Latinoamérica
DE MOSQUITOS Y RAYUELAS En enero, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se encargó de difundir un informe en el que
advierte que el dengue es la única enfermedad tropical que se ha expandido
en la última década y su incidencia se multiplicó por 30 en los últimos 50
años.
GUATEMALA: UN DICTADOR PERSEGUIDO, UN PRESIDENTE PREOCUPADO
Una primicia en América Latina: el 30 de enero se inició el
proceso por “genocidio y crímenes contra la humanidad” contra el antiguo
dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y el ex responsable de
inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez
NICARAGUA. DESECHOS SÓLIDOS CONVERTIDOS EN ENERGÍA LIMPIA
La basura que a diario generan los pobladores de 12 de los
principales municipios del país se verá convertida en energía limpia.
DEL VOTO AL VETO, ¡VOTO AL CHÁPIRO! ¿Cómo puede ser
que aceptemos tan resignadamente que una decisión unipersonal, sea del
nivel que fuere, alcalde o intendente, gobernador o presidente pueda echar
por tierra lo acordado por la mayoría, cuanto más por la totalidad de los
representantes democráticamente elegidos para cumplir la misión de
legislar?
DE MOSQUITOS Y RAYUELAS
Ignacio Pizzo (APE)
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Los
virus, según consta en los manuales de infectología , son “parásitos
intracelulares obligados”, esto quiere decir a juzgar por términos no
médicos, que son como células incompletas, necesitan de la maquinaria de
un organismo vivo para replicarse, para perpetuar una infección. No
obstante este proceso se ve interrumpido, o favorecido, por el único ser
vivo, capaz de inventar un sistema que incuba el germen de la propia
extinción como es el ser humano.
El capitalismo del siglo XXI no tiene por objetivo únicamente generar
plusvalía, por medio de la explotación del hombre por el hombre. En esta
etapa ha perfeccionado el método contribuyendo al aniquilamiento mediante
el mecanismo de la aceleración, sembrando muerte teñida de verde soja, de
monocultivos que succionan a la tierra cualquier resto de vida, de
alteraciones irreversibles de ecosistemas verdaderamente equilibrados, que
nuestros pueblos originarios supieron conservar, respetando la
biodiversidad, interpretando a la naturaleza, vibrando con ella.
Estas últimas palabras a simple vista parecen no tener relación alguna,
con la clásica enfermedad, hoy motivo de esta nota: el dengue, enfermedad
que llaman reemergente, pero que en realidad nunca dejó de transitar entre
nosotros desde el primer reporte de un caso en 1779. Se imprimen
nuevamente atractivos panfletos para diseminar medidas que se tejen en los
ministerios, siempre con el causalismo por delante pero despojados de
realidad, por ejemplo, la fumigación y el control o “descacharrización” de
los recipientes donde se acumula agua, mediante la culpabilización a los
habitantes de esos indignos fortines de resistencia, de ranchadas,
chaperíos y taperas y que sólo buscan retener el elemento vital “agua”.
Porque en última instancia el capitalismo materializado en estado opresor
y omnipresente no sólo condena a vivir a hombres, mujeres y niños en ese
inhumano agujero negro, sino que al mismo tiempo remarca que no es posible
acceder ni siquiera a restos líquidos putrefactos del sistema, porque de
esa manera se “previene la enfermedad”.
Mientras el dengue para los viejos paradigmas de la salud pública sigue
siendo un problema de mosquitos, de fumigaciones y de agua estancada,
aquellos que se han dedicado a estudiar fenómenos epidemiológicos desde un
punto de vista crítico -como Jaime Breilh, médico e investigador
ecuatoriano- ha ejemplificado de manera explícita, con el caso del dengue
la potencia depredadora de esta nueva era del sistema capitalista. Breilh
describe que con la promoción de grandes extensiones de monocultivo se
provocan desarreglos biológicos que contribuyen al sobrecalentamiento
terrestre. Lo que conlleva a que por cada medio grado de aumento en la
temperatura ambiental, se favorece el desarrollo del mosquito hembra Aedes
aegypti, vector de la enfermedad.
El mismo investigador en la tercera asamblea mundial de los pueblos,
celebrada en Ciudad del Cabo en julio del 2012, menciona a Monsanto como
uno de los principales baluartes del monopolio sojero instalado en Brasil
y Argentina que quieren erguirse como potencias de la destrucción.
En otro trabajo realizado por el ingeniero Agrónomo Alberto Lapolla en
el 2009, se expresa la vinculación directa entre el dengue y la sojización
y nuevamente hace responsable a Monsanto, productor del poroto de soja
transgénico, y de métodos de fumigación que incluyen al renombrado
plaguicida Glifosato, cuya toxicidad sigue siendo letal. Pero también
creador de otros herbicidas como 2-4-D, atrazina, endosulfán, paraquat,
diquat y clorpirifós. Su indiscriminada utilización deviene en muerte para
anfibios y peces, quienes intervienen en la cadena alimentaria siendo los
predadores naturales de mosquitos. La consecuencia es una proliferación
sin control de la población de vectores del dengue.
La muerte en Villa Río Bermejito, provincia del Chaco, de un niño de 1
año y 10 meses, cuyos síntomas eran compatibles con dengue nuevamente pone
de manifiesto la improvisación y las falsas desmentidas de ministros, que
a un ritmo superador de cualquier velocidad científica, hacen
declaraciones como las de Antonio Morante, de Chaco. El 26 de enero,
exactamente un día después de la muerte del niño, descartó –en
declaraciones a un diario local- que el pequeño estuviera desnutrido. Y
habló de una “falla multiorgánica”, debido a otro cuadro que se está
investigando y que no se vincula con ninguna enfermedad epidémica ni por
desnutrición.
El ministro de salud de la Nación , en connivencia con sus pares de las
provincias, es más osado aún. En visita oficial a Salta afirmó: “En
Argentina no hemos tenido circulación viral, pero sí se han detectado
casos de gente que estuvo en contacto con la enfermedad, personas que
vienen de lugares donde hay circulación”. Es decir, los países limítrofes
parecen ser, para la máxima autoridad sanitaria del país, la causa de
nuestros males al tiempo que supervisaba, junto al gobernador Urtubey,
tareas de fumigación en la frontera con Bolivia. Una contradicción en sí
misma, ya que si son casos foráneos que ingresan al país, la circulación
del virus está presente, para reiniciar el ciclo de contagio.
En enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encargó de
difundir un informe en el que advierte que el dengue es la única
enfermedad tropical que se ha expandido en la última década y su
incidencia se multiplicó por 30 en los últimos 50 años.
El principal valor de uso que se debe producir por parte de quienes
merodeamos por los pasillos de hospitales y unidades sanitarias es el de
generar, promover salud, mediante un cuidadoso y responsable manejo de la
información, sin ser generadores de pánico pero sin tapar el sol con la
mano. Quienes están en las estructuras jerárquicas superiores de
secretarías, ministerios, casas de gobernación y otros tantos palacios
inertes, no solamente han demostrado ineptitud, impericia y corrupción que
se derrama de las ventanas, sino también complicidad con quienes sostienen
el andamio de la máxima ganancia. Esto, a expensas de la desaparición de
almas anónimas que han cometido el error de ser incapaces de comprar
repelentes. Y que, además, son los responsables de atesorar desechos que
arrojan los que fueron seleccionados para habitar el otro lado de la raya
del contrato social, cuyo trazado no es azaroso.
Sin embargo, la rayuela no ha pasado de moda, se sigue dibujando en el
asfalto y compartiendo la piedrita que llegará hasta el cielo para tomarlo
por asalto. Porque tanto en Argentina como en toda Latinoamérica se sigue
resistiendo. Aunque se empeñen en ocultarlos persisten las asambleas
contra las grandes multinacionales, las ciencias críticas generadoras de
conocimiento -subestimadas por la arrogancia de las superpotencias
hegemónicas- y los resabios de los movimientos sociales que resisten con
el amor y la ternura de un sueño compartido. Todos son el embrión de un
rabioso deseo, el de seguir jugando a la rayuela.
GUATEMALA: UN DICTADOR PERSEGUIDO, UN PRESIDENTE PREOCUPADO
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2013-02-06-Guatemala-un-dictateur-poursuivi
.
Traducción Susana Merino
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Una primicia en América Latina: el 30 de enero se inició el proceso por
“genocidio y crímenes contra la humanidad” contra el antiguo dictador
guatemalteco Efraín Ríos Mont y el ex responsable de inteligencia militar
José Mauricio Rodríguez Sánchez.
El general golpista Ríos Montt gobernaba el país desde hacía un año,
cuando el 14 de marzo de 1983 un periodista del New York Times informó
sobre su estada en el país: “no hemos dejado de escuchar siempre la misma
historia: soldados uniformados del gobierno llegan a un pueblo, reúnen a
hombres y mujeres y los ametrallan. Pero aparentemente no derrochan balas
matando niños. Los arrastran por los pies y les revientan la cabeza contra
las paredes. O peor aún, les anudan una cuerda al cuello hasta que mueren
estrangulados. Hemos oído que a algunos los arrojan al aire y los insertan
con una bayoneta.” Para justificarse Ríos Montt solo responde: “Nosotros
no practicábamos una política de tierra arrasada sino de comunistas
arrasados”
Ríos Montt fue derrocado a su vez en 1983. Pero su nombre permanece
asociado al período más sangriento de la guerra civil guatemalteca. (de
casi cuarenta años y alrededor de doscientos mil muertos y desaparecidos)
durante la cual los militares guatemaltecos recibieron ayuda activa de la
CIA (Central Intelligence Agency). Después de todo ¿no había sido
Washington quién había decidido derrocar al presidente Jacobo Arbenz,
elegido en 1951 y culpable de haber promulgado una reforma agraria que
condujo a la expropiación parcial de la empresa bananera United Fruit?
Tres años después de la firma de los acuerdos de paz de 1996, la
Fundación Rigoberta Menchú iniciaba una demanda, sin éxito, ante la
justicia española por “genocidio, torturas y crímenes contra la humanidad”
contra Ríos Montt.
En esa época, la oligarquía terrateniente “tiene absoluto interés en
que el caos se perpetúe” escribía en nuestras columnas Maurice Lemoine en
mayo de 1996. Bajo el efecto de una singular reconciliación entre los
actores del conflicto – a excepción de la Unión Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG) – Guatemala se convirtió poco a poco en “el país donde
reina la derecha” Tanto la impunidad como la criminalidad organizada se
hallan instaladas: la violencia ha superado los niveles que había
alcanzado durante el conflicto armado.
Luego de un primer estremecimiento en octubre de 2012, la apertura del
proceso contra Ríos Montt y Rodríguez Sanchez constituye un primer éxito
para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y contra la
impunidad en el país.
El gobierno del presidente Otto Perez Molina, un antiguo militar, ha
rechazado hacer todo comentario. En 1982 Perez Molina participaba de las
campañas militares emprendidas en la zona de Ixil, una de las más
afectadas por la represión según la Comisión de esclarecimiento histórico
(CEH) de las Naciones Unidas. “Dos documentos el plan de la campaña
militar denominada “Plan Sofía”(1982) y el film Guatemala (1) muestran al
general Pérez Molina actuando como responsable de las unidades militares
de intervención en las comunidades de la región” recuerda Gregory Lassalle
quién agrega: “Conocido en épocas de guerra como “Comandante Tito” y como
“Capitán Fosforito” por su predisposición a incendiar las casas en las
aldeas que arrasaba. El señor Pérez Molina niega.”No hubo masacres. Cuando
yo estuve allí, por el contrario la gente reencontró la moral. Mi
presencia cambio las condiciones de la guerra en Ixil” ¿Lo impulsará la
justicia a revisar sus recuerdos?
Nota
1) El plan Sofía es un documento de las campañas
militares fechado en agosto de 1982, recientemente publicado
NICARAGUA. DESECHOS SÓLIDOS CONVERTIDOS EN ENERGÍA LIMPIA
Carlos Mikel Espinoza
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La
basura que a diario generan los pobladores de 12 de los principales
municipios del país se verá convertida en energía limpia, gracias a la
firma de un convenio con la empresa Biomasa Investment Nicaragua S.A
(BINICSA), la cual construirá y administrará plantas de procesamiento de
desechos en cada una de las localidades.
Los municipios donde se desarrollará el proyecto son Managua,
Matagalpa, León, Rivas, Estelí, Tipitapa, Masaya, Ciudad Sandino, Jinotega
y Chinandega, donde los vertederos serán convertidos en espacios de
generación eléctrica y de adecuado tratamiento de la basura.
De acuerdo al asesor de la Agencia Oficial de Promoción de las
Inversiones en Nicaragua (ProNicaragua), Laureano Ortega, la empresa de
capital española invertirá en el desarrollo del proyecto cerca de 150
millones de dólares a lo largo de los próximos dos años y medio.
Ortega destacó que este incluye una serie de componentes integrales que
van acorde con los lineamientos orientados por el Presidente de la
República , comandante Daniel Ortega, y la Coordinadora del Consejo de
Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, sobre todo ahora que ha
arrancado la Campaña Nacional "Vivir Limpio, Vivir Sano, Vivir Bonito,
Vivir Bien".
"Hay un proceso de apoyo de parte de la empresa hacia las alcaldías
para que mejoren las capacidades de recolección de las basuras. Hay un
proceso de valorización de la basura para crear energía limpia. Hay un
esfuerzo, una componente, de las condiciones de los trabajadores de la
basura (para) que puedan pasar a tener mejores condiciones de trabajo”,
explicó durante la firma del convenio.
El representante de la Agencia de Promoción de Inversiones en Nicaragua
destacó igualmente el componente relacionado a las campañas de
concientización del manejo de los desechos desde los hogares, la comunidad
y el individuo.
Ortega subrayó que con este proyecto se viene a reflejar una vez más la
confianza que tienen en Nicaragua los inversores.
Tecnología de punta única en la región
Fernando Liaño, representante de Binicsa, manifestó que la empresa
usará tecnología avanzada para el procesamiento de la basura, la cual no
está disponible actualmente en ningún país de Centro y Suramérica.
"Tenemos varios proyectos en distintos países, pero ninguno con las
condiciones que nos hemos encontrado aquí en Nicaragua”, manifestó,
señalando que en Nicaragua además de estabilidad política y seguridad,
también existe una política de institucionalidad de facilitación de las
inversiones.
Liaño explicó que la empresa primeramente convertirá los actuales
botaderos en áreas verdes y luego usará los desechos que vayan llegando a
las plantas para la generación de energía.
La empresa así mismo apoyará con recursos financieros a las
municipalidades para que estas puedan mejorar los medios de recolección de
desechos, así como también para el desarrollo de campañas de
concientización ciudadana.
Se evitarán focos de contaminación
El presidente de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC),
Sadrach Zeledón, indicó que este proyecto redundará indudablemente en el
beneficio de la población, ya que contribuirá a lograr un país más bonito
y más limpio.
"Creo que no podía ser mejor momento en que podamos estar suscribiendo
este contrato, este convenio, cuando estamos abocados a una gran campaña,
una estrategia de desarrollo nacional para que transformemos nuestras
ciudades, pero también para que transformemos la basura en energía”,
afirmó el también edil de Matagalpa.
Zeledón subrayó que cuando entren en funcionamiento las plantas se
evitará la proliferación de focos de contaminación en las ciudades.
Boletín del Frente Sandinista de Liberación Nacional - FSLN. 19 Digital
- Adital
DEL VOTO AL VETO, VOTO AL CHÁPIRO!
Susana Merino
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Esta
vieja expresión filibustera, acuñada en el siglo XV, acudió a mi memoria
al leer un informe sobre el derecho a veto ejercido por el gobernador de
Buenos Aires a una ley de expropiación aprobada por las dos cámaras
legislativas de la provincia (por unanimidad en el senado) y cuyos
beneficiarios hubieran sido los integrantes de una cooperativa metalúrgica
que ha venido continuando con la actividad de la fábrica pese al abandono
de sus dueños.
“Voto al chápiro” me dije conteniendo mi enojo y mi disgusto ante una
respuesta que si bien legal, constituye una rémora casi tan antigua como
esa vieja locución. ¿Cómo puede ser que aceptemos tan resignadamente que
una decisión unipersonal, sea del nivel que fuere, alcalde o intendente,
gobernador o presidente pueda echar por tierra lo acordado por la mayoría,
cuanto más por la totalidad de los representantes democráticamente
elegidos para cumplir la misión de legislar? Pues sí, puede ser, lo admite
y lo permite un derecho constitucional, el “derecho al veto”
Como la mayor parte de de los vocablos adoptados por el derecho
occidental, la palabra “veto” procede del latín, significa (yo) “prohibo”
y otorga a quién lo ejerce un poder ilimitado para frenar iniciativas
aunque no para promoverlas. En algunos países, sin embargo, como en los
EE.UU. no se trata de un derecho absoluto porque el presidente no puede
hacer uso de ese derecho si una ley ha sido aprobada por lo menos por las
2/3 partes de ambas cámaras. Algo que sí ha sido promovido y admitido,
lamentablemente, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU , cuyos
cinco miembros permanentes (Rusia, China, Francia, Reino Unido y los
Estados Unidos) tienen derecho a veto, de modo que si alguno de esos
países vota contra una propuesta, esta queda rechazada, con la peligrosa
excusa (para el resto de la humanidad) de mantener la unidad de las
potencias. Privilegio que los EE.UU. ha usado reiteradamente para
reafirmar su alineamiento con Israel, abortando cualquier proyecto de
resolución relacionado con el problema palestino, impidiendo condenar su
sistemático acoso mediante bloqueos, bombardeos, arrestos, destrucción de
su infraestructura y todo tipo de ataques al territorio palestino.
Dice Eduardo Galeano: “¿Por qué son intocables las cinco potencias
que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene
origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra?
¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son
las principales productoras de armas? Sin despreciar a los
narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”? Pero
no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes
exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores
claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan
misiles”.
Un ejemplo que no parece demasiado constructivo como para seguir
apoyando la necesidad de ese derecho ni a nivel internacional ni en el más
pequeño entorno de las decisiones locales.
Recientemente un nuevo ejemplo de discrecionalidad presidencial el veto
a la ley que aprobó el 82% móvil para los haberes jubilatorios ha
generalizado las críticas a este derecho que en cierto sentido debilita la
democracia, influye sobre las decisiones de los legisladores y acentúa “el
carácter expansivo del ejecutivo en nuestro sistema constitucional”,
convirtiéndose en “uno de los elementos más nocivos de esa peligrosa
alquimia” ( www.procuin.com.ar )
al generar un poco recomendable híper presidencialismo.
Otro veto presidencial de singular resonancia fue el que rechazó la
sancionada ley sobre Protección de los glaciares, uno de los sistemas más
vulnerables al cambio climático, la primera de sus características en
América latina y una avanzada a nivel internacional sobre lo que
constituye un recurso único por su condición de reservorio de agua y cuya
preservación no se puede ni debe ser postergada.
Según el doctor Laureano Fabré en la Constitución Nacional no existe
una cláusula explícita al respecto pero es innegable su carácter jurídico
porque algunos de sus artículos (78,80 y 83) establecen normas para el
rechazo parcial o total por el P.E. de alguna ley cuando existen razones
de “naturaleza política” Pero siendo tan lábil este concepto, creo
interesante analizar si el mantenimiento de este privilegio gubernativo
responde o no a las necesidades y expectativas de los electores, más
específicamente a las necesidades populares.
Existen sin embargo algunas normas en la Constitución Nacional que
parecieran querer paliar lo que en más de un sentido parece incongruente
con la voluntad popular, de modo que el veto del P.E. no puede aplicarse
en los siguientes casos:
1) cuando se trata de una ley de convocatoria a una consulta popular
2) cuando es un proyecto de ley surgido de una consulta popular y
votado por el pueblo
3) si el Congreso insiste en su reconsideración
Estas y algunas otras específicas limitaciones están poniendo de
relieve que no es posible dejar en manos del ejecutivo decisiones que
pueden contradecir la voluntad popular aunque esta cuente con el respaldo
absoluto de quienes la representan. Mantener el derecho de veto es a mi
criterio seguir alentando una arbitraria concentración del poder, que por
ser de “naturaleza política” puede prestarse a excesos y abusos que sería
necesario prever o mejor aún evitar. No siempre, o tal vez cabría decir
cada vez menos, las decisiones políticas en manos del ejecutivo responden
a los intereses ciudadanos.
Las más elementales nociones de democracia nos remiten a la idea de un
conjunto de prácticas distribuidas en tres poderes claramente
diferenciados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial cuyas funciones
no deberían ser intercambiables pero que a menudo sufren entre sí
tendencias invasivas que desvirtúan sus respectivos cometidos. Esto no
quiere decir tampoco que actúen como compartimientos estancos sino que por
el contrario funcionen coordinada y respetuosamente de modo a mostrarse,
tanto interna como externamente, como ejemplo de sensatez y de coherencia.
En algunos países, Colombia, Perú, Bolivia han surgido iniciativas
tendientes a que este criterio del veto sea transferido a las comunidades
indígenas con el objeto de que ante un eventual avasallamiento del poder
gobernante sea a ellas a las que se les reconozca la capacidad de rechazar
ciertos proyectos que, como actualmente la minería a cielo abierto, les
generan impactos altamente destructivos.
En Colombia, la CCC (Corte Constitucional de Colombia) ha decidido que
“Es obligatoria la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado”
en casos en que los proyectos “representen un alto impacto social,
cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve poner en riesgo
la existencia de la misma” lo que al hacer reconocer la obligación estatal
de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas les está otorgando
al mismo tiempo el poder de veto. Una decisión a todas luces mucho más
sensata que la que actualmente lo otorga a nivel unipersonal. En el Perú
el antecedente colombiano ha generado una iniciativa similar en relación a
los derechos de los pueblos indígenas relacionados con las eventuales
intervenciones del estado o de las empresas especialmente extractivistas
en sus territorios.
Pero parece que lo que en algunos lugares de América Latina está
orientándose ejemplarmente hacia el uso positivo de ese instrumento está
teniendo su contratara en otros continentes y específicamente en Rusia, ya
que su primer ministro Putin ha propuesto últimamente reformar el sistema
de nombramiento de gobernadores, introducido por él mismo, incorporándole
el “filtro presidencial” es decir “el derecho a veto de los candidatos no
deseados por el Kremlin.”
Creo, en síntesis que resulta necesario rever este concepto del veto
para ponerlo al servicio de los auténticos intereses de los ciudadanos,
quitándole el arbitrario sentido con que puede y suele ser usado
actualmente.
¡Voto al chápiro! ¡Que de una vez por todas la decisión final la tengan
los pueblos!
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RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo694.zip
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