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Guatemala, l'ex dittatore Rios Montt processato per genocidio

 

Guatemala: Ex dictador Ríos Montt, ligado a cargos de genocidio

Por ROMINA RUIZ-GOIRIENA | Associated Press – Hace 13 horas

GUATEMALA (AP) — La jueza federal del segundo juzgado de alto riesgo Carol Patricia Flores resolvió que el general retirado Efraín Ríos Montt queda ligado al proceso de genocidio y deberes contra la humanidad.

La jueza deliberó durante tres horas y al dar su resolución citó casos de víctimas de violaciones y abuso de menores. "El general queda ligado al proceso por el delito de genocidio y deberes contra la humanidad", sentenció.

Flores consideró que Ríos Montt, de 85 años, fue el autor intelectual por haber sido jefe del estado mayor y haber estado a cargo del ejército.

Al ex dictador se le acusa de al menos 266 acciones donde habrían muerto al menos 1.771 personas, se habrían cometido 1.400 violaciones y se habría desplazado a por lo menos 29.000 personas.

Flores decidió que Ríos Montt quedará bajo arresto domiciliario y no podrá moverse sin autorización del juzgado. Asimismo, el acusado debe pagar un depósito de 500.000 quetzales (64.000 dólares) y tiene prohibido hablar con los otros dos procesados por el mismo caso, Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes.

El siguiente paso es que se fijará un plazo para que el ministerio público presente un caso formal ante la corte.

El fiscal Manuel Vásquez dijo que "estamos contentos con la resolución porque pensamos que hay suficientes peritajes para adjudicarle (a Ríos Montt) genocidio y deberes contra la humanidad".

Durante la exposición del fallo, la jueza se mostró conmovida y dijo que "lamentablemente hay casos que han esperado, como este, 29 años para poder buscar la justicia".

Al inicio del día, Ríos Montt se acogió al derecho de no declarar al comparecer por primera vez ante la justicia por acusaciones derivadas del exterminio de comunidades indígenas guatemaltecas cometido por el ejército durante la dictadura que encabezó a inicios de los años 80.

"He entendido lo que ha querido decir la fiscalía pero no responderé", dijo Ríos Montt de pie, luego de escuchar la presentación del caso que hizo el fiscal. En la segunda oportunidad que tuvo de intervenir en la audiencia, se limitó a expresar que "el punto es hacer justicia y no venganza".

Durante la audiencia en la capital guatemalteca, el ministerio Público expuso las causas por las que considera que el ex gobernante de facto tiene responsabilidad en las operaciones militares perpetradas bajo la política de "tierra arrasada".

"Usted es responsable de estos hechos porque era en esa época el presidente de la república y comandante general del ejército", señaló el fiscal Vásquez durante parte del debate que sostuvo con la defensa del ex dictador.

Vásquez acusó a Ríos Montt de autorizar masacres que tuvieron como fin explícito el exterminar al grupo étnico ixil.

"En 1982, Ríos Montt dio continuación a la política de 'tierra arrasada' para consolidar control sobre la población donde el grupo ixil maya fue denominado como enemigo interno", expuso Vásquez durante la audiencia.

Citó los planes militares de campaña "Victoria 82" y "Firmeza 83" explicando que además del exterminio de civiles, parte de la estrategia de los militares constituyó también perpetrar violaciones y agresiones sexuales a mujeres ixiles y la destrucción de fetos. Ríos Montt gobernó de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

El abogado del militar, Danilo Rodríguez, señaló en la audiencia que "la línea política que impulsó las masacres (de civiles) empezó en 1965 y se siguieron cometiendo después. No es posible imputarle a Ríos montt la autoría en ningún nivel de la línea política" que propició esos acontecimientos.

A continuación la jueza declaró un receso que se extendió tres horas para analizar si existen elementos para procesar al emblemático político y militar guatemalteco.

Es la primera vez que Ríos Montt es citado por la justicia debido a que gozaba de inmunidad política, inherente a la investidura de diputado que ostentó desde hace más de tres lustros y hasta el 14 de enero del 2012.

Miles de personas abarrotaron el edificio de tribunales y sus inmediaciones para manifestar su rechazo al ex dictador y exigir justicia.

"Vengo porque este es el primer paso de la justicia", dijo Tomás Cedillo, quien dijo que varios miembros de su familia fueron asesinados aparentemente por militares en 1981, durante el periodo de dictaduras militares.

También hubo simpatizantes del veterano líder político guatemalteco, como Ingrid Argueta, quien expresó que "vengo en defensa de Ríos Montt. Esto no es justicia porque no se ha querido hablar de las víctimas del terrorismo de los guerrilleros".

Zury Ríos, la hija del militar y también dirigente política del Frente Republicano Guatemalteco, estimó que el proceso contra su padre es resultado de intereses externos. "No porque alguien se le antoje o esté financiando movimientos especiales para lo que cree que es justicia significa que va a ser así", comentó a periodistas pero sin señalar a nadie en particular de esas aparentes injerencias.

Además de los familiares de las víctimas, algunos de los cuales ni siquiera hablan español sino dialectos indígenas, a la audiencia acudieron diplomáticos y representantes de organismos internacionales.

El proceso contra Ríos Montt y los militares que conformaban la cúpula de su gobierno se remonta a una denuncia que el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) presentó en el 2000, responsabilizándolos de las masacres cometidas en comunidades ixiles del norte de Guatemala.

Los generales Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes son procesados y permanecen bajo arresto en un hospital militar dentro del proceso. El general retirado Oscar Mejía Víctores, ex ministro de Defensa de Ríos Montt, fue declarado sin facultades físicas ni mentales para enfrentar un juicio.

La política de "tierra arrasada" tenía la intención de eliminar a la población civil que potencialmente podía apoyar la acción de las guerrillas izquierdistas o sumarse a sus filas; otra de las políticas de Ríos Montt consistió en implementar "polos de desarrollo" que eran comunidades vigiladas militarmente en las que los campesinos eran obligados a asentarse.

El conflicto armado en Guatemala terminó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas pero durante los 36 años que duró, dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe de una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas tras el fin del conflicto.

La Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú también acusó a Ríos Montt de genocidio ante la justicia española.

Es la primera vez que a un presidente en América Latina se le imputa el cargo de genocidio.