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ECUADOR. MARCHAS POR DEFENSA Y RECHAZO DEL PROYECTO DEL
GOBIERNO OCURREN EN EL PAÍS El Gobierno espera este jueves una
multitudinaria concentración en la capitalina Plaza de la Independencia y
los simpatizantes del gobernante Movimiento PAIS se movilizan en todo el
territorio nacional, mientras una marcha indígena opositora comenzará en
la provincia Zamora Chinchipe
EL SALVADOR. DAÑO AMBIENTAL IMPUNE Han pasado 14 años
desde la aprobación de la Ley de Medio Ambiente que plantea la creación de
tribunales agroambientales para ver casos de contaminación y destrucción
ambiental, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no impulsa su
instalación
BRASIL: ARTICULACIÓN DE LOS COMITÉS POPULARES SE MOVILIZA Y
DEMANDA VETO DEL PROYECTO DE LA LEY GENERAL DE LA COPA Incluso
con la presión de la sociedad civil organizada, el plenario se rindió a
los deseos de la Federación Internacional de Futbol y aprobó un plan de
urgencia para votar la Ley General de la Copa, que desacata la
Constitución del Brasil y niega los derechos de las y los consumidores.
ECUADOR. MARCHAS POR DEFENSA Y RECHAZO DEL PROYECTO DEL
GOBIERNO OCURREN EN EL PAÍS
Pedro Rioseco
En medio de la celebración por el Día Internacional de la Mujer
comenzará hoy una puja de sectores del pueblo ecuatoriano que se
movilizará en marchas encontradas por la defensa o rechazo de la
Revolución Ciudadana. Pese a una aparente normalidad, que no impidió a
fanáticos del fútbol celebrar el triunfo en el estadio Atahualpa del
equipo local Deportivo Quito contra el argentino Vélez Sarsfield, nadie
subestima lo que se ha denunciado como intento desestabilizador.
![Ecuador.jpg]() El
Gobierno espera este jueves una multitudinaria concentración en la
capitalina Plaza de la Independencia y los simpatizantes del gobernante
Movimiento PAIS se movilizan en todo el territorio nacional, mientras una
marcha indígena opositora comenzará en la provincia Zamora Chinchipe.
La marcha convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador (Conaie) recorrerá varias provincias hasta llegar a Quito el 22 de
marzo próximo, y aunque sus dirigentes lo han negado, sectores de derecha
y extrema derecha le brindan apoyo.
La consigna de la marcha indígena "en defensa del agua y la tierra" y
en rechazo a la política minera, impulsada por el Gobierno del presidente
Rafael Correa, se enrarece con declaraciones de dirigentes opositores que
llaman claramente a derrocar a la administración del país.
Para la ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, es
significativo que se junten en la marcha indígena "el agua y el aceite",
al referirse a sectores opositores en permanente conspiración contra el
Gobierno y al respaldo de una fuerte campaña de manipulación mediática.
Tuvimos un momento crítico el 30 de septiembre de 2010 (en el que se
registró un intento de golpe de Estado) y creo que sectores de poder están
permanentemente al acecho de un momento en el que pueda volverse a generar
desestabilización, subrayó Tola por Ecuadorinmediato Radio.
Humberto Cholango, presidente de la Conaie, aseguró que no existe
ningún afán golpista y rechazó cualquier intento de la derecha oligárquica
de reacomodarse para aprovecharse e intentar derrocar al gobierno, lo cual
contradicen en sus declaraciones otros dirigentes opositores.
"Si ellos son cuatro mil, nosotros seremos 40 mil", dijo el sábado
pasado el presidente Correa, al pedir a sus simpatizantes continuar
movilizados hasta el venidero 22 de marzo en una vigilia permanente y
pacífica por la democracia, y a estar alerta ante provocaciones.
Las protestas indígenas tuvieron un rol protagónico durante los
derrocamientos de los mandatarios Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad
(2000), pero la caída de Lucio Gutiérrez en 2005 por el movimiento popular
de "Los forajidos" fue un golpe para sus estructuras.
Según el criterio de académicos y estudiosos nacionales, el movimiento
indígena se encuentra fraccionado y no constituye por sí mismo una amenaza
seria contra el Gobierno, pero subrayan el interés de la oposición en
debilitarlo con vistas a las elecciones de 2013 en la que se da por segura
su victoria.
Por el contrario, la movilización convocada por Correa y una agresiva
campaña de información gubernamental sobre los avances en temas sensibles
para la población como el progreso económico, la disminución de la
pobreza, y la minería responsable, refuerzan el apoyo popular a su
gestión.
Los próximos 15 días serán un termómetro del respaldo nacional a Correa
y la Revolución Ciudadana, frente a una oposición dividida y acéfala,
empeñada en crear incidentes violentos que impidan encontrar cauces de
diálogo con sectores sociales y agudicen las tensiones.
La captura por la policía de grupos conspirativos y la desarticulación
de un complot, en el cual presuntamente estaban implicados algunos
militares en servicio pasivo, demuestran las denuncias del Ejecutivo y
justifican el llamado al pueblo a movilizarse en defensa de su proceso de
cambio.
Adital - La noticia es de Prensa Latina
![El
Salvador.jpg]() EL SALVADOR. DAÑO AMBIENTAL IMPUNE
Tomás Andréu
Letrero en una parada de bus cerca de la abandonada fábrica de baterías
Record en Sitio del Niño, departamento de La Libertad. (Foto:
Environmental Law Alliance Worlwide - www.elaw.org)
Han pasado 14 años desde la aprobación de la Ley de Medio Ambiente que
plantea la creación de tribunales agroambientales para ver casos de
contaminación y destrucción ambiental, pero la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) aún no impulsa su instalación.
"En El Salvador todavía no contamos con esos tribunales”, afirma a
Noticias Aliadas Lourdes Palacio, diputada del gobernante Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) e integrante de la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. "Seguimos a
la espera. Hubo un proyecto financiado por la Unión Europea para capacitar
a jueces en materia ambiental para que se instalaran estos tribunales. No
supimos qué pasó”.
Por su parte, la CSJ asegura que el proceso de instalar los tribunales
sigue su curso y que no hay un tiempo definido para hacerlos efectivos.
Mientras tantos los casos de contaminación y depredación ambiental son
vistos por los juzgados comunes.
Para las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que
buscan que la naturaleza goce de garantías judiciales ante la
contaminación industrial, ambiental, radioactiva o electromagnética, es
necesario introducir disposiciones que incorporen una protección ambiental
efectiva, que recaiga no sólo en la autoridad ambiental gubernativa, sino
también en tribunales ambientales especializados.
Por ello, plantearon al FMLN la necesidad de reformar la Ley de Medio
Ambiente para asegurar que se juzguen y penalicen los daños en materia
ambiental.
"Aquí no hay procedimientos judiciales idóneos para tratar el tema de
la injusticia ambiental. ¿A qué lugar se acude cuando existe un delito
ambiental? Nadie juzga a quienes contaminan, menoscaban o deterioran a El
Salvador”, reflexiona el presidente y doctor en salud pública y ecología
política de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Ángel
Ibarra, en declaraciones a Noticias Aliadas.
Acogiendo el pedido de las organizaciones ambientales, el FMLN intenta
ahora que la Asamblea Legislativa —que se inaugurará en mayo—reforme la
Ley de Medio Ambiente aprobada en 1998.
Los ambientalistas y el FMLN buscan reformar el capítulo II del
"procedimiento judicial” de la Ley de Medio Ambiente. El objetivo es "la
creación, instalación y apropiado funcionamiento de los tribunales
ambientales en El Salvador”, según Ibarra.
En efecto, tras 14 años sin darle vida a los tribunales
agroambientales, los activistas —con su petición de reforma— buscan
cambiar el nombre de aquella primera figura (agroambientales) a tribunales
ambientales, esto si se modifica el artículo 99 que forma parte del
capítulo II del "procedimiento judicial”, pues con los años transcurridos,
parte de aquel decreto es débil ante la realidad ambiental que vive El
Salvador.
"Si los tribunales agroambientales [de 1998] se hubiesen instalado en
ese período y se hubiesen capacitado a fiscales y jueces, el abordaje de
los delitos ambientales ya estuviera avanzado en el país. En este país,
con un 60% de la población viviendo en las ciudades, pues lo agroambiental
queda muy forzado. No todos los problemas ambientales están vinculados al
campo. Por eso queremos los tribunales”, explica Ibarra.
El impulso de la reforma tiene como punto vital que el procedimiento
judicial contemple los principios del derecho ambiental, su doctrina y los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado
salvadoreño.
Contaminación industrial
El territorio salvadoreño conoce todos los tipos de contaminación que
puedan existir. Y de algunos aún no se libra.
Uno de los más emblemáticos es el de la empresa Baterías de El
Salvador, que producía las baterías Record. En el 2005 los residentes del
cantón Sitio del Niño, en el céntrico departamento de La Libertad,
vivieron una tragedia cuando se detectó contaminación por plomo en la
sangre en ese lugar por responsabilidad de dicha empresa. Unas 550
manzanas a la redonda de la fábrica se vieron afectadas por décadas con el
hollín que expulsaban las chimeneas, contaminando casas, cultivos, pozos
de agua, el subsuelo y la sangre de los habitantes.
El director de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la
República (FGR), Julio Adalberto Arriaza González, afirmó que "en la
historia de la Fiscalía ha sido el tema que más demandas ha tenido por la
contaminación y daños que hizo la empresa. Hay más de 1,000 personas
afectadas”.
Aunque la fábrica fue cerrada en el 2008, hasta el momento sólo tres
empleados de la empresa están siendo procesados por las autoridades; otros
tres, los gerentes de la empresa, se fugaron y tienen orden de captura a
nivel internacional. La Fiscalía les imputa el cargo de contaminación
ambiental agravada.
Con la instalación de los tribunales se sancionaría la omisión o la
irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales de turno.
"Creo que por eso no se han establecido los tribunales”, asevera
Ibarra.
La contaminación por plomo en el Sitio del Niño pudo haberse evitado,
pero no hubo un control honesto por parte de los gobiernos anteriores,
dice el viceministro de Políticas de Salud del Ministerio de Salud,
Eduardo Espinoza.
"Las administraciones anteriores fueron muy laxas en la concesión de
los permisos para operar sin ningún control ni regulación”, afirma
Espinoza. "Eso permitió que esta industria se desarrollara y realizara su
trabajo sin ninguna norma ni medida para amortiguar el impacto de los
vapores de plomo, por las escorias que ahí se producían”.
El caso de la minería
Ante las amenazas que la minería puede representar para el medio
ambiente, ya son años de debate en El Salvador en torno a prohibir o no
esta industria.
El presidente Mauricio Funes ha señalado que no permitirá proyectos
mineros durante su mandato. Intentó que la actual legislatura (2009-2012)
aprobara una ley prohibiendo la minería metálica pero la correlación de
fuerzas con la que cuenta en el parlamento no se lo permitió. Espera
lograrlo en la siguiente legislatura, para lo cual necesita tener mayoría
de diputados.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) junto con
el Ministerio de Economía (MINED) impulsaron la Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) en abril del 2011 para la creación de una política
nacional del sector minero metálico.
El ministro de Economía, Héctor Dada Hirezi, dijo en esa ocasión que
"los diversos sectores deberán sentirse en total libertad de expresar sus
opiniones con relación al tema [de la minería]”. Con estos insumos —según
él— el Ejecutivo podrá tener una posición clara al respecto.
"Como ustedes lo saben, no hemos aprobado ningún proyecto de minería en
el país”, señalaba en octubre del 2011 la viceministra del MARN, Lina
Pohl.
"¿Somos capaces de darle seguimiento a la minería y qué tipo de minería
vendrá a El Salvador? Por los yacimientos evaluados, la minería que
vendría a El Salvador es una minería junior que no es capaz de darle
seguimiento a los temas ambientales y a sus implicaciones”, sostuvo la
viceministra Pohl. Añadió que el país no tiene condiciones para la
incursión minera transnacional porque "somos un país con escasos recursos,
con un territorio muy pequeño y enormemente degradado”.
La evaluación, no obstante, duerme el sueño de los justo y sigue sin
conocerse.
Sin embargo, las organizaciones sociales sólo ven una actitud pasiva de
las autoridades, sin verdaderas intenciones de dar un paso firme con el
tema.
"Hemos demostrado que la minería es altamente contaminante. Las
empresas han tenido espacios para incidir en las políticas de gobierno.
Por ello, nosotros le decimos a la población en nuestras capacitaciones
que no voten por aquellos que dan el ‘sí' a la minería”, señala a Noticias
Aliadas la bióloga del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio
(CEICOM), Cidia Cortez.
La investigadora agrega que no cree en la evaluación ambiental que hace
el gobierno.
"La intención real de ese estudio [de la EAE] es instalar la minería en
El Salvador”, sostiene Cortez. "Los lineamientos que ellos investigan van
por el camino de permitir la minería. La dilatación del informe de
Evaluación Ambiental Estratégica solo es una estrategia. Es una pausa y
respiro para las transnacionales”.
"Hay un compromiso público del presidente Funes para no autorizar la
exploración y explotación minera. Pero la voluntad política sólo se
refleja a través de la política y de leyes. [Las palabras del presidente
Funes] deberían tener respaldo con una ley que prohíba la minería, pero
este gobierno no está trabajando en eso”, esgrime Ibarra.
En el 2010 el gobierno negó los permisos a Pacific Rim —apéndice de la
corporación canadiense Pacific Rim Mining y con presencia en El Salvador
desde el 2002— para que la mina El Dorado empezara a producir, señalando
la potencial contaminación por cianuro y el riesgo de que las fuentes de
agua resultaran afectadas. Por ello, la minera —que ya había avanzado con
obras preliminares— ha entablado un juicio al gobierno ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
perteneciente al Banco Mundial.
La empresa Pacific Rim fue señalada de estar detrás del conflicto
comunitario que entre el 2009 y el 2011 desembocó en el asesinato de
cuatro activistas ambientales en el departamento de Cabañas, zona
norcentral de El Salvador. La transnacional lo desmintió a través de
comunicados de prensa. Estos asesinatos siguen impunes.
Servicio Informativo sobre América Latina y el Caribe
producido por Comunicaciones Aliadas
Adital
BRASIL: ARTICULACIÓN DE LOS COMITÉS POPULARES SE MOVILIZA Y
DEMANDA VETO DEL PROYECTO DE LA LEY GENERAL DE LA COPA ![Brasil.jpg]()
Incluso con la presión de la sociedad civil organizada, el plenario se
rindió a los deseos de la Federación Internacional de Futbol y aprobó un
plan de urgencia para votar la Ley General de la Copa, que desacata la
Constitución del Brasil y niega los derechos de las y los consumidores.
Ante la votación prevista para el próximo miércoles 14, en Brasilia, la
Articulación Nacional de los Comités Populares, se pronunció y lanzó un
comunicado de prensa donde denuncia y critica la posición de los
parlamentarios ante el derecho de participación del pueblo brasileño y el
autoritarismo de la Fifa. También demandan sea vetado el PL 2330/2011.
Restricción del comercio ambulante, supresión de las entradas a mitad
de precio [contempladas en la legislación brasilera], imposición de
limitaciones para ver los partidos (a través de la radio, internet, o en
bares y restaurantes), promulgación de sanciones específicas para el
evento, restricción de la libertad de prensa, autorización de venta de
bebidas alcohólicas en los estadios. Son muchos puntos demandados por la
Fifa que atentarán fuertemente contra la soberanía de Brasil, si se
aprueba la Ley General de la Copa, tal como está. A lo anterior hay que
agregar los problemas que ya se están dando como: la remoción de muchas
familias para dar espacio a grandes obras de reestructuración construidas
para el mega-evento, huelgas de los trabajadores, retrasos en los salarios
de los empleados de las obras, entre otros.
"Por lo tanto, la entidad busca sólo sus intereses y ganancia, en
detrimento del bien común y de las necesidades de la población. También
los congresistas y nuestros gobernantes parecen poco preocupados por los
derechos sociales de los brasileños. ¿Dónde está el supuesto "legado
social” de los juegos? Hasta ahora, no encontramos nada que permita
justificar las decenas de miles de millones invertidos en nombre de la
Copa y de las Olimpiadas”, enfatiza el comunicado.
Además, el texto señala que la ley general de la Copa, en realidad, no
es tan "general", ya que en buena parte, se trata de intereses privados.
Dato importante señalado por la Articulación de los Comités, es que las
ciudades que acogerán la Copa, están creando leyes específicamente para el
evento deportivo, como las leyes de seguridad, exención de impuestos, y de
limitación territorial.
"Además, en el Senado, a donde debe a seguir el trámite, si los
diputados aceptan someterse a la Fifa, la Ley General se asociará al menos
con otros dos Proyectos de Ley (39409 y 72811) que, entre otras cosas,
restringen el derecho a huelga en los tres meses anteriores a la Copa del
mundo, establecen la posibilidad de prohibición administrativa de entrada
de barras organizadas en los estadios hasta por 120 días, tipifica el
delito de "terrorismo”, actualmente inexistente en Brasil- y establece
procedimientos de emergencia para juzgarlo. Crea además, las llamadas
"Zonas Limpias" controladas por la Fifa en las ciudades y privatizan el
himno, símbolos, expresiones y nombres a favor de la Confederación
Brasilera de Fútbol – la tan "idónea CBF”, aclara la articulación.
Según el comunicado, Brasil tiene condiciones objetivas para ser sede
de la Copa del mundo sin producir este legado antidemocrático y
autoritario. "Ya hemos sido Sede de grandes eventos de todo tipo. La
adopción de nuevas leyes no es necesaria y representa un caballo de Troya
para las modificaciones que, supuestamente, transitorias, al final,
terminan incorporándose definitivamente a nuestra legislación nacional,
"agregó.
Ante todas estas quejas, los Comités piden que el Poder Legislativo
formalice el veto que la población ya dio al Proyecto de Ley 2330/2011.
Para ello, los congresistas deberían votar en contra en lugar de someterse
a las exigencias de la Fifa.
La Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa (Ancop)
está formada por Comités Populares en 12 ciudades sedes de Copa Mundial:
Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal,
Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo.
ADITAL
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