Latinoamérica
CHILE: LA NACIONALIZACIÓN DE LAS AFP UNA TAREA URGENTE
Debe ser el primer paso para avanzar hacia un sistema previsional
solidario, universal y sin fines de lucro.
GUATEMALA: OLA DE PERSECUCIÓN Y ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES
En los tres primeros meses de 2013, varios dirigentes sociales
que defienden los derechos de sus comunidades han sido asesinados o
secuestrados, mientras se pone en marcha una política de criminalización,
difamación y represión.
PARAGUAYOS POBRES PAGAN CUATRO VECES MÁS IMPUESTOS QUE LOS
RICOS Los paraguayos más pobres pagan actualmente cuatro veces
más impuestos que los ricos, según un estudio divulgado hoy por el grupo
de organizaciones Paraguay Debate
CORPOS, CUERPOS Y SUJETOS. LA NECESARIA DEMOCRATIZACIÓN DE LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA Por
varios motivos, el cuestionamiento radical del poder corporativo de las
transnacionales del agronegocio debería ser el paso siguiente en el camino
de la democratización de nuestras vidas, con todo lo de construcción
autónoma y recuperación de soberanía que puede llevar aparejada.
Latinoamérica
CHILE: LA NACIONALIZACIÓN DE LAS AFP UNA TAREA URGENTE
Luis Mesina*
Debe
ser el primer paso para avanzar hacia un sistema previsional solidario,
universal y sin fines de lucro.
Tanto los grandes empresarios, como importantes sectores vinculados a
la Concertación cierran filas en defender y perpetuar el sistema privado
de AFP. Los últimos tres meses y como consecuencia de la arremetida que
los trabajadores han comenzado a librar contra este injusto sistema, han
salido desde todos los ángulos a defenderlo, haciendo propuestas que nada
tienen que ver con el mejoramiento de las pensiones, sino, con mantener
esta gran masa de ahorro interno al cual echan mano sólo los grandes
grupos económicos.
Y es que ya no tienen argumentos.
Los resultados alcanzados por las AFP durante el 2012 resultaron
exorbitantes. Sin hacer nada los dueños de las AFP ganaron $2 88.000
millones (US$ 600 millones), cifra que representa un 41% más de lo
obtenido el 2011. En contrapartida, las pensiones que reciben los
trabajadores de parte de las AFP una vez finalizada su vida laboral activa
-las mujeres a los 60 y los hombres a los 65 años-, en promedio son de 121
mil pesos.
El 95% de las utilidades se generan por las comisiones que le cobran
mensualmente a los trabajadores afiliados y que independiente de que
generen pérdidas por esa administración, de todas formas hay que pagarles.
Un negocio único en el mundo, nunca pierden.
Los empresarios de AFP Capital aumentaron sus ingresos a $164 millones
en comparación a los $80 millones de 2011. Cuprum comprada por el
consorcio Principal elevó en un 53% sus ganancias y sus directores
aumentaron sus dietas en un 68%. Habitat aumentó sus utilidades a 158
millones de dólares. Provida, la más grande del sistema, logró 220
millones de dólares que significó un aumento del 32% comparada con el año
anterior.
Los más conspicuos defensores del sistema, desde ex presidentes de AFP,
consejeros del Banco Central y ex asesores de Bachelet, como Mario Marcel,
cierran filas y coinciden en que es necesario castigar más a los
trabajadores. Proponen aumentar la edad de retiro, tanto a hombres como a
mujeres; aumentar la tasa de cotización y Marcel, el único que sigue con
el cuento de crear una AFP del Estado.
Las dos propuestas no resuelven absolutamente nada. Ellos mismos han
reconocido que el “mercado laboral” es muy inestable y precario. Los
trabajadores ganan muy poco y por más que se aumenta su tasa de
cotización, jamás acumularan ahorros suficientes para una pensión digna.
La inestabilidad laboral provoca discontinuidad en las cotizaciones, de
allí que más de un 70% de los afiliados actuales tengan saldos en sus
cuentas individuales inferiores a los 20 millones, con esos montos, más
del 80% de los actuales afiliados está condenado a pensiones asistenciales
del Estado.
Para los trabajadores la única alternativa, la nacionalización de los
fondos.
¿Por qué la nacionalización? El 2008 los fondos experimentaron una de
las caídas más fuertes, perdimos más de US$ 28.000 millones. En ese mismo
momento Argentina nacionalizó los fondos de propiedad de los trabajadores
y los puso a resguardo en instituciones de Seguridad Social administradas
sin fines de lucro, hoy los trabajadores argentinos en promedio perciben
pensiones cercanas al 75% de sus ingresos.
Los trabajadores chilenos somos dueños de US$ 150 mil millones
aproximadamente, una cantidad sideral. Esos recursos que son de nuestra
propiedad pueden ser transitoriamente administrados con mayor eficiencia
por el Instituto de Previsión Social (IPS) en tanto no conformamos una
nueva institucionalidad. Ello es urgente y necesario hacerlo, por un lado
dejamos de exponer nuestros ahorros a la especulación financiera que nadie
puede garantizar no vuelvan a sufrir colapsos como el de 2008 y, además,
se rompe el círculo inmoral de continuar financiando con nuestros ahorros
a los grandes grupos económicos del país.
Las nuevas exigencias derivadas del modo actual de organización del
trabajo requieren de un nuevo paradigma previsional, que por cierto no
puede fundarse en el lucro, requiere de tomar en cuenta los principios
fundantes de la Seguridad Social , la solidaridad y la universalidad, y
debe comprender la seguridad social como un derecho inalienable y por
tanto debe cubrir la salud, las enfermedades profesionales y accidentes
derivados de las relaciones laborales y, por supuesto, pensiones dignas.
En mayo se cumplirán 32 años de la pesadilla que José Piñera instaló,
sólo con la fuerza y razón de las bayonetas, ese sistema, hoy, está en
bancarrota. No caerá con argumentos, no bastarán los números que muestran
pensiones paupérrimas. Tampoco podemos aspirar que surja desde el
“fundamentalismo” más extremo la iniciativa de cambiar este injusto
sistema. La transformación, sólo será posible si tomamos en nuestras manos
la decisión de avanzar a pasos agigantados tras lo que nos pertenece, ya
ni siquiera estamos pidiendo mejores salarios o mejores condiciones
laborales, estamos lisa y llanamente pidiendo algo que nos pertenece y que
no podemos continuar atónitos viendo como nos condena a pensiones
miserables. Llegó la hora de avanzar a tomar lo que nos pertenece.
*Luis Mesina M es Secretario General de la
Confederación Bancaria. - Argenpress
GUATEMALA: OLA DE PERSECUCIÓN Y ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES
Rocizela Pérez Gómez*
En los tres primeros meses de 2013, varios dirigentes sociales que
defienden los derechos de sus comunidades han sido asesinados o
secuestrados, mientras se pone en marcha una política de criminalización,
difamación y represión.
La lucha de hombres y mujeres, jóvenes y niños durante los últimos años
se ha intensificado en Guatemala, por la defensa de los derechos
individuales y colectivos; diferentes comunidades se han organizado para
exigir el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales, el
respeto a la madre tierra, y el cese al saqueo y contaminación de las
empresas hidroeléctricas, mineras y cementeras, así como la lucha por
defender los derechos de la clase trabajadora.
La demanda colectiva y la resistencia por la defensa de la vida se ha
hecho evidente desde diferentes expresiones; la organización en las
comunidades se intensifica para rechazar una vez más los trabajos de
exploración y explotación minera en diferentes regiones del país, ya que
contaminan el ambiente, destruyen la madre tierra, contaminan y roban el
agua, y despojan a las comunidades de sus tierras.
Hombres y mujeres de diferentes regiones del país exigen que el Estado
cumpla con lo establecido en los convenios nacionales e internacionales y
que los llamados "padres de la patria" (los diputados) legislen a favor de
la mayoría de la población. Los pobladores de San José del Golfo, Santa
Cruz Barillas, San Juan Sacatepéquez, Santa María Xalapán, entre otras
comunidades, resisten y se manifiestan en defensa de la vida y de sus
tierras, también demandan la aprobación de la iniciativa de Ley 4084 de
Desarrollo Rural Integral.
Durante los últimos meses, los estudiantes normalistas de todo el país
se han sumado a la lucha por defender el derecho a la educación después
del anuncio de las autoridades del Ministerio de Educación de que se
cambiará el pensum de la carrera magisterial por un Bachillerato en
Ciencias y Letras con Orientación Educacional, y luego una carrera técnica
a nivel superior.
En las diferentes manifestaciones sociales, en defensa de la vida, se
exige el cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política
de la República de Guatemala, y también el artículo 3, que señala
textualmente: Derecho a la Vida : El Estado garantiza y protege la vida
humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la
persona.
En los primeros tres meses del 2013 se han incrementado las políticas
de criminalización y represión de las luchas por la defensa de la vida;
hombres y mujeres han sido perseguidos e intimidados por empresas mineras,
hidroeléctricas, en los que se incluyen periodistas, columnistas y
trabajadores de empresas que saquean los territorios; se ha evidenciado
una política de difamación y de acusaciones falsas contra organizaciones y
dirigentes sociales; dirigentes campesinos, indígenas y sindicalistas han
sido perseguidos e incluso asesinados.
Los ataques no son aislados ya que han sido dirigidos contra hombres y
mujeres líderes que luchan por la reivindicación de los derechos
individuales y colectivos y denuncian, de forma constante, el saqueo de
los bienes naturales que realizan las transnacionales, en complicidad
con el Gobierno que ha impulsado políticas de represión y
criminalización a la lucha organizada.
En informe presentado, en octubre de 2012, por la Unidad de Protección
a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala ONG (UDEFEGUA),
señala que de enero a octubre de 2012 se registraron 254 hechos de ataques
a defensoras y defensores de derechos humanos.
Entre las principales observaciones y recomendaciones de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay,
correspondiente al año 2012, se señala que las agresiones siguen afectando
particularmente el trabajo de la defensa de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales y de los pueblos indígenas, todos
relacionados con la explotación de recursos naturales y falta de consulta
e información a las comunidades afectadas.
Además, el informe expresa preocupación ante un posible uso
desproporcionado de figuras penales como resistencia, terrorismo y
asociación ilícita, ante las protestas de comunidades indígenas y
campesinas involucradas en conflictos de tierras; asimismo, destaca la
participación de actores no estatales en prácticas que podrían generar
vulnerabilidad o ataques directos a las defensoras y defensores de
derechos humanos, además se registra la aparición de comentarios racistas
y violentos en medios de comunicación y redes sociales en los que se
califica como terroristas criminales a las defensoras y defensores de
derechos humanos.
Al referirse a la explotación de recursos naturales en territorios
indígenas, la Alta Comisionada subraya que es fundamental abordar las
situaciones a partir de los derechos de los pueblos indígenas, en
particular del derecho a la propiedad colectiva de la tierra, del
consentimiento libre, previo e informado y del derecho de establecer su
propio concepto de desarrollo, en el marco de la libre determinación.
*Rocizela Pérez Gómez es periodista de la CLOC /Vía Campesina
en Guatemala.
URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/62794
PARAGUAYOS POBRES PAGAN CUATRO VECES MÁS IMPUESTOS QUE LOS
RICOS
Los paraguayos más pobres pagan actualmente cuatro veces más impuestos
que los ricos, según un estudio divulgado hoy por el grupo de
organizaciones Paraguay Debate.
De acuerdo a las estadísticas, la población más vulnerable destina el
18,3 por ciento de sus ingresos a abonar cargas impositivas indirectas,
mientras los adinerados sólo son afectados en el 4,6 por ciento.
En Paraguay apenas el 15,9 por ciento de los impuestos son directos, lo
cual constituye el 2,36 por ciento del Producto Interno Bruto, situación
contraria a los intereses de los más humildes del país.
Paraguay Debate planteó aumentar el impuesto selectivo al consumo sobre
el gasoil, el tabaco y el alcohol, establecer un solo gravamen a la renta
de las empresas, aplicar el impuesto a la exportación de productos
agrícolas y adecuar el valor fiscal de las tierras al valor del mercado.
Esto permitiría dedicar el incremento de la recaudación a aspectos tan
deficitarios actualmente como la educación, salud, vivienda, seguridad y
asistencia social, seguridad alimentaria y protección de la agricultura
familiar campesina.
Los datos revelaron que el nivel de inversión social del Estado en
Paraguay es cinco veces menor al promedio de América Latina y el Caribe,
mientras en educación es cuatro veces menos y en salud ocho veces menos.
El informe destacó, además, que se recauda poco en seguridad social,
entre otras cosas por la falta de cumplimiento de la parte del pago
correspondiente a las empresas, llegando apenas al 1,7 por ciento del PIB
y dejando fuera de protección a la inmensa mayoría de la población.
Paraguay Debate es una plataforma de organizaciones y asociaciones que
tienen el objetivo de aunar esfuerzos para la instalación de temas de
interés general en las agendas políticas y de discusión pública,
relacionados con aspectos claves de política social y económica y gestión
pública.
http://www.argenpress.info/2013/03/paraguayos-pobres-pagan-cuatro-veces.html
CORPOS, CUERPOS Y SUJETOS. LA NECESARIA DEMOCRATIZACIÓN DE LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA
Carlos A. Vicente,
El
debate sobre la Ley de Medios en Argentina y sobre la democratización de
los medios de comunicación que está desarrollándose en América Latina debe
servir de experiencia y dar pie a un debate sobre otros espacios en el que
el poder corporativo se halla presente en nuestra sociedad y que, como en
el caso de los medios de comunicación, condiciona y coloniza nuestras
vidas.
Por varios motivos, el cuestionamiento radical del poder corporativo de
las transnacionales del agronegocio debería ser el paso siguiente en el
camino de la democratización de nuestras vidas, con todo lo de
construcción autónoma y recuperación de soberanía que puede llevar
aparejada.
En primer lugar porque la alimentación es un derecho básico consagrado
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que resulta central
para poder avanzar con cualquier otra aspiración de transformación hacia
una sociedad más justa. Sin sujetos bien alimentados se limitan
enormemente las posibilidades de proyectar educación, salud, trabajo,
participación o creatividad para nuestro pueblo.
En segundo término, porque el poder del agronegocio fue el que puso en
jaque como nunca antes al Gobierno argentino en el año 2008, cuando se
aumentaron los montos de las retenciones a las exportaciones de granos. Y
si bien la cara visible de aquel embate fue la Mesa de Enlace *, no
existen dudas de que esta endeble mesa se sostiene en patas mucho más
poderosas que son los pilares del agronegocio en el mundo: por un lado,
Monsanto y otras igualmente poderosas corporaciones biotecnológicas y, por
el otro, el "ABCD” del transporte global de granos: ADM, Bunge, Cargill y
Dreyfus.
Estos monopolios u oligopolios han determinado las políticas públicas
durante los últimos cincuenta años y el resultado está a la vista: las
falsas promesas de la "Revolución Verde” en los años ‘60 y de la
"Revolución Biotecnológica” en la década de los ‘90 han conducido en las
últimas décadas a la humanidad a una situación desastrosa: tenemos la
friolera de casi mil millones de personas pasando hambre.
Mención aparte merecen las consecuencias socio-ambientales del modelo
impuesto: la concentración de la tierra en pocas manos; el desplazamiento
violento de campesinos y pueblos originarios de sus tierras; el avance de
la frontera agrícola sobre nuestros últimos bosques nativos -que ha
costado en los últimos cinco años la pérdida de más de un millón de
hectáreas de los mismos; la destrucción de los suelos con un avance
comprobado de la desertificación de los suelos más ricos del planeta; la
contaminación masiva de los territorios y cientos de pueblos fumigados,
que luego de luchar durante años por justicia, han logrado llevar a juicio
el año pasado a los autores de las fumigaciones, que han sido débilmente
condenados**. Todos estos son los emergentes de un poder que, no por
casualidad, es uno de los principales aliados de las corporaciones
mediáticas.
Pero las cifras de los monopolios están bien a la vista: Monsanto
controla el 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y el 27% del
mercado mundial de semillas y, junto con otras diez corporaciones, más del
90% del mercado mundial de agroquímicos, ligados indisolublemente al uso
de semillas transgénicas.
Por otro lado, las comercializadoras de granos ABCD, que controlan el
90% del comercio mundial de granos, han tenido un papel muy claro en la
financiarización de la comercialización de alimentos y se ha demostrado
claramente que en plena crisis alimentaria han especulado con los precios
incrementando de manera espectacular sus ganancias
Hoy que la Mesa de Enlace está de vuelta y amenaza, se hace necesario
enfrentar las raíces del problema y avanzar en la democratización de
nuestra agricultura y nuestra alimentación. El camino ya tiene un nombre y
contenido: la Soberanía Alimentaria. Nuestros cuerpos, convertidos en
sujetos si logramos recuperar poder entendido como autonomía y
organización, deben estar y pueden hacer frente a cualquier corpo.
Notas
* La Mesa de Enlace está integrada por Sociedad Rural
Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO y se conformó el 12
de marzo de 2008 para enfrentarse al establecimiento de las retenciones
móviles a los cultivos de soja, trigo y girasol.
** Madres del Barrio
Ituzaingó Anexo, Córdoba.
CONTACTO: Carlos Vicente carlos at grain.org
www.biodiversidadla.org - GRAIN
y Acción por la Biodiversidad
RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo701.zip
PDF:
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