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Latinoamérica
ARGENTINA, FRENTE AL DEBATE POR LA MEGAMINERÍA
Dada la gran asimetría de poder entre los actores de este debate,
sin duda la carga de la prueba no está del lado de quienes (pequeñas
comunidades) consideran que este tipo de emprendimientos tiene m{as
consecuencias negativas que positivas, sino del lado de las corporaciones
megamineras principales beneficiarias de la
actividad.
HONDURAS: IMPUNIDAD EXTIENDE
EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN HONDURAS Honduras tiene la más elevada
tasa de homicidios del mundo, el doble de lo registrado 10 años atrás, la
mayoría marcados por el narcotráfico, señaló un reciente informe de
Naciones Unidas .
INDÍGENAS PARAGUAYOS ACAMPAN
EN ASUNCIÓN Y PROCLAMAN MISERIA TOTAL Centenares de familias
indígenas acamparon en una zona céntrica de esta capital y proclamaron hoy
que el actual gobierno las mantiene en la miseria total.
Latinoamérica
ARGENTINA : DECLARACIÓN DE DOCENTES Y GRADUADOS
DE LA UNLP
FRENTE AL DEBATE SOBRE MEGA MINERÍA
![http://www.foco.org.ar/boletin/boletin-oet/fotosabril07/alumbrera%203.jpg]() Oportunidad del debate sobre mega minería, o
¿por qué ahora?
A lo largo del período colonial la reserva mineral de la
Cordillera de los Andes signó nuestra inserción en la emergente economía
mundial. Paradójicamente, fueron esas mismas montañas las que montadas por
las tropas deSan Martín y Bolívar se constituyen en símbolo de
emancipación, de soberanía. Hoy América Latina vuelve a ser mirada por los
países centrales como proveedora de minerales y otros recursos naturales.
El agotamiento de vetas de metal precioso y la voracidad desencadenada por
el capitalismo globalizado condujo en las últimas décadas a la formulación
de un nuevo tipo de minería de gran escala. Se trata de un “nuevo tipo”
por el empleo de innovaciones tecnológicas vinculadas a un nuevo modo de
extracción. Sin embargo poco tiene de nuevo en cuanto a las
consecuencias que acarrea para nuestros países. Por ello, saludamos este
debate, que es viejo como Nuestramérica, y no obstante resulta
novedoso en Argentina, nuevo destino minero, o mejor dicho, mega minero
Ciencia y utilidad social del conocimiento, o
cómo evitar dos reduccionismos
Hicimos mención indirecta a la historia, a la economía, a
la geología y geofísica, a la ingeniería en minas, a la geopolítica.
Podríamos referirnos además a la química, la sociología, el derecho, la
comunicación social, y hasta la astronomía, para dar cuenta del proceso
productivo minero. Por lo tanto es evidente el estrecho vínculo que une
este debate con el conocimiento científico desde un enfoque
interdisciplinario. Y ello a colación de que no creemos que el debate se
deba resolver sólo en el plano de las ciencias geológicas (primer
reduccionismo). Por otra parte, consideramos que el conocimiento
científico puede aportar claves valiosas de interpretación, elementos en
algunos casos imprescindibles para conducir el debate a buen puerto. Pero
también somos conscientes que la resolución de esta controversia es
política y social, no científica o tecnológica. No creemos en las
soluciones tecnocráticas, porque no creemos que los científicos tengamos
“la verdad” acerca de qué es lo mejor para nuestro país (segundo
reduccionismo). Con este espíritu, aportamos las siguientes
reflexiones.
Propuesta de evaluación y traslado de la carga de
la prueba
Es innegable que la mega minería es una actividad
productiva de altísimo impacto en las diversas esferas de la vida de una
sociedad (económica, política, cultural, social, ambiental) y cruza todas
las escalas de consideración (micro, meso, macro). Por ello creemos que la
evaluación (requisito para un posicionamiento político) necesariamente
debe ser multicriterio y multiescalar. En ese sentido, convidamos algunas
preguntas que esperemos puedan orientar el debate, conscientes de que no
agotan todos los interrogantes posibles:
- Plano económico : ¿son los proyectos
mega mineros economías de enclave? Si esto es así, ¿en qué medida la mega
minería promueve el “desarrollo” de una región? ¿Qué impacto producen
estos emprendimientos en las economías locales y regionales? ¿Qué
encadenamientos productivos se producen? ¿Qué saldo queda en las regiones
una vez culminado el proyecto mega minero? ¿Qué importancia tiene en las
cuentas fiscales y en la balanza comercial, a nivel provincial y nacional?
¿Qué cursos de acción, económicos y productivos, se dejaron de lado para
llevar adelante la actividad minera? ¿Cómo impacta ello a nivel de la
infraestructura? ¿Qué efectos distributivos tiene en la población, local y
regional?
- Plano político : la llegada de una
agente transnacional a localidades o regiones poco desarrolladas en
términos institucionales, ¿puede producir afectaciones a la calidad de
vida democrática? ¿Qué casos se conocen en nuestro país y en otros países
de violación de derechos humanos alrededor de la mega minería? ¿En qué
medida las estructuras políticas y fiscales endebles de regiones pobres
tienen la capacidad de hacer frente a grandes transnacionales? ¿Debería
ser una “cuestión nacional” y no provincial o local? ¿En qué medida se ve
comprometida la soberanía de nuestro país en proyectos como el de Pascua
Lama, que se ha señalado como “un tercer país”?
- Plano social : ¿qué beneficios o daños
produce en el tejido social de una región la instalación de una mega
minera? ¿En qué medida altera directa e indirectamente índices básicos de
bienestar social? (tales como nivel de inseguridad, de conflictividad,
migraciones forzadas, crisis sanitaria, trabajo infantil, acceso a agua,
vivienda, etc.)
- Plano ambiental : dando por sentado
que la actividad (como la mayor parte de las actividades productivas)
produce daños ambientales, ¿es equiparable el daño que produce la mega
minería con otras actividades en términos de costos/beneficios en sentido
amplio, y no sólo económicos? Por ejemplo, ¿una mina a cielo abierto para
extraer piedra caliza para la construcción es lo mismo que para extraer
oro con fines especulativos? Qué el daño ambiental se produzca en las
regiones donde se hallan las fuentes de agua dulce, ¿cualifica
negativamente el daño en esas regiones? ¿El daño ambiental generado tiene
consecuencias directas y/o indirectas sobre las poblaciones
regionales?
- Plano tecnológico : ¿las tecnologías
actualmente empleadas en el proceso mega minero son de origen extranjero?
Si esto es así, ¿qué beneficio obtiene nuestro país en término de mejora
de las capacidades tecnológicas? ¿Hay compromisos de cualificación de
recursos humanos nacionales y convenios para la mejora de las capacidades
de nuestras instituciones de ciencia y tecnología? ¿Esas capacidades
tecnológicas pueden ser reutilizadas a los efectos de alcanzar mayores
niveles de soberanía tecnológica pero también económica y política?
¿Existen alternativas? O desde dónde responder
estas preguntas
El debate comenzó tarde. Y no fue por presión de las
élites políticas o científicas, sino por la reacción de una parte de las
comunidades directamente afectadas. Hoy en el país hay decenas de
proyectos mega mineros en ejecución. Algunos por más de una década, como
el de Bajo La Alumbrera. De hecho, un balance de esa Las respuestas que
podamos dar como científicos pueden aportar a oscurecer o esclarecer este
debate que es político y social. He allí una de nuestras responsabilidades
en esta hora. La otra, no menor, es señalar si son posibles alternativas,
en términos económicos y tecnológicos. Más allá de la primera alternativa
evidente (y para nada despreciable) que es que en estas condiciones no se
haga más megaminería. En ese caso, las mismas preguntas señalas
anteriormente, mutatis mutandis , quedan planteadas para los
cursos de acción alternativos. Por último, dada la gran asimetría de poder
entre los actores de este debate, sin dudas la carga de la prueba no está
del lado de quienes (pequeñas comunidades) consideran que este tipo de
emprendimientos tiene más consecuencias negativas que positivas. Sino del
lado de las corporaciones megamineras, principales beneficiarias de la
actividad. Hasta tanto no nos demuestren que la actividad genera
desarrollo, seguiremos considerando que la megaminería no
es conveniente para nuestro país, y que nuestra Universidad no debe
aceptar los fondos de Minera Bajo La Alumbrera, tal como
han hecho la UNC, la UNRC, la UNLU, la UNMDP, la UNGS y la
UNER.
Espacio Varsavsky
(Fac. de Exactas)
Agrupación La 22 (Fac. de
Agronomía y Forestales)
Agrupación Unidad Graduadxs de
Económicas - AUGE (Fac. de Cs. Económicas)
Agrupación
INTI graduados (Fac. de Cs. Astronómicas y
Geofísicas)
Comisión de Graduados de Historia (Fac. de
Humanidades)
Agrupación La Fragua Universitaria (Fac.
de Humanidades, Agronomía, Económicas, Psicología, Derecho, Trabajo Social
y Medicina)
IMPUNIDAD EXTIENDE EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN
HONDURAS
Silvia Martínez Puentes
![http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVECGZCWG24_GAO9bVgyO9C0jkEc_r8XaqMzEXgVU8ufJwv59C]() Honduras tiene la más elevada tasa de homicidios del
mundo, el doble de lo registrado 10 años atrás, la mayoría marcados por el
narcotráfico, señaló un reciente informe de Naciones Unidas.
En 2001 el país centroamericano reportó 51 asesinatos por
cada 100 mil habitantes y una década después ese índice subió a 92, por
encima de países tan señalados por su elevada violencia como El Salvador
(69) y Costa de Marfil (57).
El documento de la ONU intitulado Delincuencia Organizada
Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las
Amenazas, atribuyó el alza de la violencia al progresivo tráfico de drogas
por Honduras hacia Estaos Unidos a partir de una mayor arremetida en
México contra el crimen organizado.
Extendida epidemia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) admite como
estándar normal nueve homicidios por cada 100 mil habitantes y lo califica
de "epidemia" cuando la tasa es de 10 hacia arriba.
Ese mal endémico en Honduras registró 51 mil homicidios
de agosto del 2000hasta igual mes del 2012, de acuerdo con el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio.
En el 2011, unos 250, de los 298 municipios con que
cuenta esta nación, reportaron tasas de homicidios superiores a la
mundial. Sólo en los 31 meses de gestión del actual gobierno del
presidente Porfirio Lobo hubo al menos 17 mil 500 muertes violentas, acotó
Custodio.
Contrario a lo que dicen otras fuentes, el Gobierno
considera que este año disminuyeron los homicidios, aunque acepta el
índice reportado por el universitario Observatorio de la Violencia, que es
de 86,6 por cada 100 mil habitantes, un promedio de 19 por día, contra 20
el año anterior.
No varían por año otros datos de ese organismo, como que
las víctimas tenían entre 15 y 44 años de edad y que algo más del siete
por ciento de ellas fueron mujeres.
El Observatorio reconoce que en casi el 40 por ciento de
los crímenes no se pudo determinar la causa y más del 12 por ciento fue
por ajustes de cuentas y la mayoría del gran total ocurrió entre sábado,
domingo y lunes.
Un estudio de la organización no gubernamental Casa
Alianza de Honduras reveló que ocho de cada 10 asesinatos son cometidos
contra jóvenes.
Sólo en agosto último 85 jóvenes fueron asesinados y 10
de esos crímenes fueron adjudicados a miembro de la Policía Nacional,
según una investigación de la ONG.
La fuente precisó que el 89 por ciento de los crímenes
fueron cometidos con armas de fuego y que el 67 por ciento permanecen en
la impunidad, muchos de ellos atribuidos a sicarios y en menor medida a la
delincuencia común.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad
Nacional de Honduras refiere que los lugares más violentos del país son La
Ceiba, San Pedro Sula y Juticalpa.
Más allá del narcotráfico
Naciones Unidas considera que el tráfico de drogas
ocasiona sólo una cuarta parte de los homicidios en Honduras.
Droga aparte, otros muchos factores intervienen en los
elevados índices de violencia en un escenario donde se mezclan además
causas económicas, políticas y sociales.
La desintegración familiar y la falta de educación son
componentes que fortalecen las debilidades de la sociedad y contribuyen a
que el grado de impunidad y criminalidad se acrecienten, a juicio del
exmagistrado de la Sala Penal Nicolás García Sorto.
A la lista de causales se suman la falta de acceso a la
educación y a la salud, el desempleo, que abarca al 45 por ciento de la
población económicamente activa, y la pobreza extrema, que alcanza al 70
por ciento de los hondureños.
A esos componentes se añaden la especulación, el
desbalance de precios, los bajos salarios, las deudas e impagos, y se suma
el acceso sin cortapisas a armas y la debilidad de la justicia, entre
otros muchos problemas que son el caldo de cultivo para mayores y más
complejos delitos.
También influye en la inoperancia de la nación ante las
prolongadas sequías e inundaciones sujetas al cambio climático, lo que
sumado a la corrupción administrativa y política hace aún más vulnerable
al país.
Mucho tiene que ver la violencia con la incertidumbre
reinante respecto al crecimiento económico, pues el temor a invertir,
presente incluso hasta en los nacionales, aleja toda potencial
prosperidad.
La propia ONU cita apreciaciones del Banco Mundial, según
el cual una reducción del 10 por ciento de los homicidios pudiera
representar un alza del 0,7 de las inversiones.
Expertos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (Onudd) incluye en su balance de razones que incentivaron la
violencia el golpe de Estado propinado contra el presidente Manuel Zelaya
en el 2009.
Los encargados de aplicar la ley cayeron en el desorden,
se desviaron recursos para controlar la situación y se suspendió la
asistencia antidroga de los Estados Unidos, precisó Onudd, y reconoció que
tras la deposición de Zelaya crecieron la violencia y el tráfico de
drogas.
Por Honduras, en el 2010 transitó cocaína por valor de
mil 994 millones de dólares, el 13 por ciento del Producto Interno Bruto
del país, acorde con la ONU que, además, denunció que las fuerzas de
seguridad estuvieron involucradas en el paso de los estupefacientes por
sus puntos de control.
La impunidad potencia el crimen
En los últimos meses, incluso semanas, la selectividad de
los asesinatos contra profesionales del derecho y periodistas han avivado
en todas las esferas de la sociedad los reclamos de justicia, seguridad y
paz, frente a la creciente impunidad. Las mayores críticas apuntan a una
obligada política de seguridad por parte del gobierno.
Entre el 2010 y el 2011 la Fiscalía envió a la Dirección
Nacional de Investigación Criminal 109 mil 523 denuncias, pero solo 24 mil
653 fueron procesadas.
Ello quiere decir que unas 84 mil 870 acusaciones de
hechos criminales quedaron impunes, indican instituciones de derechos
humanos que atribuyen a ese organismo apenas el 21 por ciento de
efectividad.
A juicio del presidente de la Asociación de Fiscales de
Honduras, Fabricio Erazo, la justicia falla porque el Estado no le da una
verdadera importancia a la investigación, ni destina a ella los
suficientes recursos.
Para el juez de sentencia, Anaim Orellana, el Estado está
en la obligación de fortalecer la investigación y frenar los crímenes,
entre ellos los selectivos de alto impacto que pretenden socavar la
seguridad del país.
Se ha dejado avanzar mucho a la criminalidad en todos los
niveles, desde el crimen organizado, el sicariato, y se ha perdido el
derecho a la vida", lamentó el juez.
Silvia Martínez Puentes. Periodista de
Redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina
Rebelión y
Prensa Latina
INDÍGENAS PARAGUAYOS ACAMPAN EN ASUNCIÓN Y
PROCLAMAN MISERIA TOTAL
![http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnwQbtiR859kId1Du84dcC_wRMfywmTaQ_lOGdL_FY85oYVQ1X]() Centenares de familias indígenas acamparon en una
zona céntrica de esta capital y proclamaron hoy que el actual gobierno las
mantiene en la miseria total.
Acompañados con sus niños, vestidos con humildes ropajes
y demandando la entrega de alimentos, los pobladores autóctonos montaron
su campamento exactamente frente a la sede central del estatal Instituto
Paraguayo del Indígena y cerraron calles aledañas.
Previamente, los integrantes de la protesta marcharon
hasta las instalaciones de la Secretaría Nacional de Emergencia y
reclamaron allí la urgente entrega de víveres dada la situación de
carencia que sufren actualmente
Estamos viviendo en la miseria total, entre basura y
moscas, por culpa de este gobierno liberal, declaró el dirigente Tomás
Domínguez, alegando que las entidades oficiales se niegan a la entrega de
alimentos, colchones y herramientas para sus labores agrícolas.
Domínguez aseguró que, a pesar de que la Secretaría de
Emergencia dispone de los mínimos recursos solicitados, el organismo cuya
obligación es atenderlos los amenazó con acudir a la fiscalía para
desalojarlos del lugar.
Los indígenas proceden del departamento de Canindeyú,
situado a más de 240 kilómetros de esta capital, y se niegan a abandonar
su protesta señalando que el Instituto incumplió en varias ocasiones la
promesa de llevar lo pedido hasta sus asentamientos en esa zona.
Desde su llegada al lugar, instalaron en plena calle una
olla gigante para cocinar alimentos que les donen los pobladores y así
sostener especialmente a los menores acompañantes en la demostración.
Los nativos reiteraron que, sólo la concesión de sus
peticiones o el uso de la fuerza pública, lograrán su retirada de los
alrededores del ente estatal.
ARGEPRESS info
RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo675.zip
PDF:
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