantías de un debido proceso
o limitaciones institucionales.
Precedente Pinochet
A juicio de Kissinger, en esencia ese fue el precedente sentado con la
detención en Londres, en 1998, del ex Presidente Augusto Pinochet, como
resultado del requerimiento de un juez español que intentaba juzgarlo por
crímenes cometidos en Chile contra ciudadanos españoles.
No obstante, enfatiza que cualquier sistema universal debiera contener
procedimientos no sólo para castigar a los malos, sino también para
constreñir a los virtuosos. "No debe permitir que principios legales sean
usados como armas para saldar cuentas políticas".
Desde esa perspectiva advierte que la interpretación sin precedentes de la
legislación internacional en el caso Pinochet armaría a cualquier magistrado
en cualquier parte del mundo con el poder para pedir una extradición,
sustituyendo el dictamen del juez por los procesos de reconciliación de
sociedades indisputadamente democráticas donde las presuntas violaciones de
derechos humanos han ocurrido.
No obstante, Kissinger valora como un principio importante que quienes
cometen crímenes de guerra o atentados sistemáticos a los derechos
fundamentales deben responder, recalca que la consolidación de la
legislación, la paz interna y un gobierno representativo en una nación que
lucha por llegar a un acuerdo respecto de un pasado brutal también tienen su
derecho.
Más adelante apunta que los partidarios ideológicos de la jurisdicción
universal proporcionan gran parte de los alcances intelectuales del
emergente Tribunal Penal Internacional, siendo su objetivo el criminalizar
algunas acciones políticas y militares, de modo que haya una conducta más
humanitaria en las relaciones internacionales.