COMUNICADO CONJUNTO DE AMNISTÍA ARGENTINA, CORREPI Y CELS

["Martinerrico" <martinerrico@libero.it>]

COMUNICADO CONJUNTO DE AMNISTÍA ARGENTINA, CORREPI Y CELS

INVITAMOS A ADHERIR Y CONCURRIR A LAS 15:00 A LA CONFERENCIA DE PRENSA EN EL
SALON DE LOS PASOS PERDIDOS DEL CONGRESO NACIONAL:  LA AMPLIACIÓN DE
FACULTADES POLICIALES AGRAVARÁ LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD QUE DICE
SOLUCIONAR

A PARTIR DE AHORA TODOS SOMOS CULPABLES

La ampliación de poderes a la policía para realizar procedimientos, revisar,
interrogar y detener a los ciudadanos sin previa orden judicial, no
soluciona el problema de la inseguridad; por el contrario, lo agrava.

El aumento de facultades policiales es una solución falsa al problema de la
inseguridad

La ineficacia de las políticas preventivas de la policía no se debe a la
falta de facultades policiales. Actualmente, la policía ya cuenta con
facultades para detener y hacer requisas ante situaciones de urgencia y de
sospecha. Pero, la policía sigue utilizando como única forma de prevenir el
delito mecanismos autoritarios como las detenciones indiscriminadas o los
operativos masivos de control.

Sin embargo, las encuestas de victimización demuestran que la amplia mayoría
de la gente descree de estas políticas represivas. Asimismo, las
investigaciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires evidencian que estas
facultades "preventivas" son utilizadas con los peores resultados: de 1700
personas detenidas por mes, sólo en el 1 por mil de los casos existían
razones para la detención. No puede aceptarse que la policía base su
capacidad de investigación y prevención en detener personas de forma masiva,
en revisar indiscriminadamente los autos, la ropa y las demás pertenencias
de las personas.

La ineficacia de las investigaciones tampoco se relaciona con la falta de
facultades. Las nulidades en los juicios son el resultado de policías que
desconocen las leyes que precisamente deben respetar. Por otro lado, tanto
las investigaciones de los delitos simples como de los más graves ‹como la
investigación del atentado contra la AMIA, o el asesinato del reportero
gráfico José Luis Cabezas‹, se obstaculizan no por la falta de facultades
policiales, sino justamente por las irregularidades y los delitos cometidos
por funcionarios policiales al amparo de las facultades que hoy poseen, tal
como ha puesto en evidencia por ejemplo el reciente informe de la
Procuración General de la Nación.





El aumento de facultades policiales conlleva un agravamiento de los
problemas que ya existen.

Las nuevas medidas olvidan que la propia policía es un factor central del
problema de la inseguridad. La violencia policial, la falta de respeto por
la ley, las redes de ilegalidad y corrupción, y la resistencia a los
controles políticos, judiciales y ciudadanos, son notas distintivas del
accionar de las policías. La nueva ley aumentará la discrecionalidad y
eliminará los ya pocos controles existentes. ¿Quién controlará a la policía
con estas nuevas atribuciones?

Con mayores facultades policiales aumentará la discriminación y la
conflictividad social. En su accionar, las policías discriminan a los
jóvenes, los pobres, los desocupados, los inmigrantes, los solicitantes de
asilo y sectores minoritarios por su identidad sexual. En su práctica
cotidiana, las policías los tienen en cuenta como objetivo, para operativos
de control de tipo militar. El aumento de facultades discrecionales
impactará directamente contra estos grupos. El incremento de la violencia
contra los mismos sectores atacados por el resto de las políticas sociales,
sólo aumentará la desigualdad y la violencia social.

El dilatamiento de la intervención de los jueces hará aún más lento el
proceder judicial. La nueva ley prolongará aún más los extensos plazos con
que cuenta la justicia y demorará también las decisiones que establecen la
responsabilidad de las personas en la comisión de delitos.

Las soluciones reales pasan justamente por el lado contrario

La muerte de las personas, incluidos los agentes policiales, se evita con la
reducción de los niveles de violencia institucional y no con su incremento.

Se debe fomentar un mayor control por parte de la sociedad, el ministerio
público y la justicia. Desde la política se pretende atacar el problema de
la inseguridad y ésta es una actitud loable. Ahora bien, los argentinos
vivimos en un estado de inseguridad que abarca, entre otros aspectos, la
inseguridad laboral, la inseguridad salarial, la inseguridad previsional, la
inseguridad sobre la salud y la inseguridad sobre nuestro futuro. En este
contexto, los argentinos padecemos también una situación de inseguridad en
las calles. Por ello, reducir el problema de la inseguridad a un debate
sobre las atribuciones de tal o cual fuerza, constituye una negación del
problema real.

La contundencia de las conclusiones anteriores permite deducir que la
ampliación de facultades no busca ser una solución al problema de la
inseguridad sino sólo una la exhibición efectista de legisladores y
funcionarios para mostrar su preocupación por un problema al que no desean
abordar seriamente ni de modo real.

Buenos Aires, 6 de junio de 2001.