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Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 593 - LA GUERRA DE LOS GRINGOS

 
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Sent: Monday, March 14, 2011 4:12 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 593 - LA GUERRA DE LOS GRINGOS

 

 

La guerra de los gringos

 

Latinoamérica

 

WIKILEAKS Y LA CRISIS REPUBLICANA EN COSTA RICA La conclusión es obvia: antes que al pueblo, la clase política le rinde cuentas de todo a “la Embajada”

ESTADOS UNIDOS CONTINÚA INSTALANDO BASES MILITARES EN COLOMBIA: CONTRATOS POR MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES La Corte Constitucional tumbó en agosto de 2010 el acuerdo suscrito por los dos gobiernos para construir siete bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal.

LA GUERRA DE LOS GRINGOS: Muchos analistas políticos, publicistas y comunicadores, en referencia a la carnicería demencial desatada y continuada por el presidente espurio de México, publicitada por la gran prensa y los medios electrónicos, y "apoyada" con fervor por los vecinos del norte, la llaman la guerra de Calderón. Esa caracterización no corresponde a la realidad. Excelente artículo sobre este grave problema. Leer en : http://attac-info.blogspot.com

 

Latinoamérica

 

WIKILEAKS Y LA CRISIS REPUBLICANA EN COSTA RICA

 

Andrés Mora Ramírez

 

Dice el periodista colombiano Jorge Botero, sobre las revelaciones de los cables y documentos de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, divulgados por Wikileaks y El Espectador: “el ambiente que se ha generado con las revelaciones de estos cables de la embajada norteamericana con el departamento de Estado han dejado la sensación amarga y bochornosa para muchos colombianos de que en realidad lo que ha habido es una larga etapa de abyección y arrodillamiento de la dirigencia colombiana ante Washington”.

 

Dice el columnista mexicano Pedro Miguel, sobre las revelaciones de los cables y documentos de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, divulgados por Wikileaks y La Jornada: “Nadie resiste el llamado: gobernantes y opositores, funcionarios y empresarios, jefes de policía y cabezas de ONG, periodistas y encuestadores, todos por igual, acuden ante diplomáticos de Estados Unidos para contarles lo que deseen saber sobre los asuntos de México. La embajada y los consulados de Washington son confesionario, diván, ventanilla de gestiones y paño de lágrimas, para la clase política y para los notables”.

 

Cualquier valoración que se realice ahora sobre las primeras entregas de los cables de Wikileaks relacionados con Costa Rica, entregados por esa organización al diario La Nación (históricamente, el brazo politico-mediático de la derecha criolla), no podría apartarse, en lo esencial, de las críticas y juicios formulados contra los gobiernos y dirigencias políticas en Colombia y México.

 

Los cables de Wikileaks sobre Costa Rica, la mayor parte relacionados con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) y el escenario de conflictividad social que provocó este acuerdo, muestran un abierto y descarnado injerencismo de la diplomacia estadounidense –“la Embajada”, como se le conoce popularmente a esa sede

diplomática- en asuntos internos, a partir de una amplia red de contactos y acceso privilegiado a los más altos niveles del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa (aunque ahora casi todos los funcionarios implicados padezcan una sospechosa amnesia).

 

Basta un simple repaso de lo publicado hasta hoy: “la Embajada” intervino directamente para que la Casa Blanca y la Secretaría de Comercio Exterior emitieran declaraciones amenazantes contra Costa Rica, tan solo un día antes de celebrarse el referéndum sobre el TLC del año 2007, lo que resultó decisivo para la campaña del miedo que le dio el triunfo de la opción del SI; “la Embajada” coordinó lo pertinente para que el gobierno estadounidense adiestrara y financiara a la Policía costarricense en estrategias de represión de las manifestaciones populares contra el TLC; “la Embajada” supervisó a instructores colombianos en campos de entrenamiento policial en Liberia (Pacífico norte del país); “la Embajada” propició una insólita “capacitación en derechos humanos”, impartida por el Comando Sur, para agentes de las fuerzas de seguridad de Costa Rica; “la Embajada” conocía de antemano el sentido en que los magistrados de la Sala Constitucional resolverían consultas sobre proyectos de ley relacionados con el TLC.

 

El recuento de hechos de este tipo será cada vez mayor, en la medida en que se divulguen nuevos documentos, pero en lo común de todos ellos, es posible identificar un modus operandi ante el que, como dice Jorge Botero, la clase política gobernante se arrodilla.

 

En efecto, los cables no solo ofrecen una visión de las preocupaciones norteamericanas, como la demora en la aprobación del TLC o el impacto de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con China (“ya no somos el único –ni el más generoso- gallo en el patio”, escribió el ex-embajador Peter Cianchette), sino que retratan el peregrinaje a “la Embajada”, es decir, la rendición ante los llamados intereses norteamericanos y del capital transnacional, como práctica habitual de los funcionarios de los últimos dos gobiernos (de Abel Pacheco y Oscar Arias): incluida la actual presidenta Laura Chinchilla, cuando ejerció el cargo de Ministra de Justicia de la administración Arias. La conclusión es obvia: a “la Embajada”, antes que al pueblo, la clase política le rinde cuentas de todo.

 

Esta inaceptable injerencia de los diplomáticos estadounidenses, lesiva desde todo punto de vista, atenta contra principios elementales de lo que debería ser una democracia: la transparencia en las actuaciones públicas, la independencia y la soberanía en la conducción de los asuntos que atañen a la nación, o la posibilidad de que todos los grupos participen, en igualdad de condiciones, en los procesos de toma de decisiones.

 

En definitiva, las comunicaciones de “la Embajada” retratan la crisis y la decadencia republicana que sufre Costa Rica en los últimos años, y al mismo tiempo, desgarran aún más el imaginario social de una democracia que hoy corre un grave riesgo de no mantenerse en pie antes las presiones extranjeras y las fuerzas de los grupos de poder económico.

 

- Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

(http://connuestraamerica.blogspot.com/)

 

Agencia Latinoamericana de Informacion

email: info at alainet.org

 

ESTADOS UNIDOS CONTINÚA INSTALANDO BASES MILITARES EN COLOMBIA: CONTRATOS POR MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES

 

¿Actuación del gobierno de Santos ilegal?

 

Continúa la instalación de Estados Unidos en bases militares en Colombia, y esto pese a que la Corte Constitucional colombiana tumbó en agosto de 2010 el acuerdo suscrito por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para construir siete bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal.

 

Hace unas semanas el senador Jorge Enrique Robledo le solicitó al ministro de Defensa que explicara por qué el ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos millonarios para hacer construcciones en bases militares colombianas, algunos de los cuales se firmaron luego de que la Corte Constitucional declarara inaplicable el tratado que permitía a las fuerzas estadounidenses usar y adecuar al menos 7 bases.En septiembre de 2010, entidades militares norteamericanas firmaron contratos millonarios para construir instalaciones en las bases colombianas de Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. Entre otros, hay uno firmado el 30 de septiembre por el Departamento de Defensa con la empresa HCS Group, por un valor de USD $185.681.00, cuyo objeto es prestar servicios para un “centro de operaciones de una base avanzada del Comando de Operaciones Especiales para el Sur, en Tolemaida”.

 

El senador Robledo explicó que la finalidad de estos contratos es la misma que la del tratado que tumbó la Corte Constitucional. Señaló que no sería raro que Juan Manuel Santos, al igual que lo intentó hacer como ministro de Defensa, violara la Constitución para permitir que las fuerzas armadas estadounidenses se instalen en el territorio nacional.

 

A continuación las dudosas explicaciones del ministerio de defensa acerca de estos multimillonarios contratos, y una nueva exigencia de explicaciones del senador Robledo.

 

La Corte Constitucional tumbó en agosto de 2010 el acuerdo suscrito por los dos gobiernos para construir siete bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal.

 

Mindefensa no ha explicado por qué Estados Unidos hace inversiones en bases militares de Colombia: más de 100 millones de dólares

 

No son satisfactorias las explicaciones dadas por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, sobre las inversiones militares de Estados Unidos en bases colombianas, afirmó el senador por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Jorge Enrique Robledo, al pedirle de nuevo al alto funcionario aclarar varias y graves inconsistencias.

 

La Coalición Colombia No Bases, en cuyas investigaciones se ha respaldado Robledo, también señaló que el gobierno no ha explicado con seriedad por qué Estados Unidos dice tener bases militares en el territorio nacional.

 

El ministro colombiano describe como “simple adecuación de alojamientos” y “otras construcciones menores” el contrato suscrito el 30 de septiembre de 2010 con la empresa HCS Group. Pero según información del gobierno estadounidense, el contrato tiene que ver con la prestación de servicios una AOB (Advanced Operations Base) que el Comando Sur de Estados Unidos tiene en Tolemaida, como consta en la página usapending.gov. El senador Robledo explicó que “una AOB es una base militar para comandar, controlar o apoyar operaciones tácticas o de entrenamiento”. Hay otro contrato para llevar a cabo “instalaciones adicionales de una AOB” en la misma base colombiana de Tolemaida. Los dos suman más de 500 mil dólares, cifra exageradamente alta para hacer menores adecuaciones.

 

Hay un tercer contrato, por más de 400 mil dólares, para obras de la fase 1 de una CSL (Cooperative Security Location), otro tipo de bases militares que instala Washington a lo largo del mundo. Y existen otros contratos que nada tienen que ver con la construcción de obras menores.

 

La Corte Constitucional tumbó en agosto de 2010 el acuerdo suscrito por los dos gobiernos para construir siete bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal.

 

El senador del Polo Democrático pidió también esclarecer por qué hay una diferencia de cien millones de dólares entre las cifras suministradas por el Ministerio de Defensa colombiano y las que figuran en los contratos celebrados por Estados Unidos para “cooperación bilateral”.

 

Información de oficina de prensa senador Robledo

http://agenciapensamientocritico.blogspot.com/2011/03/estados-unidos-continua-instalando_05.html

Allegato Rimosso
Allegato Rimosso