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Domani 12 ottobre
2000 una delegazione formata da Perez Esquivel, Rigoberta
Menchù e
Frei Betto
interverrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
presentare la carta publica
del Grido degli
esclusi latinoamericano, qui allegata.
Per
approfondimenti : www.alainet.org
Saluti di pace da
Cristiano Morsolin |
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Carta Publica* del Grito de los Excluidos/as a las Naciones
Unidas
Nos dirigimos a Naciones Unidas a nombre del Grito de los
Excluidos/as, que es una gran manifestación popular que
el 7 de septiembre en Brasil y el 12 de Octubre en toda
América moviliza a millones de personas bajo el lema
"Por pan, trabajo y vida". Pertenecemos a diferentes
países, sectores sociales de base y formas de
pensamiento, pero nos hemos unido para hacer escuchar nuestras
voces de indignación y esperanza en el ámbito
internacional.
Acudimos a decir a las Naciones Unidas y a
los gobiernos del mundo que es hora de tomar acciones
enérgicas para revertir la situación vergonzosa de
miseria y exclusión en la cual se le ha sumido a la
mayoría de la humanidad.
Venimos a exponer sobre
la situación que vivimos los hombres y mujeres pobres del
campo y de la ciudad, campesinos sin tierra, indígenas
sin derechos, desempleados y subempleados, migrantes, la
niñez y la juventud, los adultos mayores, en suma, los
excluidos y excluidas del proceso de mundialización
liberal. Queremos, a la vez, acompañar nuestras denuncias
con alternativas que permitan superar tal
situación.
Globalización.- Nunca como ahora
la humanidad ha dispuesto de tantos recursos económicos,
tecnológicos y científicos para desterrar el azote
del hambre, las enfermedades y el analfabetismo, sin embargo la
globalización neoliberal ha puesto en el centro de sus
preocupaciones los afanes de lucro en lugar de las necesidades
humanas y ha colocado el mercado por encima del bienestar
social, alejando la posibilidad de alcanzar el desarrollo social
y humano que todos anhelamos.
A la hora de evaluar la
globalización en curso, uno es el criterio que tienen los
ejecutivos en sus lujosas oficinas en Nueva York, Washington,
Bruselas, Tokio y otras ciudades donde residen los poderes
mundiales, las transnacionales y las bolsas de valores, y otro,
muy diferente, el de los/as excluidos/as de las favelas de
Río de Janeiro, los "pueblos jóvenes" de
Lima, los indígenas del altiplano boliviano o los
campesinos sin tierra de Honduras.
Los resultados de los
procesos de liberalización, desregulación y
privatización que se aplican en todo el mundo, desde hace
más de dos décadas, están a la vista y sus
efectos perversos han sido demostrados con estadísticas
por diversos organismos de Naciones Unidas y de la sociedad
civil: se han incremento las desigualdades; hay mayor pobreza y
desempleo; se ha degradado la calidad de los servicios
públicos; nuestras sociedades son cada vez más
violentas e inseguras; las guerras civiles, religiosas y
étnicas cobran nuevas y mayores víctimas; se
extiende el tráfico de seres humanos, las campañas
de "limpieza social"; persiste la inequidad entre los
géneros, la violencia y la discriminación hacia
las mujeres; en fin, el medio ambiente está siendo
gravemente afectado por un modelo basado en el consumismo, la
contaminación y el despilfarro, poniendo en serio peligro
el futuro de la propia vida en el planeta.
Las causas del
deterioro económico, social y ambiental están
directamente relacionadas con los planes de ajuste estructural
impuestos por el FMI y el Banco Mundial, los acuerdos de la
Organización Mundial de Comercio, la concentración
monopólica de las transnacionales, la deuda externa, las
privatizaciones y la crisis financiera provocadas por los
capitales volátiles ávidos de altas rentabilidades
a corto plazo.
La tríada Estados
Unidos-Unión Europea-Japón concentra el poder
financiero, los conglomerados industriales, la
tecnología, el conocimiento y la información. El
Norte domina las estructuras económicas, militares y
políticas claves como el Fondo Monetario Internacional,
FMI, el Banco Mundial, el Grupo de los 7, la Organización
Mundial de Comercio y la OTAN, y de hecho decide de facto la
política mundial en tanto que los países del Sur,
que concentran el 80% de la humanidad, tienen escaso poder de
influencia y pierden progresivamente su soberanía y su
capacidad de decidir sobre sus propios asuntos.
Las
transnacionales.- Un puñado de corporaciones
transnacionales ha adquirido tal poder que controla ya una
cuarta parte de la economía mundial y aspira a más
con los procesos de concentración y fusiones. Son
más ricas que muchos Estados, sin que sus actos sean
sometidos a control democrático alguno. Para alcanzar
altos e inmediatos niveles de rentabilidad, estas corporaciones
a menudo superexplotan la fuerza de trabajo, especialmente
femenina y de la niñez, violan los derechos humanos y
sindicales e ignoran normas de seguridad elementales. Cuando
explotan los recursos naturales, turísticos, minerales,
energéticos, agrícolas y genéticos ignoran
las normas medioambientales y atropellan los derechos colectivos
de las comunidades indígenas, negras, campesinas y
urbanas.
Disparidades.- Las desigualdades entre el Norte
y el Sur, y en el interior de nuestros países, en lugar
de disminuir, se van agigantando. En 1997, el 20% de la
población más rica del planeta se repartía
el 86% de la riqueza, en tanto que el 20% de la población
más pobre recibía el 1%.
El patrimonio de
los tres hombres más ricos del mundo representa un valor
superior al Producto Nacional Bruto de los 48 países
más pobres con 600 millones de habitantes. En el mundo
existen 1300 millones de personas bajo el umbral de la pobreza
absoluta, 70% son mujeres. Es más, las mujeres ganan
sólo la décima parte del ingreso mundial y poseen
menos de la centésima parte de la riqueza.
La
diferencia entre los países más ricos y los
países más pobres era de alrededor de 3 a 1 en
1820, de 35 a 1 en 1950, de 44 a 1 en 1973 y de 72 a 1 en 1992,
señala el PNUD. En este contexto, constatamos con
preocupación cómo se deterioran los
términos de intercambio y caen los precios de las
materias primas. La ayuda al desarrollo disminuye y los
países desarrollados están muy lejos de cumplir su
compromiso de destinar a este objetivo el 0,7% de su Producto
Interno Bruto.
La pobreza y el desempleo no solo afectan
al Sur sino también al Norte. En los países
industrializados, más de 100 millones de personas viven
algún grado de pobreza, cinco millones no tienen vivienda
y 37 millones están en el desempleo.
En
América Latina nunca han existido tantos pobres como
ahora. Al iniciar el año 2000, 224 millones de
latinoamericanos / as se encuentran atrapados en la pesadilla de
la pobreza, según reconoce la CEPAL. El número de
personas viviendo con un dólar al día se
elevó de 63,7 millones en 1987 a 78,2 millones en 1998.
En el otro lado de la pirámide social, sin embargo, nunca
había existido tanta riqueza en tan pocas manos. Nuestra
región lleva el triste record de ser una de las
más injustas del mundo. La liberalización y las
privatizaciones de empresas y servicios públicos han
reforzado la tendencia a la concentración de la riqueza,
aunque la mayor parte del pastel ha sido entregado al capital
transnacional europeo y norteamericano.
Deuda externa.-
Durante el período extraordinario de sesiones de Naciones
Unidas, reunido en Ginebra con motivo de los cinco años
de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague, se
reafirmó el compromiso de buscar soluciones al problema
de la deuda externa que "constituye uno de los principales
obstáculos que impide lograr tanto el desarrollo
sostenible centrado en el ser humano como la erradicación
de la pobreza". No obstante, unas semanas después el
Grupo de los 7 (países más ricos) reunido en
Okinawa, Japón, enterró en la práctica, por
las condiciones inaceptables impuestas, las promesas que hizo un
año atrás en Colonia de perdonar las deudas de los
países pobres muy endeudados. La deuda externa se ha
convertido en un moderno mecanismo de piratería,
expoliación y sometimiento. Solo en 1999, los
países "en vías de desarrollo"
realizaron una transferencia neta de 114.600 millones de
dólares en beneficio de los acreedores del Norte. La
deuda es un pesado fardo que aplasta a nuestros pueblos. Algunos
países destinan más de la mitad del presupuesto
público para servir la deuda. Los planes de ajuste y
austeridad que impone el FMI representan cierre de escuelas
públicas, desabastecimiento de hospitales,
paralización de obras públicas, despido de
empleados públicos, en suma, imposibilidad de salir del
atraso y la pobreza.
Exclusión del trabajo
decente.- La crisis financiera y el estancamiento de la
economía han determinado que el desempleo en
América Latina suba de un 6% en 1990 a un 9,5% en 1999,
según informes de la Organización Internacional
del Trabajo. Junto al desempleo abierto, encontramos el llamado
sector informal o no estructurado que absorbe, en algunos
países como Bolivia, Colombia y Perú, más
de la mitad de la fuerza de trabajo en las zonas urbanas.
Millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños/as
pobres que se dedican a los pequeños negocios, ventas
ambulantes, trabajo a domicilio, servicios domésticos,
actividades agrícolas y otras ramas obtienen ingresos muy
bajos e irregulares, viven en una situación de
inestabilidad permanente y están excluidos/as de la
protección social y de la legislación laboral. A
medida que se deteriora la situación económica, la
niñez se incorpora cada vez más al mercado de
trabajo (15 millones al finalizar la década de los 90),
quedando, de hecho, marginada de la educación, la
alimentación y una vida digna.
Las reformas
laborales y la "flexibilización", adoptadas
para atraer las inversiones extranjeras, solo han servido para
degradar aún más las condiciones de vida del
trabajador que ha visto borradas de un plumazo conquistas
laborales duramente logradas como la estabilidad, remuneraciones
dignas, seguridad social, el derecho de organización y
huelga. Las condiciones de esclavitud impuestas, principalmente
a las mujeres, en las zonas francas y en las industrias
maquiladoras de México, Centroamérica y El Caribe
son un claro ejemplo del tipo de integración que los
empresarios norteamericanos quieren imponer a toda la
América Latina a través del Tratado de Libre
Comercio de las Américas, ALCA, previsto para el
2005.
En tanto que un número muy reducido de la
población se ha beneficiado de la modernización de
la economía, de los avances tecnológicos y del
consumo selectivo la gran mayoría de trabajadores ha
visto descender en picada sus ingresos, a tal punto que, en la
década de los 90, el poder adquisitivo de los salarios
disminuyó en una tercera parte.
Autoritarismo y
militarismo.- Los Estados se desentienden de sus
responsabilidades fundamentales de asegurar servicios
básicos sociales para todos, incluyendo la salud y la
educación, sin embargo destinan grandes sumas a la compra
de armas, pese a que la guerra fría es cosa del pasado, y
los conflictos armados de Centroamérica han sido
superados (Los gastos militares de América Latina y el
Caribe aumentaron de 16.508.5 millones de dólares en 1990
a 26.503,2 en 1998, según la
CEPAL).
Inseguridades.- La violencia común y la
violencia sexista, la inseguridad y la delincuencia en las urbes
latinoamericanas alcanzan niveles alarmantes. América
Latina está considerada como una de las regiones
más violentas del mundo, con tasas promedio cercanas a 20
homicidios por cada 100.000 habitantes. Las cárceles
están llenas de pobres, porque los "delincuentes de
cuello y corbata" rara vez van a prisión. La pobreza
no puede considerarse como la única causa de la
desintegración social. Son las desigualdades, la
corrupción, la impunidad y la inoperancia de los sistemas
judiciales los factores que contribuyen a generarla y
agudizarla.
Pese a que en América Latina y el
Caribe rigen los sistemas democráticos -más
formales que reales- en varios países se criminalizan las
luchas y movimientos sociales, se persigue, encarcela, asesina y
amenaza a dirigentes campesinos y sindicales, a indígenas
que luchan por la tierra, a defensores de derechos humanos y
periodistas. Grupos paramilitares financiados por latifundistas
cometen crímenes y masacres que quedan en la impunidad,
actuando, muchas veces, con la complicidad de las autoridades
estatales. En las ciudades, los grupos de "limpieza
social" se encargan de eliminar a los que el sistema
considera "desechables", esto es: niños de la
calle, mendigos, homosexuales, trabajadoras
sexuales.
Mujeres.- En este mundo donde se ahondan las
desigualdades, las mujeres asumen cada día más
responsabilidades vinculadas a la supervivencia colectiva y con
menos recursos. Adicionalmente, las hambrunas, las
catástrofes naturales, las epidemias, las violencias que
se generan en ese contexto -además de la violencia de
género-, proyectan al infinito los círculos de
exclusión de las mujeres. De igual manera, bajo un modelo
donde las mayores posibilidades de éxito están
basadas en el acceso a la tecnología y al conocimiento,
las posibilidades de salir de la exclusión se restringen
cada día más.
Pongamos lo dicho en un
ejemplo: en el campo, donde predominan las políticas
agrícolas orientadas a la exportación, el
incremento de tecnologías elimina las posibilidades
"competitivas" de la producción tradicional de
las mujeres, basada principalmente en la energía humana.
Ellas, afectadas, además, por el éxodo de los
hombres a las ciudades, se ven obligadas a resolver solas su
situación y la de los niños, niñas y
ancianos que quedan bajo sus cuidados.
Racismo y
xenofobia.- Las diferencias ocasionadas por el color de la piel,
el origen étnico, el género, la lengua o la
nacionalidad están a al orden del día.
Ningún país puede decir que se encuentra libre del
azote del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Si en Estados
Unidos persiste la opresión y la exclusión de los
afroamericanos, los latinos y los indígenas, en
América Latina y el Caribe están al orden del
día los ataques xenófobos contra los bolivianos en
Argentina y contra los haitianos en República
Dominicana.
En nuestras sociedades continúa
vigente el apartheid social heredado de la Colonia contra los
pueblos indígenas y negros. Se manifiesta en forma de
discriminación racial en la vida cotidiana y en el
momento en que se les niega el acceso (o el acceso en igualdad
de condiciones) a la tierra, a la educación, a la
justicia, a los servicios de salud, a la vivienda, a los medios
de comunicación, los bienes culturales e incluso a los
establecimientos públicos y privados.
Migrantes
sin derechos.- Mientras los países del Norte exigen
libertades absolutas para la circulación de los capitales
y de las mercancías, ponen mayores restricciones al libre
desplazamiento de la fuerza de trabajo y levantan nuevos muros
para impedir que los excluidos/as lleguen a sus fortalezas de
bienestar y progreso. Las prohibiciones, sin embargo, no logran
detener la ola de migrantes que escapan del hambre, las
catástrofes naturales, las guerras, el desempleo y los
planes de ajuste diseñados en el Norte. Solo buscan
trabajo y mejores días para sus familias. Impedidos de
emigrar legalmente, muchos caen en las redes de traficantes
inescrupulosos y se exponen a crecientes peligros. Desde 1993
han muerto por lo menos 1.574 personas que trataban de llegar a
Europa, e igual suerte corrieron 536 personas en la frontera de
México y Estados Unidos, según fuentes
periodísticas. Sin papeles, y por lo tanto sin derecho a
reclamo, los y las emigrantes son explotados en el trabajo,
reciben salarios más bajos que los nacionales, se les
niega el disfrute de los derechos humanos, y enfrentan a menudo,
la violencia de los grupos neonazis y la persecución
policial.
Por esos mismos mecanismos, las mujeres son
relegadas en el contexto de la inmigración sobre todo al
trabajo doméstico o sexual, ambos sin posibilidades
mayores de promoción social.
Además,
aunque, según datos del Fondo de Población de
Naciones Unidas, las poblaciones migrantes apenas representan el
2% de la población mundial y la masa monetaria que
transfieren a sus países de origen es tan sólo de
70 mil millones de dólares, las legislaciones se han
endurecido en la mayoría de países, en algunos
casos tanto para quienes tienen estatus legal como
ilegal.
Campesinos sin tierra.- Las políticas de
liberalización, y el modelo agroexportador controlado por
latifundistas y transnacionales, arruinan la mediana y
pequeña producción agrícola que
históricamente ha abastecido los mercados internos. La
apertura de las fronteras provoca la importación masiva
de alimentos y una mayor inseguridad alimentaria interna. En el
campo social estas políticas llevan a la reducción
del empleo agrícola, al empobrecimiento y
exclusión de los campesinos / as del acceso a la tierra y
del desarrollo sustentable, y al incremento de las migraciones
campo-ciudad.
El principio social de la Reforma Agraria,
"la tierra para el que la trabaja", pretende ser
sustituido por el principio neoliberal "la tierra para el
que tiene el capital para comprarla". Como consecuencia de
ello se ha generado una mayor polarización
socio-económica en el campo. En 1988, el 69% de los
hogares agrícolas en América Latina tenía
muy escasa o nula participación en la tenencia de la
tierra: nueve años después, este porcentaje
había aumentado al 71%. En contraste con ello, los
latifundistas han reconcentrado la tierra, como en el caso del
Brasil, en donde el 1% de los terratenientes controla el 44% de
la tierra productiva.
Exclusión de los pueblos
originarios.- Las transnacionales y grupos de poder locales
ambicionan las riquezas naturales que guardan los territorios
indígenas, y pretenden apropiarse de sus conocimientos
ancestrales. Las plantas que los indígenas han
descubierto, cultivado y utilizado desde tiempos remotos, con
fines alimenticios, medicinales y rituales han sido patentados
en Estados Unidos, Japón y Europa, contribuyendo para
ello los Acuerdos TRIPs (Aspectos de los Derechos de la
Propiedad Intelectual vinculados al Comercio) de la
Organización Mundial de Comercio.
La supervivencia
misma de los pueblos indígenas se ve amenazada por el
despojo de sus tierras, la reubicación de las
poblaciones, la pobreza extrema, la contaminación
ambiental y explotación forestal, minera, petrolera y
comercial, las presas y las plantas hidroeléctricas que
se desarrollan sin su consentimiento.
Los pueblos
indígenas, sin embargo, viven un momento de
reivindicación de sus derechos colectivos e identidades,
de revalorización de su cultura, sus lenguas, usos y
costumbres, y plantean a los Estados el respeto de su derecho a
la autoderminación y a desarrollarse de acuerdos a sus
propias modo de vida y visión del mundo.
Juventud
sin futuro.- La importancia cuantitativa de los jóvenes
es innegable: al finalizar el milenio uno de cada 6 habitantes
es joven. Este sector, sin embargo es insuficientemente atendido
de manera específica. Los jóvenes se encuentran
inmersos en una globalización conflictiva que, por un
lado, potencia las expectativas de consumo pero por otro
disminuye la oferta de medios (empleo, ingresos) para
alcanzarlas. Los jóvenes se encuentran afectados,
principalmente, por la privatización y la
mercantilización de la educación, las dificultades
en conseguir empleo, la violencia, las drogas, el SIDA y una
desvalorización constante que tiende a verlos como
"problema" y no como sujetos activos, autónomos
y capaces.
Orientación sexual.- La
exclusión no se circunscribe a la cuestión
económica, ella se nutre de todas las formas y
modalidades de discriminación pre- existentes. Tal es el
caso de las restricciones impuestas a la libertad de
orientación sexual, cuya intersección con otras
formas de exclusión no sólo incrementa los niveles
de relegamiento sino que, en casos, ahonda la noción de
desechables. La impunidad que reina ante las campañas de
limpieza social dicen mucho al
respecto.
Comunicación.- Asistimos al desarrollo
de una infraestructura comunicacional mundial sin precedentes,
que abre posibilidades inéditas de intercomunicar entre
regiones y culturas y promover la democracia y la paz mundial.
Pero impera una lógica donde los mismos grupos que
controlan el poder económico y político
hegemonizan los medios de comunicación y el desarrollo de
las nuevas tecnologías. Esta tendencia coarta el
carácter social de la comunicación y pone en
entredicho el derecho fundamental a la información y a la
libertad de expresión, cuyo ejercicio pleno requiere una
pluralidad de fuentes y medios de
información.
Asimismo, la participación en
los procesos comunicacionales está marcada por
disparidades, que hacen que los sectores sociales excluidos son
justamente los que menos acceso tienen a los medios de
expresión pública, lo cual reduce aún
más su posibilidad de incidir en las políticas
públicas para que éstas tomen en cuenta sus
intereses y propuestas. El Grito de los Excluidos/as pretende,
justamente, reivindicar esta voz y el derecho a tener espacios
de expresión en los medios de comunicación
social.
Las resistencias.- La oposición al
neoliberalismo se ha expresado de manera masiva y contundente
tanto en el Norte como en el Sur del planeta. Desde que los
indígenas de Chiapas dieron el campanazo de alerta el 1
de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigencia
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá
y México, las luchas se han multiplicado y extendido por
todo el mundo. Y junto a estas acciones, se han desarrollado
varias campañas internacionales como la del Grito de los
Excluidos/as, la Marcha Mundial de las Mujeres, la de los
campesinos por la reforma agraria, las movilizaciones contra la
deuda externa, las privatizaciones, la Organización
Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, la de
los migrantes sin papeles, para citar algunas.
Vemos con
preocupación como estas críticas no han servido
para que los gobiernos den un vuelco radical, reconociendo que
el sistema neoliberal es simplemente incompatible con el
desarrollo social. Causa así mismo inquietud que el
Secretario de las Naciones Unidas junto con los gobiernos de la
Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico, OCDE, las instituciones de Bretton Woods
(Banco Mundial, FMI) y la Organización Mundial de
Comercio sostengan la opinión de que "la
mundialización es la única manera de organizar la
economía mundial y de que una mayor mundialización
reducirá la pobreza".
La
mundialización neoliberal es obra humana, y como obra
humana puede y deber ser modificada. No es con más
mercado y menos Estado, ni con más apertura y
garantías a los capitales, cómo se van a resolver
los graves problemas que aquejan a la mayor parte de la
humanidad al comenzar el nuevo milenio. Los organismos causantes
de la pobreza (FMI, Banco Mundial) no pueden ser parte de la
solución. Por eso, carecen de credibilidad sus propuestas
de darle "rostro humano" a la
mundialización.
Propuestas.- Frente a la
situación descrita:
Llamamos a adoptar un nuevo
marco de referencia con respecto a la mundialización en
el que prime el respeto de la diversidad y la vigencia de los
derechos humanos, la solidaridad, la paz, la democracia y los
objetivos del desarrollo social y humano.
Demandados de
los Estados poner fin a las privatizaciones y asumir su
responsabilidad de asegurar los servicios sociales
básicos para todos/as, incluyendo la salud y la
educación.
Apelamos a la ONU a evaluar seriamente
las consecuencias de las políticas adoptadas por las IFI
y poner fin a las políticas de ajuste estructural, cuya
ineficiencia es patente en el mundo entero. Entre tanto, se debe
suspenderlas por ser la principal causa de la inestabilidad
económica, política y social de nuestros
países, para dar paso a la puesta en marcha de propuestas
alternativas, basadas en el respeto a la dignidad de las
personas y la integridad del medio ambiente.
Proponemos
que las decisiones políticas deben estar en manos de los
gobiernos nacionales y no ser dictaminadas por organismos
multilaterales como la OMC o instituciones financieras
internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
Planteamos que el poder y campo de acción de la
Organización Mundial de Comercio deben ser reducidos.
Temas como la agricultura, los servicios sociales y los derechos
de propiedad intelectual deben ser retirados de la
jurisdicción de la OMC.
Proponemos que se debe
reforzar el mandato y las estructuras democráticas de las
Naciones Unidas, y que se debe restablecer el Centro de las
Naciones para las transnacionales a fin de que estas rindan
cuentas sobre sus actividades y respeten los derechos humanos,
la libertad sindical y las normas medioambientales
Exhortamos a los países desarrollados a cumplir
su compromiso de destinar el 0,7 de su PIB a la ayuda para el
desarrollo.
Demandamos la anulación de la deuda
externa de los países del Sur puesto que esta ya ha sido
pagada con creces. Los recursos que de esta operación se
obtengan deben ser destinados al desarrollo sustentable, bajo
supervisión democrática y ciudadana. Es la hora de
rescatar las deudas ecológicas y sociales con la
niñez, la juventud, las mujeres, los pueblos
indígenas, los negros, los pobres del campo y la ciudad.
Es el Norte el que debe pagar la enorme deuda histórica
con el Sur acumulada a través de siglos de colonialismo y
de relaciones internacionales desiguales.
Respaldamos la
iniciativa de imponer una tasa a las transacciones de los
capitales para ser destinado a combatir la
pobreza.
Exhortamos a los gobiernos a ratificar la
Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familias, aprobada en 1989, a la cual han adherido 12 Estados
siendo que se requieren 20 para que puedan entrar en vigencia.
Demandamos la revisión de las leyes y regulaciones
migratorias discriminatorias de los países del Norte y el
respeto de los derechos humanos de los migrantes. Nos unimos a
la campaña por la legalización de los inmigrantes
indocumentados que emprenden diversos organismos civiles en
Estados Unidos.
Apoyamos y hacemos nuestra la
Campaña Global por la Reforma Agraria de los campesinos y
campesinas sin tierra. Demandamos de los gobiernos que adopten
medidas para garantizar la seguridad alimentaria, y
políticas de protección a los medianos y
pequeños productores que abastecen los mercados internos.
Nos oponemos a la producción y comercialización de
organismos genéticamente modificados y a la
privatización y patentación de los recursos
genéticamente modificados.
Proponemos que se
cumpla la "Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo" adoptada
en 1998 que estipula la libertad de asociación, libertad
sindical y reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva y la eliminación de la
discriminación en materia de empleo y ocupación.
Es hora de recobrar la dignidad y revalorizar el trabajo en los
procesos de producción.
Apoyamos e impulsamos la
Conferencia contra el racismo prevista para el año 2001
en Sudáfrica, llamamos a los gobiernos a que presten el
sostén político y económico necesario para
el éxito de la Conferencia, y planteamos que de
ésta deben salir compromisos y un programa de
acción concreto para poner fin al racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y otras formas de
intolerancia.
Exhortamos a las Naciones Unidas a
incrementar sus esfuerzos para erradicar la
discriminación de género, estableciendo metas
precisas y comprometiendo presupuestos para que los diversos
cuerpos e instrumentos internacionales ya adoptados, sean
considerados prioridades de cumplimiento en el conjunto de
países. Coincidimos con las propuestas encaminadas a la
ONU por la Marcha Mundial de las Mujeres contra la violencia y
la pobreza, e incitamos a la Comunidad de Naciones a adoptar
planes precisos que conduzcan a la eliminación de la
pobreza entre las mujeres y asegurar su autonomía
económica, personal y social en todas las
esferas.
Demandamos de los Estados el respeto del derecho
a la autoderminación de los pueblos indígenas, el
reforzamiento de la acción nacional e internacional para
solucionar sus problemas en los campos de los derechos humanos,
el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la
salud. Demandamos que el Proyecto de Declaración de los
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, que se
analiza desde hace varios años, sea adoptado sin
más dilaciones.
Incitamos a que la ONU asuma como
prioridad en su agenda del Siglo XXI el derecho a la
comunicación, como contribución a la
construcción de democracias basadas en el pluralismo y en
culturas de paz. Y en este sentido, incitamos a que convoque a
una Conferencia Mundial sobre Comunicación, como espacio
de diálogo entre los actores concernidos y con amplia
participación de la sociedad civil.
* Esta carta
que será presentada por la delegación del
"Grito de los Excluidos/as" a las Naciones Unidas el
próximo 12 de octubre del 2000.
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