Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 576 - EL DRAGON EXPORTA EL BOOM

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Sent: Monday, November 08, 2010 4:53 PM

Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 576 - EL DRAGON EXPORTA EL BOOM

Latinoamérica
EL ESTADO COLOMBIANO SECUESTRA, VIOLA Y ASESINA A NIÑOS EN ARAUCA. Mientras la comunidad internacional y los politólogos colombianos están encantadísimos con el "aire fresco" que supuestamente dizque se respira en la Casa de Nariño, ya que el presidente Santos ha prometido que su gobierno respetará los derechos humanos, el Estado colombiano secuestra, tortura y abusa sexualmente a niños en Arauca.

ORGANIZACIONES SOCIALES RECHAZAN LA RENOVACIÓN DE LA MINUSTAH EN HAITÍ La renovación de este mandato a un año más anunciada el pasado 15 de octubre no ha recibido buena acogida por parte de los movimientos sociales de numerosos países quienes han reiterado su rechazo a esta medida y han calificado la misión como “auténtico fracaso”.

MÉXICO. LOS SIGNOS El fracaso estrepitoso de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón está movilizando a amplios sectores del país para lograr un cambio radical de la estrategia oficial en materia de seguridad nacional.

MARCHA PIDE UN FIN A LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA Para el Frente Nacional de lucha, son muchos los factores que contribuyen al mantenimiento de una realidad violenta en Guatemala y la impunidad sigue siendo uno de los principales motivos que la alimenta.

Latinoamérica

EL ESTADO COLOMBIANO SECUESTRA, VIOLA Y ASESINA A NIÑOS EN ARAUCA


José Antonio Gutiérrez D.


Mientras la comunidad internacional y los politólogos colombianos están encantadísimos con el "aire fresco" que supuestamente dizque se respira en la Casa de Nariño, ya que el presidente Santos ha prometido que su gobierno respetará los derechos humanos, el Estado colombiano secuestra, tortura y abusa sexualmente a niños en Arauca.?


El día 14 de octubre, en el Municipio del Tame, Departamento de Arauca, tres niños, Jefferson Jhoan Torres Jaimes (de 6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (de 9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (de 14 años), fueron secuestrados en su finca por soldados de la Octava división del Ejército colombiano, mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Luego del plagio, los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron arrojados a una fosa común.


??Hasta la fecha, se ha encontrado sangre en los morrales de siete de los sesenta soldados de esa unidad móvil, que se encuentran bajo investigación. O sea, estamos hablando de un crímen monstruoso, premeditado, organizado por estas bestias uniformadas que se creen omnipotentes gracias la política belicista del gobierno colombiano, alimentado generosamente por los dólares de Estados Unidos y con asistencia de Israel y de la Unión Europea entre otros. Bestias que arrebatan a un padre lo más precioso que tiene, sus hijos, para darse ellos unos cuantos minutos de sádico y enfermo placer. Hay que ser claros: estos crímenes ocurren en el contexto de una política de guerra sucia, en la cual el Estado colombiano ha dado rienda suelta a toda clase de atrocidades para lograr "éxitos militares" y ha naturalizado así toda clase de agresiones contra el pueblo.


??Crímenes como este, por lo demás, no son excepcionales. En la misma zona, los vecinos denuncian que el día 2 de octubre, una niña de 13 años fue secuestrada por militares y luego abusada sexualmente. Podrá decirse en este caso la menor no fue asesinada, pero con la violación siempre se mata una parte de la humanidad de un ser humano, esa niña puede decirse que también ha sido asesinada pues jamás volverá a ser la misma. Donde quiera que se asienten las tropas del Ejército en las comunidades, se han registrado casos de violencia sexual, muchas veces contra menores de edad, de manera sistemática y generalizada. Estos casos son invisibilizados, en parte por el temor a la represalia o a la estigmatización social en caso de denuncia, en parte por una estrategia deliberada de silenciar la realidad del conflicto. Pero ahí está la realidad del conflicto colombiano, donde el Estado, pese a intentar presentarse como un actor neutral, como una "democracia asediada" por "violentos", juega un rol fundamental y es el actor principal de la guerra sucia, sea mediante sus agente directos (fuerza pública) o mediante sus agentes indirectos (paramilitares). Dentro de esa guerra sucia, la violación es un arma de guerra más. También lo es el asesinato de menores.


¿Cómo olvidar el horror de San José de Apartadó, cuando en febrero de 2005 los paramilitares, con plena complicidad del Ejército Nacional (Brigada XVII), esos "héroes" exaltados día y noche por los violentólogos en los estudios televisivos, asesinaron a sangre fría a tres niños de 21 meses, 5 y 11 años, respectivamente?


¿Cómo olvidar masacres como El Salado, Mapiripán, Trujillo, entre cientos de otras masacres, donde el Ejército y los paramilitares actuaron de la mano, y en las cuales cuales miles de personas fueron asesinadas y violadas, entre ellas varios menores de edad?


¿Cómo olvidar los cientos de fosas comunes que aparecen día a día con menos de edad e incluso bebés, mutilados por machetes?


¿Cómo olvidar a los cerca de 3.000 "falsos positivos", jóvenes que han sido secuestrados y asesinados a sangre fría por el Ejército, para luego ser presentados como guerrilleros abatidos en combate, y así recibir prebendas y promociones???


Como gran cosa, el gobierno dice, por boca del Ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, que este crimen de lesa humanidad no será juzgado en cortes marciales sino civiles, porque "estos hechos no se pueden considerar actos del servicio y el conocimiento y la investigación de los mismos debe ser adelantada por la justicia ordinaria"... ¡hombre, qué alivio! Entonces el caso queda, en última instancia, en manos del Fiscal General Guillermo Mendoza y del Procurador Ordoñez, jueces de bolsillo del régimen que no han hecho nada sustantivo por los casos de los falsos positivos y que han garantizado el continuismo de la impunidad que, tras décadas de terrorismo de Estado, recubre al 98% de los crímenes graves contra los derechos humanos. El Procurador Ordoñez, el mismo que, sin ninguna prueba, ha destituido e inhabilitado a Piedad Córdoba, una de las pocas parlamentarias que aún se atrevían a salirle al paso a la política guerrerista del gobierno, mientras que absuelve o pide absolución para reconocidos parapolíticos como Ciro Ramírez, Alvaro Araújo, Mauricio Pimiento, o a connotados violadores de derechos humanos como el Coronel (R) Plazas Vega. ??


Por su parte, en una declaración completamente orwelliana, el vice-presidente Angelino Garzón ha declarado que si "están involucrados militares (...) lo que han hecho es una ofensa al Estado colombiano". O sea, lo más grave no es el asesinato, la violación, el secuestro, la desaparición, sino que el daño a (lo poco que queda de) presitigio del Estado colombiano. Lo único que importa es el Estado, que suplanta al ser humano, que está por encima de todo, que absorve y sofoca toda la vida social, que es ante el único que, a fin de cuentas, deberán rendir cuenta los militares.??


Saldrán los de siempre, los rapsodistas del Estado terrorista, los encubridores de los crímenes perpetrados por las obscuras fuerzas del control social mediante la "estrategia de noche y niebla", a decir que estos soldados son "manzanas podridas", que no "representan los valores del Estado colombiano". ¡Curiosamente, esta misma gente, cada vez que la insurgencia asesina a un civil, no se cuestionan si ese acto se ajustó a los valores o principios del movimiento guerrillero o si a lo mejor no son tal vez manzanas podridas en las filas rebeldes! Claro que no. En esos casos no hay espacio para la duda y se condena, sin más a la insurgencia. Pero cuando los actos terroristas son cometidos por el Estado, entonces ahí si se puede hacer toda clase de contorsiones argumentativas para justificar al Estado como una entidad inmaculada, más allá del bien y el mal, como una entidad metafísica definida por ciertos "valores" inherentes y no por su propia práctica.


Al Estado colombiano, a ningún Estado, no lo definen sus supuestos "valores" sino sus actos. Y acá hay que ser claros: el Estado colombiano es un Estado terrorista, que secuestra, desaparece, asesina, forma escuadrones de la muerte, desplaza, fumiga (envenena), bombardea, amenaza, acosa, espía, organiza arrestos masivos (pescas milagrosas del Estado), tortura.


Los soldados de la Octava División en el Tame, actuaron como agentes del Estado, fueron representantes del Estado, al igual que miles de otros soldados que, representando al Estado, participan de la guerra sucia y de toda clase de abusos sistemáticos contra la población civil. Estos soldaditos no son casos excepcionales, sino que la materialización, en carne y hueso, de una política contrainsurgente que ha naturalizado toda clase de violencia contra las personas. Esa es la cara del Estado que en amplias regiones rurales de Colombia se enfrenta día a día. Los soldados de Tame son el Estado colombiano.


El monstruoso crímen de Tame nos horroriza, pero sabemos que del Estado colombiano se puede esperar de todo, aún lo inimaginablemente espantoso, como lo ha demostrado lo poco que se sabe gracias a las versiones libres de los jefes paramilitares. ??


Que lo sepan muy bien todos aquellos que andan con los cuentos chinos del "aire fresquitico", con eso de que este gobierno "respeta los derechos humanos". Que lo sepan muy bien: el Estado colombiano secuestra, asesina y viola a niños. Mal rayo nos parta si algún día olvidamos este crímen.


José Antonio Gutiérrez D. - 28 de Octubre, 2010 - Rebelión


ORGANIZACIONES SOCIALES RECHAZAN LA RENOVACIÓN DE LA MINUSTAH EN HAITÍ


El pasado 15 de octubre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogó el mandato de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) por un nuevo año. Desde su inicio, en el año 2004, la red de movimientos sociales Jubileo Sur/Américas ha denunciado que la MINUSTAH no era la solución adecuada para la situación de Haití y sostiene que en lugar de una fuerza de ocupación, impulsada por los Estados Unidos, Francia y Canadá, lo que la población haitiana necesitaba era la solidaridad activa de gobiernos y países, respetando su soberanía.


En el año 2004, el Consejo de Seguridad constituyó la MINUSTAH con el fin de apoyar al gobierno de transición de Haití y proteger los derechos humanos de Haití. Con la renovación del mandato hasta 2009, las funciones de la MINUSTAH se ampliaron para fomentar el diálogo y proporcionar asistencia logística y de seguridad al proceso de elecciones anticipadas de 2010. Tras el terremoto del 12 de enero de 2010, el Consejo de Seguridad mantuvo la misión en Haití .


La renovación de este mandato a un año más anunciada el pasado 15 de octubre no ha recibido buena acogida por parte de los movimientos sociales de numerosos países quienes han reiterado su rechazo a esta medida y han calificado la misión como “auténtico fracaso”.


En una sentada de protesta realizada el día anterior a la renovación del mandato de la ONU, ante el local del Ministerio de Relaciones Exteriores por iniciativa de varias organizaciones sociales que exigían la inmediata salida de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, Camille Chalmers, Director Ejecutivo de la Plataforma de Defensa del Desarrollo Alternativo (PAPDA) manifestó su oposición hacia la MINUSTAH: "La misión de la ONU en el país está casi ininterrumpidamente desde 1993. De 1993 a 2010, son 17 años. 17 años de fracaso. 17 años durante el cual ninguno de los objetivos de estas misiones se ha alcanzado. E incluso, se puede argumentar que la presencia de estas misiones ha agravado la crisis estructural en Haití ".


La misión de la ONU que recibió el mandato de garantizar la realización de elecciones creíbles y democráticas, tampoco ha cumplido en esto tal como expresa el director ejecutivo de la PAPDA (Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif), quien plantea dudas sobre la credibilidad del Consejo Electoral Provisional (CEP), encargado de organizar el próximo 28 noviembre las elecciones presidenciales y parlamentarias: "En términos de creación de un entorno y una tradición democrática, hemos retrocedido en relación a períodos anteriores a la llegada de la MINUSTAH", sostiene. También señala la violación de los derechos de los ciudadanos cuando el Consejo de Seguridad dio instrucciones a las fuerzas de paz para garantizar el respeto de los derechos humanos. Recuerda, la violación perpetrada por 104 soldados de Sri Lanka sobre mujeres y niñas haitianas que fueron repatriados por los daños, pero que todavía no han sido juzgados. Apunta, igualmente, otras órdenes concedidas por el Consejo de Seguridad a la MINUSTAH como la recuperación económica o la vigilancia de fronteras y el control de la circulación de estupefacientes que, según su opinión, muestran una falta flagrante.


Por su parte, Camille Chalmers, revela el coste de U$S 5 mil millones de la MINUSTAH entre 2004 y 2009: "En este sentido, es muy importante tener en cuenta que hay un volumen total de recursos que se gastan en el país. Pero en lugar de servir para fortalecer la capacidad institucional del Estado haitiano, se utilizan en los gastos de funcionamiento de la misión de la ONU”.


“Por otro lado, la presencia de la misión, bajo el disfraz del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, en Haití es ilegal ", insiste. En este capítulo se prevé el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz en casos de genocidio, guerra civil o delitos de lesa humanidad. "A pesar de que entre 2003 y 2004 hubo una severa crisis política, no hubo genocidio o crímenes contra la humanidad o enfrentamientos entre la población", recuerda. Consideró que la MINUSTAH es parte de una "nueva ofensiva del imperialismo de EE.UU." con el fin de militarizar el Caribe.
ACSUR, Las Segovias


MÉXICO. LOS SIGNOS
Luis Javier Garrido


El fracaso estrepitoso de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón está movilizando a amplios sectores del país para lograr un cambio radical de la estrategia oficial en materia de seguridad nacional.


1.La escalada de la violencia en el cuarto año de la experiencia gubernamental de Felipe Calderón ha colmado a los mexicanos, pero en particular a los sectores empresariales, nacionales y extranjeros, que en 2006 respaldaron la estrategia que desde Washington se impuso al nuevo gobierno panista –en el marco de la crisis de ilegitimidad en la que asumió ilegalmente el poder–, asumiendo entonces la tesis absurda de que con las fuerzas armadas imponiendo el orden y amedrentando a los mexicanos florecerían los negocios.


2.La evaluación que se está haciendo en todos los sectores del fracaso de las políticas de seguridad nacional de Felipe Calderón, y en particular en los círculos del capital privado, está constituyendo una condena absoluta al gobierno panista de ultraderecha, que es visto como un lastre para el país y también para sus intereses, por lo que se sostiene cada vez más la tesis de que es imprescindible rectificar las actuales políticas de seguridad nacional e impedir a toda costa que los panistas sigan en el gobierno en 2012.


3.El baño de sangre al que Calderón y sus colaboradores han llevado al país es calificado cada vez más como una responsabilidad suya, por lo que muchos no dudan ya en calificarlos como un gobierno genocida, lo que ellos están confirmando con sus actos. Tras las últimas matanzas del 22 en Ciudad Juárez (14 muertos, todos jóvenes), del 23 en Tijuana (13 muertos), del 27 en Tepic (16 muertos) y de ayer en el Distrito Federal (seis muertos), José Francisco Blake (titular de Gobernación) no tuvo más respuesta que sostener que el gobierno panista no ha hecho más que reafirmar la autoridad del Estado y que tiene y promueve la cultura de la legalidad, cuando todo el país sabe que el gobierno de Calderón pisotea y viola todos los días la Constitución y las leyes de la República, en particular con su guerra contra el narcotráfico, y que su única cultura es la del autoritarismo presidencialista.


4.La paradoja de lo que acontece es que mientras el gobierno de Felipe Calderón se halla empeñado en una campaña ridícula de autoelogio en los medios (que no se sabe si él mismo y sus allegados la creen), pretendiendo que la economía va mejor, que las necesidades sociales de los mexicanos están cada vez más satisfechas y que su gobierno va ganando la guerra contra el crimen organizado, desde aquí y desde el exterior se le dice que no es así. La inconformidad social no deja de aumentar en el país y la militarización de amplias regiones no ha logrado amedrentar al pueblo pobre de México, pero los únicos que no parecen darse cuenta de ello son quienes están haciendo como que gobiernan. Los indicadores internacionales señalan a México como un país cada vez más injusto y corrupto.


5.El fracaso de la “guerra contra el narco”, si es que ésta alguna vez existió (y ha sido otra cosa que la evidente tentativa de las agencias estadunidenses por reordenar el mercado), es manifiesto tan sólo con las cifras sobre el incremento de la producción y del consumo que se ha producido en México en estos cuatro años, junto con el saldo de más de 30 mil muertos y con un factor nuevo que ahora empieza a ser denunciado: la penetración en nuestro país de cárteles rusos, chinos y colombianos, que actúan libremente en nuestro país.


6.La utilización que ha intentado hacer Felipe Calderón de la supuesta “guerra contra el narco” como arma política para hacer prevalecer al PAN, al acusar a políticos de otros partidos (PRI o PRD) e incluso del suyo propio (los foxistas) de colusión con los cárteles, no ha tenido tampoco éxito. Desde el michoacanazo hasta la campaña permanente en los medios para hacer creer que sólo Acción Nacional tiene la honestidad y el know how para dirigir esta guerra, que según él debe ser a largo plazo, ha fracasado por completo porque los mexicanos no creen en la honestidad ni en la capacidad del gobierno panista, y advierten cada vez con mayor claridad que las políticas de seguridad nacional no han servido más que como instrumento de manipulación del pueblo.


7.La insistencia con la que los funcionarios calderonistas, a pesar de su nula credibilidad, pretenden sin embargo vender al exterior –en especial a Estados Unidos– la tesis de que sólo un gobierno que sea heredero del suyo puede enfrentar el crimen organizado, no hace más que enrarecer aún más el ambiente, ya turbio por tantos crímenes, atribuidos sin pruebas al narco, y que no han sido esclarecidos. El hecho no aclarado de que empiecen a producirse en el Distrito Federal, de manera sospechosa, el mismo tipo de matanzas cometidas en el norte del país, no parece fortuito y confirma la tesis de múltiples analistas, quienes han sugerido que los grupos paramilitares del gobierno pueden estar atrás de estos hechos sangrientos.


8. La pretensión, en fin, de Calderón y de la ultraderecha mexicana de crear un nuevo marco constitucional y legal en el país, semejante al que se impuso a Colombia en estos años de lucha contra la guerrilla, para hacer viable el papel policial y político de las fuerzas armadas en un escenario de impunidad y de suspensión de hecho de las garantías individuales, no parece tener tampoco viabilidad alguna por la oposición de muchos priístas en el Congreso al que es un proyecto abiertamente fascista, por mucho que algunos hayan avalado el primer paso que se dio en esa dirección con la aprobación de las anticonstitucionales políticas panistas de mando único, que están tratando de implantarse y son absolutamente violatorias de la autonomía de municipios y estados, sin olvidar que crean las condiciones para una mayor penetración de los cárteles en los aparatos de seguridad del Estado.


9.El afán de Calderón de congraciarse con los sectores más conservadores de Estados Unidos al intensificar el escenario de violencia en México en este cuarto año de su desastroso gobierno tampoco le está redituando allá en términos políticos. Para los grupos más derechistas del país vecino, México ya está considerado un Estado fallido y los cárteles son según ellos organizaciones terroristas, lo que le da a su juicio a Estados Unidos la prerrogativa de intervenir militarmente en nuestro país en defensa de sus intereses estratégicos. La secretaria de Estado Hillary Clinton insistió el sábado 16 en que los cárteles mexicanos están organizados como paramilitares, y el jueves 21 la Casa Blanca ordenó a seis agencias desplegar sus asesores de inteligencia en Ciudad Juárez (Milenio Diario, 22 de octubre). Las campañas de los candidatos del Tea Party en vistas a las cruciales elecciones legislativas y de gobernadores del martes 2 han evidenciado por lo mismo un desprecio de esa corriente ultraconservadora a Calderón, a quien, según su propaganda, ven como un político inepto hundido en un escenario de corrupción, en contra de lo que esperaban los aprendices de brujos de Los Pinos.


10.La “guerra contra el narco” de Calderón ha conducido a un fortalecimiento de los cárteles y a un incremento de la violencia y de la producción y el consumo, pero también ha fracasado en alcanzar los objetivos panistas de amedrentar al pueblo, de distraer a los mexicanos de la instauración de nuevas medidas antipopulares y antinacionales, de redituarle políticamente a Acción Nacional y de garantizarle la elección de otro presidente panista en 2012, así como sus objetivos hacia el exterior, de congraciar a Calderón con la ultraderecha estadunidense y de mejorar la imagen de México y de su gobierno.


El éxito de esta guerra se halla en otro lado: ha propiciado que se comprometa aún más la soberanía nacional, que agentes del exterior operen en México y que nuestro país pueda ser un objetivo militar de Washington.+ (PE/Apia Virtual)
PreNot 9183 – PRENSA ECUMENICA – ECUPRES


MARCHA PIDE UN FIN A LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA
Natasha Pitts *


La violencia en Guatemala está alcanzando proporciones nunca registradas en el país y la inercia del gobierno es señalada como uno de los factores preponderantes para la no reducción de los índices de delincuencia. Para pedir un fin a esta realidad, el Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y de los Recursos Naturales realizará el próximo viernes (5) la ‘Marcha contra la violencia y la Impunidad’.


La concentración se realizará a las 8h, frente a la sede del Gobierno Municipal de la capital guatemalteca, ciudad de Guatemala, y saldrá rumbo al Congreso de la República para exigir a los diputados celeridad en la aprobación de un paquete de leyes sobre seguridad y justicia.


Según la noticia de Prensa Libre, publicada el último día 1º, hay fuerte presión sobre el Legislativo para que las leyes se encajonen y caigan en el olvido de la población y de los movimientos sociales. Se cree que esta presión es ejercida por algunos diputados, funcionarios públicos y empresarios interesados en colaborar con la mafia y no interrumpir las estructuras del crimen organizado en Guatemala.


Otro objetivo de la Marcha contra la Violencia y la Impunidad es exigir la actuación del Congreso para conseguir una reunión urgente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a fin de denunciar los innumerables casos de represión contra dirigentes populares que quedan, generalmente, en la impunidad.


Durante la manifestación, los integrantes de movimientos y organizaciones sociales guatemaltecas que actúan en la temática de los derechos humanos y luchan por justicia serán convocados a actuar más intensamente y a constituir una Red o un Frente contra la Violencia y la Impunidad para combatir la extensión de la violencia.


Realidad guatemalteca


De acuerdo con el Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y de los Recursos Naturales, la cifra de muertes violentas en Guatemala está superando la marca alcanzada durante los peores años de la política contrainsurgente. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de Guatemala complementa esta información al constatar, en un informe difundido recientemente, que este año 2010 las muertes presentaron mucho más brutalidad que en los años anteriores.


Enero (354 muertes), marzo (299 muertes), mayo (265 muertes), julio y septiembre (264 muertes) fueron los meses de este año que más estuvieron marcados por la violencia. Creció el número de linchamientos, así como la cantidad de muertes de mujeres, que solamente en septiembre alcanzó la cifra de 332 homicidios. La ciudad de Guatemala es, por lejos, la región donde ocurre la mayor cantidad de asesinatos de mujeres.


Uno de los pocos índices de violencia que demostró una reducción fueron las ejecuciones extrajudiciales, que pasaron de 49, en 2009, a 27, hasta septiembre de 2010.


Para el Frente Nacional de lucha, son muchos los factores que contribuyen al mantenimiento de una realidad violenta en Guatemala y la impunidad sigue siendo uno de los principales motivos que la alimenta. A esto, se le alía la ausencia de una voluntad política para ponerle un fin al continuo y creciente derramamiento de sangre.


La incapacidad de los órganos responsables de realizar investigaciones también es mencionada como un importante factor que ayuda a la violencia y delincuencia prevalecientes. La corrupción de empleados públicos que venden su trabajo a los que más les pagan y la creciente presencia y actuación del crimen organizado dentro del aparato del Estado completan la relación de los principales factores alimentadores de la violencia y de la delincuencia.


Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel at gmail.com - Adital –

RTF:http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo576.rar

PDF http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo576.pdf

Gracias por hacer circular y difundir esta información.

SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o CAMBIO DE MAIL: http:///www.attac.org/?lang=es

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Edición Susana Merino

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