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ARGENTINA: VUELVE EL CONDICIONANTE ECONÓMICO: ¡ LA DEUDA
PÚBLICA ! En el fallo del Juez ThomasP. Griesa, de un tribunal
neoyorkino, se obliga a la Argentina cancelar deuda "lo antes posible",
con bonistas demandantes ante los tribunales de EEUU.
COLOMBIA: ¿VENDE TIERRAS O VENDE PATRIAS?
El agua de los ríos que nos salvan vale más que millones de
palmas de aceite y galones de gasolina.
GUATEMALA - INDIGENAS Y CAMPESINOS DEMANDAN UNA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE POPULAR No a la reforma constitucional, sí a una
Asamblea Nacional Constituyente Popular”. “No a las empresas mineras, sí a
la defensa de la Madre Tierra ”. “No a la represión miliar, sí a los
derechos humanos y a la organización”. “Fuera Energuate. Nacionalización
de la energía eléctrica”. Eran algunas de las consignas con las que
decenas de miles de campesinos e indígenas, organizados en el Comité de
Desarrollo Campesino (CODECA) y en la Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas (CNOC), volvieron a irrumpir en las bulliciosas
calles de la ciudad de Guatemala, el martes 20 de noviembre del presente
año.
LATINOAMÉRICA
ARGENTINA: VUELVE EL CONDICIONANTE ECONÓMICO: ¡ LA DEUDA
PÚBLICA !
Julio C. Gambina
En el
fallo del Juez ThomasP. Griesa(1), de un tribunal neoyorkino, se obliga a
la Argentina cancelar deuda "lo antes posible", con bonistas demandantes
ante los tribunales de EEUU.
Son tenedores de títulos que entraron en default en el 2001, y que no
ingresaron a los canjes del 2005 y del 2010. Recordemos que solo el 7% de
tenedores de títulos no se acogieron a los beneficios de las
renegociaciones de deuda.
El fallo señala que "será aplicable a los pagos de intereses efectuados
a los bonistas en diciembre de 2012. Para evitar confusiones y dar un
tiempo razonable para arreglar la mecánica, el tribunal especifica que el
pago de intereses en cuestión será el del 15 de diciembre de 2012.Al
abogado de Argentina se le ordena consultar con el abogado de los
demandantes para determinar la suma exacta que se pagará a los demandantes
y otras mecánicas."
El poder ejecutivo anunció que apelará el fallo del juez
estadounidense, por arbitrario, e incluso, argumentando que se sienta un
precedente grave para cualquier negociación de deuda en curso o a futuro.
De avanzar el fallo, argumentan en el gobierno, nadie ingresará a los
canjes que se negocian en Grecia, o cualquier otro país con problemas de
endeudamiento, pues siempre se podrá acudir a la justicia con jurisdicción
para ello.
Algo que omiten destacar con este argumento es que quién cedió la
soberanía jurídica ha sido el propio Estado argentino, y no solo los
gobiernos de la entrega en la década del `90.
El propio fallo destaca que: "En la reunión del 9 de noviembre de 2012,
el tribunal recordó a todas las partes interesadas que Argentina está
sometida a la jurisdicción de los tribunales federales de Nueva York, a lo
que Argentina dio su consentimiento. En los últimos diez años, Argentina
repetidas veces sometió los asuntos al Tribunal de Distrito y el Tribunal
de Apelaciones y recibió un tratamiento indudablemente imparcial, dado que
Argentina se impuso en la mayoría de las cuestiones."
Más allá de los montos en juego, pues el 7% no ingresado al canje es
por 7.000 millones de dólares (unos 4.000 millones según las condiciones
de los canjes de Kirchner y Fernández), y la demanda es por 1.600 millones
de dólares (unos 900 millones con la quita), la situación ahora presentada
es demostrativa de que teníamos razón cuando denunciábamos que la deuda
era un condicionante de política económica y al mismo tiempo profundizaba
la dependencia económica, política y jurídica de la Argentina.
Junto a la denuncia señalábamos que la deuda antes de negociarla debía
ser investigada, auditada, que existen ejemplos internacionales, que
estaba en juego la independencia y la autonomía del país. La principal
lección para extraer sobre este fallo, o sobre el embargo que opera sobre
la Fragata Libertad es que la Argentina debe denunciar la entrega de su
soberanía al permitir litigar en país extranjero.
Es algo que debe realizarse denunciado los tratados bilaterales de
inversión y toda medida de subordinación a tribunales extranjeros, como
ocurre con el CIADI. Brasil nunca adhirió al protocolo del CIADI, y
Venezuela hace poco siguió el camino ya recorrido por Bolivia y Ecuador,
de retirarse de este antro del imperio para defender los intereses de las
transnacionales. Recordemos que la Argentina es el país más demandado ante
el CIADI.
Que no se haya hecho la auditoria o investigación en el 2005, o en el
2010, no impide realizarla ahora. El fallo, además de ser apelado, otorga
la oportunidad política de enfrentar el lazo de la dependencia que
construyó y reafirma el endeudamiento público.
Nunca es tarde. ¡Es el momento de denunciar la subordinación a los
tribunales extranjeros y auditar e investigar la deuda!
- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de
Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
(1) Juez de Distrito de
EEUU, en fallo fechado el 21 de noviembre de 2012 en Nueva York. - - -
Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -
COLOMBIA. ¿VENDE TIERRAS O VENDE PATRIAS?
Andrés Hurtado García
El agua de los ríos que nos salvan vale más que millones de
palmas de aceite y galones de gasolina.
¡Me extraña! De alguno me extraña, de otros no. Me extraña mucho la
posición del Ministro de Agricultura, al que considero un hombre serio y
aplomado; me extraña su peregrina idea de vender tierras y tierras a los
extranjeros. Del Presidente no me extraña. Les recuerdo a los
"filoagroextranjeristas" que Borneo vio desaparecer prácticamente todos
sus bosques por los intereses internacionales productores de biodiésel.
Talaron los bosques, sembraron palma aceitera y ahora el esquilmado
país ha debido hacer un carísimo esfuerzo para salvar lo que queda del
hábitat del orangután naranja. Pero no es sólo la extinción del simio, es
la tragedia nacional por la pérdida de sus selvas.
Si esto es lo que pretenden, especialmente con nuestros Llanos
Orientales, sencillamente los declaro apátridas y traidores. No es sólo la
compra de nuestras tierras. Sabemos que hay compañías poderosas en el
planeta, muchísimo más ricas que los países del "tercer mundo", que en
portugués llaman graciosamente "subdesenvolvidos". Así que si permitimos,
nos compran todas nuestras tierras cultivables para producir biodiésel,
atentando contra nuestra soberanía y la seguridad alimentaria de los
colombianos. Esas inmensas propiedades en manos de extranjeros son una
espina peligrosa en nuestra nacionalidad. ¿Vamos a repetir el lamentable
caso de las propiedades del peruano Julio Arana en el Putumayo en la época
del caucho?
Hay otra forma disimulada de lograr el mismo objetivo. Que las tierras
sigan siendo propiedad de los colombianos, en este caso de grandes
empresas nacionales, y ellos, los extranjeros, les compran la producción.
Es el mismo efecto destructor, con otras características aparentemente
menos lesivas pero igualmente nefastas para el país. Tal ocurre, por
ejemplo, con los inmensos sembrados de palma africana que Manuelita
adelanta en Casanare y que, como dijimos en otra ocasión, cambian el uso
de la tierra, haciendo enorme daño al gran ecosistema.
El caso de San Agustín, la bella región huilense cuyo rico legado
arqueológico cumplirá el año entrante 100 años de descubrimiento, es
patético. Muchos europeos, atraídos por la bondad del clima, por la
belleza de la región y la tranquilidad, han comprado sus propiedades a los
campesinos. Una oferta con varios ceros al portador, así no sea muy
voluminosa, tienta a los nativos que venden su finquita. El dinero se
convierte en plata de bolsillo y con lo que queda ya no alcanzan a comprar
otra tierra. Esta tragedia la han vivido muchos inocentes e ilusionados
sanagustinianos.
La rica cultura del Llano y sus hatos ancestrales están desapareciendo
tentados por los dólares de las petroleras y los sembrados de palma
africana. Por ello, tomándome la vocería de Colombia, y en su nombre,
agradezco a los dueños de los hatos Palmarito y La Aurora , que, unidos a
otros más, han decidido resistir las tentaciones y salvar la belleza,
riqueza, cultura, flora, fauna, bosques de galería y ríos del Llano. El
agua de los ríos que nos salvan vale más que millones de palmas de aceite
y galones de gasolina. Ojalá muchos colombianos, verdaderos colombianos
amantes de su patria, los imiten.
Nada que ver con lo anterior.
Uno. No acepto al concejal Darío Fernando Cepeda las extrañísimas
excusas que nos quiere ofrecer a los colombianos por recibir una camioneta
carísima. Millones de colombianos se mueren sin poder conseguir un carrito
cuatro latas barato. 'Caradura' dicen los españoles. En Colombia decimos:
descarado.
Dos. El Tribunal de La Haya me hizo recordar que no es mal árbitro el
que se equivoca sino el que compensa.
GUATEMALA - INDIGENAS Y CAMPESINOS DEMANDAN UNA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR
Ollantay Itzamná
“No a
la reforma constitucional, sí a una Asamblea Nacional Constituyente
Popular”. “No a las empresas mineras, sí a la defensa de la Madre Tierra
”. “No a la represión miliar, sí a los derechos humanos y a la
organización”. “Fuera Energuate. Nacionalización de la energía eléctrica”.
Eran algunas de las consignas con las que decenas de miles de campesinos e
indígenas, organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y en
la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), volvieron a
irrumpir en las bulliciosas calles de la ciudad de Guatemala, el martes 20
de noviembre del presente año.
Jóvenes, niños/as, ancianos/as, hombre y mujeres, indígenas y mestizos,
citadinos y campesinos, provenientes de casi todo el territorio nacional,
desde las 6:00 am, se fueron congregando simultáneamente en tres puntos
estratégicos de la ciudad. Todos ellos salieron de sus casas en la noche
anterior, recorrieron varias horas a pie, luego en buses financiados por
ellos mismos. Aquí no había cooperación externa, ni para la movilización,
ni para la comida.
Era impresionante la rapidez con la que las diferentes delegaciones,
portando pancartas de sus propias elaboraciones, conformaban aquella marea
humana policromática frente al Hospital Roosevelt (en la zona 11 de la
ciudad, uno de los tres puntos de partida)
Luego de más de una hora de recorrido, estas multitudes, que avanzaban
por tres rutas diferentes, se fueron uniendo hasta convertirse en una
gigantesca serpiente humana que zigzagueó directo al cerebro político de
Guatemala, el Congreso Nacional y la Casa Presidencial.
En abril pasado, muchos de ellos/as, inundaron las inmediaciones de la
Casa Presidencial y el Congreso, exigiendo la nacionalización de la
energía eléctrica, la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral,
el cese de las persecuciones y desalojo de comunidades campesinas, la
reversión de las concesiones mineras y las cuencas hídricas, entre otras.
Aquella vez, luego de haber fijado una hoja de ruta para el diálogo,
con la Vicepresidenta de la República , los campesinos e indígenas se
fueron anunciando que volverían por más, y con más vecinos, de no
cumplirse los acuerdos. Así fue. El gobierno de “Mano Dura” de Otto Pérez,
no sólo los distrajo, en este tiempo, con “reunioncitas”, sino que los
reprimió y los masacró (caso de Totonicapán). Por eso, ahora, volvieron un
promedio de 30 mil indignados/as, pero ya no sólo exigiendo demandas
sectoriales, sino la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
para reorganizar el Estado y la sociedad de Guatemala.
¿Qué es lo que enfada a campesinos e indígenas?
En Guatemla más vale ser palma africana que campesino o indígena. Los
campesinos e indígenas, quienes en su gran mayoría sobreviven sin Estado y
sin nación, en la Guatemala profunda, están cansados del sistemático
despojo permanente de sus derechos y bienes por parte del Estado,
terratenientes y empresas multinacionales. En Guatemala los caballos y la
palma africana tienen más derechos, y más porciones de tierra, que
campesinos e indígenas.
En este sentido, para muchos campesinos “mejor hubiese sido haber
nacido como palma africana”. Casi el 60% de las tierras de cultivo del
país se encuentran bajo el poder soberano de las empresas de monocultivos
(sobre todo de caña de azúcar y palma africana)
Deudores perpetuos. El campesino e indígena no tiene ingreso mensual,
pero tiene que mensualmente pagar por consumo de energía eléctrica entre
400 a 800 quetzales (entre 50 a 100 dólares) a la empresa privada. De esta
manera, el Estado, con la privatización del servicio de energía eléctrica,
convirtió a su población en un eterno deudor.
Una madre de familia, en huelga de energía eléctrica, lamenta: “Para
pagar la luz tenemos que dejar de comprar frijoles y maíz para nuestros
hijos”. O sea, el sistema neoliberal es tan criminal y diabólico en
Guatemala que luego de diezmar a la población, continúa succionando la
sangre a los cadáveres. Esta realidad de deudores perpetuos no es sólo una
realidad de indígenas y campesinos, sino de toda la población que no forma
parte de la élite política y económicamente privilegiada del país.
El único indio bueno es el indio muerto. Para el Estado oligárquico, y
para sus leyes etnofágicas, el indígena es un ser no humano. En el mejor
de los casos se asume al indígena como complemento de la tierra que usurpa
el hacendado o los latifundios transnacionales. Por eso el despojo y la
sobre explotación del indígena está social y políticamente permitido,
porque como no es un ser humano, entonces, tampoco puede tener derechos,
mucho menos propiedades.
Para explicar y legitimar esta sistemática anulación del originario,
inventaron la categoría sociopolítica de “indio” (vago, ignorante,
supersticioso, desconfiado, bruto, sucio…) Por tanto, cuando un “indio” se
insubordina exigiendo sus derechos, el Estado y los patrones no dudan en
clavarles plomos. ¡Es antinatural que un “indio” exija derechos, muchos
menos dignidad! Un “indio” para ser bueno tiene que ser servil o estar
muerto.
Desmantelamiento del país en nombre de los pobres. Todos los intentos
de “independencia” (siglo XIX), progreso y desarrollo neoliberal (siglo
XX) y neo latifundismo (siglo XXI) se hicieron y se hacen en nombre de los
pobres. Pero, estos modelos, lejos de beneficiar a los empobrecidos del
país, sólo han acelerado y ampliado el perpetuo Viernes Santo para las
grandes mayorías del país.
Antes, por lo menos tenía tierras para cultivar maíz y frijoles, agua
para beber, bosques y playas de dónde alimentarse. Ahora, las cañeras,
huleras, mineras, narco palmeras, ganaderas y las áreas protegidas los
están expulsando hacia el vacío existencial. Mientras tanto, todas las
instituciones públicas y los gobiernos de turno no sólo se constituyeron
en verdugos insensibles del pueblo, sino que son eficientes tramitadores
(corruptos) para entregar los bienes y recursos del país a las
multinacionales.
¿Por qué la demanda de una Asamblea Constituyente?
El historiador guatemalteco, Severo Martínez Peláez, en su clásico
libro “ La Patria del Criollo”, explica que la razón ontológica del
fracaso del Estado criollo de la República de Guatemala es la de haber
excluido sistemáticamente a la población indígena. Y es verdad. Dicha
exclusión, legalizada e institucionalizada en casi dos siglos de
República, con el recrudecimiento del sistema neoliberal, se ha ampliado,
carcomiendo incluso a la pequeña clase media, y diluyendo la poca
institucionalidad del aparato estatal.
En un país con un Estado debilitado y una sociedad fragmentada, la ley
del que tiene pistola o metralleta se impone, y el Estado de Derecho se
convierte en una excepción para privilegiados. ¿Cuánto tiempo puede
subsistir un país en estas condiciones de incertidumbre? No mucho tiempo.
Por eso en Guatemala la Asamblea Constituyente participativa es un
imperativo categórico de subsistencia social, y no tanto un asunto de
opción ideológica. Y, al igual que en Bolivia y Ecuador, son indígenas y
campesinos quienes, ahora, aquí, inician esta demanda estructural.
Además, para nadie es un secreto que países empobrecidos y saqueados
como Bolivia, Ecuador y Venezuela, que hasta hace algunos años atrás eran
el banquete del neoliberalismo (permitido por estados criollos), ahora,
con sus respectivos procesos constituyentes, se han convertido en una
referencia mundial, no sólo para la profundización de la democracia
participativa, sino para la resolución de históricas deudas sociales
internas. Y esta verdad, por más cercos mediáticos que los latifundios
mediáticos impongan sobre Guatemala, ya no se puede esconder. En este
sentido, la demanda de la Asamblea Constituyente en Guatemala, está siendo
abonada por la sistemática exclusión y represión estatal (que despierta
mayor rebeldía social) y por los promisorios vientos del Sur
constituyente.