La paz posible
Latinoamérica
COLOMBIA. LA PAZ POSIBLE. Sólo la presión permanente
de la “sociedad civil de abajo” puede garantizar el éxito de las
conversaciones, la aplicación de los acuerdos y la gestación de un proceso
a largo plazo que enraíce la paz en la autodeterminación democrática de
los pueblos y la gestión soberana de los territorios y los recursos
GUANTÁNAMO, UN ATAQUE FRONTAL CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL.
La permanencia de la base estadounidense en territorio cubano de
Guantánamo es un ataque frontal contra el derecho internacional y la
dignidad humana.
BOLIVIA. MANIFIESTO DE REPUDIO CONTRA TODA
FORMA DE EXACERBACIÓN DEL EROTISMO Adolescente, de la Ley Contra
la Trata y el Tráfico, de la Ley Integral de Protección contra la
Violencia hacia la Mujer , de la Ordenanza Municipal del Buen Trato y del
Convenio Internacional de la Niñez ratificado por Bolivia, que propugnan
la defensa intransigente del interés superior de la niñez y la protección
de sus derechos.
“LAS TRANSNACIONALES NO PUEDEN SER GOBIERNO”.
Proceso de la Philip Morris contra Uruguay. Tabaré Vázquez
argumentó que la lucha contra el tabaco y la confrontación con la
tabacalera son resultado “del ejercicio de la soberanía nacional uruguaya”
y expresan la obligación constitucional de sus gobernantes de proteger la
salud de la población
Mundo
DÍA DEL TRABAJADOR: ¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 1º DE MAYO?
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El Día
Internacional de los Trabajadores es la fiesta por excelencia del
movimiento obrero mundial. Es una jornada de lucha reivindicativa y de
homenaje a los Mártires de Chicago.
El reclamo de los trabajad ores era claro: "Ocho horas para el trabajo,
ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa". En este contexto, a
partir de 1886, se produjeron varios movimientos para conseguir una
jornada de trabajo de ocho horas, ya que en esa época era usual que la
misma fuera de 12 y 16 horas diarias, pudiendo llegar, según la
legislación estadounidense, a las 18.
El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del
Trabajo en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de
sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la
Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores,
logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por
todo el país.
Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una
ley (ley Ingersoll) estableciendo ocho horas de trabajo diario. Como los
empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad
industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, que comenzó con
una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert
Pearsons.
La prensa calificaba el movimiento como "indignante e irrespetuoso",
"delirio de lunáticos poco patriotas", y manifestando que era "lo mismo
que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo".
A partir de allí el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades de
Estados Unidos, entrando en paro más de 400.000 obreros en 5000 huelgas
simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al
sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el
inicio de una revolución anarquista.
Sin embargo, la fábrica Mc. Cormik de Chicago no reconoció la victoria
de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año la policía disparó contra
los manifestantes que, a las puertas de la fábrica, reivindicaban el nuevo
acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que
el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido
como ‘el atentado de Haymarket‘. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio
a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos
fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de
trabajosforzados y cinco a la muerte en la horca.
Relato de la ejecución por José Martí, corresponsal en Chicago del
diario La Nación :
(...) "salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la
sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los
brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como
la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia,
sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro...
Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el
del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita:
"la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas
palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña,
un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una
danza espantable...
La culpabilidad de los condenados nunca fue probada.
En la actualidad, muchos países rememoran el Primero de Mayo como el
origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen, siendo
en general países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá,
que celebran el Labor Day (Día del Trabajo) el primer lunes de septiembre;
Nueva Zelanda, el cuarto lunes de octubre. + (PE/Diagonales.com)
Latinoamérica
COLOMBIA. LA PAZ POSIBLE
Santiago Alba Rico
![6]()
Colombia ofrece sin duda el ejemplo más retorcido y más exitoso
-allí donde el éxito de las clases dominantes es indisociable de un dolor
inmenso- de lo que en alguna ocasión he llamado la “pedagogía del millón
de muertos”. Mientras que en el resto de América Latina las dictaduras
militares de la segunda mitad del siglo pasado adiestraban a los
ciudadanos para una futura democracia despuntada, en Colombia la
democracia y la dictadura, cogidas del brazo, emprendían juntas un largo
camino de fecunda convivencia asesina. La pedagogía del terror se aplicaba
y se aplica al mis tiempo y en el mismo sitio -en el aula de al lado, por
decirlo así- que los más altos principios del derecho y la democracia.
Había y sigue habiendo una especie de aprendizaje automático del buen uso
de las leyes: la Constitución no impide a los colombianos defender en
libertad sus ideas y sus tierras; los que las defienden -sencillamente-
mueren o desaparecen. El caso muy conocido de la Unión Patriótica en los
años 80 y 90 -con más de 5.000 dirigentes y militantes asesinados- es la
mejor ilustración de ese “realismo mágico” que fascina a los visitanteun
país anfibio, como un tritón, en el que la democracia amamanta fusiles y
cuchillos, en el que el mismo Estado que los “protege” amenaza a los
defensores de los derechos humanos y en el que, en definitiva, es mucho
más peligroso hacer política que luchar en la guerrilla.
Las cifras de muertos, desaparecidos, presos y desplazados en Colombia
en el último medio siglo, inseparables de la penetración de las
multinacionales, la intervención de los EEUU y el enriquecimiento de la
burguesía, induce a un severo realismo. Pero si hay algo mágico -y
realmente lo hay- tiene que ver con la tozuda resistencia de una parte del
pueblo colombiano a extraer las correspondientes lecciones
“democratizadoras” que imparte la Señora Muerte. No se deja educar. De la
misma manera que Venezuela se sacudió el miedo en 1999 y demostró que se
podía votar a quien no se debe, una acumulación dignísima de resistencias
sociales y campesinas mantiene viva en Colombia desde hace sesenta años,
en la frontera misma del terror, la mitad terrestre y humana del país
tritón. Este ejercicio de libertad colectiva contra todas las enseñanzas
alimenta también el cándido aire absurdo, la atmósfera hechizada, la
irrealidad promisoria que uno percibe en Colombia: en ningún otro país
está más presente la miseria y la violencia; pero en ningún otro país hay
más zonas coloreadas -y corporeadas- por el sueño de la liberación.
Una de estas zonas es, sin duda, la Universidad Nacional de Bogotá,
donde el pasado fin de semana se celebró el Congreso Nacional por la Paz ,
convocado por el Congreso de los Pueblos y apoyado por organizaciones
sociales, campesinas e indígenas, partidos de izquierdas y personalidades
intelectuales y políticas, con el propósito de “promover un diálogo
democrático entre las comunidades, las organizaciones políticas y
sociales, las insurgencias, el Estado, los poderes económicos, las
iglesias, la comunidad internacional y los pueblos del mundo interesados
en el tema”. Las negociaciones que se vienen celebrando en La Habana entre
el gobierno y las FARC y la marcha multitudinaria del pasado 9 de abril
abren una posibilidad real de pacificación que, para materializarse, debe
ser sostenida, ampliada, fundamentada, exigida desde las plazas. Las más
de 20.000 personas reunidas en el encuentro de Bogotá procedían de todos
los rincones del país y querían recordar al gobierno y a la insurgencia
que la paz no se puede hacer sin esa tercera fuerza, la principal, que no
está representada todavía, o no del todo, en las mesas de diálogo: el
propio pueblo colombiano, ineducable y resistente, consciente de que la
paz no es “el silenciamiento de los fusiles” sino el establecimiento de un
nuevo orden democrático de participación política y justicia social:
“mandato, mandato, mandato popular”, era la consigna coreada durante la
instalación del Congreso entre los acordes de la Internacional y los del
himno nacional. Tanto los debates como la declaración final insistieron en
la necesidad de apoyar las negociaciones entre el Estado y las FARC, así
como en ampliarla al ELN (organización que hizo llegar un pronunciamiento
ratificando la voluntad de diálogo al tiempo que algunos despachos de
prensa anunciaban la instalación en mayo de una mesa de conversaciones
para la que se habrían ya nombrado las delegaciones); pero los
participantes insistieron sobre todo en la necesidad de resolver las
causas sociales del conflicto para garantizar “los derechos humanos,
económicos, laborales y ambientales” de los individuos y de las
comunidades.
No es la primera vez que Colombia asiste esperanzada a unas
negociaciones de paz. Pero la sociedad civil “de abajo” -como repite
François Houtart para distinguirla de la de “arriba”, bien representada en
La Habana a través de la clase empresarial- conoce ahora por experiencia
todos los peligros que pueden hacer fracasar las conversaciones o dejar
sin efecto un eventual acuerdo. Es el propio François Houtart el que nos
recuerda uno de esos peligros: la burguesía colombiana, “la más
inteligente y la más cínica y dura del continente”, guiada por el
presidente Santos, es consciente de la necesidad de crear un nuevo
consenso social en torno a la paz, anhelo popular que puede ser
“recuperado” en favor de los intereses de esas mismas clases dominantes
que hasta ahora apostaban por la guerra.
Otro peligro -quizás más inmediato- es el de ese sector de la
burguesía, encabezado por el expresidente Uribe, que se opone a las
negociaciones y que está dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerlas
fracasar. La fuerza del uribismo en el ejército y entre el paramilitarismo
aún activo, junto a su total falta de escrúpulos, no permite descartar un
sabotaje violento con los mismos procedimientos “pedagógicos” usados
durante décadas: acciones armadas o asesinatos políticos selectivos.
Estos dos peligros sólo pueden ser conjurados por el “mandato popular”
y el acompañamiento internacional. Esta evidencia es la que llevó a la
movilización del 9 de abril y a la convocatoria, largamente preparada en
las comunidades y organizaciones, de este Congreso Nacional por la Paz.
Sólo la presión permanente de la “sociedad civil de abajo” puede
garantizar el éxito de las conversaciones, la aplicación de los acuerdos y
la gestación de un proceso a largo plazo que enraíce la paz en la
autodeterminación democrática de los pueblos y la gestión soberana de los
territorios y los recursos. Pero esta presión popular se ve amenazada
asimismo por otro peligro, no menos grave, aunque esta vez de carácter
interno: la división de la izquierda colombiana, minada por fricciones de
estrategia y de liderazgo. Por eso, el “mandato popular” coreado por los
movimientos sociales y comunidades campesinas presentes en la Universidad
de Bogotá iba dirigido no sólo al gobierno y a las insurgencias sino a
todo el arco político de la izquierda nacional, al que se reclama, hoy más
que nunca, responsabilidad, generosidad y unidad. Sin esa unidad, Colombia
estará condenada una vez más a repetir, con el gran poeta cartagenero
Jorge Artel, su canto de melancolía:
“Te amamos, paz en la presunta llama
que sólo enciende el beso,
en la mañana pura
que aflora tras los ojos de los niños:
en ese silencio azul
donde las olas lavan
sus estrellas.
Te amamos, paz,
y tú no llegas”
Cuarto
Poder
GUANTÁNAMO, UN ATAQUE FRONTAL CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL
Carmen Esquivel Sarría
![8]()
La
permanencia de la base estadounidense en territorio cubano de Guantánamo
es un ataque frontal contra el derecho internacional y la dignidad humana,
afirmó hoy aquí el académico y experto en el tema Alfred Mauricio de
Zayas.
El profesor del instituto Geneva School of Diplomacy habla de los
tratados que dieron origen a ese enclave, las violaciones norteamericanas
a los convenios constitutivos y el derecho de Cuba a recuperar esa parte
de su territorio.
"La base es un vestigio del colonialismo, no fue el resultado de un
trato entre iguales", recordó de Zayas y explicó que Estados Unidos ocupó
la isla en 1898 e impuso la Enmienda Platt , amparada en la cual se
estableció ese enclave.
Se trata de un área de 117 kilómetros cuadrados, que es más grande que
el puerto de Manhattan, y está ubicado en el extremo sureste de Cuba,
dijo.
El tratado de 1903, modificado en 1934, estipula que Cuba conserva la
soberanía de ese territorio y que la base solo puede utilizarse con fines
navales y carboneros, sin embargo, Estados Unidos ha hecho un uso no
autorizado de ella.
"Eso constituye una violación material del contrato, lo cual justifica
cancelarlo, si se aplica el artículo 60 de la Convención de Viena sobre el
derecho de tratados", explicó el experto.
"Pero ni siquiera hace falta invocar esa Convención porque hay otros
argumentos más contundentes. Un país soberano que da un arrendamiento
siempre puede retirarlo porque la soberanía es más importante que un
tratado, si no el país no sería soberano", aseguró. El profesor, quien
obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard y ha sido docente en
centros de altos estudios de varios países, recuerda que "no existe un
derecho internacional a la carta, los principios son universales y de
obligatorio cumplimiento para toda la comunidad".
"Los principios de la autodeterminación de los pueblos, integridad del
territorio y disposición de los propios recursos constituyen lo que se
denomina jus cogens, o derecho obligatorio y prioritario a cualquier
acuerdo comercial".
Esa es la esencia de la extinción de tantos tratados desiguales que los
países colonialistas habían impuesto en África y Asia, afirmó.
Eso quiere decir que el pueblo de Cuba puede decidir qué tipo de
gobierno quiere y cómo usar su territorio y sus riquezas. Eso es parte de
su autodeterminación, explicó.
Durante años ese enclave se ha utilizado para diversos fines, lejos de
los acuerdos constitutivos. Durante la I y II Guerra Mundiales allí
entraban y salían los barcos de guerra norteamericanos y también se usó
para la invasión a Granada, en 1983, y a Panamá, en 1989.
Desde hace más de 10 años se instaló allí una prisión, que ha sido
condenada por tres altas comisionadas de la ONU , por el Grupo de Trabajo
sobre Detención Arbitraria y por un sinnúmero de relatores especiales,
porque ahí se violan con impunidad el pacto de los derechos civiles y
políticos y toda una serie de tratados vigentes.
"A través de la prensa internacional es importante seguirla condenando
porque este es un ataque frontal contra el derecho internacional y contra
la dignidad humana", afirmó.
Recordó que en Guantánamo hay ahora 166 detenidos, pero en 2002-2003
había 700 personas de 44 nacionalidades, incluso niños de 12, 14 y 16
años, cosa que viola gravemente el artículo 24 del pacto de los derechos
civiles y políticos.
"Yo entrevisté a un señor que estuvo allí seis años. Era un periodista
de Al Jazzera, él no tenía nada que ver con los talibanes, sin embargo,
estuvo preso, e incluso, lo torturaron", dijo.
El profesor afirma que en Guantánamo se vulneran toda una serie de
artículos de las Convenciones de Ginebra de 1949, los cuales estipulan las
garantías de combatientes y civiles detenidos durante conflictos armados,
el respeto de la religión y el derecho a un juicio por tribunales
competentes, y prohíben torturas, malos tratos y la detención indefinida.
Uno de los casos más escandalosos fue la profanación del Corán, dijo el
profesor del instituto Geneva School of Diplomacy, quien ha publicado
varios artículos sobre el tema, entre ellos "Guantánamo Naval Base", en la
Encyclopedia of Public International Law de Oxford.
De acuerdo con de Zayas, el tema pudiera ser llevado ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU , y las consecuencias jurídicas de la ocupación
ilegal del territorio serían un asunto propicio para una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia en la Haya.
"Creo que se debe hacer. No podemos olvidar que son seres humanos que
están sufriendo y en 11 años no se ha creado un tribunal competente para
juzgarlos", dijo.
El profesor de derecho internacional considera bochornoso que no se
haya clausurado esa prisión, a pesar de las promesas hechas por el
presidente norteamericano, Barack Obama.
"Pero no solo debe cerrarse la cárcel, dijo, sino también desocupar la
base porque no hay ninguna razón para que Estados Unidos mantenga ese
enclave en territorio soberano de Cuba y en contra de la voluntad de su
pueblo".
BOLIVIA. MANIFIESTO DE REPUDIO CONTRA TODA FORMA DE
EXACERBACIÓN DEL EROTISMO O HIPERSEXUALIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
![10]()
En el
marco de la Constitución Política del Estado cuyo precepto es la
DESCOLONIZACIÓN , del Código Niño, Niña, Adolescente, de la Ley Contra la
Trata y el Tráfico, de la Ley Integral de Protección contra la Violencia
hacia la Mujer , de la Ordenanza Municipal del Buen Trato y del Convenio
Internacional de la Niñez ratificado por Bolivia, que propugnan la defensa
intransigente del interés superior de la niñez y la protección de sus
derechos; considerando que en la actualidad 5 de cada 10 mujeres y 3 de
cada 10 hombres viven violencia sexual, que existe la denuncia de 16 casos
diarios de hacia niños, niñas ey que el 70% de estos actos se perpetran
contra niños, niñas y adolescentes; la Plataforma Municipal de Defensa de
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes conformada por Aldeas
Infantiles, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos y Democracia,
CUNA,Escuela de Padres, Fundación La Paz , Fundación Arco Iris, Psinergia,
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz , manifiesta su abierto:
REPUDIO CONTRA TODA FORMA DE EXACERBACIÓN DEL EROTISMO O
HIPERSEXUALIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
NO a la adultización erótica de niños, niñas y adolescentes: No a la
inculcación de poses, actitudes y modos de comportarse propios al erotismo
adulto manifestados en ropa, cosméticos, videojuegos, películas, dibujos
animados, concursos infantiles de belleza, publicidad, programas radiales,
programas televisivos, redes sociales u otros, que no consideran el
desarrollo equilibrado y armonioso de la sexualidad en la infancia.
NO a la exposición de niños, niñas y adolescentes a situaciones de
erotismo adulto: No a la exposición a presenciar desnudez erótica propias
al mundo adulto (exposición o simulación de actos coitales, de genitales,
de nalgas o senos en actitudes eróticas) en publicidades, programas o
espectáculos difundidos por cualquier medio de telecomunicación,
tecnología de información pública y privada.
NO a la explotación erótica de imagen infantil y/o adolescente: No a la
utilización de imágenes de carácter erótico que involucre a niños, niñas y
adolescentes, o a adultos/as que simulan dichas imágenes, en el desarrollo
o promoción de eventos, concursos de belleza u otros, difundidas por
cualquier medio de comunicación, tecnología o información pública y
privada.
NO al abuso de una Situación de Dependencia. No al aprovechamiento o
toma de ventaja de la inocencia, candidez y dependencia de la niñez y
adolescencia, para coaccionar o someter su voluntad en la participación en
eventos o concursos de belleza infantil.
Los niños, las niñas y los adolescentes, como cualquier persona, tienen
derecho a vivir una sexualidad libre, placentera, responsable y armoniosa
con el periodo evolutivo en el que se encuentran, con la protección,
educación y acompañamiento necesario, por lo que exacerbar el erotismo o
hipersexualizar sus conductas se constituye en una forma de violencia
sexual, que puede causar daños psicológicos, físicos y espirituales
profundos, al mismo tiempo, los efectos sociales son diversos, entre los
más funestos están los procesos de discriminación, el consumismo, la
comercialización y la cosificación del cuerpo de las personas, además de
la desensibilización ante diferentes formas de violencia sexual.
En espera de que los Gobiernos Autónomos Municipales adopten políticas
públicas de prevención y lucha contra toda forma de exacerbación del
erotismo o hipersexualización de niñas, niños y adolescentes que contenga
las siguientes acciones:
I. En el ámbito educativo:
a) Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de
prevención y protección contra toda forma de exacerbación del erotismo o
hipersexualización de niñas, niños y adolescentes, en las Universidades,
Institutos Normales Superiores públicos y privados, Sistema Educativo en
los niveles preescolar, primario y secundario.
b) Promover en las universidades públicas y privadas, la realización de
investigaciones y estudios sobre toda forma de exacerbación del erotismo o
hipersexualización de niñas, niños y adolescentes, así como sus
consecuencias, con el fin de definir políticas y programas orientados a
combatirlas.
c) Las instituciones privadas que desarrollan actividades vinculadas a
la defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes realizarán
actividades de información y sensibilización, respetando las identidades
culturales para la prevención de toda forma exacerbación del erotismo o
hipersexualización de niñas, niños y adolescentes.
d) Promover la implementación de procesos de formación y educación en
derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal,
como no formal, apropiados a todos los niveles del proceso educativo, para
contrarrestar el sexismo, prejuicios, estereotipos y toda práctica de
exacerbación del erotismo en niñas, niños y adolescentes.
II. En el ámbito de la comunicación, información y difusión:
a) Promover la producción y difusión de datos estadísticos sobre toda
forma de exacerbación del erotismo en niñas, niños y adolescentes; así
como un sistema de monitoreo y evaluación de estos datos.
b) Exigir que los medios de comunicación, radiales, televisivos,
escritos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como
el internet, diseñen e implementen una estrategia comunicacional
intercultural, en todo el territorio paceño, con el fin de informar,
sensibilizar y concientizar sobre los riesgos, causas, consecuencias y
modalidades de la exacerbación del erotismo en niñas, niños y
adolescentes.
c) Exigir a los medios de comunicación públicos y privados que se
provean de mecanismos internos que garanticen la no exposición de niñas,
niños y adolescentes a erotismo adulto, tales como horarios de protección
a niños, niñas y adolescentes, eliminación de difusión o promoción de
concursos infantiles que conlleven cualquier forma de exacerbación del
erotismo o hipersexualización infantil.
d) Exigir la eliminación de concursos de belleza infantil en ámbitos
privados o públicos.
[Enviado por psinergia at psinergia.com.bo ].
URUGUAY:LAS TRANSNACIONALES NO PUEDEN SER
GOBIERNO”.
Proceso de la Philip Morris contra el gobierno
uruguayo
Sergio Ferrari (*)
La causa abierta hace ya tres años por la empresa de tabaco Philip
Morris contra la República de Uruguay constituye para la organización
Redes/Amigos de la Tierra de ese país sudamericano, “un ataque frontal
contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su convenio marco
antitabaco”.
La multinacional con sede administrativa en Lausana, Suiza, “debería
privilegiar el marco multilateral de la OMS en vez de fundamentar su causa
en los acuerdos bilaterales entre Uruguay y la Confederación Helvética.
Debería priorizar el interés de la salud pública al de las inversiones
privadas”, argumenta el sociólogo Alberto Villarreal, responsable del
Programa de Comercio e Inversiones de esa organización no gubernamental
uruguaya. Durante el segundo semestre de junio, el tribunal arbitral
podría pronunciarse sobre la pertinencia o no de la causa.
La Philip Morris Internacional (PMI) entabló un proceso contra el
Estado uruguayo en 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por
entender que Uruguay viola cláusulas del acuerdo bilateral de inversiones
firmado entre Suiza y Uruguay. La empresa, por su parte, entiende que ese
órgano del Banco Mundial es el adecuado y que el mismo tiene la
jurisdicción para tratar el caso.
En febrero de este año se realizó en París la primera audiencia entre
los representantes de la empresa tabacalera y del Gobierno uruguayo. La
multinacional exige una indemnización de 2 mil millones de dólares en
compensación por lo que considera han sido pérdidas en la comercialización
de cigarrillos en el país sudamericano a partir de la implementación de un
severo programa oficial de lucha contra el tabaquismo lanzado en mayo del
2005.
Principal impulsor, el entonces presidente uruguayo y oncólogo Tabaré
Vázquez -2005 al 2010-, quien enmarcó su programa de salud público en las
líneas recomendadas por el convenio internacional marco para el control
del tabaco de la Organización Mundial de la Salud , que entró en vigencia
en febrero del 2005, y al cual adhirió el Estado sudamericano.
“Proceso a escondidas”
La causa abierta en el CIADI está enmarcada en un secretismo total, “lo
que es muy preocupante e inaceptable” para las organizaciones de la
sociedad civil uruguaya, enfatiza el sociólogo Alberto Villarreal durante
una visita a Berna en marzo pasado.
Durante todo este tiempo ha sido prácticamente imposible conocer los
argumentos del Estado uruguayo y de la empresa suiza. “Y la audiencia que
se realizó en febrero no ha sido pública”, subraya. El proceso se
encuentra todavía en una fase preliminar. Las partes confrontadas esperan
que el CIADI se exprese, en primer lugar, si tiene o no jurisdicción para
pronunciarse en este litigio.
“Somos de la opinión que éste es el caso”, había expresado Anne
Edwards, portavoz de la Philip Morris Internacional luego de la audiencia
de París. Subrayando que la empresa espera una decisión en el segundo
semestre del año en curso.
Alberto Villarreal adelanta su opinión contrastada, enumerando tres de
los argumentos que defiende Uruguay. “En el convenio bilateral de
inversiones vigente entre Suiza y Uruguay, el artículo segundo exceptúa a
las políticas de salud de la protección de los inversionistas”, afirma el
portavoz de Redes/Amigos de la Tierra.
Por otra parte, “antes de recurrir al CIADI debería haber existido un
plazo previo de 18 meses –periodo que incluye un intento de resolución a
la amigable-, que no ha sido respetado por la tabacalera”.
Además, “ la PMI no puede hacer prevalecer en cuanto al tema de la
resolución de litigios, otros tratados bilaterales firmados por Uruguay en
el cual se aceptan mayores concesiones a las empresas”, explica
Villarreal.
Revisar los acuerdos bilaterales
Para la sociedad civil uruguaya, “este proceso en marcha es dramático e
inmoral”, enfatiza el coordinador de Redes/Amigos de la Tierra. Ya que
“nos parece un desacierto total que los tratados bilaterales de
inversiones le confieran tantos derechos y poder a las empresas, como por
ejemplo de demandar a los Estados en tribunales de derecho privado como si
se tratara de dos comerciantes que dirimen una disputa”.
Redes/Hermanos de la Tierra proponen una revisión del tratado bilateral
Suiza-Uruguay, “ya que denigra al Gobierno a la calidad de negociante o,
aún más, eleva a las empresas y les otorga calidad de Gobierno”.
Villarreal recuerda también la comprometida voluntad política del ex
presidente Tabaré Vázquez para disputarse con la multinacional helvética.
“Cuando dejó la presidencia, el nuevo Gobierno del mismo Frente Amplio
(FA) insinuó la posibilidad de una negociación…Y fue Tabaré quien denunció
esta visión, creó una crisis interna de magnitud en el FA, y obligó a que
se aceptara el litigio con la tabacalera, convencido de los bien fundados
derechos uruguayos”.
En 2011, en declaraciones a este corresponsal, Tabaré Vázquez argumentó
que la lucha contra el tabaco y la confrontación con la tabacalera son
resultado “del ejercicio de la soberanía nacional uruguaya” y expresan la
obligación constitucional de sus gobernantes de proteger la salud de la
población.
“La trasnacional suiza al procesar a Uruguay quiere demostrar que puede
sancionar a cualquier Estado que se oponga a su poder ilimitado… Se trata
de amenazas y escarmiento. Busca crear un precedente político y jurídico
contra las naciones que promueven con coherencia la lucha contra el
tabaquismo”, enfatiza Villarreal.
Sin embargo, enfatiza, “tendría que tener mayor rango el acuerdo
multilateral sobre la salud pública que el bilateral de inversiones. Sea
desde el ángulo que se lo mire. Si se trata de hacer prevalecer la salud o
las inversiones, la primera es determinante. Si se analiza la importancia
de un marco de referencia, lo multilateral es superior a lo bilateral”.
La situación internacional no es “totalmente favorable para la
empresa”, concluye el responsable de Redes/Amigos de la Tierra. Ya hay
naciones latinoamericanas como Bolivia, Ecuador y Venezuela que se
retiraron del CIADI/Banco Mundial. Sudáfrica anticipó que no firmará más
acuerdos bilaterales. Y otras naciones como Australia, también rechazan la
imposición de los inversionistas sobre los Estados.+ (PE)
(*) Sergio Ferrari en colaboración con el *Bulletin
Suisse du Cancer Ecupres - Categorías: Noticias
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RTF:
http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo706.zip
PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo706.pdf
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Distribución: Tom Roberts
Edición: Susana
Merino